Eduardo Estrada Ponce

Expediente 1060/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1060/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/10/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Estrada Ponce

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación de cuenta y toda vez que de autos se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se concedió a la parte quejosa mediante auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento al fallo protector dado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta Ciudad, sin que hiciera manifestación alguna en ese sentido, aun cuando se apercibió que se resolvería en relación con ello conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a las quejosas LLUVIA DANIELA MEDINA LERMA y EDWIN GABRIEL MONTES PAREDES, para los siguientes efectos: "1. Se desincorpore de la esfera jurídica de los quejosos LLUVIA DANIELA MEDINA LERMA y EDWIN GABRIEL MONTES PAREDES, lo previsto en el artículo 22, fracciones I, XVIII y LX, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los numerales 11, 12 y 13 del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a los quejosos, en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, en tanto no se modifiquen dichas normativas. Esto es así, en virtud de que el instrumento público número 16,104 se advierte que los quejosos LLUVIA DANIELA MEDINA LERMA y EDWIN GABRIEL MONTES PAREDES, tramitaron la cancelación parcial de la hipoteca otorgada por el Banco Santander, México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, celebraron un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria del bien inmueble que se describe en dicho instrumento y en el mismo instrumento se otorgó poder y se celebró un contrato de mandato, asimismo, que el pago de derechos por inscripción de documento público o privado fue realizado por LLUVIA DANIELA MEDINA LERMA, a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. Por tanto, en lo que respecta a la quejosa LLUVIA DANIELA MEDINA LERMA, se concede también para los siguientes efectos: 2. Para que el Secretario y el Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, devuelvan a la quejosa LLUVIA DANIELA MEDINA LERMA, única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $840.00 (ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la suma de $12,895.14 (doce mil ochocientos noventa y cinco pesos 14/100 moneda nacional), que pagó el veinte de marzo de dos mil diecinueve. Esto último, pues al incidir la inconstitucionalidad aducida en elementos esenciales de la contribución analizada y la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima que para el servicio inherente a inscripción o registro de documentos establece la fracción XVIII del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que en la especie es la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), la cual debe pagar por cada uno de los servicios cuya inscripción, o registro solicitó la parte quejosa, sin las contribuciones adicionales que establece la referida fracción, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige el impuesto declarado inconstitucional." En cumplimiento a ello, la Delegada Karla Marvelly Gudiño Dena, en representación de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, mediante oficio DGJ/345/2020 recibido por este órgano jurisdiccional el cuatro de febrero de dos mil veinte informó que se realizó vía transferencia a la parte quejosa la cantidad de $11,824.10 (once mil ocho cientos veinticuatro pesos, 10/100 moneda nacional) con motivo del cobro de la norma declara inconstitucional en el presente asunto. Asimismo, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta Ciudad, mediante oficio DGJ/DJC1/470/2021 recibido por este órgano jurisdiccional el seis de mayo de dos mil veintiuno, informo que realizo una diversa la transferencia complementaria por la cantidad de $231.04 M.N (doscientos treinta y un pesos 04/100 Moneda Nacional); restituyéndose de esa manera a la parte peticionaria de amparo en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En este orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fueron objeto tanto la parte quejosa como la tercera interesada mediante proveído de siete de mayo de dos mil veintiuno, y, el día de hoy, se tiene por cumplida la sentencia de amparo; entonces, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA:EPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda enviada electrónicamente, promovida por Francisco José García Barbosa, en su carácter de apoderado legal de EDUARDO ESTRADA PONCE, personería que justifica con la carta poder que acompaña, demanda que promueve contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic y otra autoridad. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1060/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, del análisis del escrito inicial de demanda de amparo, se advierte que es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con el artículo 113 de Ley de Amparo vigente, que prevé: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo trascrito se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, conviene hacer la precisión del acto que reclama la parte quejosa en el presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y en la tesis de Jurisprudencia 19, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 17, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." En ese tenor, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama destacadamente del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, residente en Tepic, la omisión de ejecutar el laudo emitido el uno de marzo de dos mil dieciocho, en los autos del juicio laboral 709/2014 de su índice. Así, para que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por la parte quejosa, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causales de improcedencia; previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, el suscrito considera que con relación al acto reclamado, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia regulado por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con diverso 217, ambos de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), localizable en la página 2771, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA" que más adelante se cita. Los numerales referidos prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". (.)". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". De los artículos transcritos se observa que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y de la Ciudad de México, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria. Apoya a lo anterior, los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en las tesis publicadas, respectivamente, en las páginas 837, 288, 134 y 23, la primera, del tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de dos mil dos, la segunda del Tomo II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, la tercera del 145-150 Sexta Parte y la cuarta del tomo 43 Séptima Parte, éstas últimas del Semanario Judicial de la Federación, Octava y Séptima Época, respectivamente, cuyos rubros son los siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD". "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE RELACIONARSE CON UNA TESIS QUE NO CONSTITUYE JURISPRUDENCIA." "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVÉ, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA". Ahora bien, como se señaló anteriormente, la parte quejosa reclama del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, residente en Tepic, la omisión de ejecutar el laudo emitido el uno de marzo de dos mil dieciocho, en los autos del juicio laboral 709/2014 de su índice. Respecto a este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en jurisprudencia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, que si bien el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución del laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo (de aplicación supletoria al Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado), requiere no solamente la forzosa solicitud del interesado para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción. De ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. Por esas razones, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País estimó que no puede constreñirse al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva -en el caso al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic aquí responsable- para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, porque una protección federal con ese alcance generaría confusión y la posterior necesidad de dilucidar casuísticamente cuándo la dilación del cumplimiento de la sentencia de amparo se debe a "causa imputable a las partes" o bien el retraso obedece a la actuación u omisión de "otras autoridades", lo que a la larga se traduciría precisamente en lo que se quiere evitar, que es la dilación en el cumplimiento del derecho fundamental de justicia completa y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, el citado Tribunal concluyó que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión de la autoridad laboral, de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo sería improcedente, porque estaríamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al Tribunal ejecutor. De ahí que, si en el caso en estudio, la parte quejosa reclama genéricamente del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, residente en Tepic, la omisión de ejecutar el laudo emitido el uno de marzo de dos mil dieciocho, en los autos del juicio laboral 709/2014 de su índice; en consecuencia se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia en comento, ya que el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al tribunal responsable, como en el presente caso se promovió; lo que ya no podrá variar aun tramitado el juicio de amparo. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por la parte quejosa y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Lo anterior, como se había adelantado constituye una causa notoria y manifiesta de improcedencia conforme a lo contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), localizable en la página 2771, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.-Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Asimismo, resulta aplicable al caso, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA.-El título quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en análisis,

