Eduardo Francisco Espinoza Pérez

Expediente 574/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 28 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
574/2022
Año
2022
Actuaciones
28
Última actuación
20/10/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Francisco Espinoza Pérez
  • Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVIII Distrito Judicial Sala "B" en Cosamaloapan, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veinte de octubre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 574/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veinte de octubre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto (fojas 98 a 106), HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que obste lo anterior el hecho que no obran en los presentes autos las constancias de notificación de las autoridades responsables foráneas, pues de acuerdo al sentido de la sentencia dictada, no las afecta directamente, en términos del numeral 87 de la Ley de Amparo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte, se concedió la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de quince de agosto de dos mil veintidós (fojas 91 a 96 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, toda vez que del incidente de suspensión relativo a este asunto se advierte que el quejoso ********************-por conducto de su autorizado ********************-, exhibió un billete de depósito -el cual se acordó en proveído de trece de julio del actual (foja 50 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto)-, a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional, y el citado peticionario de amparo dio cumplimiento con uno de los requisitos impuestos en el auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós (fojas 8 a 15 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), esto es: a) Exhibió el billete de depósito ******************** por la cantidad de ******************** mismo que sirvió para garantizar que no se sustrajera de la acción de la justicia. Ahora, respecto del segundo de los requisitos impuestos en la referida suspensión provisional, relativo a la obligación de la quejosa de comparecer ante la autoridad responsable que, en su caso, lo reclamara, el aludido requisito se hizo exigible, en virtud de que en acuerdo de nueve de agosto de la presente anualidad (foja 86 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto) se tuvo al quejoso compareciendo ante la 1. Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral Sala "A", del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, de la que se advierte, remitió copia certificada donde se le dictó auto de vinculación a proceso por su presunta intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar y por satisfecho el requisito de mérito. En consecuencia, requiérasele a efecto de que comparezca al local de este Juzgado Federal, a fin de que le sea devuelto el citado billete de depósito; lo cual deberá hacer dentro del plazo de dos años, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el citado plazo de dos años, se declararán prescritos los mismos y se harán efectivos a favor de la Tesorería de la Federación, con fundamento en los artículos 50 y 51 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento respecto del diverso billete de depósito ******************** por la cantidad de ********************, toda vez que en ocho de agosto pasado (fojas 74 a 76 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), se tuvo a la autorizada de la impetrante, compareciendo a este Órgano Jurisdiccional para su devolución. (.)" En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de octubre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto (fojas 98 a 106), HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que obste lo anterior el hecho que no obran en los presentes autos las constancias de notificación de las autoridades responsables foráneas, pues de acuerdo al sentido de la sentencia dictada, no las afecta directamente, en términos del numeral 87 de la Ley de Amparo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte, se concedió la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de quince de agosto de dos mil veintidós (fojas 91 a 96 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, toda vez que del incidente de suspensión relativo a este asunto se advierte que el quejoso Eduardo Francisco Espinoza Pérez -por conducto de su autorizado Eliseo Bibiano Juárez-, exhibió un billete de depósito -el cual se acordó en proveído de trece de julio del actual (foja 50 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto)-, a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional, y el citado peticionario de amparo dio cumplimiento con uno de los requisitos impuestos en el auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós (fojas 8 a 15 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), esto es: a) Exhibió el billete de depósito N881376 por la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional) mismo que sirvió para garantizar que no se sustrajera de la acción de la justicia. Ahora, respecto del segundo de los requisitos impuestos en la referida suspensión provisional, relativo a la obligación de la quejosa de comparecer ante la autoridad responsable que, en su caso, lo reclamara, el aludido requisito se hizo exigible, en virtud de que en acuerdo de nueve de agosto de la presente anualidad (foja 86 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto) se tuvo al quejoso compareciendo ante la 1. Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral Sala "A", del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, de la que se advierte, remitió copia certificada donde se le dictó auto de vinculación a proceso por su presunta intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar y por satisfecho el requisito de mérito. En consecuencia, requiérasele a efecto de que comparezca al local de este Juzgado Federal, a fin de que le sea devuelto el citado billete de depósito; lo cual deberá hacer dentro del plazo de dos años, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el citado plazo de dos años, se declararán prescritos los mismos y se harán efectivos a favor de la Tesorería de la Federación, con fundamento en los artículos 50 y 51 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento respecto del diverso billete de depósito N874317 por la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional), toda vez que en ocho de agosto pasado (fojas 74 a 76 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), se tuvo a la autorizada de la impetrante, compareciendo a este Órgano Jurisdiccional para su devolución. Notifíquese en términos de ley.

