Eduardo Flores López
Expediente 1143/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1143/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Eduardo Flores López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Incidental
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 97, inciso g), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra la resolución incidental por defeco en el cumplimiento a la suspensión definitiva; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme dicha determinación. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Incidental
V. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con treinta y un minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia interlocutoria conforme a lo previsto en los artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo, derivada del juicio de amparo 1143/2023-V, promovido por ************, por derecho propio; ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien da fe, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia en el incidente de modificación a la suspensión definitiva, sin asistencia de las partes. Acto seguido la Secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo probatorio, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes las ofreció. El Juez acuerda: Al no existir pruebas pendientes que desahogar, se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos que deban ser relacionados. El Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Al no haber diligencia pendiente de acordar, se dicta la siguiente interlocutoria. VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1143/2023-V; y, R E S U L T A N D O I. Por escrito presentado, *******, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juzgado Cuadragésimo Octavo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y otras autoridades. II. Por auto del seis de los cursantes, emitido en el expediente principal del juicio de amparo 1143/2023-V, se ordenó formar el incidente de suspensión, en el cual se solicitaron a las autoridades responsables sus informes previos y se fijó día y hora para la audiencia incidental. III. Mediante resolución interlocutoria del trece de septiembre pasado se negó y concedió la suspensión definitiva. IV. Por escrito del dieciséis de octubre la parte quejosa promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva decretado el trece de septiembre de este año, se admitió a trámite y se fijó fecha para que se llevara a cabo la audiencia respectiva. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver el presente incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I; 36, 122, 131 y 143, éste en relación con los diversos 104 y 105, párrafo primero y 107 y 111 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 206, 207 y 208 de la ley de la materia; por ser éste órgano jurisdiccional quien tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de la suspensión definitiva concedida. SEGUNDO. Oportunidad. Esta incidencia se promovió dentro del plazo legal, pues de conformidad con el artículo 206, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. En el caso concreto, el juicio principal del cual deriva la presente incidencia, la sentencia se encuentra pendiente de causar ejecutoria, por tanto, es evidente lo oportuno de la presentación de la incidencia que nos ocupa. TERCERO. Fijación de la litis. En el caso en primer lugar es necesario establecer que el cumplimiento de una suspensión no es de estudio oficioso por esta Juzgadora; por ello, si la parte quejosa estima que existe un exceso o defecto en su cumplimiento debe instar el incidente correspondiente. En ese tenor, la incidentista esencialmente adujo promover el presente incidente, toda vez que: 1. El trece de septiembre de dos mil veintitrés se concedió la suspensión provisional, en relación con los efectos y consecuencias del acto que por esta vía se combate, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan; es decir, para que no sea desalojado del inmueble denominado departamento 09, edificio B, cuerpo 9-10, conjunto 6, de la Vivienda de las Colonias, colonia Las Colonias, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, del que se dice poseedor; ello hasta que se comunique a las autoridades responsables, el acuerdo por el que cause ejecutoria la sentencia definitiva que se dicte en el cuaderno principal del que deriva esta incidencia, lo anterior, siempre y cuando no se haya llevado a cabo dicha ejecución. CUARTO. Informe. Las autoridades responsables al rendir su respectivo informe Juez Cuadragésimo, Juez Interina Quincuagésimo Octavo, y Juez Décimo Octavo, todos de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, Juez Octavo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México y la Notificadora adscrita al Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, al rendir su informes previos negaron la existencia de los actos reclamados. Para abordar el primer punto, es menester puntualizar que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, la parte quejosa señala como acto reclamado la orden de lanzamiento y desalojo del inmueble denominado departamento 09, edificio B, cuerpo 9-10, conjunto 6, de la Vivienda de las Colonias, colonia Las Colonias, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, del que se dice poseedor, así como su ejecución. Respecto del segundo punto, las autoridades responsables Juez Decimoctavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Notificador adscrito al Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán y Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán Juez Cuadragésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, refirieron no tener registro alguno respecto del inmueble y orden de lanzamiento reclamado. Por su parte el Juez Quincuagésimo Octavo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, refirió que las cosas se mantendrían en el estado en que se encontraban y acataría dicha suspensión hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en el juicio principal. Consecuentemente, una vez analizados los motivos de inconformidad vertidos por la promovente y las constancias que integran el presente incidente, lo procedente es declarar INFUNDADO EL INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 206, 207, 208, 209 y 217 de la Ley de Amparo Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se declara INFUNDADO el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva. Notifíquese y por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1143/2023-V; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentando el uno de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, turnado el cinco de septiembre siguiente a este Juzgado Federal, ********************, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Quincuagésimo Octavo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y otras autoridades. II. Mediante proveído del seis de septiembre de dos mil veintitrés, se registró el juicio de amparo bajo el número 1143/2023-V, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito; y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal toda vez que el acto reclamado se atribuye a autoridades residentes dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la quejosa reclamó: Como ordenadoras: 1) Del Juez Quincuagésimo Octavo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México: 2) Del Juez Cuadragésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México: 3) Del Juez Decimoctavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México: a. La orden de lanzamiento y desalojo del quejoso del departamento ********************, del que se dice poseedor. Como ejecutoras: 4) Del Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México: 5) Del Notificador adscrito al Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México: 6) Del Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México: 7) Del Notificador adscrito al Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México: b. La ejecución de la orden de lanzamiento y desalojo. TERCERO. Las autoridades responsables Juez Cuadragésimo de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México; Juez Decimoctavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México; Notificador adscrito al Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México y Juez y Notificador Adscritos al Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México; al rendir su informe justificado negaron los actos reclamados. Por lo concerniente a dicha negativa, la misma no quedó desvirtuada con prueba plena en contrario, por lo tanto, es de establecerse que los informes rendidos por las responsables en el presente juicio surte efecto pleno, por el cual la parte quejosa estuvo obligado en todo caso a desvirtuar su contenido. Circunstancias por las cuales es de actualizarse la causa de sobreseimiento prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto de dichas autoridades responsables. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, con número de registro 187728, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (Febrero de 2002), visible en la página 903, que establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Así como la diversa tesis jurisprudencial VI. 2o. J/20 de la Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 227634, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Segunda Parte (Julio a Diciembre de 1989), página 627,cuyo rubro y texto son los siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO La autoridad responsable Juez Quincuagésimo Octavo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que debe tenerse por cierto, lo que se corrobora con las constancias relativas al expediente ********************, relativo al juicio especial hipotecario, promovido por ********************en contra de ********************, mismo que remitió el juez responsable en apoyo a dicho informe; las cuales revisten valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2o. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia número doscientos setenta y ocho, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, del Apéndice 1917-2000, página 231, de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". QUINTO. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, lo aleguen o no las partes, toda vez que son de orden público, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 814, que aparece en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". Precepto legal que tiene íntima relación con el diverso artículo 5o., fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos103 y constitucionales, que literalmente establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamada violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causa un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejoso en los términos de esta Ley". De lo anterior se advierte que si bien el artículo 5o., fracción I, citado, amplía el principio de instancia de parte agraviada, para considerar como tal, a toda persona que aduce ser titular de un derecho o un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola sus derechos fundamentales y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa o de su especial situación frente al orden jurídico, esto es, reconoce la institución del interés legítimo para demandar el amparo. Sin embargo, tal reconocimiento no opera tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya que en tales hipótesis el quejoso debe aducir y por tanto demostrar ser titular de un derecho subjetivo que le afecte de manera personal y directa, es decir deberá acreditar contar con interés jurídico como lo dispone el propio precepto legal en estudio. Precisado lo anterior, se colige como postulado fundamental del juicio constitucional, que es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción de amparo, que los peticionarios de amparo demuestren su interés jurídico, el cual, ha sido concebido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación, es decir, ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio constitucional. En el caso los actos reclamados se hacen consistir en: 1. La orden de lanzamiento y desalojo del quejoso del departamento ********************, del que se dice poseedor. 2. La ejecución de los actos reclamados. Sin embargo, se advierte que de los informes justificados de la autoridad responsable Juez Quincuagésimo Octavo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, no se desprende que a la fecha actual se haya realizado el emplazamiento al quejoso ********************, y que más aun no es parte en el procedimiento de origen juicio especial hipotecario ********************, promovido por ********************en contra de ********************; asimismo se advierte que el quejoso exhibe un contrato de comodato con promesa de venta lo que no prueba que tiene la propiedad del inmueble materia de la controversia, es por ello, que el suscrito estima que no se puede entrar al estudio del fondo del presente asunto, dado que no acredita un interés jurídico. Para que esta detentación sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho; de manera que el impetrante tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho sobre el bien de que se aduzca y no tener el carácter de simple detentador material del inmueble. Es aplicable, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Novena Época, con registro 1002427, fuente Apéndice 1917-Septiembre 2011, localización Apéndice 1917-Septiembre 2011, materia civil, cuyo rubro y texto a la letra dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Ahora, el quejoso ofreció como prueba un contrato de comodato con promesa de venta celebrado entre ******************** y ********************, del veinte de mayo de dos mil veintitrés, respecto del inmueble ubicado en departamento ********************, del cual, no se advierte ninguna certificación que se encuentre inmersa en el mismo ni tampoco se advierte que adquirió fecha cierta porque no fue presentado ante ningún notario público para su certificación y cotejo con el original. De tal manera que el mismo es ineficaz para acreditar el interés jurídico de la quejosa, dado que no tiene fecha cierta. En ese tenor, la documental mencionada es ineficaz para acreditar en forma plena el interés jurídico del quejoso para acudir al presente juicio de amparo en defensa del derecho de propiedad que aduce tener respecto del inmueble que pretende defender. En efecto, si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el multicitado contrato de comodato con promesa de venta como documento privado hace prueba plena de los hechos mencionados en él, no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico, al carecer de fecha cierta. Se afirma lo anterior, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en reiteradas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que sea pasado ante fedatario público o funcionario autorizado, o que sea inscrito ante el Registro Público de la Propiedad, o bien, a partir de la muerte de alguno de los firmantes; de ahí que si no se dan esos supuestos, como en el caso acontece, se estima justo y legal que al documento privado que incumpla con esos requisitos, no se le otorgue ningún valor probatorio, en relación con terceros. Lo anterior es así, dado que no fue celebrado ante notario público, ni tampoco se inscribió ante el Registro Público de la Propiedad y menos aún se encuentra probado en autos que quien figuró como testigo en el mismo en ese sentido, dicho documento en la forma que se exhibió, resulta insuficiente para probar de manera plena el extremo pretendido por el quejoso. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 46/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 192662, materias Civil, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Diciembre de 1999, página 78, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO". Por lo tanto lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese y por lista electrónica a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico, hasta hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que las labores de este Juzgado Federal lo permitieron. Doy fe.
- Incidental
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos los oficios de la Juez y Notificadora, ambas adscritas al Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, así como del Juez Cuadragésimo de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, mediante los cuales informan respecto del cumplimiento dado a la suspensión concedida en autos. De lo anterior se toma conocimiento y se tomará en consideración al resolver el incidente sobre el exceso o defecto de la suspensión concedida, interpuesto en autos por la parte quejosa. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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