Eduardo Flores Castro

Expediente 899/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
899/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
19/10/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Flores Castro
  • Eduardo Ampudia Fraustro
  • Enrique Álvarado Saucillo
  • Renan Hidalgo Echazarreta

Actuaciones

  1. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Se remite oficio. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México; a través del cual rinde informe sobre la suspensión de plano y toma conocimiento de los efectos para los cuales fue concedida. Por tanto, toda vez que el once de agosto de dos mil veintidós, se tuvo conocimiento que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora con residencia en Ciudad Obregón, aceptó la competencia planteada por este juzgado, registrándolo bajo el número 944/2022; remítase el oficio de cuenta al órgano jurisdiccional mencionado, para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, once de agosto de dos mil veintidós. Acepta competencia. Agréguese el oficio signado por la Actuaria adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora con residencia en Ciudad Obregón, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito en el juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa y se avoca al conocimiento del asunto, el cual quedó registrado con el número 944/2022, de su índice. Por tanto, toda vez que el cuatro de agosto actual, se reservó proveer el exhorto 494/2022-II, orden 522/2022-II, devuelto por la Secretaria adscrita al Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con el que se ordenó la notificación de los quejosos; en tal virtud, se provee remitir las constancias relativas al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, para los efectos legales que haya lugar. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso j), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Relevancia documental. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Décimo Quinto, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI; Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el citado artículo en su penúltimo párrafo. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar en autos.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Se devuelve exhorto diligenciado. Agréguese el oficio recibido electrónicamente signado por la Secretaria adscrita al Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México; mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto 494/2022-II, con número de orden 522/2022-II, de su estadística, derivado del diverso 467/2022-VII y de orden 467/2022-VII, del índice de este Juzgado, deducido del juicio de amparo en que se actúa, mismo que se le remitió para que notificara a los quejosos 1) Carlos Alberto Angelino Barrón, 2) Luis Arturo Zavala Rosas, 3) Edwin Daniel Guerra Córdova, 4) Luis Gabriel Jop Corzo, 5) José Othón Ramiro Hernández Lima, 6) José Antonio Contreras Chávez, 7) Enrique Mejía Bello, 8) Enrique Alvarado Saucillo, 9) Eduardo Flores Castro, 10) Renán Hidalgo Echazarreta, 11) Hugo Melchor Nieto y 12) Eduardo Ampudia Fraustro, el contenido del auto de veintisiete de julio del presente año. Sin que haya lugar a acusar de recibo correspondiente, en razón de que el mismo se genera al momento de recibirlo a través de la Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial de mérito, y realícense las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve 1) Carlos Alberto Angelino Barrón, 2) Luis Arturo Zavala Rosas, 3) Edwin Daniel Guerra Córdova, 4) Luis Gabriel Jop Corzo, 5) José Othón Ramiro Hernández Lima, 6) José Antonio Contreras Chávez, 7) Enrique Mejía Bello, 8) Enrique Alvarado Saucillo, 9) Eduardo Flores Castro, 10) Renán Hidalgo Echazarreta, 11) Hugo Melchor Nieto y 12) Eduardo Ampudia Fraustro, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 899/2022-III. Falta de firma. Previo a acordar lo conducente respecto a los actos que se ubica en los supuestos del artículo 15 de la ley de la materia y el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace la indicación que si bien la demanda de amparo fue presentada de manera electrónica y carece de evidencia criptográfica, a la que hace referencia el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, y el diverso Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; se dará trámite a la misma dado que encuadra en los supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Ahora, respecto a los actos siguientes: Al respecto, se provee: Consideración previa en relación a la suspensión de plano. Ahora bien, el Estado Mexicano establece diversos derechos de las personas que son detenidas, que derivan del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, entre ellos se encuentran el lugar donde se encontrará en prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicado, torturado o intimidado, así como sus prerrogativas durante el proceso (artículos 18, 19 y 20 de la Constitución); además, tanto en la legislación nacional como en el marco del derecho internacional público, ha sido reconocido el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (numerales 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Ahora es necesario destacar que la suspensión de plano que se prevé en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Se concede suspensión de plano. En consecuencia, con fundamento en los artículos 15, 126, párrafo segundo, y 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede a los quejosos 1) Carlos Alberto Angelino Barrón, 2) Luis Arturo Zavala Rosas, 3) Edwin Daniel Guerra Córdova, 4) Luis Gabriel Jop Corzo, 5) José Othón Ramiro Hernández Lima, 6) José Antonio Contreras Chávez, 7) Enrique Mejía Bello, 8) Enrique Alvarado Saucillo, 9) Eduardo Flores Castro, 10) Renán Hidalgo Echazarreta, 11) Hugo Melchor Nieto y 12) Eduardo Ampudia Fraustro, la suspensión de oficio y de plano, para que de inmediato cese cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo de los que se dice es objeto, tales como intimidación, discriminación y violación al principio pro persona; pues dichos actos, los prohíbe el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Ley Suprema. