Eduardo Evaristo Reyes

Expediente 707/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
707/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
27/09/2018

Partes del expediente

  • Eduardo Evaristo Reyes
  • Alvaro Martín Colín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL ESTADO PROCESAL DE LOS AUTOS, SE ADVIERTE QUE TRANSCURRIÓ EL PLAZO DE CINCO DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE LOS QUEJOSOS HUBIEREN RECURRIDO EL PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO ACTUAL, EN QUE POR UN LADO SE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA POR CUANTO HACE AL QUEJOSO .. Y POR OTRO LADO SE DESECHÓ DE PLANO LA MISMA, RESPECTO DEL QUEJOSO .. EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA EN EL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 2° DE LA LEY DE AMPARO, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. POR LO TANTO, HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO, Y ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    SE TIENE POR RECIBIDO EL OFICIO SIGNADO POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO, CON SEDE EN CHILPANCINGO, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DEL EXHORTO 457/2018, DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL; LO ANTERIOR SIN DICTAR MAYOR PRONUNCIAMIENTO, EN VIRTUD DE QUE EN AUTO DE VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE RECIBIÓ DICHA COMUNICACIÓN OFICIAL DEBIDAMENTE DILIGENCIADA, ACORDÁNDOSE LO CONDUCENTE. CÚMPLASE.

  3. Principal

    TÉNGASE POR RECIBIDO EL OFICIO SIGNADO POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO, CON SEDE EN CHILPANCINGO, MEDIANTE EL CUAL DEVUELVE DILIGENCIADO EL EXHORTO 457/2018 (NÚMERO DE ORDEN 690/2018), QUE SE LE ENVIÓ PARA QUE NOTIFICARA AL QUEJOSO, EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN QUE, POR LO QUE A ÉL INTERESA SE TUVO POR NO PRESENTADA SU DEMANDA. EN TAL VIRTUD, DESE DE BAJA Y HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO PARA ESOS CASOS; GLÓSESE A LOS AUTOS LA MENCIONADA COMUNICACIÓN OFICIAL PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES Y ACÚSESE EL RECIBO DE ESTILO. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se acuerda: téngase por recibido el oficio enviado vía electrónica, signado por la secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con sede en Chilpancingo, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 442/2018 (669/2018), del índice de este juzgado, ordenado en auto de veintisiete de agosto del año en curso, a efecto de requerir al quejoso Eduardo Evaristo Reyes, para que manifestara si ratifica o no la demanda de amparo promovida en su favor. En consecuencia, dese de baja dicha comunicación oficial, háganse las anotaciones pertinentes en el libro que se lleva en este juzgado para esos casos, así como en el Sistema Integral para el Seguimiento de Expedientes (SISE); agréguese a los presentes autos el oficio y despacho de mérito, para que surtan sus efectos legales correspondientes, y acúsese recibo. Se tiene por no presentada la demanda por cuanto hace al quejoso Eduardo Evaristo Reyes. En esa virtud, destaca que en la razón levantada por el actuario adscrito al juzgado exhortado, se advierte que una vez que se constituyó en las instalaciones del Centro de Ejecución de Medidas para Adolecentes del Estado de Guerrero, con la finalidad de verificar si se encontraba incomunicado el quejoso, para así dar fe de la integridad física de éste; además, para en el caso de localizarlo, requerirle para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir de que ésta surta efectos, manifestara si ratifica o no la demanda de amparo promovida en su favor por Ines Reyes Indalecio; con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada, quedando sin efecto las providencias que se hubieren dictado. En ese contexto, destaca que la fedataria asentó que localizó al quejoso, quien fue presentado por el subdirector jurídico de dicho centro penitenciario; razón por la que, en primer término le requirió para que en ese acto manifestara si era su voluntad de ratificar la demanda promovida a su favor, apercibiéndolo que de no hacerlo se tendría por no presentada, quedando sin efecto las providencias que se hubieren dictado; a lo que manifestó que no ratifica la demanda, firmando al calce la constancia que de dicha diligencia levantó el fedatario adscrito a este juzgado federal. En tal virtud, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho; en consecuencia, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida a favor de Eduardo Evaristo Reyes, por lo que se dejan sin efectos las providencias decretadas. Lo anterior hágase del conocimiento a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. Se levanta reserva Por otra parte, tomando en consideración que en proveído de treinta de agosto actual, este juzgado se reservó a proveer en relación a la admisión de la demanda por cuanto hace al diverso quejoso Álvaro Colín Martínez y/o Álvaro Martín Colín, hasta en tanto se tuviera resultado del exhorto ordenado en auto de veintisiete del mes y año en curso, girado a fin de localizar al diverso quejoso Eduardo Evaristo Reyes, con la finalidad de que manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su favor y dado que ello ya aconteció, se levanta la reserva y se provee al respecto. Admisión de la demanda por cuanto hace al quejoso Álvaro Colín Martínez y/o Álvaro Martín Colín. De la razón actuarial levantada por la actuaria de la adscripción el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se advierte que el directo quejoso Álvaro Colín Martínez y/o Álvaro Martín Colín, ratificó la demanda de amparo promovida en su favor; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la demanda de amparo únicamente por cuanto hace al quejoso de referencia. Se impone sobreseer el juicio fuera de audiencia. En este contexto, destaca que mediante proveído de veintiocho de agosto del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Penal adscrito al Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, informando que el directo quejoso fue puesto a su disposición y se le sigue la carpeta de investigación judicial C-171/2018, por el delito de homicidio calificado; motivo por el cual se le impuso la medida de prisión preventiva oficiosa que actualmente se encuentra cumplimiento en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad, por tanto, tomando en consideración que el acto reclamado por el directo quejoso en este juicio de amparo, consistió en su detención e incomunicación, mismo que atribuyó a las autoridades señaladas en la demanda de amparo, resulta inconcuso que en el caso de manera manifiesta e indudable se actualiza la causal de improcedencia, contemplada en la fracción XVI del artículo 61 de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable." Se ha interpretado en diversas tesis emitidas por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, que se está ante la presencia de actos consumados de modo irreparable, cuando éstos, habiéndose emitido o ejecutado, sea materialmente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado al otorgarse la protección constitucional, como lo ordena el artículo 77 del ordenamiento de la materia, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el presente asunto, el quejoso se encontraba privado de su libertad con motivo de la detención decretada en su contra; no obstante ello, ya fue consignado al Juez de Control y Enjuiciamiento Penal adscrito al Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. Por tanto, es evidente que el acto reclamado consistente en su detención e incomunicación quedó consumada de modo irreparable, toda vez que ya se realizaron todos sus efectos y consecuencias, por tanto, ya no se le puede restituir al estado en que se encontraba antes de ser detenido, es decir no es físicamente posible borrar los efectos de la detención de que fue objeto. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que expresa: "DETENCIÓN ILEGAL. PROCEDENCIA DEL AMPARO. Cuando una persona es detenida sin la orden de aprehensión de autoridad competente y tampoco fue sorprendida en flagrante delito, ello, sin duda, implica una violación al artículo 16 constitucional, que debe ser impugnada mediante el juicio de amparo indirecto, pero de no hacerlo, tales actos que se consideran consumados de modo irreparable e imposibles de analizar, tanto técnica, como jurídicamente en amparo uniinstancial por el hecho de haber cambiado su situación jurídica al momento de formalizar el proceso penal instruido en su contra y no poder decidir sobre aquéllos sin afectar la nueva situación jurídica." También es aplicable la tesis 150 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." En razón de lo expuesto, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese, y personalmente al quejoso Álvaro Marín Colín y/o Álvaro Martín Colín. Lo proveyó José María Pliego Moreno, secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el siete de agosto de dos mil dieciocho, según oficio CCJ/ST/3882/2018; asistido de Marlon Iván López Ríos, secretario que da fe.

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