Eduardo Federico Rodríguez Suárez
Expediente 1122/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1122/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/02/2023
Partes del expediente
- Eduardo Federico Rodríguez Suárez
Actuaciones
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, siete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 60/2023-VIII, del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, recibido vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mediante el cual, devuelve sin diligenciar la comunicación oficial 327/2022, exhorto número 304/2022, derivado del presente juicio; del cual se advierte que se notificó por lista al quejoso Eduardo Federico Rodríguez Suárez, el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintidós, por los motivos precisados en la comunicación recibida. Efectúense las anotaciones correspondientes en el Libro cuatro: "de comunicaciones oficiales enviadas", así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; sin que resulte necesario remitir el acuse de recibo correspondiente, toda vez que al haberse recibido vía electrónica, este se genera de manera automática. 25/02/23 11:21:56 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.df.cf Carlos Eder Juarez Solis Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días concedido al quejoso Eduardo Federico Rodríguez Suárez, en auto de treinta de diciembre de dos mil veintidós, para que señalara domicilio en Ciudad del Carmen, Campeche, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, transcurrió del veintitrés al veinticinco de enero de dos mil veintitrés, sin que dentro del mencionado plazo cumpliera con lo ordenado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa y al tercero interesado el presente acuerdo y los subsecuentes, aun los de carácter personal, por lista que se fije en el local de este Juzgado. Notifíquese por lista al quejoso.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 158/2023-VIII, de la Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, mediante el cual, solicita informe respecto de la incompetencia planteada por dicha autoridad. En atención a lo anterior, hágase del conocimiento a la autoridad oficiante que mediante proveído de treinta de diciembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada. Cúmplase.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, treinta de diciembre de dos mil veintidós. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Se tienen por recibidos los oficios 10010-VIII y 10399-VIII del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, mediante los cuales, en el primero, remite el original del juicio de amparo 1959/2022-VII, de su índice, a fin de que este juzgado se pronuncie respecto de la competencia declinada el once de noviembre de dos mil veintidós; y con el segundo, solicita se le acuse recibo del mencionado juicio de amparo. Ahora bien, toda vez que el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, este juzgado se reservó a proveer respecto de la competencia planteada, hasta en tanto se remitiera el expediente original, lo que en el caso acontece; por lo tanto, y toda vez que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, declaró carecer de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por Eduardo Federico Rodríguez Suárez, contra actos de la Gobernadora del Estado de Campeche y otra autoridad; en consecuencia, este órgano jurisdiccional acepta la competencia y se avoca al conocimiento del asunto. ACTO RECLAMADO. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama el cobro de cuota y/o peaje en la Plaza de Cobro el Puente Zacatal, ubicado en Ciudad del Carmen, Campeche. 25/02/23 11:21:56 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.df.cf Carlos Eder Juarez Solis 2 DESECHAMIENTO Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y con base en presunciones. Orienta lo anterior, la tesis tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se 25/02/23 11:21:56 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.df.cf Carlos Eder Juarez Solis Juicio de amparo indirecto 1122/2022-V 3 anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Sentado lo anterior, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, a saber: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se 25/02/23 11:21:56 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.df.cf Carlos Eder Juarez Solis 4 encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El precepto legal transcrito contempla el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, concretamente cuando la improcedencia deriva del hecho de que el acto u omisión que se atribuye a la autoridad distinta de un tribunal, puede ser revisado de oficio conforme a las leyes que lo rijan, o procede en su contra juicio, recurso o medio de defensa legal, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los ahí consignados para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Entonces, para acceder al juicio de amparo indirecto a fin de reclamar actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, será necesario agotar el principio de definitividad, siempre que: a) Conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado. b) Con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo. c) Sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva. d) Ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. 25/02/23 11:21:56 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.df.cf Carlos Eder Juarez Solis Juicio de amparo indirecto 1122/2022-V 5 Sin que exista obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el caso que nos ocupa, el quejoso reclama el cobro de la cuota y/o peaje en la Plaza de Cobro el Puente Zacatal, ubicado en Ciudad del Carmen, Campeche. Ahora bien, dicha cuota constituye un derecho por el aprovechamiento y uso de un bien del dominio público en términos del artículo 2, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, por ende, se trata de un crédito fiscal en términos del artículo 4 del propio ordenamiento tributario. Por consiguiente, la parte quejosa en acatamiento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo contra el cobro cuota y/o peaje en la Plaza de Cobro el Puente Zacatal, ubicado en Ciudad del Carmen, Campeche, debió agotar previamente el juicio contencioso administrativo federal, competencia del Tribunal de Justicia Federal Administrativa, de conformidad con el artículo 3, fracción V, de su la Ley Orgánica que establece: "Artículo 3.