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que velen por la seguridad de los quejosos 1) Carlos Alberto Angelino Barrón, 2) Luis Arturo Zavala Rosas, 3) Edwin Daniel Guerra Córdova, 4) Luis Gabriel Jop Corzo, 5) José Othón Ramiro Hernández Lima, 6) José Antonio Contreras Chávez, 7) Enrique Mejía Bello, 8) Enrique Alvarado Saucillo, 9) Eduardo Flores Castro, 10) Renán Hidalgo Echazarreta, 11) Hugo Melchor Nieto y 12) Eduardo Ampudia Fraustro, respecto de los demás internos, esto es, que no sea privados de su vida no solamente por la autoridad responsable, sino también por cuanto hace a un posible ataque que puedan recibir de la demás población interna. Por tanto, toda vez que se está ante la presencia de actos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 126, se decreta la suspensión de plano del acto reclamado, para el efecto de que las autoridades responsables, tomen las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de los quejosos, a fin de no ser objeto de algún acto prohibido por el artículo 22 constitucional, debiendo comunicar a este juzgado de inmediato las acciones a realizar a fin de cumplir con esta suspensión de plano, debiendo de igual forma la responsable informar inmediatamente sobre el cumplimiento dado a esta determinación. Plazo en el que las autoridades deben rendir informe sobre la suspensión. En el entendido que las responsables deberán informar el cumplimiento a la suspensión concedida dentro del término de veinticuatro horas, apercibidas que, de no hacerlo, podrán ser puestas a disposición de la autoridad competente, por la actualización de la conducta prevista en el citado artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual forma, se les apercibe que, si al rendir su informe correspondiente afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionados en términos del artículo 262 de la ley de la materia; para tal efecto, remítaseles copia simple de la demanda de amparo. En el entendido de que tratándose de la medida suspensiva cualquier dependencia o autoridad está obligada a acatar la medida cautelar otorgada en un juicio de amparo, de conformidad con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 70, del tomo XII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "AUTOS DE SUSPENSIÓN. Cualquiera autoridad del país tiene obligación de acatar las órdenes de suspensión dictadas en los juicios de amparo". No obstante lo anterior, dado que los quejosos 1) Carlos Alberto Angelino Barrón, 2) Luis Arturo Zavala Rosas, 3) Edwin Daniel Guerra Córdova, 4) Luis Gabriel Jop Corzo, 5) José Othón Ramiro Hernández Lima, 6) José Antonio Contreras Chávez, 7) Enrique Mejía Bello, 8) Enrique Alvarado Saucillo, 9) Eduardo Flores Castro, 10) Renán Hidalgo Echazarreta, 11) Hugo Melchor Nieto y 12) Eduardo Ampudia Fraustro, se encuentran recluidos en la Penitenciaría de la Ciudad de México, se colige que los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo de los que se dice son objeto, son susceptibles de ejecutarse precisamente en el lugar en el que se encuentra recluidos; por tanto, notifíquese el presente proveído únicamente al Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México, para los efectos precisados en relación a la suspensión de plano concedida. Se declina competencia. Por otra parte, debe indicarse que la competencia constituye un presupuesto procesal de análisis previo a cualquier otra cuestión, por lo que se procede a examinar si en la especie se satisface este requisito. Ahora, sobre el particular el artículo 38 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". De dicho precepto se colige, que es competente para conocer de los juicios de amparo promovidos contra un Juez de Distrito, otro de la misma jerarquía que se encuentre en el mismo circuito, o en otra hipótesis, el más cercano dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca el Juez señalado en primer término. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el caso de excepción contenido en dicho numeral y concluyó que el Juez competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un circuito, sería el más cercano a éstos dentro del propio circuito, si lo hubiere; en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito y, que para el caso de que el amparo se promueva contra todos los jueces de distrito de la misma materia de un circuito, sería competente el juez de garantías más cercano a ese circuito. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P/J. 44/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001. página 75, cuyo rubro es: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN". Así, de un análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables, entre otros, a los Jueces de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México (del Primero al Décimo Sexto), Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la Ciudad de México (del Primero al Décimo Séptimo) así como a todos los Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí excepto los de Ciudad Obregón Sonora, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. De lo anterior se desprende que será competente para conocer de un asunto promovido contra actos de un Juzgado de Distrito, otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito si lo hubiere, o el más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito a que pertenezca dicho Juez; en tal virtud, al ser señalado como autoridad responsable ordenadora a este Juzgado Federal, así como los diversos Jueces de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es evidente la imposibilidad para conocer de la referida demanda de amparo, por tanto, tomando en consideración que los Jueces de Distrito de todas las entidades federativas fueron señaladas como responsables, no así el que corresponde a los Juzgados de Ciudad Obregón Sonora; por tanto, será competente para tal efecto otro Juez de Distrito del Circuito más inmediato al que pertenece este órgano jurisdiccional, el cual resulta ser el JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA, CON RESIDENCIA EN CIUDAD OBREGÓN, EN TURNO. Lo anterior, pues debe acudirse a la lectura integra de la demanda, por virtud de su sentido de indivisibilidad, y en su caso, deberán armonizarse -además de los datos que emanen del escrito inicial- la