Eduardo Fentanes Blázquez
Expediente 343/2020 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 343/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Eduardo Fentanes Blázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Juicio de Amparo Directo
Agréguese a sus autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio de cuenta, mediante el cual se acusa recibo del diverso oficio 94/2021, así como de las constancias que se enviaron. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido.
- Juicio de Amparo Directo
Único: Se Sobresee en el presente juicio de amparo..
- Juicio de Amparo Directo
Vista la cuenta que antecede, se desprende que el plazo de tres días concedido al quejoso a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, ha transcurrido; sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna ante este órgano colegiado; en consecuencia, devuélvase este expediente a la ponencia donde se encontraba, para los efectos legales a que haya lugar.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el dictamen de cuenta, formulado por el Magistrado Aureliano Varona Aguirre, a través del cual estima que procede dar vista al quejoso Eduardo Fentanes Blázquez, para que manifieste lo que a su derecho convenga, respecto a la posibilidad de que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, a partir de las siguientes consideraciones: "Circunstancia por la cual, también se determinó dar vista al quejoso Eduardo Fentanes Blázquez, en términos de lo previsto por el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que establece: "Articulo 64 (.) Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga (.)". Cabe precisar que en la jurisprudencia 2a./J. 76/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cobra aplicación al particular, se estableció que el Tribunal Colegiado está legitimado, como órgano revisor, para advertir de manera oficiosa causas de improcedencia que no hayan sido hechas valer por las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente a la cuestión efectivamente planteada Jurisprudencia que es consultable en la página 262, Tomo XIX, junio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, del siguiente rubro y contenido: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben ser estudiadas por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Ahora bien, como esta regla es aplicable en cualquier estado del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria, es indudable que el tribunal revisor debe examinar la procedencia del juicio, con independencia de que el recurso lo hubiera interpuesto el quejoso que ya obtuvo parte de sus pretensiones, y pese a que pudiera resultar adverso a sus intereses si se advierte la existencia de una causal de improcedencia; sin que ello contravenga el principio de non reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano de agravar la situación del quejoso cuando éste recurre la sentencia para obtener mayores beneficios, toda vez que el citado principio cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de procedencia del juicio constitucional, sin que obste la inexistencia de petición de la parte interesada en que se decrete su sobreseimiento". Pues bien, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el diverso precepto 63, fracción V, de la citada ley. El referido artículo 61, fracción XIV, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] ". Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Además, resulta necesario señalar que el artículo 17 de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Del artículo que se transcribe, se desprende que el plazo para promover la demanda de amparo será de quince días, salvo: a. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, será de treinta días. b. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años. c. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, la posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. d. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Luego, de la interpretación al precepto citado, se desprende que los supuestos precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo sea contabilizado a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Ante ese marco normativo, se destaca que en el caso, el plazo para la promoción del juicio constitucional es el genérico -de quince días-, pues el acto aquí reclamado se trata de un laudo dictado el doce de febrero de dos mil veinte, por la Junta Especial número Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en lo autos del expediente 10/2017, en el que el impetrante de amparo intervino como actor. Lo que se sostiene, porque tales circunstancias ponen en evidencia que el acto reclamado no se trata de una norma autoaplicativa, ni de alguna resolución derivada de un procedimiento de extradición; tampoco constituye una sentencia condenatoria derivada de un proceso penal; ni configura un acto que pudiera afectar la posesión o propiedad de algún sujeto de derecho agrario o núcleos de población ejidal o comunal; o bien, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, destierro, o desaparición forzada de personas, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Por otra parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Del precepto transcrito, se desprende el momento a partir del cual, debe contabilizar el plazo para la presentación de la demanda, a saber: 1. A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamados; 2. A partir del día siguiente a aquel en que haya tenido conocimiento el quejoso; y, 3. Al día siguiente en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. La interpretación sistemática de los artículos transcritos, revela que el juicio de amparo se rige por reglas de oportunidad, que deben cumplirse a fin de que el órgano de control constitucional, se encuentre en aptitud de resolver la litis que se somete a su jurisdicción, de esa manera, atento a la naturaleza del acto reclamado (cuestión material), como a los sujetos que intervienen (cuestión subjetiva), el legislador ordinario estableció distintos plazos para promover la demanda de amparo. El cumplimiento de esas reglas impacta en la cuestión de procedencia del juicio constitucional, pues la ley de la materia califica de consentidos los actos de autoridad no combatidos dentro de los plazos que la propia ley establece. Sobre esas bases, de los autos remitidos por la autoridad responsable se desprende que, el laudo reclamado se notificó al quejoso el doce de febrero de dos mil veinte. Ahora, para determinar en qué fecha venció, es necesario atender a lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que en el cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo directo sólo deben considerarse los días inhábiles de la autoridad responsable, pues ante ella se presenta, no así los del tribunal colegiado de circuito que corresponda conocer de la misma, ni aun cuando estén previstos en el artículo 19 de la Ley de Amparo, pues este calendario de días no laborales no debe hacerse extensivo a actos propios de la autoridad responsable, como lo es la presentación de la demanda de derechos fundamentales. Por lo que, el hecho de que en el cómputo del plazo para promover la demanda exista un día inhábil para el tribunal colegiado de circuito, pero hábil para la responsable, esta circunstancia no prorroga ese término, pues sólo deben descontarse aquellos días inhábiles para la autoridad responsable. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 36/2018 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo I, abril de 2018, página 568, de contenido siguiente: DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EN EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, NO DEBEN EXCLUIRSE LOS DÍAS EN LOS QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL QUE CORRESPONDA CONOCER DE AQUELLA HAYA SUSPENDIDO SUS LABORES. Para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no deben excluirse del cómputo del plazo respectivo los días en los que el Tribunal Colegiado de Circuito al que corresponda conocer de dicha demanda haya suspendido sus labores, pues por disposición del artículo 176 de la Ley de Amparo, es ante la autoridad responsable del acto reclamado y no ante el Tribunal Colegiado de Circuito, que inicia el trámite del juicio de amparo directo, con la presentación de la demanda respectiva, y por ello para el cómputo del plazo relativo deben excluirse los días inhábiles de la responsable, sin que deban excluirse los días en los que el Tribunal Colegiado de Circuito haya dejado de laborar, pues esa circunstancia no incide para el cómputo del plazo, ni ocasiona inseguridad o falta de certeza al particular. Ahora, si bien el artículo 19 de la Ley de Amparo establece una excepción en favor del promovente, al disponer que se omitan en el cómputo del plazo mencionado los días en los que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, esta excepción debe entenderse en amparo directo relacionada con la autoridad responsable pues -se insiste- la presentación de la demanda de amparo en la vía directa se hace ante la autoridad que emitió el acto reclamado y es ahí en donde empieza a tramitarse, realizando la certificación correspondiente y los demás deberes que le impone la ley." De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/2019 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 64, marzo de 2019, tomo II, página 1871, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. CUANDO LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO SE REALIZA Y SURTE SUS EFECTOS EN UN DÍA INHÁBIL CONFORME A LA LEY DE AMPARO, PERO LABORABLE PARA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, TALES CIRCUNSTANCIAS NO PRORROGAN EL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo directo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora bien, cuando la notificación del acto reclamado se realiza y surte sus efectos en un día inhábil conforme a la Ley de Amparo, pero laborable para la responsable, tales circunstancias no prorrogan el plazo para presentarla, primero, porque el artículo 18 citado no hace excepción alguna en ese sentido, sino que se limita a señalar que en estos casos los plazos "...se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame..."; y, en segundo lugar, porque el calendario de días hábiles e inhábiles contenido en la Ley de Amparo no puede hacerse extensivo a los actos procesales propios del acto reclamado, como son aquellos en los que se practiquen las notificaciones o se determine el momento en que éstas surten sus efectos, toda vez que, en sentido estricto, esas actuaciones no corresponden al procedimiento de amparo, como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 36/2018 (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EN EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, NO DEBEN EXCLUIRSE LOS DÍAS EN LOS QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL QUE CORRESPONDA CONOCER DE AQUÉLLA HAYA SUSPENDIDO SUS LABORES.". Así, en congruencia con este criterio y por mayoría de razón, únicamente deben excluirse del cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo directo, los días en los que la responsable certifique -al pie de la demanda- que para ella esos días fueron inhábiles, en términos de la fracción I del artículo 178 de la misma ley, sin importar si la notificación del laudo o sentencia fue practicada cuando el órgano de amparo no estuvo en funciones". En esa tesitura, basta con revisar el calendario de dos mil veinte, del que se constata que los días mencionados en la certificación, corresponden a sábados y domingos. De ahí que, el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia, transcurrió del trece de febrero al cuatro de marzo de dos mil veinte Sobre esas bases, resulta claro que la demanda de derechos fundamentales que promovió el quejoso es extemporánea habida cuenta que fue presentada fuera del plazo establecido para ello En consecuencia, se concluye que el impetrante consintió tácitamente el laudo reclamado, al no haber promovido el presente juicio de amparo, dentro del plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, al no encontrarse en alguno de los casos de excepción a que alude el citado precepto. Por tanto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia relativa a la extemporaneidad de la demanda prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; entonces, se debe sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la misma norma. No pasa inadvertido que, en la demanda de amparo el quejoso refirió que la fecha de notificación del laudo fue el dieciocho de febrero de dos mil veinte; sin embargo, esa manifestación no encuentra sustento en las constancias que remitió la responsable, por el contrario, quedó plenamente establecido que la notificación del referido laudo fue el doce de febrero de ese año. También, no se desatiende que el laudo reclamado se dictó en cumplimiento a una ejecutoria dictada en el juicio de derechos D- 960/2019, el cual se tiene a la vista, del que se desprende que, en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil veinte, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en auxilio de este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Eduardo Fentanes Blázquez. Asimismo, que la actuaria adscrita a este tribunal colegiado, el dieciocho de febrero de dos mil veinte, notificó al impetrante el auto de diecisiete de ese mismo mes y año, en el que se le dio vista con la copia del laudo de doce del mismo mes y anualidad, dictado por la Junta responsable en el expediente laboral 10/2017, con el que dijo dar cumplimiento al fallo protector. Sin embargo, como la responsable notificó al quejoso el laudo reclamado el doce de febrero de dos mil veinte, esta fecha es la que debe servir de base para computar el plazo para promover el amparo, no la fecha en que este tribunal le notificó el auto donde se dio vista con el referido laudo, respecto al cumplimiento del fallo protector, virtud a que la segunda, fue posterior a la notificación de dicho laudo. En atención a la determinación anterior, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista al quejoso, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación a la causal de improcedencia antes señalada; bajo el apercibimiento de que en caso de no desahogar la vista ordenada dentro del plazo concedido, este tribunal colegiado resolverá conforme a derecho corresponda.
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