Eduardo Gallegos Cruz
Expediente 103/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 103/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 07/02/2023
Partes del expediente
- Eduardo Gallegos Cruz
- Eduardo Gallegos Cruz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte legitimada manifestara su inconformidad contra el proveído de seis de julio actual (fojas 140 a 143), que declaró la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la sentencia de amparo; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: DEPURAR EXPEDIENTE PRINCIPAL 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. DESTRUIR CUADERNO ORIGINAL INCIDENTE 2. Por otra parte, se hace constar que el original del cuaderno incidental es destruible, después de cinco años, con base en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo indicado en el párrafo que antecede, toda vez que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva respecto de los actos reclamados. DESTRUIR DUPLICADO INCIDENTE 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. TRANSFERENCIA 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas y Secretario Auxiliar de Amparos de su adscripción, y anexos, por medio del cual informan que el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la ratificación y cumplimiento de convenio en el juicio laboral J/O/1637/2014 de su índice, con lo cual cumplió con la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente asunto; con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, dese vista a la quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación que se le practique del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable aduce haber dado a la ejecutoria emitida en autos; en el entendido que pasado dicho término, desahogada o no la vista otorgada, este órgano judicial emitirá la resolución correspondiente. Resulta aplicable la tesis I.5o.C.7 K (10a.) , sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del tenor siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA. El propio órgano de control de los actos de autoridad es quien debe, a su vez, asumir la responsabilidad que le corresponde, de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo." Notifíquese, y personalmente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la que hizo constar que de las actuaciones que integran el presente asunto, no se desprende que la autoridad responsable Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, haya dado cabal cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio; pues no obstante que mediante auto de doce de junio de la presente anualidad, este órgano judicial ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento que manifestó haber dado, resultan necesarias las constancias fehacientes que acrediten que en el juicio laboral de origen, las partes celebraron convenio el siete de junio actual. Ahora bien, tomando en consideración que corresponde a este órgano judicial verificar que la ejecutoria de amparo esté debidamente cumplida, sin exceso ni defecto, atendiendo, además, a que el cumplimiento de la sentencia en el procedimiento de amparo es de orden público, por lo que la suscrita procede analizar las constancias que integran el presente asunto. En ese sentido, si bien es cierto mediante oficio registrado con el folio 8755 (fojas 117 a 120), la autoridad responsable informó que el siete de junio actual -las partes dentro del juicio laboral J/O/1637/2014- celebraron convenio y señaló las trece horas con treinta minutos del veintitrés de junio actual, para la ratificación y cumplimentación del mismo, constancias que evidentemente resultan necesarias para que este juzgado tenga la certeza jurídica de lo afirmado por la autoridad vinculada. Lo anterior encuentra justificación en la jurisprudencia 2a./J. 191/2010 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONVENIO LABORAL. EL SUSCRITO POR EL APODERADO DEL TRABAJADOR EN LA ETAPA DE CONCILIACIÓN, REQUIERE DE LA RATIFICACIÓN PERSONAL DE ÉSTE PARA QUE ADQUIERA VALIDEZ EN EL JUICIO. Conforme al artículo 876, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador debe comparecer personalmente a la etapa de conciliación de la audiencia respectiva, sin abogados patronos, asesores o apoderados, porque la intención es que actor y demandado, solos y directamente, con la única intermediación de la Junta, propongan soluciones justas y satisfactorias a sus diferencias para evitar el litigio; de forma que, la comparecencia del trabajador por conducto de apoderado impide que se lleve a cabo esa fase, debido a que la Junta no puede escuchar las propuestas y pretensiones directamente del trabajador, como lo ordena la Ley. Por tanto, si en esa etapa el trabajador no comparece personalmente pero sí lo hace su apoderado, el convenio que éste suscriba con el patrón demandado, con la finalidad de dar por concluido el juicio, no constituye propiamente el resultado del arreglo conciliatorio personal de las partes, independientemente de que dicho apoderado cuente con amplias facultades, sino que en todo caso será una propuesta que requiere de la ratificación del trabajador para que adquiera validez en el juicio, porque así se conseguirá que de manera personal el trabajador y el patrón acuerden y acepten los términos de la solución al conflicto laboral, aunado a que si el trabajador no ratifica el convenio, se tendrá por agotada la etapa de conciliación y la Junta deberá continuar el procedimiento, señalando fecha para la celebración de la audiencia en su etapa de demanda y excepciones, y ofrecimiento y admisión de pruebas." De ahí que tal actuación es insuficiente para considerar cumplida la ejecutoria de amparo. Pues en el caso, resulta necesario que la autoridad responsable Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad -una vez que lleve a cabo la diligencia señalada para las trece horas con treinta minutos del veintitrés de junio actual dentro del juicio laboral de origen- remita la constancia de ratificación y cumplimiento del convenio celebrado el siete de junio de la presente anualidad. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO Por lo expuesto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído y una vez que lleve a cabo la diligencia señalada para las trece horas con treinta minutos del veintitrés de junio actual dentro del juicio laboral de origen- remita la constancia de ratificación y cumplimiento del convenio celebrado el siete de junio de la presente anualidad, toda vez que dichas constancias son necesarias para emitir la resolución que prevé el artículo 196 de la ley de la materia, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos de lo establecido por la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que por razón de la materia corresponda, para continuar con el trámite ahí previsto para la inejecución. Resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.) , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Notifíquese.
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