Eduardo Gabriel Castillo Salazar

Expediente 1472/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1472/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
01/12/2016

Partes del expediente

  • Eduardo Gabriel Castillo Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; uno de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que el quejoso dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el diez de noviembre de dos mil dieciséis, por la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción pues en el presente asunto se sobreseyó (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión definitiva del acto reclamado, (punto vigésimo primero, inciso III). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    IV. VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1472/2016-IV, promovido por Eduardo Gabriel Castillo Salazar, contra actos del Juez de Control y de Juicios Orales del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otra autoridad; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito de demanda recibido el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Eduardo Gabriel Castillo Salazar solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se indica: AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez de Control y de Juicios Orales del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Agente del Ministerio Público de Toluca, Estado de México adscrito al Primer, Segundo y Tercer turno. Procurador General de Justicia del Estado de México. ACTO RECLAMADO: ""A). Las autoridades señaladas con el numeral del 1 al 2, le reclamo la ilegal e inconstitucional emisión de la orden de aprehensión y/o presentación y/o investigación y/o detención que se haya librado en mi contra. B). La marcada con el numeral 3, autoridad señalada como responsable, le reclamamos cualquier acto habido o por haber tendiente a ejecutar la orden de aprehensión y/o presentación y/o detención y/o investigación librada en mi contra por las primeras de ellas enumeradas del número 1 al 2 (SIC)" SEGUNDO. El quejoso estimó violados en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. El conocimiento de la demanda de amparo correspondió a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; por auto de once de octubre de dos mil dieciséis (fojas 21 a 23), se admitió a trámite; se requirió el informe justificado de las autoridades responsables; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se señaló día y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el quejoso señaló que el acto reclamado podría ejecutarse dentro del territorio en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado en esta instancia constitucional consisten en: -ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O PRESENTACIÓN Y/O INVESTIGACIÓN Y/O DETENCIÓN LIBRADA EN SU CONTRA. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del juicio, incluyendo la intencionalidad del quejoso, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Se estima aplicable, la tesis VI/2004, publicada en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, número de registro 181810, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Toda vez que mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, se dejaron de tener como responsables para los efectos del presente juicio de amparo, a las autoridades denominadas por la parte quejosa como "Agente del Ministerio Público de Toluca, Estado de México adscrito al Primer, Segundo y Tercer Turno", no se hará pronuncimiento respecto de ellas en la presente interlocutoria. CUARTO. Previo al análisis de la constitucionalidad de los actos que por esta vía se controvierten, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de éstos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, número de registro 212775, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A4 mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. Las autoridades responsables: Juez de Control y de Juicios Orales del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Procurador General de Justicia del Estado de México. En su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado por el quejoso Eduardo Gabriel Castillo Salazar. Por tal motivo, si la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, número de registro 917818, cuyo tenor es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis VI.2º.A.4 K, consultable en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, número de registro 187728, cuyos rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Lo anterior, porque el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, establece la obligación del quejoso de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia del acto reclamado a la autoridad en cita corresponde al solicitante del amparo. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, Materia Común, número de registro 210769, Octava Época, de contenido: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por tanto, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio constitucional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76, 78, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1472/2016-IV, promovido por Eduardo Gabriel Castillo Salazar, por los motivos expuestos en el considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Ruiz Rosales que autoriza, firma y da fe L'lacc

  3. Incidental

    IV. PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Eduardo Gabriel Castillo Salazar, promovió demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: Autoridades responsables: -JUEZ DE CONTROL Y DE JUICIOS ORALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. - AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO ADSCRITO AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TURNO. - PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. Acto reclamado: - La orden de aprehensión y/o presentación y/o investigación y/o detención que se haya librado en mi contra. SEGUNDO. Tramitación del incidente de suspensión. Previo desahogo de prevención, en auto de once de octubre de dos mil dieciséis, se formó por duplicado el incidente de suspensión, se solicitó a la autoridad responsable su informe previo y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual inició al tenor de la presente acta y termina con la resolución que al efecto se emita. TERCERO. Inexistencia de autoridades. La presente determinación no se ocupara de la autoridad que el quejoso nombró como, Agente del Ministerio Público de Toluca, Estado de México, Adscrito al Primer, Segundo y Tercer Turno, toda vez que en auto de diecisiete de octubre de la presente anualidad, se le dejó de tener con el carácter de responsable. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia es la orden de aprehensión y/o presentación y/o investigación y/o detención que se haya librado en contra de Eduardo Gabriel Castillo Salazar. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. El Procurador General de Justicia del Estado de México y la Jueza de Control y de Juicios Orales del Distrito Judicial de Toluca, Estado De México, al rendir su informe previo negaron la existencia del acto reclamado (foja 18 y 29). Sin que el quejoso aportara pruebas en contrario tendiente a desvirtuar tales negativas; consecuentemente, lo procedente es negar la suspensión definitiva, por no existir materia sobre que aplicarla. Al respecto, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 286, en la página 237 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a Eduardo Gabriel Castillo Salazar, contra las autoridades y el acto precisados en el resultando segundo y por los motivos señalados en el considerando segundo de esta interlocutoria.

  4. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio de cuenta, a través del cual la Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México, rinde informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe de mérito, para que manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, se toma nota de la causa de sobreseimiento que invoca la responsable, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Ruiz Rosales que autoriza, firma y da fe.

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