Eduardo Flores Rodriguez

Expediente 698/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
698/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
06/09/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Flores Rodriguez
  • Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, Con Sede En Cuautla, Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    "PRINCIPAL. HOMOLOGO SOLICITA ACCESO". Cúmplase.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y específicamente el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el proveído de doce de abril del año en curso, mediante el cual este Juzgado de Distrito desechó por improcedente la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional.En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido.

  3. Principal

    PERSONAL. con apoyo en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I inciso b) de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa el proveìdo de DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, que cita: Visto el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se advierte que mediante auto de once de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por **, en contra de los actos que reclamó del Tribunal Unitario Agrario, Distrito, Cuarenta y Nueve, con sede en Cuautla, Morelos, y que en el referido proveído se previno al promovente a efecto de que precisara el acto que pretende reclamar en la presente instancia constitucional, así como para que mencionara la calidad que tiene dentro del juicio agrario ***. Asimismo, a efecto de mejor proveer respecto de la presente instancia constitucional, se requirieron las constancias relativas al juicio agrario mencionado en el párrafo que antecede a la citada autoridad responsable. Ahora bien, por auto de dos de octubre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el escrito aclaratorio de demanda presentado por el quejoso ; sin embargo, este Juzgador se reservó a proveer lo conducente, hasta en tanto obraran en autos las constancias requeridas a la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario, Distrito, Cuarenta y Nueve, con sede en Cuautla, Morelos, relativas al juicio agrario ***. En ese sentido, por auto de ocho de abril del año en curso, se tuvieron por recibidas las constancias remitidas por la autoridad responsable. Por lo anterior, y toda vez que en el presente asunto se reservó a proveer respecto del escrito aclaratorio de demanda presentado por el quejoso, hasta en tanto obraran las constancias requeridas a la responsable, lo cual ya aconteció, se provee lo siguiente. De la demanda de amparo y escrito aclaratorio de la misma, se aprecia que la parte quejosa reclama, esencialmente la sentencia emitida dentro del juicio agrario ***del índice del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cuarenta y Nueve, con sede en Cuautla, Morelos, y la falta de su notificación. Ahora, de las constancias remitidas por la responsable se aprecia que en efecto, el trece de enero de dos mil veinte, se emitió la sentencia respectiva dentro del juicio agrario ***del índice de la autoridad responsable, asimismo, se advierte que mediante instructivo de veintinueve de enero del mismo año, el actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cuarenta y Nueve, con sede en Cuautla, Morelos, notificó al demandado y aquí quejoso .Por lo anterior, lo dable es proveer respecto del trámite a la demanda de amparo que dio origen a la presente instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Eduardo Flores Rodríguez, en contra de los actos que reclama del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cuarenta y Nueve, con sede en Cuautla, Morelos. Lo anterior es así en virtud que del escrito aclaratorio de demanda así como de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Máxime que, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento y ningún efecto práctico tendría admitir la demanda a trámite y alcanzarse dicha conclusión al dictarse la resolución correspondiente. En efecto, en el caso el quejoso reclama de la autoridad responsable la sentencia emitida dentro del juicio agrario ***del índice del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cuarenta y Nueve, con sede en Cuautla, Morelos. Sin embargo, dicho acto no es susceptible de combatirse en esta instancia constitucional, pues previamente a ello debe agotarse el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Dicho principio, para el supuesto que nos ocupa, está regulado en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer la agraviada, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. Ahora bien, para que se actualice la causal de improcedencia invocada, es necesario que se reúnan cabalmente todas y cada una de las hipótesis contempladas en la aludida porción normativa, lo cual efectivamente acontece, de acuerdo con lo siguiente: 1. Que los actos reclamados emanen de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 2. Que contra los actos de molestia proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. De acuerdo con el artículo 198 de la Ley Agraria, establece que procede el recurso de revisión en contra de la sentencias emitidas por los Tribunales Agrarios, por lo que es incuestionable que se satisface la diversa exigencia contemplada en la fracción XX, del numeral 61, de la Ley de la Materia, pues, como se ha visto, la ley concede a la parte quejosa un medio de defensa por el cual los actos reclamados pueden ser modificados, revocados o nulificados. 3. Que no obstante la procedencia del juicio o medio de impugnación: a) es necesario que las mismas leyes que lo contemplan suspendan los efectos de los actos reclamados mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer la agraviada; y, b) que la suspensión opere sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Al respecto, cabe señalar que la legislación que rige la suspensión dentro del juicio de que se trata, suspende los actos de molestia sin exigir mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo, pues, el artículo 166 de la Ley Agraria, establece que para la suspensión de los actos reclamados procederá lo conducente a lo dispuesto por el Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, primera parte de la Ley de Amparo. De lo que se colige que la Ley Agraria no exige mayores requisitos para la suspensión de los actos reclamados que la Ley de Amparo. Asimismo, respecto a la falta de notificación de la sentencia que reclama el quejoso en la presente instancia, al ser parte en el juicio se encuentra en aptitud de promover el incidente de nulidad respectivo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley Agraria. Por lo que, indudablemente se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que, previo a la interposición de la demanda que nos ocupa, la parte quejosa debió agotar la interposición del recurso de revisión y del incidente de nulidad, respectivamente, de los actos que se combaten en esta instancia constitucional. Por otra parte, si bien todos los juicios de amparo proceden en los casos en que aparentemente las autoridades vulneran o restringen derechos humanos previstos en la Constitución o en los tratados internacionales en que México sea parte, no por ello significa que la demanda de amparo deba admitirse, pues uno de los requisitos que el justiciable debe cumplir para acceder a la justicia constitucional es cumplir con el requisito de procedibilidad, que en el caso, sería interponiendo el recurso respectivo, lo que no hizo. En efecto, la interposición del recurso de revisión que debe agotar la parte quejosa ante el tribunal correspondiente, previamente a la promoción de esta instancia constitucional, se encuentra previsto en la Ley Agraria, es decir, en una ley formal y materialmente existente y no en un reglamento o algún otro ordenamiento diverso a aquélla legislación, de modo que, no se actualiza en el caso alguna excepción al principio de definitividad, máxime que dichas excepciones de aplicación estricta y no análogas o similares. En tales condiciones, al quedar demostrado que contra el acto de molestia procede un juicio que puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los exigidos en la Ley de Amparo y como en el caso opera alguna excepción al principio de definitividad, procede desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, de acuerdo con la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 112 y 113 de la legislación en consulta. No pasa inadvertido para este Juez de Distrito que mediante proveído de ocho de abril de dos mil veintiuno, se señalaron las once horas con cincuenta y un minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente sumario; sin embargo, como ya se expuso en párrafos precedentes, el ocho de abril pasado, este órgano jurisdiccional no se había pronunciado sobre la procedencia del presente juicio de amparo; consecuentemente, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada en autos, para todos los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Nueve, con residencia en Cuautla, Morelos, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento formulado en autos. En consecuencia, dése vista a las partes con el oficio de mérito, y anexo adjunto, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable de mérito, las documentales anexas a su oficio de cuenta, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, y sin perjuicio de su relación en la celebración de la audiencia constitucional. De igual forma, tomando en consideración la voluminosidad de las constancias remitidas, se ordena formar un anexo para su mejor manejo, el cual quedará a disposición de las partes en la Secretaría de este Juzgado de Distrito, para su consulta. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos en el presente asunto, se advierte que por auto de cuatro de marzo del año en curso se reanudó el procedimiento del presente juicio de amparo, por lo que se fijan las once horas con cincuenta y un minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional..

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