- El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores." De esta manera, si del precepto transcrito, se colige que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es competente para conocer de los juicios de nulidad promovidos contra actos que causen agravio en materia fiscal, es factible concluir que en acatamiento al principio de definitividad, debió agotar previamente el juicio contencioso administrativo contra el cobro de cuota y/o 25/02/23 11:21:56 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.df.cf Carlos Eder Juarez Solis 6 peaje en la Plaza de Cobro el Puente Zacatal, ubicado en Ciudad del Carmen, Campeche. Se expone lo anterior, en razón de que el juicio de nulidad es un medio ordinario de defensa al alcance de la parte quejosa, mediante el cual puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, el impetrante del amparo debió agotarlo, previo a promover la instancia constitucional, máxime que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no exige mayores requisitos a los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva ni plazo mayor al que establece pero el otorgamiento de la suspensión provisional tal y como quedo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 28, marzo de dos mil dieciséis, Tomo II, página mil ciento noventa y cuatro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no 25/02/23 11:21:56 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.df.cf Carlos Eder Juarez Solis Juicio de amparo indirecto 1122/2022-V 7 prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Por consiguiente, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Eduardo Federico Rodríguez Suárez, contra actos de la Gobernadora del Estado de Campeche y otra autoridad. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA POR EXHORTO. De la demanda de amparo se advierte que el promovente señaló como domicilio el ubicado en el Edificio 2, Departamento 20, Quinto Piso, calle Cerrada Hicotea y/o Pejelargarto, Cerrada del Jardín de Niños, colonia Multi 80, código postal 86035, Villahermosa, Tabasco. Ahora bien, toda vez que el domicilio para notificar a la parte quejosa se encuentra fuera del lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce su competencia territorial, de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en los numerales 1, 27, 28, 79 a 82 y 101, párrafo primero, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias 25/02/23 11:21:56 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.df.cf Carlos Eder Juarez Solis 8 en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, en Turno, para que en auxilio de las labores el Juzgado exhortado, comisione al actuario adscrito para notificar al quejoso Eduardo Federico Rodríguez Suárez, el presente proveído. Asimismo, lo prevenga para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de este juzgado, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo concedido, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de ese juzgado, como lo establecen los artículos 26, fracción III y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Para la realización de la diligencia, se faculta desde este momento al homólogo exhortado para que en términos del numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles para dar cumplimiento a la encomienda solicitada. Hecho lo anterior, devuelva por la misma vía las actuaciones que realice, sin que se requiera el acuse de recibo correspondiente, toda vez que el sistema lo genera al momento del envío. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE AMPARO. Se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Azahari Josabelly Rodríguez Velázquez y Lizzet Guadalupe Alvarado Andrade, quienes no gozarán de las demás facultades previstas en el artículo 12 de dicho ordenamiento legal. 25/02/23 11:21:56 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.df.cf Carlos Eder Juarez Solis Juicio de amparo indirecto 1122/2022-V 9 Lo anterior, dado que en el escrito de demanda el quejoso no proporciona datos que acrediten que las mencionadas personas se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, de la voz: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." DATOS DE CONTACTO. Por otra parte, con fundamento en el artículo 57, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el numeral 2° de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener la dirección de correo electrónico y número telefónico que proporciona el promovente como medio de contacto para entablar comunicaciones no procesales. 25/02/23 11:21:56 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.df.cf Carlos Eder Juarez Solis 10 Lo anterior, en razón de que si bien es cierto, el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, preveía como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales", como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, sin embargo, el aludido Acuerdo General estuvo en vigor hasta el seis de noviembre de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo General 22/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 22/2020, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del consejo en el contexto de la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las 25/02/23 11:21:56 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.df.cf Carlos Eder Juarez Solis Juicio de amparo indirecto 1122/2022-V 11 partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 10009-VIII de la Titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, mediante el cual, declina competencia vía interconexión a este órgano jurisdiccional en proveído de once de noviembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN. En atención a la demanda de amparo promovida por Eduardo Federico Rodríguez Suarez, contra actos de la Gobernadora del Estado de Campeche y otra autoridad, radíquese con el número de expediente 1122/2022, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Posteriormente, del oficio de cuenta se advierte que el Juzgado declinante indica que el expediente original se envió a este recinto judicial vía mensajería acelerada denominada ESTAFETA, por ello, se reserva proveer lo conducente hasta que el expediente original se haya recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal. Cúmplase.
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