Eduardo García Valencia
Expediente 1542/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1542/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 04/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Eduardo García Valencia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese la razón de imposibilidad que antecede, en la cual la Actuaria Judicial de la adscripción, manifestó la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso *********** el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, toda vez que fue informada que el referido quejoso ya no se encuentra interno en esas instalaciones, en razón a que fue revocado el auto de vinculación a proceso decretado en su contra, por lo cual, salió en libertad. Sin que en el caso proceda realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que de las constancias que obran en autos, se colige que dicho auto le fue notificado vía electrónica al autorizado del quejoso. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2025391, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable." Notifíquese
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE TERCERA INTERESADA. POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS DEL AUTO DE VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por la Jueza de Control de la Región Judicial Nueve en Centro, Tabasco, mediante el cual hace del conocimiento que dentro de la causa penal 772/2020, que se sigue en contra de Eduardo García Valencia, por el hecho que la ley señala como el delito de violación tumultaria, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada bajo las iniciales D.V.G.V, el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictó un acuerdo, que a la letra dice: "Primero. Agréguese a la presenta causa el oficio 19950, de veinte de los corrientes, recibido a las catorce horas con veintisiete minutos de la presente fecha, signado por Norma Lidia Gutiérrez García, Magistrada Integrante de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el Sistema Acusatorio y Oral, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada en el toca de oralidad 76/2022 I C, misma que en sus puntos resolutivos a la letra dicen: 'Primero. Los agravios vertidos por el recurrente fueron uno fundado y suficiente para trascender en el sentido del presente fallo y no hubo necesidad de suplir la deficiencia de la queja a favor de Eduardo García Valencia. Resultó inoperante el agravio de la licenciada¨**********, asesora jurídica de la ofendida. Segundo. Se revoca el auto de vinculación a proceso, decretado el diez de agosto de dos mil veintidós, por el Juez de Control de la Región Nueve, con sede en el municipio de Centro, Tabasco, **********, en la causa penal 772/2020, seguido al imputado Eduardo García Valencia, por el delito de violación tumultaria, que se dijo cometido en agravio de la víctima de identidad reservada identificada con las iniciales DVGV, y en su lugar se decreta auto de no vinculación a proceso, a favor de Eduardo García Valencia, por el delito de violación tumultaria, que se dijo cometido en agravio de la víctima de identidad reservada identificada con las iniciales DVGV. Tercero. Como consecuencia de lo anterior, se revoca la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa debiéndose girar oficio al Centro de Reinserción Social del Estado, a efectos de que deje en inmediata libertad a Eduardo García Valencia, siempre y cuando no se encuentre detenido por diversa causa penal o a disposición de otra autoridad." Ahora, visto el estado que guarda el presente juicio y del análisis que se realiza de forma integral al escrito de la demanda de amparo, se advierte que en el caso la parte quejosa reclama: ?La audiencia de formulación de imputación por orden de aprehensión cumplida, desahogada el cinco de agosto de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 772/2020, seguido al imputado Eduardo García Valencia, por el delito de violación tumultaria, que se dijo cometido en agravio de la víctima de identidad reservada identificada con las iniciales DVGV, en la cual se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto. Lo anterior, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la Litis, o se haya sustituido procesalmente, cuando éste tenga el carácter de positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la derecho fundamental exija. En ese sentido, conviene precisar que la cesación de los efectos del acto reclamado se actualiza por sustitución procesal cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado originalmente, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el acto posterior por el cual fue sustituido, siendo este último el que puede ser materia de amparo. Esto es, para que se actualice dicha causal se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. b) De un acto de autoridad que sobrevenga dentro de un procedimiento constitucional, como en el caso, un procedimiento penal, que deje insubsistente en forma permanente el que es materia del juicio de amparo. c) De una situación de hecho o de derecho que destruya en forma definitiva el acto que se reclama o sus efectos jurídicos, y restituya al quejoso en el goce de la garantía constitucional violada. d) De una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Lo que tiene sustento en la tesis I.3o.