información que se desprenda de la totalidad del expediente del juicio, buscando lograr que sus sentidos sea congruente con todos esos elementos e identificando los reclamos con alguno de los supuestos de procedencia del amparo, lo que deberá hacerse con un sentido de liberalidad no restrictivo y atendiendo, preferentemente, al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión (es decir, debe preferirse lo que quiso decir el quejoso y no lo que en apariencia dijo, a partir de una valoración regida o literal del capítulo respectivo) y, todo ello, con el objetivo de lograr una congruencia entre las pretensiones, lo que será resuelto y lo que razonablemente puede ser materia del juicio constitucional en función de los supuestos de su procedencia, que pueda considerarse que esto implique una suplencia de queja, sino la recta precisión de un presupuesto que será la base de la Litis del juicio constitucional. Entonces, es dable afirmar que pese a la ausencia total de signos de puntuación en la demanda de garantías a estudio, su lectura integra, previa interpretación integral y favorable a los justiciables, permite concluir que: Los Jueces de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México (del Primero al Décimo Sexto); Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la Ciudad de México (del Primero al Décimo Séptimo); y, Los Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, excepto los de Ciudad Obregón Sonora, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. Fueron señalados como autoridades responsables, de ahí que, la totalidad de jueces de distrito con sede en las entidades federativas enunciadas, exceptuando aquellos que tienen residencia en Ciudad Obregón Sonora, están en aptitud de conocer del juicio de amparo en cuestión. Sirve de apoyo a lo anterior, por su exacta aplicación, la jurisprudencia PC.XI. J/2 K (10a.), sustentada por el Pleno del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 1024, Libro 39, Tomo II, en Febrero de 2017, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE ATRIBUYE AL JUEZ DE DISTRITO DEL CONOCIMIENTO, DEBE DECLARAR SU FALTA DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL ASUNTO Y DECLINARLA AL QUE ESTIME COMPETENTE, CONFORME AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación armónica de los artículos 38 y 51, fracción IV, de la Ley de Amparo que prevén, el primero, el supuesto de competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra actos de un Juez de Distrito y, el segundo, la hipótesis de impedimento cuando el Juez de Distrito tenga el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo por haber emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado, puede establecerse que la primera hipótesis corresponde al caso en el que el acto reclamado fue emitido por el juzgador federal en o con motivo de su actuación en el propio órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, de donde le resulta aplicable la regla especial de competencia contenida en esa disposición y, la segunda, se encuentra determinada para los casos en que el juzgador de amparo hubiese tenido la titularidad de la entidad pública a la que se atribuye el acto en la demanda de amparo indirecto que ahora es de su conocimiento. Por tanto, cuando el acto reclamado se encuentra atribuido al Juez de Distrito en o con motivo de su actuación en el órgano jurisdiccional que conoce de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, debe declarar su falta de competencia legal para conocer del asunto y declinarla al Juez de Distrito que estime competente". Y, en lo conducente, por su contenido, la jurisprudencia 1ª./.J.88/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 75, del tomo XXV, febrero 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato". Cabe señalar que en similares términos se pronunció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver respectivamente el conflicto competencial número 12/2021, suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla y este Juzgado, así como el diverso conflicto competencial 2/2022 suscitado entre este Juzgado y el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, constancias que se invocan válidamente como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y de los criterios jurisprudenciales de rubros "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN." y "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO". Bajo esas condiciones a efecto de preservar a la parte quejosa su derecho de acceso a una justicia pronta y expedita, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 38 y 48 de la Ley de Amparo, remítanse los autos del presente juicio, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, al JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA, CON RESIDENCIA EN CIUDAD OBREGÓN, EN TURNO; para el efecto que resuelva lo que en derecho corresponda. De igual modo, solicítese de la manera más atenta al homólogo federal, se sirva acusar recibo e informar si acepta o no la competencia planteada. Se gira exhorto. Ahora, toda vez que 1) Carlos Alberto Angelino Barrón, 2) Luis Arturo Zavala Rosas, 3) Edwin Daniel Guerra Córdova, 4) Luis Gabriel Jop Corzo, 5) José Othón Ramiro Hernández Lima, 6) José Antonio Contreras Chávez, 7) Enrique Mejía Bello, 8) Enrique Alvarado Saucillo, 9) Eduardo Flores Castro, 10) Renán Hidalgo Echazarreta, 11) Hugo Melchor Nieto y 12) Eduardo Ampudia Fraustro, se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México; el cual se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese exhorto vía electrónica al JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda notificar el contenido íntegro de este proveído a los quejosos. Habilitan días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se trámite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario o Secretaria de este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafo sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a las secretarias y Secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. Por otra parte, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese; y por exhorto a los quejosos Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

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