Eduardo García Castillo

Expediente 47/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 16 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
47/2016
Año
2016
Actuaciones
16
Última actuación
22/07/2016

Partes del expediente

  • Eduardo García Castillo
  • Secretario de Seguridad Pública Federal Mexico, Distrito Federal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Vista la certificación y razón de cuenta que antecede, de la que aparece que ha transcurrido el término a que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de sobreseimiento de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, dictado en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que el auto de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del citado proveído. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo.

  2. Principal

    POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, AL HABER TRANSCURRIDO LOS DOS DÍAS HÁBILES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, Y NO HABER CONCURRIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO, NO OBSTANTE EL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO, DICHO PROVEÍDO SEÑALA: Mazatlán, Sinaloa, veintiocho de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada de diversas constancias que integran el incidente derivado de la solicitud de traslado realizada por el quejoso EDUARDO GARCÍA CASTILLO; misma que le fueron solicitadas. En atención a lo anterior, agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta, para los efectos legales conducentes. Asimismo, considerando el volumen de las constancias que adjunta, y para facilitar el manejo del presente expediente, fórmense por separado el cuaderno auxiliar, debidamente identificado con su carátula respectiva, debiéndose respetar el folio, sello y rúbrica original; mismo que queda a disposición de las partes para consulta. Ahora bien, vistas las constancias que en copias certificadas se reciben con el oficio de cuenta, se advierte lo siguiente: - En auto de diecisiete de noviembre de dos mil quince, la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, dio inicio a la solicitud del aquí quejoso, para ser trasladado del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO 14) de Gómez Palacio Durango, al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito con sede en esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. - Mediante resolución de siete de marzo de dos mil dieciséis, la titular del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, resolvió de plano la solicitud de traslado del quejoso EDUARDO GARCÍA CASTILLO, donde resolvió: "PRIMERO. Es infundada la solicitud de traslado presentada por los licenciados José Antonio Cota Zamora y Francisco Verdugo Fierro, defensores particulares de los procesados David Acosta Gamboa y Andrés Ordóñez Arguelles, así como EDUARDO GARCÍA CASTILLO, respectivamente, en el que se solicitó el traslado de éstos del Centro Federal de Readaptación Social Número 14, CPS "Durango", con sede en Gómez Palacio Durango, lugar donde se encuentran recluidos al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito con sede en esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución." - De terminación que fue notificada y recurrida por el quejoso, quien interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido el catorce de marzo de este año. Constancias que al constituir documental pública, se les concede valor probatorio pleno, por ser emitido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Bajo esa premisa, quien esto provee estima que, en el caso, se actualiza la hipótesis prevista en la XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor, por las razones que a continuación se exponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." El numeral transcrito establece que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: 1. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un administrativo seguido en forma de juicio; 2. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; 3. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y 4. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De lo anterior se tiene que la regla general respecto de la improcedencia del juicio de garantías llamada cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Como puede advertirse, esta causal opera tratándose de procedimientos que sean material o formalmente juicios; de tal manera que no se actualiza en aquellos que no cumplan con esa cualidad, toda vez que su existencia se basa en la creación de una etapa o estadio procesal diferente. En el caso, se sostiene la actualización de la referida causal de improcedencia, toda vez que el acto reclamado consistente en: El internamiento realizado en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO 14) de Gómez Palacio Durango y no en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito con sede en esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con motivo de la consignación de la averiguación previa AP/PGR/SIN/MAZ-I/240-PP/2015, donde el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la mesa I de la Subdelegación de Procedimientos Penales "B", con sede en esta ciudad, ejerció acción penal en contra del quejoso EDUARDO GARCÍA CASTILLO, dejándolo a disposición de la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, quien radicó la causa penal 65/2015. Ahora bien, de las constancias relativas al proceso penal 65/2015, que se anexan al oficio de cuenta, se advierte que la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, resolvió de plano la solicitud de traslado formulada por los defensores de los procesados, entre éstos el aquí quejoso EDUARDO GARCÍA CASTILLO, del Centro Federal de Readaptación Social número 14 CPS, "Durango", con sede en Gómez Palacio, Durango, lugar donde se encuentran recluidos al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, la cual estimó infundada, en virtud de que no es procedente el traslado del quejoso, porque requiere de medidas especiales de seguridad, lo que impide el traslado del lugar en que actualmente se encuentran recluidos (Centro Federal de Readaptación Social número 14 CPS, "Durango", con sede en Gómez Palacio, Durango), al centro penitenciario de esta ciudad. En esa virtud, como el peticionario de la protección constitucional reclamó su internamiento realizado en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 CPS, "Durango", con sede en Gómez Palacio, Durango, ante el rechazo de ser admitido en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delio, de esta ciudad; y toda vez que dicha situación (internamiento) fue motivo de análisis en la solicitud de trasladado que realizó el quejoso ante la autoridad responsable, donde se tuvo por infundada tal petición, es evidente que se actualiza un cambio de situación jurídica en el procedimiento judicial del que deriva la supuesta ilegalidad del acto reclamado, por virtud del cual, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el presente juicio de amparo. Lo anterior, porque con motivo del cambio de situación jurídica aludido no puede analizarse la constitucionalidad del acto reclamado (internamiento), sin afectar la nueva situación jurídica que prevalece. En las relatadas circunstancias, al surtirse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada Ley. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis CXI, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Diciembre de 1996, página 219, de rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En las apuntadas condiciones y al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, respecto de tal acto y autoridades responsables, resulta ocioso esperar hasta la fecha de la celebración de la audiencia constitucional para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que nos ocupa; por lo que procede SOBRESEER en el presente asunto respecto de los actos que en esta vía se reclaman, y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas. Por lo anterior, se ordena dejar sin efecto la citación para la celebración de la audiencia constitucional (DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS). Tiene aplicación a la determinación aquí asumida, la tesis por contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página trescientos ochenta y siete, que reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. En otro aspecto, y considerando que en el presente juicio no existe oposición expresa por la quejosa en cuanto a la publicación de la presente sentencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley antes mencionada vigente en la época de inicio de la demanda, dígase a las partes, que esta resolución estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; sin supresión de datos personales a que alude el artículo 3 fracción II, de la ley en mención; asimismo, que en su caso se atenderá lo que específicamente señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambos de la ley especial de la materia

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintitrés de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Eduardo García Castillo, mediante el cual revoca a su autorizado, designa nuevos y señala nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Atento a su contenido, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Raúl Arturo Espinoza Valdez y Héctor Angulo Uriarte; asimismo, como solicita la promovente se tienen por revocado a Francisco Verduro Fierro. Finalmente, se le tiene señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado el que indica en su escrito de cuenta. Notifíquese.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Vistos los autos, se advierte que la autoridad responsable Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, aún no ha remitido las constancias solicitadas en proveído de doce de mayo del año en curso. En tales condiciones, solicítese nuevamente a la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, que de no existir inconveniente legal alguno, remita copia certificada de las constancias relativas al incidente derivado de la solicitud de traslado realizada por el quejoso Eduardo García Castillo, en la causa penal 65/2015 de su índice administrativo; en virtud de que en son necesarias para resolver el presente juicio de amparo. Por otra parte, se advierte que aún no se ha notificado personalmente a la parte quejosa el proveído de cuatro de marzo del año en curso; lo que se encomienda al actuario judicial adscrito. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para hoy, SE DIFIERE para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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