Eduardo Flores Castro

Expediente 252/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
252/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/03/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Flores Castro
  • Juan Manuel Espinosa González

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, mediante el cual informa el contenido del proveído de diecisiete del mes en curso, dictado en el juicio de amparo indirecto ***, del índice de su adscripción, del cual se aprecia que su titular aceptó la competencia declinada por este juzgador y por ende, se avocó al conocimiento de la demanda que dio origen al presente sumario. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente expediente carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. Por tanto, dicho expediente es susceptible de destrucción; por haberse declaro incompetente este órgano jurisdiccional, de conformidad con el inciso j), del artículo 21, del acuerdo antes citado; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, ***, archívese el presente expediente como asunto concluido. De igual manera, en cumplimiento al artículo 21, inciso j), del mencionado Acuerdo General, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción. Por otra parte, de las presentes actuaciones se aprecia que mediante acuerdos de veintitrés de los cursantes, se recibió el exhorto ***, orden ***, mismo que fue librado a fin de notificar a los directos quejosos el auto de once de marzo del año en curso. En consecuencia, dado que en esta data la autoridad oficiante comunica que se avocó al conocimiento del libelo constitucional promovido por ***, remítanse la promoción con número folio *** al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, previa copia simple que se deje en autos de las mismas, para los efectos legales a que haya lugar en el referido juicio de amparo ***, de su estadística.

  2. Principal

    Agréguese a los autos la comunicación de cuenta, signada electrónicamente por el secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto ***, del índice de este juzgado, por el que se le solicitó notificar a los quejosos ***, el auto de once de marzo del año en curso. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora bien, toda vez que mediante proveído de once del mes actual, este órgano jurisdiccional declinó la competencia para conocer del presente asunto en favor del Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, en turno; sin que a la fecha se tenga conocimiento del juzgado federal que se avocó al conocimiento, resérvese su remisión, hasta en tanto obre en autos la información correspondiente. Cúmplase.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo, promovida por *** téngaseles solicitando el amparo y protección de la justicia federal. Ahora bien, de la demanda de amparo se desprende que los quejosos solicitan la suspensión de plano de los actos que reclaman. No obstante, constituye un hecho notorio el juicio de amparo ***del índice de este juzgado de distrito, en el que en proveído de esta fecha, se concedió la suspensión de plano para el efecto que de inmediato cesen los actos de discriminación, intimidación, represalias, actos de molestia y perturbación del sueño, equiparables a tortura psicofísica y psicoemocional, y cualquier acto de los prohibidos en el artículo ***, los cuales atribuye a las referidas autoridades administrativas. Lo anterior debido a que, como se dijo, en el diverso sumario constitucional ya se emitió un pronunciamiento expreso en relación con la suspensión de plano respecto de los actos reclamados, la cual continúa surtiendo efectos hasta que se dicte una determinación que disponga lo contrario o cause ejecutoria el fallo en que se resuelva dicho asunto. En consecuencia, se declara sin materia la solicitud de suspensión de plano respecto a los actos antes mencionados. Ahora bien, con relación a la suspensión de plano solicitada por los quejosos, tampoco ha lugar a proveer respecto a la orden de traslado, toda vez que como lo ha resuelto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Del mismo modo, no ha lugar a decretar la suspensión de plano respecto de los diversos actos reclamados consistentes en la reubicación de dormitorio de los quejosos; en virtud de que tales actos no están previstos en alguno de los supuestos del artículo ***, máxime que los mismos no generan de facto una incomunicación, -supuesto bajo el cual los quejosos no refieren ubicarse- o algún ataque a la libertad personal fuera de procedimiento o que se ubique en los supuestos prohibidos por el artículo ***. En consecuencia, será el juez que se avoque al conocimiento de la presente demanda, el que deberá realizar el pronunciamiento respectivo. Dado que los quejosos refieren que se encuentran internos en el reclusorio de la Ciudad de México, envíese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la comunicación oficial correspondiente, a efecto de que el JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, EN TURNO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, comisione al Actuario Judicial adscrito a ese Juzgado de Distrito, para que realice lo siguiente: Comisione al Actuario Judicial adscrito a ese Juzgado de Distrito, para que se constituya ante el encargado de las instalaciones del centro de reclusión en el que se encuentren los quejosos y les notifique personalmente el presente acuerdo. En el entendido que la autoridad administrativa ante quien están a disposición los quejosos directos deberá prestar todas las facilidades a efecto de que el actuario facultado se pueda constituir a desahogar la diligencia de mérito. En otro orden de ideas, cabe señalar que los presupuestos procesales son los requisitos que los gobernados deben cumplir al hacer uso del derecho de acceso a la justicia. A razón de ejemplo cabe citar, entre otros, la competencia (el gobernado debe de presentar su petición ante el órgano facultado por el legislador para conocer del procedimiento); la legitimación (cuáles son las personas que pueden demandar y cuáles pueden ser demandadas); la vía (el procedimiento que el legislador previó para el caso concreto). Así, la competencia es la distribución de jurisdicción entre los jueces, que se realiza mediante la asignación de determinadas facultades para realizar la función jurisdiccional en determinados asuntos y dentro de cierto territorio. De esta forma, se traduce en los límites del poder jurisdiccional, dentro de los cuales el juez puede conocer de los conflictos o controversias que los gobernados le presentan; en ese orden ideas, podemos decir que la competencia es sólo la facultad que tiene el juzgador para ejercer su jurisdicción en determinados asuntos y solo dentro de determinado territorio. En esa tesitura, al ser la competencia de estudio preferente, este órgano jurisdiccional procede a examinar si resulta competente para conocer del presente asunto. Como se ve, en la demanda que se analiza se señala como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito del Estado de Tlaxcala, motivo por el cual este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del presente asunto. En ese sentido, debe tomarse en consideración lo establecido en el artículo ***, el cual refiere lo siguiente: ***". El precepto legal en cita determina la competencia para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un juez de distrito, siendo competente otro de la misma categoría dentro del mismo distrito, si lo hubiere, o, en su defecto, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca dicho juez. En ese sentido, en el caso se actualiza lo establecido en dicho numeral, ya que el suscrito fue señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción o no en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, y por tanto al ser parte en el juicio de amparo respectivo, no se puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez. Bajo ese contexto, se colige que conforme a la regla prevista en el artículo ***, resulta competente para conocer de la presente demanda constitucional, al juez de distrito, en turno, más cercano. Ahora bien, en el caso, de la demanda de amparo se advierte que los quejosos no señalaron como autoridades responsables a los jueces de distrito en Ciudad Valles, San Luis Potosí; Baja California; Baja California Sur; así como en Tamaulipas. En ese sentido, tomando en consideración la distancia y ubicación geográfica que existe entre dichas entidades federativas, y el Estado de Tlaxcala, se estima que el juez competente para conocer del libelo constitucional, lo es el JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON SEDE EN CIUDAD VALLES, EN TURNO. En tales condiciones, se estima que este órgano de control constitucional carece de legal competencia para conocer de la demanda de amparo interpuesta, por lo que deberá remitirse al aludido órgano jurisdiccional. Por tanto, remítase mediante oficio el expediente en que se actúa al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON SEDE EN CIUDAD VALLES, EN TURNO, con el objeto de que lo turne al órgano jurisdiccional correspondiente, para que tenga a bien determinar si acepta o no la competencia propuesta, solicitando que a la brevedad posible remita el acuse de recibo respectivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con copia simple de la demanda de cuenta, así como autógrafa del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. En diverso aspecto, como lo solicitan los promoventes, se tiene como representante común de la parte quejosa, a ***. Se autoriza a cualquier secretario y actuario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.

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