Eduardo GarcìA Garibay
Expediente 950/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 950/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Eduardo GarcìA Garibay
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En la Ciudad de México, catorce de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos; así como la certificación que antecede; y, tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el doce de mayo de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En Ciudad de México, a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de garantías número 950/2020-IV, en audiencia pública el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo Peña, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentran la demanda de garantías, que dio origen al presente asunto, promovida por Eduardo García Garibay, proveído de trece de octubre de dos mil veinte, en el que se admitió a trámite la demanda y las pruebas, constancias de notificación a las partes, informe justificado de la autoridad responsable y proveídos que acordaron lo conducente. Asimismo, el Secretario certifica: que transcurrió el plazo de quince días concedido al quejoso en auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, para que expresara si deseaba ampliar su demanda respecto de la respuesta dada a su petición y como autoridad responsable a la que la signa, pues de dicho auto se le notificó personalmente el diecinueve de noviembre de dicha anualidad; notificación que surtió efectos el veintitrés de ese mes y año, por lo que el plazo transcurrió del veinticuatro de noviembre al cuatro de diciembre de dos mil veinte, y del veintinueve de marzo al ocho de abril de dos mil veintiuno, con motivo de la suspensión de actividades por las medidas de protección con motivo del virus Covid-19, sin que lo haya hecho El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias de autos y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable. En cuanto a lo certificado por el Secretario, se hace efectivo el apercibimiento decretado al quejoso en auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, y se entiende que no es de su interés tener como autoridad responsable y acto reclamado a esta el señalados en el acuerdo de mérito y se continua con el trámite del juicio en los términos del escrito inicial. En período probatorio: El Secretario da cuenta con las documentales, ofrecidas por las partes. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por las partes. No existiendo pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. En período de alegatos: El Secretario hace constar que las partes no los formularon; además, que el Fiscal Ejecutivo Titular no presentó el pedimento que a su representación social compete. Se cierra este periodo. Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponde. VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 950/2020-IV, promovido por Eduardo García Garibay, por propio derecho, contra actos del Director General de Inspección y Vigilancia Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México; y, RESULTANDO. PRIMERO. Mediante escrito presentado el nueve de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, recibido en este juzgado el trece de octubre de dos mil veinte, Eduardo García Garibay, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES Director General de Inspección y Vigilancia Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México ACTO RECLAMADO La omisión de dar respuesta a la petición realizada el día 17 de septiembre 2020 folio 005657/20. SEGUNDO. El quejoso considera que el acto reclamado es violatorio del artículo 8 Constitucional. TERCERO. Por auto de trece de octubre de dos mil veinte, se admitió la demanda, quedando radicada con el número 950/2020- IV; se requirió a la responsable su informe justificado; se ordenó dar la intervención que corresponde al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, notificado personalmente a la autorizada del quejoso, el diecinueve de ese mes y año, se ordenó darle vista para que manifestara si deseaba ampliar su demanda respecto de la respuesta dada a su petición y autoridad que la signó, transcurriendo el plazo de quince días que se le concedió para ese efecto, sin que lo haya hecho. Para dar margen a que se desahogada lo anterior, se señalaron nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede y concluirá con el dictado de la presente sentencia; y, CONSIDERANDO. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se reclama una acto omisivo a una autoridad administrativa que reside en el territorio en el que este órgano federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados, se procede analizar la demanda para determinar con exactitud el acto que reclama la parte quejosa. Lo anterior, sobre la base de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, estableció la obligación del Juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, la cual es de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (No. Registro: 192,097, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000), Página: 32). La jurisprudencia establece que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Ante tal imperativo, del estudio integral de la demanda se desprende que el acto reclamado por el quejoso es: La falta de respuesta a su petición presentada el diecisiete de septiembre de dos mil veinte. TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Director General de Inspección y Vigilancia Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, pues si bien al rendir su informe justificado lo negó, también realizó manifestaciones de las que se desprende es cierto; además, el acuerdo administrativo, de veintinueve de octubre de dos mil veinte, con el que, dice, se dio respuesta a la petición del quejoso, es de fecha posterior a la en que se presentó y admitió la demanda motivo del presente juicio. CUARTO. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 62. Las causes de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 814, aplicada por analogía, de rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.