Eduardo Garay Raya
Expediente 474/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 474/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 29/06/2017
Partes del expediente
- Eduardo Garay Raya
- Luis Ricardo Sánchez Álvarez
- Erick Romero Peimberth y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
TTuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el numeral 81, fracción I, inciso d), de la ley en la materia, en contra del proveído de doce de junio de dos mil diecisiete, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, y de conformidad con lo dispuesto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no haberse ordenado un hacer, no hacer o tolerar a la autoridad responsable, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de junio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio e informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por el que remite copia certificada de la resolución interlocutoria al incidente de nulidad de actuaciones dentro del juicio laboral***, promovido por ***contra ***y otros. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda, así como del escrito aclaratorio de la misma, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar interlocutoria relativa al incidente de nulidad de notificaciones por la actora en el juicio laboral ***. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Numero Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de dictar interlocutoria relativa al incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por el aquí quejoso en el expediente***, de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el cinco de junio del año en curso, dictó dentro del juicio laboral de origen resolución respectiva al incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por el quejoso en la controversia de origen; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, el tribunal responsable subsanó la dilación procesal que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de dictar la resolución respectiva al incidente de nulidad de notificaciones planteado en el juicio laboral *** ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. No obsta para decretar el sobreseimiento anterior, que en autos no conste que se haya emplazado a la totalidad de los terceros interesados***, ya que a nada práctico conduciría, ante la notoriedad de la causa de sobreseimiento ya descrita, lo que implica que el sentido adoptado no les irroga ningún perjuicio. Además, no pasa desapercibido, el hecho de que con esta fecha se esté agregando la constancia remitida por la autoridad responsable y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de los mismos, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido referido y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintidós de junio de dos mil diecisiete. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, Agente del Ministerio Público Federal; mediante oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de junio de dos mil diecisiete. Vistas las razones de cuenta, de la cual se advierte que la actuaria de la adscripción no pudo emplazar a juicio al tercero interesado***, ubicado en***, por los motivos que manifiesta. En tales condiciones, nuevamente comisiónese a la actuaria judicial de la adscripción, para que a distintas horas y días tanto hábiles como inhábiles, se constituya en el domicilio del tercero interesado en comento, y proceda a practicar la diligencia que le fue encomendada, en el proveído de veintitrés de mayo del año en curso, auto en el que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución y 21, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se le autorizó para llevar a cabo las notificaciones personales en este juicio, en los días y horas señalados. En la inteligencia que de no poder practicar dicha notificación, asiente razón pormenorizada de la imposibilidad de practicar la misma. Notifíquese; y emplácese al tercero interesado***.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a los terceros interesados***, para que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo hayan hecho; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete (fojas 22 a 24), por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíqueseles por lista de acuerdos este proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto señalen domicilio en esta ciudad para tal efecto, salvo que se actualice el supuesto del artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
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