Eduardo Francisco Astorga García
Expediente 927/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 1 actuación registrada, la última del 6 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 927/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 06/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Eduardo Francisco Astorga García
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, seis de septiembre de dos mil veintidós. I. Recepción y formación de expediente. Recibido el oficio del Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, al que acompaña los autos originales del toca de apelación 227/2021 de la Tercera Sala con Competencia en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa y el expediente 158/2020 del índice del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial del Fuerte, Sinaloa, virtud que ese Tribunal Superior se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo; por tato, acúsese recibo, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 927/2022. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. II. Incompetencia competencia. Este Juzgado carece de competencia para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las siguientes razones. En su demanda de amparo, la quejosa reclama la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en autos del toca de apelación 120/2021,expediente que reasumió la Tercera Sala con Competencia en Materias Civil y Familiar del citado Supremo Tribunal de Justicia, registrado como toca 227/2021, resolución en la que entre otras cosas, se dejó sin efecto la sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno y se ordenó reponer el procedimiento en el juicio ordinario familiar 158/2020, del índice del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial del Fuerte, Sinaloa. El artículo 37 de la Ley de Amparo contempla tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. De la interpretación del numeral trascrito, se desprenden tres reglas generales respecto de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo que se promuevan ante su potestad, a saber: Cuando el acto reclamado requiere ejecución material, será competente para conocer del asunto, el juez en cuya jurisdicción deba ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado dicho acto. Tratándose de actos que puedan tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, Si el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese contexto, se colige que el punto toral para determinar la competencia de los Juzgados de Distrito, en el caso en que el acto reclamado sea de naturaleza positiva, es decir, implique un hacer de la autoridad responsable, o bien que surta sus efectos en un distrito judicial determinado; esto es, ante un acto positivo que tiene por efecto producir alguna alteración al mundo fáctico, es el lugar donde tenga verificativo su ejecución o sus consecuencias. Establecido lo anterior, como se adelantó, la parte quejosa reclama en esencia, la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la que la Sala responsable dejó sin efecto la sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno y ordenó reponer el procedimiento en el juicio ordinario familiar 158/2020, del índice del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial del Fuerte, Sinaloa. Pues bien, como se advierte de lo anterior, es inconcuso que la ejecución material de la resolución combatida corre a cargo del Juez señalado como responsable ejecutor con residencia en El Fuerte, comunidad que pertenece a la jurisdicción de los Juzgados de Distrito de esta entidad federativa, con residencia en la ciudad de Los Mochis, según el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por tanto, se estima que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo formulada en contra del acto reclamado, pues, como se afirmó, la ejecución material relativa a la reposición del procedimiento ordenada, obra a cargo del Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, por lo que resulta aplicable la regla contenida en el párrafo primero del artículo 37 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esas condiciones, la hipótesis que en el caso cobra aplicación es la contemplada por el párrafo primero del referido artículo 37 de la Ley de Amparo, en que se estatuye que el juez competente para conocer de la demanda de amparo es aquel en que tenga ejecución o se haya ejecutado el acto reclamado. Aunado a que, como ya se dijo, el acto que por esta vía se reclama recae directamente sobre el órgano jurisdiccional de primer grado, esto es, el Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, por lo que el juez competente será aquel en cuya jurisdicción tengan realización los actos procesales en caminados a cumplir la orden de reposición del procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustantiva la jurisprudencia 2a./J.37/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emana de la contradicción de tesis 47/2004-PL, Novena Época, que enseguida se transcribe: COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. Las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento tienen ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, los juicios de amparo en contra de dichas resoluciones, deben ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden de reposición del procedimiento respectivo, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 36 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y remítase el presente expediente al mencionado juzgado federal por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede Los Mochis. Lo anterior, al margen que cuando un Juez de Distrito recibe por incompetencia un juicio de amparo de un Tribunal Colegiado de Circuito, no le está permitido objetar tal competencia en cuanto a la procedencia de la vía biinstancial determinada por el superior jerárquico, pero si dentro de la jurisdicción de ese tribunal existiesen varios juzgados con distinta jurisdicción territorial cada uno y el Juez designado por el órgano superior estima que, en razón del territorio, corresponde a otro Juez Federal conocer del asunto, aquél válidamente puede declinar su competencia, por territorio, a favor del que considere competente. Sin que ello conlleve, de manera alguna, objetar la competencia designada por el citado tribunal. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 47/2002 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 186052, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Septiembre de 2002, página 49, de rubro: COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. ÉSTOS NO PUEDEN OBJETAR LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN CUANTO A LA VÍA, PERO SÍ PUEDEN DECLINAR SU COMPETENCIA A FAVOR DE OTRO DE LA MISMA JERARQUÍA QUE ESTIMEN LEGALMENTE COMPETENTE POR RAZÓN DE TERRITORIO.
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