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguense a sus autos los escritos de cuenta, signados por 1. MARÍA DE LOS ÁNGELES PARRA PÉREZ, 2. GABRIELA ALEJANDRA DELGADO VENTURA, 3. JESÚS ALONSO ARELLANO PARDO, 4. JOSÉ MANUEL ARELLANO SANDOVAL, 5. OLGA MEJÍA VELÁZQUEZ, 6. MARÍA TERESA RIVERA RUIZ, 7. EFRAÍN GARCÍA FRANCO, 8. ERIKA ELIZABETH SALDIVAR LÓPEZ, 9. FREDERIK DANIEL RUBIO VALDERRAMA, 10. JUAN CARLOS MARTÍNEZ ESPINOZA, y 11. MA. TERESA GONZÁLEZ FRÍAS, quienes se ostentan como Regidores (los enumerados del uno al diez) y como Síndico Municipal (la enumerada con el número once), del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto de su contenido, tomando en consideración que mediante auto de veintiuno de setiembre de dos mil veintiuno, se les tuvo informando que dejaron de ocupar los cargos que dicen desempeñar, de ahí que es evidente que no acreditan la personalidad con la que promueven. Por otra parte, agréguese a sus autos diverso escrito de cuenta, signado por JUAN ENRIQUE PARRA PÉREZ, quien se ostenta como Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. Luego, de la página oficial www.ixtlandelrio.gob.mx del Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, se advierte que el promovente se desempeñaría como Presidente Municipal de ese Ayuntamiento del diecisiete de septiembre de dos mil diecisiete, al diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que a la fecha en que presentó su ocurso -veintidós del mes y año en curso-, es evidente que no le reviste el carácter con el que promueve, de ahí que no haya lugar a proveer sobre lo que solicita. Por otra parte, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad, y anexo que acompaña, mediante el cual da cumplimiento parcial a lo solicitado por autos de trece de agosto y diez de septiembre, ambos del año en curso, pues remite copia certificada de la notificación realizada a parte demandada Ayuntamiento de Ixtlán del Rio, Nayarit del auto de doce de agosto del presente año dictado dentro del juicio laboral 95/2008 de su índice. Luego, tomando en consideración que en los proveídos de referencia se requirió al Tribunal laboral para que una vez que contara con la información que le requirió al Ayuntamiento demandado la remitiera a este órgano jurisdiccional, en ese sentido, por el momento no ha lugar a realizar requerimiento alguno a dicha autoridad, pues dichos requerimientos (trece de agosto y diez de septiembre, ambos de dos mil veintiuno) aún continúan vigentes. NOTIFÍQUESE.

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