Eduardo Esteban Rios Zarate

Expediente 695/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 22 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
695/2023
Año
2023
Actuaciones
22
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Esteban Rios Zarate

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que las autoridades responsables Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y Juez de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal Quintana Roo, ambas con sede en esta ciudad, no han dado cumplimiento al requerimiento que se le efectuó con los oficios 20034/2023 y 21181/2023, de dieciocho de julio y tres de agosto de dos mil veintitrés, con los que, a la primera de las mencionadas, se le requirió su informe justificado y a la segunda, su informe respecto a la ampliación de la demanda, como se desprende de las constancias de notificación que obran en el presente expediente. Al respecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presumen como ciertos los actos atribuidos a las citadas autoridades responsables. En consecuencia, con fundamento en los numeral 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a las referidas autoridades responsables, para que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación, remitan copias certificadas, legibles y completas de todas las constancias que tienen relación con los actos que les reclama el quejoso Se apercibe a dichas autoridades responsables que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintitrés, en términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo. Por tanto, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se dispone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, se señala como nueva fecha para su desahogo las diez horas con diez minutos del nueve de enero de dos mil veinticuatro. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades correspondientes.

  2. Principal

    II- Agréguese los escritos electrónicos firmados por Brisa del Mar Villalobos García, asesora jurídica federal del Instituto Federal de la Defensoría Pública, designada para que funja como representante del menor de edad con identidad reservada, mediante el cual con motivo de tal designación se le tiene aceptando el cargo y protestando su leal y fiel desempeño; asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizados para los mismos efectos, solicita acceso al expediente electrónico, así como notificaciones electrónicas, solicitud a los medios electrónicos; y, señala medios de comunicación para entablar comunicaciones no procesales. En tal virtud, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carmina Gutiérrez Mena, Gloria del Rosario Galaz Cetina, Jerson Daniel Jefte Sánchez Zavala, Paola Alicia Barrientos de la Peña, René Humberto Domínguez Loza y Víctor Núñez Vega; toda vez, que tienen registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito, en tanto que en términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las demás personas citadas en su oficio de cuenta por así solicitarlo expresamente. Asimismo, con fundamento en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al asesor y sus autorizados el empleo de aparatos propios para la obtención documental por medio de imágenes de las actuaciones que integren el expediente para la disponibilidad de su reproducción. Lo antes expuesto tiene sustento en el siguiente criterio: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL)." Época: Décima Época Registro: 2007298 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.13o.T.15 K (10a.) Página: 1560. Por otra parte, previa búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, específicamente en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico, se advirtió que el usuario "bmvillalobosg", se encuentran debidamente registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 35, 36, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y fracción IV del artículo 26 de la Ley de Amparo, se autoriza a la asesora en cita, por medio del citado usuario consultar el presente expediente en línea y ser notificado por el mismo conducto. Lo anterior, hágase del conocimiento del oficial judicial "A", personal encargado de la integración del expediente electrónico adscrito a este Juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. De igual manera, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico, proporcionados para efecto de realizarle notificaciones no procesales del presente expediente, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente, ello con fundamento en la fracción I, del artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese por lista electrónica a las partes.

  3. Principal

    II- Agréguese el oficio remitido electrónicamente por el titular de la Delegación Quintana Roo del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en Cancún, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado, manifiesta que designó a Brisa del Mar Villalobos García, como representante especial de los menores de edad de identidad reservada, y proporciona datos de contacto de la servidora pública en mención. Al respecto, se accede a su petición, y queda autorizado con dicho carácter, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, para intervenir como representante especial de los menores de edad de identidad reservada en el presente juicio de amparo. Finalmente, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico perteneciente a la asesora jurídica Brisa del Mar Villalobos García, proporcionados por el titular en mención para efecto de realizarle notificaciones no procesales del presente expediente, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente, ello con fundamento en la fracción I, del artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Hecho lo anterior, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de la Materia, póngase a la vista del aludida asesora jurídica, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como sus anexos y demás constancias que integran el juicio de amparo, a fin de que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su derecho convenga. En ese contexto, a fin de que la asesora jurídica de los menores con identidad reservada se imponga del contenido de los autos del juicio de amparo en que se actúa, se dispone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, se señala como nueva fecha para su desahogo las 10:10 horas del 27 de noviembre de 2023. Notifíquese a las partes.

