Eduardo García Román
Expediente 600/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 1 actuación registrada, la última del 12 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 600/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 12/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Eduardo García Román
Actuaciones
- Principal
se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha doce de mayo de dos mil veintitres...Vista la demanda de amparo promovida por Eduardo García Román contra actos del Director del Centro de Reinserción Social de Mexicali y de otras autoridades; en consecuencia, fórmese el expediente físico y electrónico bajo número 600/2023-2. Desechamiento Ahora bien, del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de esta ciudad al Centro de Reinserción Social El Hongo, en Tecate, Baja California, ejecutada el veinticinco de abril de dos mil veintitrés. 27/02/24 04:20:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6d.20 FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA En ese tenor, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley [.]" Del precepto transcrito, se desprende que el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos, entendidos por éstos, contra los que no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Luego, tratándose de la orden de traslado sin intervención judicial, cuando el quejoso aún no cuenta con una resolución tangible, como ocurre en el caso concreto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, 27/02/24 04:20:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6d.20 FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de amparo 600/2023-2 ??????????????? debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. En efecto, la Primera Sala señaló que el artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, la Primera Sala estimó que dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días 27/02/24 04:20:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6d.20 FERNANDO PESQUEIRA BARRAZA siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, señaló que de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, puntualizó que se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional.
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