Eduardo Giovani Esquivias Navarro

Expediente 1518/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1518/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
13/04/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Giovani Esquivias Navarro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ha causado estado el presente asunto, por ende, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido.

  2. Principal

    Toda vez que, transcurrió el plazo de dos días hábiles señalado en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa o sus autorizados acudieran a la puerta de acceso de Ciudad Judicial Federal en Zapopan, Jalisco, se ordena notificar por lista el proveído o resolución de diecinueve de febrero de 2021, que en su parte conducente dice: ... Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que de conformidad con las circulares y Acuerdos Generales que ahí se describen, se reanudan los plazos y términos en el punto en que quedaron pausados... Ahora, una vez analizados los autos del presente juicio se advierte que en este asunto se surten diversas causales de sobreseimiento, tal como a continuación se pondrá de manifiesto: Así, del contenido del informe justificado y constancias remitidas por la responsable (fojas 45 a 48), se advierte que, si bien, subsiste el acto reclamado consistente en:  La omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del término de ley, pues la fijó para el quince de enero de dos mil veintiuno, dentro del expediente 2076/2018/15-C. Sin embargo, a la fecha en que se actúa dejó de existir el objeto o materia del mismo, por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado. En efecto, la invocada porción normativa de la ley de la materia dispone: 'Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y La hipótesis prevista en la porción normativa analizada se surte cuando existe el acto reclamado, pero no el objeto material del mismo, por lo que en el caso de una eventual concesión de amparo a la quejosa, no podría surtir efecto ni material ni jurídico alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia de tal acto. Entonces, en dicha causal, la improcedencia deviene de un hecho extraordinario superveniente y que al realizarse impide que la esencia sobre la cual el acto reclamado debía surtir sus consecuencias jurídicas se materialice, pues ha desaparecido, generando que aunque el acto reclamado subsista, no lesiona ya la esfera jurídica de quien promovió el amparo, de una forma que la sentencia protectora pudiera reparar, impidiendo con ello cumplir la finalidad que una eventual concesión de amparo pudiera tener. Es aplicable, por los motivos que la exponen, la tesis 2a. XLVIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 241 (registro 196442), que lleva por rubro y texto: 'CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Ahora bien, en el caso en concreto, el acto reclamado consiste en la fecha señalada para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente 2076/20018/15-C (quince de enero de dos mil veintiuno). Así, de las constancias que integran el juicio de amparo se advierte que en el citado juicio laboral de origen, mediante auto de tres de septiembre de dos mil veinte, se señaló fecha para la audiencia la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, fijándose para tal efecto el quince de enero del presente año; por tanto, si bien a la fecha en que se emite esta determinación (diecinueve de febrero de dos mil veintiuno) subsiste el acto reclamado, ya no puede surtir efecto legal o material alguno, al haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, con motivo de que la fecha (quince de enero del presente año) que se señaló para la celebración de la referida audiencia ya tuvo verificativo. Ante tales condiciones, resulta inconcuso que se actualizan los requisitos de la causa de improcedencia de que se trata. En lo tocante al segundo acto reclamado, consistente en: - La falta de notificación a las partes demandadas en el juicio laboral 2076/2018/15-C, del auto de fecha tres de septiembre del año pasado. De igual forma, del contenido del informe justificado y de las constancias que se acompañan, se aprecia que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". Efectivamente, se actualiza la referida causal de improcedencia, atendiendo de igual manera las constancias anexas al informe, a las cuales se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los conceptos legales transcritos con antelación Habida cuenta que, en el caso, el acto que se analiza consiste en la falta de notificación a las partes demandadas en el juicio laboral 2076/2018/15-C, siendo que del comunicado y constancias recibidas se aprecia que la responsable en la constancia realizada el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, acudió al domicilio de la parte demandada a fin de notificarla del auto de fecha tres de septiembre del año pasado, mediante el cual se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Entonces, han cesado los efectos del acto reclamado, puesto que la responsable acudió al domicilio de las partes demandas a fin de notificarla, y jurídicamente no es factible examinar su constitucionalidad, ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, porque las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de su existencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, que a la letra dice: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así, al actualizarse las causales de improcedencia en análisis, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia dentro del presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Estimar lo contrario traería consigo la dilación en la impartición de justicia, en contravención a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia y por cesación de efectos de los actos reclamados se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podrían ser desvirtuadas. Es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario, como acontece en la especie. Conforme a lo anterior, ese motivo de sobreseimiento es notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Como apoyo de lo anterior, resulta aplicable la tesis que a continuación se cita: Época: Décima Época Registro: 2019142 