  3. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintidós. Agréguese sin mayor trámite el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano que contiene el oficio 25828 dirigido al 3. Fiscal Primero Investigador, adscrito al Distrito Judicial de Cosamaloapan, con sede en Cosamaloapan, Veracruz, toda vez que en proveído de ocho de septiembre del año en curso (foja 115 relativo al original del incidente de suspensión), se tuvo por inexistente a la autoridad de mérito y suspendió toda comunicación con ella. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Con esta fecha, se notifica por este conducto a la parte quejosa Eduardo Francisco Espinoza Pérez, el contenido de la sentencia autorizada de treinta de septiembre de dos mil veintidós, que a la letra dice:"...Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 574/2022 promovido por Eduardo Francisco Espinoza Pérez.RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el veintiuno de junio dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, y turnado el día veintidós de junio siguiente a este Juzgado Federal, Eduardo Francisco Espinoza Pérez promovió juicio de amparo contra actos de la 1. Jueza de Control del XVIII Distrito Judicial, con residencia en Cosamaloapan, Veracruz, y otras autoridades, mismos que quedarán precisados en el considerando segundo de esta sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción l, de la ley de la materia. SEGUNDO. Mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, se acordó admitir la demanda de amparo; solicitar a las autoridades responsables su informe justificado; dar la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló alegatos; y fijar fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante auto de ocho de septiembre del presente año, se tuvo a la autoridad responsable 3. Fiscal Primero Investigador adscrito al Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, como inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, como se advierte a foja noventa y dos (foja 92) motivo por el cual en la presente sentencia no se hará pronunciamiento respecto de dicha autoridad, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 111/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. CUARTO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuenta con los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 18, 21, 30, 67 y 71); se emplazó a la representación ministerial de la federación (foja 17); la audiencia constitucional tuvo verificativo en la fecha y hora señalada para tal efecto, quedando el expediente en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de actos dictados dentro de un proceso penal, que se dice son susceptibles de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de los gobernados que forman parte de él, tal como el debido proceso y acceso a una justicia pronta y expedita, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, ya que el acto reclamado se materializa en el lugar que se tramita el proceso, el cual corresponde a la circunscripción territorial de éste Juzgado. SEGUNDO. Fijación de acto. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. Al analizar en su integridad la demanda de amparo y las constancias de autos principalmente el informe justificado de las autoridades responsables, se aprecia que dicho acto es: la orden de aprehensión y/o presentación, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a las responsables 1. Jueza de Control del XVIII Distrito Judicial, y 5. Fiscal Segunda Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVIII Distrito Judicial, ambos con residencia en Cosamaloapan, Veracruz, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados (fojas 18 y 71). Así, las referidas negativas, no fueron desvirtuadas por el quejoso, aportando medio de convicción para tal efecto; por ende, tomando en consideración que las negativas antes señalada no fueron contradecidas, SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo por lo que hace a las autoridades referidas en el párrafo que antecede, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de acto. Es cierto el acto reclamado atribuido a las autoridades responsables 2. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVIII Distrito Judicial, Sala "B" (foja 30), 4. Fiscal Primera de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVIII Distrito Judicial de Cosamaloapan (foja 21) y 6. Coordinador de División de Detectives de la Policía Ministerial Zona Centro (foja 67), todos con residencia en Cosamaloapan, Veracruz. Por otro lado, con apoyo en el numeral 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado atribuido al 7. Director del Reclusorio Regional, con residencia en Cosamaloapan, Veracruz, pues a pesar de haber sido debidamente requerida dicha autoridad no rindió su informe justificado dentro del plazo de quince días con que contaba para ello. Lo anterior es así, dado que mediante oficio 635/2022 (foja 30), signado por la 2. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVIII Distrito Judicial, Sala "B", en Cosamaloapan, Veracruz, al rendir su informe justificado, manifestó ser cierto el acto reclamado, dado que mediante oficio 4050 (foja 31) signado por la 4. Fiscal Primera de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVIII Distrito Judicial de Cosamaloapan, solicitó audiencia privada para solicitud de orden de aprehensión, de conformidad con lo establecido en los artículos 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente, iniciándose el proceso penal 159/2021-A de su índice en contra de Eduardo Francisco Espinoza Pérez, por el delito de violencia familiar, previsto en el artículo 154 Bis, párrafo primero y segundo, 367 Bis fracciones I y V, 28, 86, 21 párrafo segundo del Código Penal Vigente en el Estado, cometido en agravio de Leonor Torres García. Mediante fecha de veintiséis de abril de dos mil veintidós, se emitió orden de aprehensión en contra de Eduardo Francisco Espinoza Pérez, por el delito de violencia familiar, cometido en agravio de Leonor Torres García (foja 55) mandamiento judicial que se comunicó al representante social para el ejercicio de sus funciones mediante oficio 414/2022-A, adjuntando a su informe el DVD que contiene el audio y video relativo a la audiencia privada de fecha veintiséis de abril de dos mil veintidós. Lo que se corrobora con el contenido del disco versátil digital (DVD) que contienen la audiencia inicial, los que tienen la naturaleza de una documental pública, por lo que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°. Lo anterior, acorde a lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción 1a./J.43/2013, consultable en la página 703, del Libro XXIII, correspondiente al mes de agosto de dos mil trece, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Posteriormente, mediante oficio 718/2022-A (foja 75) la 2. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVIII Distrito Judicial, Sala "B", con residencia en Cosamaloapan, Veracruz, anexó la resolución de veintisiete de julio de dos mil veintidós, en la que en el proceso penal 159/2021, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Eduardo Francisco Espinoza Pérez, por su presunta intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en la modalidad de violencia psicológica cometido en agravio de Leonor Torres García, previsto y sancionado por el numeral 154 Bis, párrafo primero y segundo del Código Penal vigente para el Estado (foja 76 a 83). QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Definida la certeza del acto reclamado, debe examinarse si resulta procedente la acción de amparo, cuyo estudio es preferente por ser una cuestión de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que el suscrito procede al estudio de la que considera se surte en la especie. Así, es de señalar que a juicio del suscrito, el presente juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. MARCO NORMATIVO Los numerales anteriormente señalados de la Ley de Amparo señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)". De la interpretación de dicho numeral y fracción se obtiene que el cambio de situación jurídica se produce cuando: a. Concurren cuando el acto derive, ya sea de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b. Con relación al acto reclamado se pronuncie una resolución que cambie el estado procesal en que se encontraba el quejoso cuando promovió originalmente su amparo; y c. No pueda decidirse sobre la constitucional del acto impugnado sin afectar dicha nuevo estadio jurídico, dada la autonomía entre dicho acto y la nueva resolución dictada, por lo que debe considerarse el primero consumado de modo irreparable, con relación al juicio de garantías en cuestión. Guarda relación con lo antes señalado la Jurisprudencia VI. 1º. J/57 del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, aplicable en términos del artículo Sexto Transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, puesto que en éste se dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo, criterio de rubro y texto siguientes: "SITUACION JURIDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTIAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley." *Lo resaltado es propio de esta sentencia. SUBSUNCIÓN De la lectura del precepto reproducido, se desprende que se actualiza la causal de improcedencia citada, en virtud de que de las documentales remitidas por la 2. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVIII Distrito Judicial Sala "B", en Cosamaloapan, Veracruz, mediante oficio 635/2022, recibido el quince de julio de dos mil veintidós, remitió un disco versátil digital DVD, que contienen la audiencia inicial, deducido del proceso penal 159/2021-A de su índice, al cual por tratarse de documentos públicos cuyo contenido no se encuentra contradicho por otras pruebas, se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°. Asimismo, se advierte que el veintisiete de julio de dos mil veintidós, dicha juez declaró cerrado el debate y procedió a resolver la situación jurídica de Eduardo Francisco Espinoza Pérez, dictando AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en su contra por el delito de violencia familiar, en la modalidad de violencia psicológica cometido en agravio de Leonor Torres García, previsto y sancionado por el numeral 154 Bis, párrafo primero y segundo del Código Penal vigente para el Estado (foja 76 a 83). En consecuencia, toda vez que el presente juicio fue promovido en contra de una ORDEN PRIVATIVA DE LIBERTAD dictada en contra del aquí quejoso, al quedar acreditado que en el referido proceso penal existió una orden de aprehensión en su perjuicio, y siendo que en el mismo ya se dictó un AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO al vencimiento del plazo constitucional; es incuestionable que cambió la situación jurídica del procedimiento judicial