Eduardo Gerardo Loria Casanova
Expediente 599/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 23 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 599/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 30/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Eduardo Gerardo Loria Casanova
- Eduardo Gerardo Loria Casanova y Otros.
- Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo del Tribunal de los Contencioso Admisitrativo del Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Visto el estado de los autos se advierte que la parte quejosa no hizo manifestaciones acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio, sino únicamente la tercera interesada María del Carmen Hernández García; no obstante, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que en determinación de veintisiete de noviembre de dos mil quince (fojas 191 a 214), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente el acuerdo reclamado de veinte de abril de dos mil quince. Con plenitud de jurisdicción, emitiera otro de manera fundada y motivada, en el que sin perjuicio de dictar de ordenar las medidas necesarias para lograr el cabal cumplimiento del fallo de anulación dictado en la instancia ordinaria, considerando que las obligaciones impuestas a las autoridades demandadas en el acto reclamado, fueron ambiguas, desincorpore de la esfera jurídica del quejoso aquí recurrente, en su Carácter de Contralor General del Estado, la multa que le fue impuesta. Consecuentemente, se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora a la autoridad responsable Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. 2. Trámites de la responsable. En principio, se aprecia que la referida autoridad responsable remitió el oficio 028/2016, de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del cual remitió copia certificada del auto de dieciocho del presente mes y año, relativo al expediente TCA/SRCH/279/2009, en el cual dejó insubsistente el auto de veinte de abril de dos mil quince. Asimismo, con el oficio de cuenta signado por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de los Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, a través del cual remite copia certificada del auto de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, a través del cual dejó insubsistente el acuerdo de veinte de abril de dos mil quince, emitiendo la determinación correspondiente. 3. Vista y notificaciones. Mediante proveído de veinte de enero de dos mil dieciséis, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con el oficio 028/2016, para que en el término de tres días manifestaran lo que a sus intereses legales conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna respecto se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó a la parte quejosa mediante aviso de veinticinco de enero de dos mil dieciséis y lista publicada el veintiocho del citado mes y año; y a la tercera interesada por medio de lista el veintiuno de enero de dos mil dieciséis. 4. Verificación del cumplimiento. Analizada que fue la mencionada determinación, se advierte que la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud de que mediante oficio 028/2016, de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, remitió copia certificada del auto de dieciocho del citado mes y año, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente el auto de veinte de abril de dos mil quince, desincorporando la multa impuesta al Contralor General del Estado, tal como lo hizo; sin embargo, tal determinación debió tomarla sin perjuicio de ordenar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del fallo de anulación dictado en la instancia ordinaria. Luego, con el oficio de cuenta, signado por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de los Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, remite copia certificada del auto de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, a través del cual dejó insubsistente el acuerdo de veinte de abril de dos mil quince, en relación a la multa impuesta al Contralor General del Estado, consistente en noventa días de salario mínimo vigente en la región en la época de los acontecimientos y procedió a emitir la determinación correspondiente en la cual determinó que la Secretaría de Salud y Contraloría Interna de dicha dependencia del Estado, tiene facultades para realizar el pago de los emolumentos que dejó de percibir la parte actora desde que fue suspendida de su cargo hasta la fecha en que se cumplimente el fallo dictado en el expediente de origen TCA/SRCH/279/2009, por lo que requirió al Contralor General del Estado, para que en el término de tres días, acreditara ante la autoridad responsable haber hecho uso de las atribuciones que le confiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público del Estado de Guerrero, apercibiéndole que en caso de no hacerlo le impondría una multa; colmando con ello los efectos precisados en el fallo amparador. 5. Conclusión. En virtud de lo expuesto, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y con fundamento en el artículo 214 a contrario sensu de la Ley de la Materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Conejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero fracción IV, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, susceptible de ser depurado, debiendo conservar la demanda y la sentencia respectiva. En términos del punto vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo, debe destruirse el duplicado del incidente de suspensión; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el punto vigésimo del acuerdo procédase a la destrucción del incidente. En ese orden de ideas, conforme al punto vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo el cuaderno original del incidente de suspensión no es destruible, ello en razón de que en resolución interlocutoria de quince de junio de dos mil quince, se concedió la suspensión definitiva en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo; asimismo deberá conservarse en el archivo del Juzgado durante tres años y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis. Por tal motivo, se agrega únicamente el original del incidente de suspensión, dejando sin efectos las medidas cautelares decretadas en el mismo, debiendo respetar folio, entresello y rúbrica con el que se encuentra. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica.
- Principal
Visto el estado de los autos se advierte que la parte quejosa no hizo manifestaciones acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio, sino únicamente la tercera interesada María del Carmen Hernández García; no obstante, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que en determinación de veintisiete de noviembre de dos mil quince (fojas 191 a 214), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente el acuerdo reclamado de veinte de abril de dos mil quince. Con plenitud de jurisdicción, emitiera otro de manera fundada y motivada, en el que sin perjuicio de dictar de ordenar las medidas necesarias para lograr el cabal cumplimiento del fallo de anulación dictado en la instancia ordinaria, considerando que las obligaciones impuestas a las autoridades demandadas en el acto reclamado, fueron ambiguas, desincorpore de la esfera jurídica del quejoso aquí recurrente, en su Carácter de Contralor General del Estado, la multa que le fue impuesta. Consecuentemente, se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora a la autoridad responsable Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. 2. Trámites de la responsable. En principio, se aprecia que la referida autoridad responsable remitió el oficio 028/2016, de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del cual remitió copia certificada del auto de dieciocho del presente mes y año, relativo al expediente TCA/SRCH/279/2009, en el cual dejó insubsistente el auto de veinte de abril de dos mil quince. Asimismo, con el oficio de cuenta signado por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de los Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, a través del cual remite copia certificada del auto de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, a través del cual dejó insubsistente el acuerdo de veinte de abril de dos mil quince, emitiendo la determinación correspondiente. 3. Vista y notificaciones. Mediante proveído de veinte de enero de dos mil dieciséis, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con el oficio 028/2016, para que en el término de tres días manifestaran lo que a sus intereses legales conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna respecto se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó a la parte quejosa mediante aviso de veinticinco de enero de dos mil dieciséis y lista publicada el veintiocho del citado mes y año; y a la tercera interesada por medio de lista el veintiuno de enero de dos mil dieciséis. 4. Verificación del cumplimiento. Analizada que fue la mencionada determinación, se advierte que la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud de que mediante oficio 028/2016, de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, remitió copia certificada del auto de dieciocho del citado mes y año, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente el auto de veinte de abril de dos mil quince, desincorporando la multa impuesta al Contralor General del Estado, tal como lo hizo; sin embargo, tal determinación debió tomarla sin perjuicio de ordenar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del fallo de anulación dictado en la instancia ordinaria. Luego, con el oficio de cuenta, signado por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de los Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, remite copia certificada del auto de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, a través del cual dejó insubsistente el acuerdo de veinte de abril de dos mil quince, en relación a la multa impuesta al Contralor General del Estado, consistente en noventa días de salario mínimo vigente en la región en la época de los acontecimientos y procedió a emitir la determinación correspondiente en la cual determinó que la Secretaría de Salud y Contraloría Interna de dicha dependencia del Estado, tiene facultades para realizar el pago de los emolumentos que dejó de percibir la parte actora desde que fue suspendida de su cargo hasta la fecha en que se cumplimente el fallo dictado en el expediente de origen TCA/SRCH/279/2009, por lo que requirió al Contralor General del Estado, para que en el término de tres días, acreditara ante la autoridad responsable haber hecho uso de las atribuciones que le confiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público del Estado de Guerrero, apercibiéndole que en caso de no hacerlo le impondría una multa; colmando con ello los efectos precisados en el fallo amparador. 5. Conclusión. En virtud de lo expuesto, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y con fundamento en el artículo 214 a contrario sensu de la Ley de la Materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Conejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero fracción IV, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, susceptible de ser depurado, debiendo conservar la demanda y la sentencia respectiva. En términos del punto vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo, debe destruirse el duplicado del incidente de suspensión; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el punto vigésimo del acuerdo procédase a la destrucción del incidente. En ese orden de ideas, conforme al punto vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo el cuaderno original del incidente de suspensión no es destruible, ello en razón de que en resolución interlocutoria de quince de junio de dos mil quince, se concedió la suspensión definitiva en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo; asimismo deberá conservarse en el archivo del Juzgado durante tres años y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis. Por tal motivo, se agrega únicamente el original del incidente de suspensión, dejando sin efectos las medidas cautelares decretadas en el mismo, debiendo respetar folio, entresello y rúbrica con el que se encuentra. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se desprende que la parte quejosa no hizo manifestaciones acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio, sino únicamente la tercera interesada María del Carmen Hernández García; no obstante, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, la que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que en determinación de veintisiete de noviembre de dos mil quince (fojas 191 a 214), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente el acuerdo reclamado de veinte de abril de dos mil quince. Con plenitud de jurisdicción, emitiera otro de manera fundada y motivada, en el que sin perjuicio de ordenar las medidas necesarias para lograr el cabal cumplimiento del fallo de anulación dictado en la instancia ordinaria, considerando que las obligaciones impuestas a las autoridades demandadas en el acto reclamado, fueron ambiguas, desincorpore de la esfera jurídica del quejoso aquí recurrente, en su Carácter de Contralor General del Estado, la multa que le fue impuesta. Consecuentemente, se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora a la autoridad responsable Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. 2. Trámites de la responsable. En principio, se aprecia que la referida autoridad responsable remitió el oficio 028/2016, de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del cual envió copia certificada del auto de dieciocho del presente mes y año, relativo al expediente TCA/SRCH/279/2009, en el cual dejó insubsistente el auto de veinte de abril de dos mil quince; tuvo a la Contraloría General del Estado por acreditando que ha realizado los trámites administrativos a su alcance para dar cumplimiento a la resolución de nulidad, al no contar con facultades para liberar recursos económicos, concluyendo excluirla del procedimiento de ejecución. 3. Vista y notificaciones. Mediante proveído de veinte de enero de dos mil dieciséis, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con el oficio 028/2016, descrito en párrafos precedentes, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó a la parte quejosa mediante aviso de veinticinco de enero de dos mil dieciséis y lista publicada el veintiocho del citado mes y año; y a la tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal el día veintiuno de enero de dos mil dieciséis. 4. Verificación del cumplimiento. Analizada que fue la mencionada determinación, se advierte que la responsable dio parcial cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ello porque la misma tiene el alcance de obligar a la responsable a dejar insubsistente el auto de veinte de abril de dos mil quince y desincorporar de su esfera jurídica la multa que le fue impuesta al Contralor General, tal como lo hizo, pero tal determinación debía tomarla sin perjuicio de ordenar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del fallo de anulación dictado en la instancia ordinaria; ello teniendo en cuenta que en el auto de veinte de abril de dos mil quince, reclamado y que dejó insubsistente, había ordenado continuar con el procedimiento de ejecución de sentencia, como lo destacó el tribunal colegiado en la página 34 de la ejecutoria cuyo cumplimiento se exige. Luego, en la resolución de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, la Sala responsable, como se dijo, dejó insubsistente el acuerdo reclamado y desincorporó la multa que había impuesto; sin embargo, fue más allá y excluyó del procedimiento de ejecución de sentencia a la autoridad demandada Contraloría General del Estado, cuando tal cuestión no fue parte de los lineamientos contenidos en la ejecutoria, máxime que el cumplimiento del fallo de anulación, no se limita al pago (manejo) de recursos económico; en adición, omitió, proveer lo correspondiente para continuar el procedimiento de ejecución de la sentencia de origen, pasando por alto, el lineamiento contenido en la ejecutoria, en el sentido que su determinación debía ser sin perjuicio de ordenar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del fallo de anulación dictado en la instancia ordinaria, puesto que solamente estableció que las facultadas para lograr el pago de los emolumentos que dejó de percibir la actora, lo eran las autoridades demandadas Secretaría de Salud y Contraloría Interna de la misma Secretaría. 5. Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente cumpla cabalmente con la ejecutoria de amparo, para ello es necesario que al dejar insubsistente el proveído de veinte de abril de dos mil quince, y desincorporar la multa que había impuesto al quejoso, lo haga sin perjuicio de ordenar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del fallo de anulación dictado en la instancia ordinaria. Conforme a lo anterior, se apercibe a Martha Elena Arce García, Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, que de no cumplir la ejecutoria, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo, equivalente a $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de la Unidad de Medida y Actualización es de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 moneda nacional); de conformidad con lo dispuesto en los numerales 192 y 258 la Ley de Amparo. Asimismo, se hace de su conocimiento que se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con la finalidad que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Además, se establece que la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, debe ser clasificada como órgano jurisdiccional que cuenta con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, ya que cuenta con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía, por tanto, no cuenta con superior jerárquico alguno.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se desprende que la parte quejosa no hizo manifestaciones acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio, sino únicamente la tercera interesada María del Carmen Hernández García; no obstante, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, la que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que en determinación de veintisiete de noviembre de dos mil quince (fojas 191 a 214), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente el acuerdo reclamado de veinte de abril de dos mil quince. Con plenitud de jurisdicción, emitiera otro de manera fundada y motivada, en el que sin perjuicio de ordenar las medidas necesarias para lograr el cabal cumplimiento del fallo de anulación dictado en la instancia ordinaria, considerando que las obligaciones impuestas a las autoridades demandadas en el acto reclamado, fueron ambiguas, desincorpore de la esfera jurídica del quejoso aquí recurrente, en su Carácter de Contralor General del Estado, la multa que le fue impuesta. Consecuentemente, se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora a la autoridad responsable Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. 2. Trámites de la responsable. En principio, se aprecia que la referida autoridad responsable remitió el oficio 028/2016, de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del cual envió copia certificada del auto de dieciocho del presente mes y año, relativo al expediente TCA/SRCH/279/2009, en el cual dejó insubsistente el auto de veinte de abril de dos mil quince; tuvo a la Contraloría General del Estado por acreditando que ha realizado los trámites administrativos a su alcance para dar cumplimiento a la resolución de nulidad, al no contar con facultades para liberar recursos económicos, concluyendo excluirla del procedimiento de ejecución. 3. Vista y notificaciones. Mediante proveído de veinte de enero de dos mil dieciséis, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con el oficio 028/2016, descrito en párrafos precedentes, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó a la parte quejosa mediante aviso de veinticinco de enero de dos mil dieciséis y lista publicada el veintiocho del citado mes y año; y a la tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal el día veintiuno de enero de dos mil dieciséis. 4. Verificación del cumplimiento. Analizada que fue la mencionada determinación, se advierte que la responsable dio parcial cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ello porque la misma tiene el alcance de obligar a la responsable a dejar insubsistente el auto de veinte de abril de dos mil quince y desincorporar de su esfera jurídica la multa que le fue impuesta al Contralor General, tal como lo hizo, pero tal determinación debía tomarla sin perjuicio de ordenar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del fallo de anulación dictado en la instancia ordinaria; ello teniendo en cuenta que en el auto de veinte de abril de dos mil quince, reclamado y que dejó insubsistente, había ordenado continuar con el procedimiento de ejecución de sentencia, como lo destacó el tribunal colegiado en la página 34 de la ejecutoria cuyo cumplimiento se exige. Luego, en la resolución de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, la Sala responsable, como se dijo, dejó insubsistente el acuerdo reclamado y desincorporó la multa que había impuesto; sin embargo, fue más allá y excluyó del procedimiento de ejecución de sentencia a la autoridad demandada Contraloría General del Estado, cuando tal cuestión no fue parte de los lineamientos contenidos en la ejecutoria, máxime que el cumplimiento del fallo de anulación, no se limita al pago (manejo) de recursos económico; en adición, omitió, proveer lo correspondiente para continuar el procedimiento de ejecución de la sentencia de origen, pasando por alto, el lineamiento contenido en la ejecutoria, en el sentido que su determinación debía ser sin perjuicio de ordenar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del fallo de anulación dictado en la instancia ordinaria, puesto que solamente estableció que las facultadas para lograr el pago de los emolumentos que dejó de percibir la actora, lo eran las autoridades demandadas Secretaría de Salud y Contraloría Interna de la misma Secretaría. 5. Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente cumpla cabalmente con la ejecutoria de amparo, para ello es necesario que al dejar insubsistente el proveído de veinte de abril de dos mil quince, y desincorporar la multa que había impuesto al quejoso, lo haga sin perjuicio de ordenar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del fallo de anulación dictado en la instancia ordinaria. Conforme a lo anterior, se apercibe a Martha Elena Arce García, Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, que de no cumplir la ejecutoria, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo, equivalente a $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de la Unidad de Medida y Actualización es de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 moneda nacional); de conformidad con lo dispuesto en los numerales 192 y 258 la Ley de Amparo. Asimismo, se hace de su conocimiento que se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con la finalidad que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Además, se establece que la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, debe ser clasificada como órgano jurisdiccional que cuenta con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, ya que cuenta con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía, por tanto, no cuenta con superior jerárquico alguno.
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