Eduardo Galvan Saavedra
Expediente 627/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Eduardo Galvan Saavedra
Actuaciones
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud de que de la certificación que antecede asentada por el secretario, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la sentencia dictada el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, en la cual se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en los artículos 81, inciso e), y 86, de la Ley de Amparo, así como el ordinal 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DEPURACIÓN DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se decretó la suspensión de plano, el mismo será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. CÓMPUTO PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN. Se precisa que en la presente ejecutoria, el cómputo para interponer el recurso de revisión en cita, únicamente se realiza respecto de la parte quejosa y del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ya que es inadmisible la revisión intentada en contra de un fallo de sobreseimiento (como en la especie ocurre) por parte de las autoridades responsables, pues éste no les causa ningún perjuicio. En tales condiciones el dictado de sobreseimiento, si bien puede resultar perjudicial para el quejoso, no así a las responsables, porque no vincula su actuación en algún sentido, y menos aún prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia XX J/74, consultable en la página 83, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Materia Común, Octava Época, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACION PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO."
- Principal
En esta fecha se celebró la audiencia constitucional en la cual se resolvió:ÚNICO. Por las razones apuntadas en esta sentencia, SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por ***, por los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo.
- Principal
RECEPCIÓN DE INFORME JUSTIFICADO. Por recibido el oficio signado por el Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Amparo, ténganse por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional y dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Principal
Vista la demanda de amparo, promovida por **, por propio derecho, a través de la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos de quienes denomina como Agentes del Ministerio Público Investigadores adscritos a las Agencias I, II, III, IV, V y VI, Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia de Oralidad de lo Familiar, Juez de Control, Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato y Comandante General de la Policía Ministerial, todos residentes en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, por violación a los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 627/2017-IV.2, anótese su ingreso en el Libro de Control e este Juzgado, así como procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Ahora bien, tomando en consideración que del capítulo de hechos, los cuales manifestó el quejoso bajo protesta de decir verdad refirió que acudieron a su domicilio agentes de la "policía judicial" preguntando por él con el propósito de privarlo de su libertad personal; por tanto, se tiene como acto reclamado la orden de presentación y/o privación de la libertad fuera de procedimiento y únicamente se reconoce el carácter de autoridad responsable al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, toda vez que los agentes que señaló acudieron a buscarlo con la finalidad de privarlo de su libertad personal no existen con esa denominación de agentes de la "policía judicial", sino que pertenecen a la policía ministerial y las Agencias del Ministerio Público mencionadas no tienen injerencia en el acto que se reclama en esta vía constitucional, ello aunado a que las mismas no existen con esa denominación. Lo anterior, sin perjuicio de que del contenido del informe justificado que rinda la autoridad a la cual se le reconozca el carácter de responsable se advierta la participación de alguna otra autoridad, caso en el cual se acordará lo que en derecho proceda, otorgándole al quejoso la debida oportunidad para que en su caso, amplíe la demanda de amparo, acorde a la Ley de la Materia. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, SE ADMITE la demanda promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, residente en esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Pídase INFORME JUSTIFICADO a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo de conformidad con el artículo 117 de la mencionada Ley de Amparo, dentro del término de QUINCE DIAS, siguientes al en que reciba el oficio en el cual se solicita; sin embargo, deberán de tomar en consideración el artículo 25 1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra dice: "Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Apercibida que de ser omisa en rendir éste, se le impondrá multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la citada Ley de Amparo. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, para llevar a cabo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este juicio de amparo; ello en virtud de que las labores del juzgado así lo permiten y para favorecer la pronta impartición de justicia, a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término que se le concede para rendir su informe justificado, remita copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias de las que deriva el acto reclamado, o bien, manifieste el impedimento legal que tiene para ello, apercibida que de no hacer manifestación alguna se le impondrá multa en términos del numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual manera, se ordena requerir a la autoridad responsable, para que en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, informe de inmediato a este órgano de control constitucional, si durante el trámite del presente juicio de amparo, se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento en el mismo, en especial si por cualquier circunstancia se da un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por la fracción XVII, del numeral 61, del mismo ordenamiento legal; bajo el apercibimiento que de no cumplir con la anterior obligación, se le impondrá multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponda. En ese orden, tomando en consideración que los actos reclamados consisten en la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento judicial de *****, actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo; por tanto, de conformidad con el diverso numeral 126 de este último ordenamiento legal SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que ***, no sea detenido con motivo de la orden de privación de la libertad fuera de procedimiento reclamada en esta vía constitucional. La medida cautelar en cita no surtirá efectos en favor del quejoso sí se le sorprende en flagrante delito, o bien, si se trata de cumplimentar una orden de detención, presentación, aprehensión o reaprehensión dictada por autoridad distinta de las señaladas por el peticionario del amparo. Al respecto resulta aplicable la tesis 1a./J. 58/2016 (10a.), que en Contradicción resolviera la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, viernes 18 de noviembre de 2016 10:29 h, registro 2013066 , cuyo texto y rubro son: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." Sin que sea necesario fijar garantía alguna para que surta efectos la presente medida cautelar. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase al quejoso las copias certificadas que por duplicado solicita del presente proveído. Téngase al quejoso señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle **; y como autorizados de su parte a los licenciados ***, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a la licenciada Juana Adriana Helgueros Garibay, en términos restringidos, esto es únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, de conformidad con la última parte del segundo párrafo del precepto legal invocado, toda vez que no tiene registrada su cédula en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por último, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.
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