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Tesis Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: I.16o.T.7 K (10a.) Página: 2646 "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." Por tanto, de conformidad con los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, al ser las invocadas causales de improcedencia notorias, manifiestas e indudables, de manera que con ningún elemento de prueba pueden desvirtuarse. En tales condiciones, al actualizarse la referida causal de improcedencia, procede sobreseer fuera de audiencia. Cabe destacar que este órgano jurisdiccional no inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley" y que en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, visible en la página 5, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, registro 191995, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". En dicho criterio el Alto Tribunal sostuvo, esencialmente, que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación, ello con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, a pesar de que en el caso no se dé vista a las partes con la recepción del informe de cuenta, así como de las constancias remitidas en apoyo al mismo, este órgano jurisdiccional considera que en la especie no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117, se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia, hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascendentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que las partes no hayan conocido del informe justificado durante el plazo de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado de este acuerdo y, ante ese panorama, de otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución del juicio sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio dan noticia de elementos suficientes para emitir la presente determinación. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable por las razones que informa el criterio que a continuación se inserta. Época: Novena Época Registro: 164217 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Julio de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 104/2010 Página: 312 "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Criterio del que deriva que, con independencia del sentido del fallo o en este caso, del acuerdo de sobreseimiento, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento, porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, conviene puntualizar que el acto reclamado en sede constitucional constituye un acto dilatorio en el juicio de origen. Por ende, acorde con la premisa antes descrita, es evidente que en el caso en particular, aunque se otorgue a las partes los ocho días previstos en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se considera que ningún beneficio obtendrían con ello, puesto que aun concediéndolo, no tendrían la posibilidad de incorporar nuevos elementos probatorios a fin de demostrar que, contra las que ya obran agregadas en autos y que tienen valor probatorio pleno, el acto reclamado subsiste. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que el acto dilatorio reclamado subsiste. Por ende, se enfatiza, dadas las particulares características que concurren en el caso en particular, de ordenar la vista con el informe de cuenta, esa actuación lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto. Por otro lado, de autos también se advierte que se reservó proveer sobre la existencia de terceros interesados y su eventual emplazamiento, por lo que en este momento se levanta dicha reserva y se provee como a continuación se expone. De conformidad con el texto del artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo, no se reconoce el carácter de tercero interesado a persona alguna, puesto que atento al sentido de este acuerdo y por reclamarse -en esencia- dilaciones en la substanciación del procedimiento natural, no se causa perjuicio a quienes eventualmente les pudiera revestir esa calidad. Aunado a que, de estimar que la resolución que se pronuncie en el presente sumario les agravia, estarán en aptitud de recurrir la misma, al tenor de la jurisprudencia 2a./J. 81/2018, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL TERCERO INTERESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO A UNA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA". Ello, a partir de que tengan conocimiento de esta determinación, por cualquier medio, incluso para el caso de que lo hagan a través de los autos del expediente natural. Atendiendo al sentido de la presente determinación, no ha lugar a señalar fecha de audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y del conocimiento de las partes la circunstancia anterior. Atendiendo al sentido de la presente determinación, no ha lugar a señalar fecha de audiencia constitucional. Finalmente, agréguese a los autos, sin mayor proveído, el comunicado de cuenta signado por la Presidente Especial de la Decimoquinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, en virtud de lo antes acordado. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que de conformidad con las circulares y Acuerdos Generales que ahí se describen, se reanudan los plazos y términos en el punto en que quedaron pausados...

  4. Principal

    AVISO JUDICIAL. Se notifica por lista a la parte quejosa la resolución de diecisiete de diciembre de dos mil veinte que dice: Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, el escrito de cuenta, signado por el quejoso, a través del cual solicita, por las razones que indica, se le otorgue una prórroga a efecto de dar cumplimiento a lo requerido en auto de nueve del mes y año en curso. En atención a lo solicitado, indíquesele que se le concede el plazo de quince días hábiles, ello a partir de que tenga conocimiento del presente acuerdo, término otorgado con motivo de que la autoridad responsable se encuentra en periodo de vacaciones, para que dé el debido cumplimiento al requerimiento formulado en auto de nueve de los corrientes, esto es, señale un diverso domicilio en el que puedan ser localizadas las terceras interesadas **********, lo anterior con los apercibimientos que previamente le fueron comunicados.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 7,159 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano