Eduardo Gil Santos

Expediente 1514/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1514/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Eduardo Gil Santos

Actuaciones

  1. Principal

    Como las partes no recurrieron dentro del término concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, el proveído de veinticinco de noviembre del presente año, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. Hágase del conocimiento de las partes el contenido del presente auto, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el informe justificado signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; asimismo, con fundamento en el numeral 119 del mismo ordenamiento, se tienen por exhibidas y admitidas las documentales que remite en copias certificadas, consistentes en constancia de notificación de siete del mes y año en curso, a la parte demandada en el juicio laboral ****; escrito del quejoso ****, presentado ante la autoridad responsable el trece de mayo del presente año; y, acuerdo de veintidós de noviembre pasado (fojas 14 a 16). Constancias a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que, en proveído de siete de noviembre del año en curso (fojas 5 a 8), se reservó proveer respecto del emplazamiento a juicio de la tercera interesada, hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable; lo cual ya aconteció; en tal virtud, se levanta la reserva efectuada y al efecto, se acuerda: De la documental remitida por la autoridad responsable, destaca que la ****, es parte demandada en el juicio de origen, misma que fue señalada como parte tercera interesada por la parte quejosa en el presente juicio; sin embargo, no ha lugar a tenerla con ese carácter, en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que, si en el juicio de amparo en que se actúa, la parte inconforme se duele de violaciones al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual contempla la garantía de tutela jurisdiccional o acceso a la justicia, atendiendo a que nadie puede contravenir tal precepto; en tal virtud, si en el presente juicio no se le irroga perjuicio alguno, por ende, no le recae el carácter de tercera interesada. Sustenta lo anterior, lo previsto en la tesis VI.1º.T.5K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en la página 2637, tomo IV, agosto de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, del rubro y texto siguientes: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. CARECEN DE ÉSTA LOS TERCEROS INTERESADOS RESPECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL PARA QUE SE RESPETE EL DERECHO HUMANO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA CUYA VIOLACIÓN RECLAMÓ EL QUEJOSO, AL NO CAUSARLES PERJUICIO. Los artículos 103, fracción I y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, fracción I, de la Ley de Amparo, instituyen el principio de instancia de parte agraviada, como requisito para promover el juicio de amparo, el cual prevalece para la interposición del recurso de revisión, según se regula en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 88, primer párrafo, de la ley citada. Por tanto, si el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto está relacionado con la dilación procesal en que incurre alguna autoridad jurisdiccional, la concesión de la protección constitucional al quejoso para que se observen los plazos legales establecidos y se respete su derecho humano a la administración de justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal, no causa perjuicio alguno a los terceros interesados y, por ende, éstos carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia relativa". Por otra parte, del análisis a la demanda y las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado a la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, la omisión de acordar su escrito presentado ante la responsable el trece de mayo de dos mil diecinueve, en el que solicitó que se declarara firme el laudo dictado el siete de enero del presente año, en el expediente laboral ***, su aclaración de catorce de febrero siguiente, así como se señalara fecha y hora para las diligencias de reinstalación y requerimiento de pago (fojas 2 y 15). Actos sobre los cuales, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." En efecto, se afirma que los actos reclamados en el presente juicio cesaron en sus efectos, debido a que la autoridad responsable el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (pues ésta se presentó el seis de noviembre del mismo año -foja 2-), dictó un auto en el que, respecto al escrito del quejoso, proveyó que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que el siete de noviembre de dos mil diecinueve, fue notificada la demandada ****, del laudo dictado por esa Junta el siete de enero de del año en curso y de la aclaración del laudo de catorce de febrero de dos mil diecinueve, por lo que aún se encuentra surtiendo efectos la notificación a la citada demandada de conformidad con el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo; actualizándose con ello, la causa de improcedencia referida, por haber desaparecido los motivos que concreta y específicamente originaron el presente juicio. En ese sentido, se concluye que al destruirse los efectos de los actos reclamados, resultaría ocioso examinar su constitucionalidad, pues ya no están surtiendo efectos ni los surtirán, en virtud de que la responsable ya dio contestación al escrito presentado el trece de mayo de dos mil diecinueve, cuya omisión se reclama en el presente juicio; de manera análoga a si se hubiera concedido la protección constitucional. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia número 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, novena época, página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De igual forma, la Jurisprudencia número 2ª./J.9)98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, por lo que, ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si el sentido del fallo sería el mismo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señaló: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, SE DEJA SIN EFECTOS la hora y fecha de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del seis de diciembre de dos mil diecinueve (foja 7). Finalmente, hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Agréguese a los autos el informe justificado signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; asimismo, con fundamento en el numeral 119 del mismo ordenamiento, se tienen por exhibidas y admitidas las documentales que remite en copias certificadas, consistentes en constancia de notificación de siete del mes y año en curso, a la parte demandada en el juicio laboral ****; escrito del quejoso ****, presentado ante la autoridad responsable el trece de mayo del presente año; y, acuerdo de veintidós de noviembre pasado (fojas 14 a 16). Constancias a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que, en proveído de siete de noviembre del año en curso (fojas 5 a 8), se reservó proveer respecto del emplazamiento a juicio de la tercera interesada, hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable; lo cual ya aconteció; en tal virtud, se levanta la reserva efectuada y al efecto, se acuerda: De la documental remitida por la autoridad responsable, destaca que la ****, es parte demandada en el juicio de origen, misma que fue señalada como parte tercera interesada por la parte quejosa en el presente juicio; sin embargo, no ha lugar a tenerla con ese carácter, en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que, si en el juicio de amparo en que se actúa, la parte inconforme se duele de violaciones al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual contempla la garantía de tutela jurisdiccional o acceso a la justicia, atendiendo a que nadie puede contravenir tal precepto; en tal virtud, si en el presente juicio no se le irroga perjuicio alguno, por ende, no le recae el carácter de tercera interesada. Sustenta lo anterior, lo previsto en la tesis VI.1º.T.5K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en la página 2637, tomo IV, agosto de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, del rubro y texto siguientes: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. CARECEN DE ÉSTA LOS TERCEROS INTERESADOS RESPECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL PARA QUE SE RESPETE EL DERECHO HUMANO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA CUYA VIOLACIÓN RECLAMÓ EL QUEJOSO, AL NO CAUSARLES PERJUICIO. Los artículos 103, fracción I y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, fracción I, de la Ley de Amparo, instituyen el principio de instancia de parte agraviada, como requisito para promover el juicio de amparo, el cual prevalece para la interposición del recurso de revisión, según se regula en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 88, primer párrafo, de la ley citada. Por tanto, si el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto está relacionado con la dilación procesal en que incurre alguna autoridad jurisdiccional, la concesión de la protección constitucional al quejoso para que se observen los plazos legales establecidos y se respete su derecho humano a la administración de justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal, no causa perjuicio alguno a los terceros interesados y, por ende, éstos carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia relativa". Por otra parte, del análisis a la demanda y las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado a la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, la omisión de acordar su escrito presentado ante la responsable el trece de mayo de dos mil diecinueve, en el que solicitó que se declarara firme el laudo dictado el siete de enero del presente año, en el expediente laboral ***, su aclaración de catorce de febrero siguiente, así como se señalara fecha y hora para las diligencias de reinstalación y requerimiento de pago (fojas 2 y 15). Actos sobre los cuales, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." En efecto, se afirma que los actos reclamados en el presente juicio cesaron en sus efectos, debido a que la autoridad responsable el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (pues ésta se presentó el seis de noviembre del mismo año -foja 2-), dictó un auto en el que, respecto al escrito del quejoso, proveyó que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que el siete de noviembre de dos mil diecinueve, fue notificada la demandada ****, del laudo dictado por esa Junta el siete de enero de del año en curso y de la aclaración del laudo de catorce de febrero de dos mil diecinueve, por lo que aún se encuentra surtiendo efectos la notificación a la citada demandada de conformidad con el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo; actualizándose con ello, la causa de improcedencia referida, por haber desaparecido los motivos que concreta y específicamente originaron el presente juicio. En ese sentido, se concluye que al destruirse los efectos de los actos reclamados, resultaría ocioso examinar su constitucionalidad, pues ya no están surtiendo efectos ni los surtirán, en virtud de que la responsable ya dio contestación al escrito presentado el trece de mayo de dos mil diecinueve, cuya omisión se reclama en el presente juicio; de manera análoga a si se hubiera concedido la protección constitucional. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia número 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, novena época, página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De igual forma, la Jurisprudencia número 2ª./J.9)98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, por lo que, ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si el sentido del fallo sería el mismo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señaló: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, SE DEJA SIN EFECTOS la hora y fecha de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del seis de diciembre de dos mil diecinueve (foja 7). Finalmente, hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio recibido vía interconexión, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 3502, en el que se ordenó remitir el original del presente juicio, así como el original y duplicado del incidente de suspensión, e informa que se avocó al conocimiento del presente juicio del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa. Ahora, como lo solicita el Juzgado oficiante, remítase toda constancia y/o promoción relacionada con el presente asunto, incluyendo las que se reciban con posterioridad al presente proveído. Además, en atención a la constancia de notificación por lista a los quejosos del presente proveído que solicita el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México; una vez realizada la publicación de la lista, remítase la misma vía interconexión para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno y en la estadística respectiva, y toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, archívese el presente expediente auxiliar (cuaderno de antecedentes), como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento al segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado por el Presidente de ese Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que una vez que transcurran SEIS MESES a esta fecha, se proceda a su DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción primera del punto vigésimo, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un expediente auxiliar (cuaderno de antecedentes) derivado de un juicio de amparo en el que se declaró carecer de competencia legal para conocer del mismo; lo anterior, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Del mismo modo, se ordena hacer la anotación en la carátula del expediente de conformidad con el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.

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