  4. Principal

    II- Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha no ha sido nombrado asesor jurídico para el ********************; en razón de que en el presente asunto existen intereses en relación con el ********************, gírese atento oficio por correo electrónico al delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en Cancún, Quintana Roo, con copia certificada del presente juicio constitucional, para el efecto de que se sirva nombrar asesor Jurídico, con la finalidad de establecer que el referido menor cuente con un representante especializado en derecho que lo represente en el juicio constitucional, a efecto de hacer efectiva su tutela y que se provea un patrocinio judicial adecuado para el, quien con dicho carácter quedará autorizado desde el momento de su designación, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, para intervenir en el presente juicio constitucional en representación del menor quejoso, por lo que deberá remitirse copia certificada de las constancias que hasta la fecha integran el presente expediente. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014. Tomo III, Décima Época, Materia Constitucional, Común, Tesis: XIX.1°.P.T.1 CS (10ª), página 2448, de rubro y texto que se citan a continuación: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EN ARAS DE HACER EFECTIVA SU TUTELA EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE UN NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE FUNJA COMO PARTE O LA MATERIA DE DEBATE LO CONSTITUYAN SUS DERECHOS, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A VERIFICAR QUE TIENE UNA REPRESENTACIÓN ADECUADA Y, EN CASO DE NO ESTAR GARANTIZADA, ASIGNARLE UN ASESOR JURÍDICO DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA. El artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye el concepto de interés superior del niño. Por su parte, los artículos 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, estatuyen el derecho fundamental del menor de ser escuchado y de manifestarse libremente en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o a través de un representante u órgano apropiado y la obligación de los tribunales de atender el interés superior del niño, en todas las resoluciones que emitan. En consonancia con lo anterior, los artículos 38, 39, 48 y 49, inciso B, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecen el derecho de los niños a la libertad de expresión, el cual incluye el de ser informados y su libertad de opinión, es decir, que se les tome su parecer en todos los asuntos que les afecten y el contenido de las resoluciones que les conciernen. Ahora bien, de una interpretación conforme de esos numerales que favorezca a los menores la protección más amplia, se concluye que en los juicios de amparo, en que un niño, niña o adolescente funja como parte o la materia de debate lo constituyan sus derechos, el Juez de Distrito está obligado a verificar que tiene una representación adecuada y, en caso de no estar garantizada, asignarle un asesor jurídico del Instituto de la Defensoría Pública, en aras de hacer efectiva su tutela. Esto es así, porque es obligación de los Jueces para concretar la igualdad en el acceso a la justicia, constatar en los juicios de amparo que ante ellos se tramitan, que exista un patrocinio apropiado del menor y, en caso de no estar asegurado, suplirlo con la designación de un abogado especializado que auxiliará al niño a lo largo del proceso; máxime que esta interpretación se ha recogido en el "Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niños, Niñas y Adolescentes", editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual es orientador para el juzgador, en el que se retoman tanto los derechos contenidos en tratados vinculantes para los Estados que los han ratificado, como su interpretación en documentos de diferente naturaleza jurídica." Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el padre del menor quejoso promueva el presente juicio constitucional por su propio derecho y en representación del citado menor; ello, en virtud de que se advierte que existen conflictos entre sus progenitores, por lo que atendiendo a su interés superior, amerita tener un representante especial. En aplicable al caso, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Décima Época, Materia Constitucional, Tesis: II.3o.P.5 K (10a.), página 2450, que es del tenor literal siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y CONFLICTO DE INTERESES. PRINCIPIO-NORMA QUE DEBE OBSERVARSE AL DESIGNAR AL REPRESENTANTE DE MENORES QUE PARTICIPAN DENTRO DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE PUEDA AFECTAR SU ESFERA JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el "interés superior del niño" implica que su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos deben considerarse como criterios rectores para la elaboración y aplicación de normas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Luego, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, se logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de los elementos necesarios para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que es fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia, evitando un conflicto de