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1491, Tomo XXX, diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Establecido lo anterior, y tal como se advierte del contenido del oficio de cuenta, en el caso, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el Sistema Acusatorio y Oral, al resolver el recurso de apelación 76/2022 I C, revocó el auto de vinculación a proceso dictado el diez de agosto e dos mil veintidós, por el Juez de Control de la Región Nueve, con sede en el municipio de Centro, Tabasco, en la causa penal 772/2020, seguido al imputado Eduardo García Valencia, por el delito de violación tumultaria, que se dijo cometido en agravio de la víctima de identidad reservada identificada con las iniciales DVGV; en su lugar, decretó auto de no vinculación a proceso y; por ende, revocó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en contra del hoy quejoso. Atento a lo anterior, es claro que la audiencia de formulación de imputación por orden de aprehensión cumplida, desahogada el cinco de agosto de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 772/2020, seguido al imputado Eduardo García Valencia, por el delito de violación tumultaria, que se dijo cometido en agravio de la víctima de identidad reservada identificada con las iniciales DVGV, en la cual se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, quedó sustituida procesalmente por la nueva determinación emitida por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el Sistema Acusatorio y Oral, al resolver el recurso de apelación 76/2022 I C. Lo anterior, si se toma en cuenta que el procedimiento penal se conforma con una serie de actos procesales, concatenados e íntimamente relacionados entre sí, de tal manera que la existencia de uno constituye la base y el sustento para la emisión de otro posterior. Así, cada acto procesal constituye la base fundamental sin la cual no puede desarrollarse el procedimiento, y cada nuevo acto que se sustenta en el anterior, lo sustituye de inmediato en sus efectos jurídicos. En tal sentido, se concluye que cesaron los efectos de la audiencia de formulación de imputación por orden de aprehensión cumplida, desahogada el cinco de agosto de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 772/2020, seguido al imputado Eduardo García Valencia, por el delito de violación tumultaria, que se dijo cometido en agravio de la víctima de identidad reservada identificada con las iniciales DVGV, en la cual se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pues la resolución dictada en el toca de apelación 76/2022 IC, la sustituyó procesalmente. Así, una vez que ha quedado plenamente demostrada la causa de sobreseimiento aducida, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y; por ende, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dos minutos del diez de noviembre del presente año. Notifíquese y; personalmente a la parte quejosa y a los terceros interesados.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito signado por la tercero interesada de identidad reservada, mediante el cual, se apersona al presente juicio de derechos fundamentales, señala domicilio, autorizados, proporciona un número telefónico, hace manifestaciones a manera de alegatos y ofrece pruebas. En atención al contenido de la citada promoción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vinculación, con los numerales 3º, fracciones II y XIV, inciso c), 4º, fracción III, 8º, 18, fracción II y 20, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como los diversos ordinales 2º, fracciones XXII y XXIII, 8º, y 33 fracción III del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; se hace del conocimiento de las partes, que la información vinculada con los datos personales de los ofendidos y/o víctimas del delito, será resguardada en el secreto del Juzgado, a fin de salvaguardar su integridad física, moral y material. Atento a lo anterior, y afecto de tomar las medidas conducentes para garantizar la protección de los datos personales de la tercero interesada se ordena agregar la promoción de cuenta, en el cuadernillo de sigilo que queda en la secretaría de este juzgado en secreto, únicamente a disposición de la autoridad jurisdiccional y, en su oportunidad de ser el caso, sea remitido bajo sigilo a la Superioridad para constatar el emplazamiento a la parte ofendida. Alegatos. Respecto a las manifestaciones que realiza en forma de alegatos, con apoyo en el artículo 124 de la ley de la materia, se le tienen por hechas, sin perjuicio de dar nueva cuenta con éstos en la audiencia constitucional. Pruebas. Por otra parte, conforme al artículo 119 de la ley de la materia en cita, se tienen por anunciadas como prueba, las documentales que anexa la tercero interesada de identidad reservada, consistente en: No. Prueba 1 Oficio 8875 II de siete de octubre de dos mil veintidós, a través del cual se le notifico el acuerdo de la misma data, emitido en la causa penal 772/2020 del índice del Juzgado de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco. 2 Cedula de notificación relativa al acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintidós, emitido en el toca de oralidad 76/2022 del índice de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el Sistema Acusatorio y Oral. 3 Oficio 1686 A, el cual contiene el acuerdo de diecisiete de agosto del año en curso, en autos de la causa penal 772/2020 de la estadística del Juzgado de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco. 4 Escrito de apelación de quince de agosto de la presente anualidad. Vista con el informe justificado. Finalmente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a la aludida tercero interesada con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, y demás constancias que obran en autos, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Ahora, respecto al domicilio señalado, autorizados, y número telefónico, toda vez que son datos personales de la víctima, se acordaran en el cuaderno de sigilo que deriva del presente sumario. Notifíquese.
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