del que deriva el acto reclamado, pues los efectos de la detención se derivan a partir de ese momento de la vinculación a proceso, de modo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Por tal razón, deben considerarse consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la citada orden de aprehensión por no poder analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso. En esa medida, en el presente asunto se actualiza lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo además en el artículo 63, fracción V de la propia Ley en cita, se SOBRESEE en este juicio de garantías, por haber cambiado la situación jurídica del procedimiento judicial del que proviene el acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, por analogía y en términos del artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia número VII. 1o. P. J/42, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página 875, tomo XI, marzo de 2000, Novena época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999).- Es correcto el sobreseimiento decretado por el a quo en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en el que se reclamó la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que consta en autos que la autoridad responsable, decretó formal prisión al quejoso y ello conlleva a establecer que ha operado un cambio de situación jurídica; lo anterior es así, atento la reforma del artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que en lo conducente dice: Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto". Mismo sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución, al no reclamarse por vicios propios sino como mera consecuencia de la resolución reclamada. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 286, séptima época, 91-96 sexta parte, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y texto dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA.- Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." CONCLUSIÓN Por tanto, al haber cambiado la situación jurídica del procedimiento judicial del que proviene el acto reclamado, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente en términos de los numerales 61, fracción XVII, de la ley de la materia, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que sea necesario analizar los argumentos alegados por el impetrante de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Sin que obste a lo anterior, que en el presente juicio no se haya ordenado emplazar a la parte tercero interesada, pues a nada práctico conllevaría a este momento procesal realizar dicho emplazamiento, en virtud de que en el caso ha operado un cambio de situación jurídica y, el resultado de esta determinación no le causa perjuicio alguno dado su sentido. Sirve de respaldo a lo anterior la tesis 1a./J. 36/2011 que se lee: "OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. CASOS EN QUE LA OMISIÓN DE EMPLAZARLO COMO TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES DEL JUICIO QUE DA LUGAR A ORDENAR SU REPOSICIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 114/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 550, determinó que la víctima u ofendido del delito puede intervenir en el juicio de amparo indirecto con el carácter de tercero perjudicado cuando el acto reclamado afecte en los hechos a la reparación del daño, aunque no se refiera directamente a ella, con lo cual transfirió a los órganos aplicadores de la misma, la obligación de determinar en cada caso concreto si el acto reclamado actualiza el supuesto que legitima a la víctima u ofendido del delito para intervenir en el juicio de garantías con el carácter de mérito. De ahí que si el tribunal revisor al analizar el caso concreto sujeto a su estudio, advierte que la víctima u ofendido del delito que tiene el carácter de tercero perjudicado -al satisfacer la condicionante prevista en la jurisprudencia de referencia- no concurrió al juicio de garantías por no habérsele reconocido legalmente dicho carácter ni haber sido emplazado a él, procede que, por regla general, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, revoque la resolución recurrida y ordene reponer el procedimiento a efecto de subsanar esa irregularidad, dada la posibilidad de que pudiera emitirse un fallo que le resultara perjudicial sin haberle dado previamente la oportunidad de ser escuchado en el juicio. No obstante, esta regla no puede considerarse absoluta e irrestricta, pues en los casos en los que se advierta notoriamente que la sentencia que dicte el órgano revisor le será favorable, no procede reponer el procedimiento al no beneficiarle y, por el contrario, pudiendo incluso irrogarle perjuicio, al menos en lo relativo al tiempo que transcurre hasta en tanto se dicte una nueva resolución." (Lo subrayado es propio). SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición a través del sistema SISE para su consulta al público en general, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia, en términos del reformado artículo 72, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los 61 fracción XVII, 63, fracción V, 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Eduardo Francisco Espinoza Pérez, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, y póngase a disposición para su consulta pública de acuerdo a lo señalado en el último considerando de esta resolución..."

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