intereses. Circunstancia que ocurre cuando, por ejemplo, uno de los progenitores de un menor que es parte en un procedimiento penal denuncia el hecho que lo origina, mientras que el otro, solicita la representación del infante siendo este último, familiar del inculpado, evidenciándose que quien pretende ostentar la representación del menor, reviste un doble carácter -progenitor del representado y familiar del acusado-, suponiendo un actuar tendencioso. Así, cuando un menor sea parte dentro de un juicio, es necesario que sea debidamente representado; en ese sentido, de acuerdo con la legislación civil, los progenitores, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre los menores de edad son sus legítimos representantes; empero, si la persona que lo representa con cualquiera de las calidades mencionadas tiene intereses contrarios al menor representado, se evidencia un conflicto de intereses, entendido como aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él y la integridad de sus acciones, tiendan a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual puede ser económico o personal; es decir, cuando en vez de cumplir con lo debido, guíen sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero. Por lo que, el principio de "interés superior del niño", concatenado con el "conflicto de intereses", al tener reconocimiento internacional universal, adquiere la condición de principio-norma a nivel del ordenamiento jurídico interno del país; considerado eje rector en materia de niños y adolescentes ostentando la categoría de un principio general de derecho, lo que le otorga una importancia legal y fáctica, justificando su aplicabilidad y validez en la resolución de controversias. Por tanto, uno de los lineamientos que debe observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica, atento a la protección de su interés superior, es designar a una persona que los represente, siempre que ello no genere un conflicto de intereses, con la finalidad de garantizar una representación imparcial, dirigida absolutamente a la defensa eficaz de los derechos del menor en la litis planteada." Asimismo, es aplicable al caso, por su sentido, la tesis establecida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época, Materia Penal, Tesis III.1o.P.50 P, página 1324, de rubro y texto siguientes: "MENORES. REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOMBRARLES UNO CUANDO SUS PADRES O LEGÍTIMOS REPRESENTANTES TENGAN INTERESES OPUESTOS A LOS SUYOS. Aunque de acuerdo con la legislación civil los padres, tutores o quienes ejercen la patria potestad sobre los menores de edad son sus representantes legítimos, si en el juicio de amparo promovido por un menor o en favor de él, la persona que lo representa con cualquiera de las calidades mencionadas tiene intereses contrarios al menor representado, es evidente que tal representante se encuentra impedido para ejercer esa representación en el juicio, como ocurre en el caso en el que los padres del menor (representantes en el juicio de garantías), tienen el carácter de inculpados en la averiguación previa de la que deriva el acto reclamado por un delito cometido en agravio del propio menor representado, y pretenden obtener la protección constitucional para que se deje insubsistente dicho acto y recuperar así la custodia del menor; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe nombrar al menor un representante especial, a fin de que sea éste el que intervenga en el juicio y lo represente debidamente, pues ante la posibilidad de la existencia de un conflicto de intereses entre el menor y quien ejerce sobre él la patria potestad, se hace necesario garantizar que contará con una representación imparcial, dirigida de manera absoluta a la defensa eficaz de sus derechos en el juicio de garantías." Por otra parte, en aras de respetar la identidad del ********************, teniendo en cuenta el interés superior de éste, por su propia condición, se ordena que su nombre no se publique, refiriéndose únicamente como "el menor quejoso", en términos de lo previsto en el artículo 3.2, de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de ella ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas, así como el diverso numeral 19 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual precisa que éstos tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social. Por tanto, dígase al actuario que remita al correo institutodeladefensoriaquintanaroo@cjf.gob.mx, el oficio dirigido al referido instituto con residencia en Cancún, Quintana Roo, debiendo dejar constancia del envío en autos y solicitar el acuse de recibido, en la inteligencia que deberá levantar razón al momento de confirmar la recepción del correo electrónico en comento, para los efectos legales correspondientes; asimismo, proceda a integrar debidamente las constancias de notificación relacionadas sean personales o electrónicas que se hubieren realizado. En razón a lo antes expuesto, se dispone diferir la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy; y, se fijan como nueva hora y fecha para su desahogo a las 10:35 horas del 31 de octubre de 2023. Notifíquese.

Quedan 18 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,571 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano