Eduardo Flores Castro

Expediente 1005/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1005/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
16/12/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Flores Castro

Actuaciones

  1. Principal

    El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, recibió el original del juicio de amparo ********** de su índice, además, que declinó competencia a favor del Juez de Distrito en el estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad de mismo nombre, para que continúe conociendo del citado asunto.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2º, agréguese el oficio 41129/2022, procedente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, con el que remite el juicio de amparo ******************** de su índice, promovido por *********** y otros, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades, con motivo de que declaró su incompetencia legal para conocer del asunto, al estimar que le corresponde el conocimiento (por territorio) a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 1015/2022-V. Determinación en torno a la competencia declinada. De conformidad con los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, no comparte las consideraciones vertidas por el órgano oficiante y, por ende, no se acepta la competencia declinada. La Juez Segundo de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, determinó declinar competencia al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, al considerar que el acto reclamado tendría ejecución en esta demarcación y no en el territorio donde ejerce competencia, en virtud de que los quejosos se encuentran en un centro penitenciario en esta ciudad; asimismo, precisa que al haber sido señalada como autoridad responsable en el juicio respectivo, no puede conocer del presente asunto. Es importante destacar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la exégesis del dispositivo transcrito se tiene que, para delimitar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se incluyeron limitativamente tres supuestos excluyentes entre sí, que determinan que del asunto de que se trate deberá conocer: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisadas las reglas esenciales de competencia en materia de amparo para los Juzgados Federales, se establece la naturaleza de los actos reclamados por el peticionario de derechos, a fin de delimitar cuál de ellas es la aplicable en el caso a estudio y, por tanto, el órgano de control constitucional a quien corresponde resolver el citado asunto. Como se adelantó, este órgano de control de la constitucionalidad no comparte el criterio sustentado por el Juzgado Federal declinante y estima que no es competente para conocer del juicio de amparo de cuenta, por las consideraciones que a continuación se exponen: De la demanda se tiene que el quejoso señaló como autoridades responsables, entre otras, a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México del Primero al Decimosexto, es decir, a este Juzgado de Distrito; sin embargo, el artículo 38 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." Del precepto transcrito se concluye que la competencia para conocer de un juicio de amparo promovido contra actos de un Juez de Distrito recae en otro de la misma categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, en el más inmediato dentro del circuito al que pertenezca el Juez. Atendiendo a la interpretación sistemática del artículo 38 invocado, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito; en estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los jueces de la misma materia de un distrito es el juez más cercano a éstos dentro del propio circuito. Asimismo, debe tenerse en cuenta, que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo, deben apreciarse al momento de la presentación de la demanda, momento procesal en que no se pondera respecto de la certeza de los actos reclamados o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables, y sólo debe atenderse a los factores de especialización y cercanía. En este último supuesto, el juez de amparo competente es el que se encuentre más próximo a la localidad en que resida la autoridad responsable, atendiendo a la distancia y a las vías de comunicación. En ese sentido, si bien fueron señalados como responsables la totalidad de los Jueces de Distrito en Aguascalientes, Colima, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora (con excepción de los Jueces con residencia en ciudad Obregón), Tlaxcala, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, lo cierto es que existen treinta y dos circuitos judiciales y que no fueron señalados en su totalidad. Así, al actualizarse la hipótesis del artículo 38, ya reproducido, es de concluirse que este Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, si bien podría resultar competente por razón de la materia y territorio, lo cierto es que se encuentra jurídicamente imposibilitado para conocer de dicha demanda, por lo cual no puede fungir como Juez y parte; por tal motivo, carece de competencia para avocarse al trámite y conocimiento de la referida demanda de amparo. Se insiste, el Máximo Tribunal del país indicó que el supuesto planteado técnicamente resulta ser un problema de incompetencia; en la inteligencia que, si bien se comparte el argumento de la autoridad oficiante en el sentido de que corresponde conocer el presente asunto a un Juzgado de Distrito especializado en materia penal en la Ciudad de México, no debe soslayarse que este juzgado fue señalado como responsable. Por tanto, es incuestionable que el suscrito se encuentra impedido para conocer de la demanda y resulta que debe conocer el juzgador inmediato a este circuito judicial. Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En consecuencia, infórmese al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, que este órgano de control de la constitucionalidad no acepta la competencia declinada, para que proceda conforme a derecho corresponda. Se ordena la devolución del juicio de amparo ******************** de su índice, previo cuaderno de antecedentes que se forme; por tanto, háganse las notificaciones en el libro de gobierno. Suspensión de plano. Sin que sea necesario realizar pronunciamiento en torno a la suspensión de plano, dado que en el expediente aludido ya fue decretada por un Tribunal Colegiado. Integración del expediente físico y electrónico Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, la secretaria encargada del presente expediente será la responsable de dar fe de se realice la debida integración del expediente físico y electrónico, por lo que deberá supervisar que sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que ambos coincidan en su totalidad para la consulta de las partes. Generación y firma de oficios Se ordena a la secretaria encargada del trámite de este expediente para que, a más tardar el día hábil siguiente a la emisión de este proveído, supervise la generación y entrega a la Actuaría de los oficios y notificaciones respectivas. En el entendido que se autoriza a los secretarios y actuarios de la adscripción a firmar los oficios relativos. Cúmplase.

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