(No. Registro: 394,770, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Página: 553.) Precisado lo anterior, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Para que dicha causa de improcedencia se actualice, es necesario que todos los efectos del acto o actos reclamados, se hayan destruido en forma total o incondicional, por parte de las autoridades que participaron en su creación. Lo anterior lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, aplicada por analogía por los principios que contiene, la cual es de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." (Registro: 193,758; Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo IX, Junio de 1999; Tesis: 2a. /J. 59/99; Página: 38) En el caso, el quejoso solicita el amparo y protección de la Justicia Federal por considerar que se violó en su perjuicio el artículo 8 de la Ley Fundamental, disposición que tutela el derecho de los gobernados a formular petición a cualquier entidad que constituya parte del Estado Mexicano, quien, a su vez, tiene la obligación de emitir una respuesta en un breve término y darla a conocer al solicitante en el domicilio que al efecto haya señalado. Ahora, la desobediencia constitucional de la autoridad responsable, consiste en la falta de respuesta a la petición presentada por el quejoso el diecisiete de septiembre de dos mil veinte. Al respecto, el Director General de Inspección y Vigilancia Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado manifestó que dicha petición fue atendida mediante acuerdo administrativo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, notificado el treinta de ese mes y año; documentos que exhibió en copia certificada, a los que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que resultan suficientes para establecer que se atendió la petición presentada por el quejoso el diecisiete de septiembre de dos mil veinte y se le notificó. El acuerdo mencionado, en lo que aquí interesa, es del tenor siguiente: ... Acuerdo que se le notificó el treinta de octubre de dos mil veinte, como se desprende la constancia siguiente: ... En esas condiciones, el acuerdo y notificación insertos son prueba de que han cesado los efectos del acto reclamado, como se anunció, puesto que con los mismos la autoridad responsable acreditó que emitió respuesta a la petición del quejoso y se la notificó. Entonces, es evidente que dicho acto de autoridad ha quedado destruido como si nunca hubiese existido, restituyéndose a la parte agraviada en el derecho fundamental que le era transgredido con el pasivo actuar de la responsable. Por identidad de razón, conviene citar la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA." (Novena Época; Registro: 168189; Instancia: Segunda Sala; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXIX, Enero de 2009; Materia(s): Común; Tesis: 2a. /J. 205/2008; Página: 605) Cabe destacar que en acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, notificado personalmente a la autorizada del quejoso el diecinueve de ese mes y año, se ordenó darle vista para que manifestara si deseaba o no ampliar la demanda señalando como acto reclamado la respuesta aludida y como autoridad responsable a quien la signó, transcurriendo el plazo de quince días que se le concedió para ese efecto, sin que lo haya hecho. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede sobreseer en el juicio, en términos de los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de la falta de respuesta atribuida a la autoridad responsable. Por lo expuesto y con fundamento, en los artículos 61, 73 a 76 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del presente asunto, se impone destacar que en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que, del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, a través de las Circulares números SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales en todos los asuntos judiciales y como forma de trabajo el esquema de contingencia previsto por el "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19", como medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con sede en la Ciudad de México derivado del virus COVID-19. Ahora bien, de conformidad con la Circular SECNO/10/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la prolongación del periodo de contingencia sanitaria, el dieciséis y diecisiete de los presentes, se continúa con el esquema de contingencia previsto en las Circulares anteriores, y a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales conforme a los lineamientos contenidos en el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19"; en consecuencia, se reanudan los plazos y términos procesales en el presente juicio. Cabe destacar que el presente asunto no se ubica en ninguno de los supuestos a que se refirió el citado Acuerdo General 13/2020, para que previamente se reanudara su trámite, por lo que hasta la fecha en que se actúa, se procede acordar lo conducente. En tales circunstancias, atendiendo a que no fue posible que tuviera verificativo la mencionada audiencia por las razones expuestas y derivado de las cargas de trabajo, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en las fracciones I y II del artículo 2 del mencionado acuerdo 21/2020, se hace del conocimiento de las partes que los plazos, términos y vistas, ordenados en los acuerdos y requerimientos dictados en este juicio, se reanudarán a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído; por lo que se deberán de estar a lo ahí´ determinado y a los apercibimientos respectivos. Notifíquese personalmente al quejoso Eduardo García Garibay, en el domicilio ubicado en Dakota, número doscientos cuatro, interior ciento tres, colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que aún no transcurre el término de quince días concedido a la parte quejosa, para que desahogue la vista otorgada en auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, a fin de que manifieste si desea ampliar su demanda de garantías respecto de la respuesta dada a su petición. En estas circunstancias, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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