Eduardo Eslava Osorio
Expediente 671/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 671/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Eduardo Eslava Osorio
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Visto el oficio suscrito por la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través del cual, atento al requerimiento formulado en auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno, informa que no existen diferencias a pagar a favor de la quejosa, por concepto de Profesionalización, Disponibilidad y Perseverancia en el Servicio; al respecto exhibe copia del oficio 702 200/6605/19, de trece de septiembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de procedimientos Civiles de aplicación supletoria, agréguese el oficio y anexo de mérito para que obren como correspondan y surtan los efectos legales a que haya lugar. En atención a su contenido, hágase del conocimiento de la oficiante que el requerimiento formulado en auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno, citado, a fin de dar cumplimiento al fallo protector, consistió en: 1) la restitución de la quejosa en el cargo que desempeñaba, 2) el pago de sus haberes y 3) el cálculo en el que se observe que no existen diferencias a su favor. De manera que, el oficio 702 200/6605/19, exhibido, con el que pretende acreditar el cumplimiento a dicha determinación, resulta insuficiente para lograr esos extremos, lo que constituye claramente desacato a una orden judicial, pues en dicho auto, se le precisó que las constancias necesarias para acreditar el cumplimiento del fallo protector, son la orden de restitución de la quejosa en el cargo que desempeñaba, así como los recibos de pago de sus haberes a partir de éste último hecho y las operaciones aritméticas con las que acreditara su dicho, situación que no aconteció. En tales condiciones, con apoyo en lo que disponen los artículos 197 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 297, fracción II, del código invocado, SE REQUIERE por ÚNICA OCASIÓN a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente a aquel al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba las documentales con las que acredite: 1) La restitución de la quejosa en el cargo que desempeñaba; 2) El pago de sus haberes y; 3) Las operaciones aritméticas con las que demuestre que no existen diferencias a favor de la quejosa; para lo cual, deberá realizar un cuadro comparativo entre lo que percibía la quejosa, lo que le corresponde por concepto de Profesionalización, Disponibilidad y Perseverancia en el Servicio, los haberes que ahora recibe, y lo que a su dicho ha pagado a ésta última. Lo anterior, para corroborar que efectivamente no se adeuda cantidad alguna en favor de la quejosa con motivo de la concesión de amparo. Se apercibe a la autoridad que en caso de ser omisa, se le impondrá la multa prevista en auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, equivalente a CINCUENTA VECES la Unidad de Cuenta Vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, por desacato a una orden judicial. Aunado que se procederá conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
INTERLOCUTORIA En la Ciudad de México, siendo las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora señalados para la celebración de la audiencia incidental en el juicio de amparo número 50/2020-V, promovido por Enrique Farfán Mejía, por propio derecho, contra actos del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad Pedagógica Nacional y de otras autoridades, Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, que da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes, ni de autorizado que las represente. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran copia simple de la demanda y anexos que la acompañan, escrito aclaratorio; proveído de catorce de febrero de dos mil veinte, por el que se proveyó respecto de la suspensión provisional solicitada, se requirió a las autoridades responsables su informe previo y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental; constancias de notificación a las partes; informes previos rendidos por las autoridades responsables y proveídos que acordaron lo conducente. De igual manera, hace constar que por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el cuaderno principal del cual deriva la presente incidencia, se dejó de tener con el carácter de responsables a los servidores públicos Omar Alberto Ibarra Nakamichi, Xóchitl Leticia Moreno Fernández, Erika Alejandra Mejía Carrasco, José Trinidad González Cuevas, Francisca Lourdes Salas Ramírez, Alma Fabiola Hidalgo Martínez y Mirna Griselda Espinosa Álvarez, en razón de que Karla Ramírez Cruz, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad Pedagógica Nacional, al rendir su informe justificado, informó que dichas autoridades ya no pertenecían a dicha comisión, ni a la propia universidad; aunado a que el quejoso, por escrito ratificado el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, así lo manifestó. En esas condiciones, al constituir un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mediante proveído de esa misma fecha, dictado en la presente incidencia, se tomó conocimiento de dicha determinación y se dejó de tener con el carácter de responsables a las citadas autoridades, para efectos de la presente interlocutoria. El Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9, 138, fracción III, 140 y 144 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de constancias que antecede y se deja de tener con el carácter de responsables a Omar Alberto Ibarra Nakamichi, Xóchitl Leticia Moreno Fernández, Erika Alejandra Mejía Carrasco, José Trinidad González Cuevas, Francisca Lourdes Salas Ramírez, Alma Fabiola Hidalgo Martínez y Mirna Griselda Espinosa Álvarez. Etapa de pruebas; el Secretario da cuenta con las ofrecidas por las partes. El Juez acuerda: se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales exhibidas, de conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo. Al no haber pruebas pendientes por desahogar se cierra este periodo. En periodo de alegatos, el Secretario CERTIFICA: que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. El Juez acuerda: se tiene por desierto el periodo de alegatos. Sin haber actuaciones pendientes de acordar, el Juez procede a dictar la siguiente resolución: Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 50/2020- V, promovido por Enrique Farfán Mejía, por propio derecho, contra actos del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad Pedagógica Nacional y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y turnado a este órgano jurisdiccional, Enrique Farfán Mejía, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: SEGUNDO. Mediante proveído de catorce de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda y por acuerdo de esa misma fecha, dictado en el presente cuaderno incidental, se proveyó respecto de la suspensión provisional solicitada, se requirió a las autoridades responsables sus informes previos y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. Por auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, se ordenó suspender el procedimiento en la presente incidencia, en razón de que la Universidad Pedagógica Nacional, institución de la que derivan las autoridades señaladas como responsables, se encontraba en paro indefinido. Aunado a que, conforme a las circulares SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales en todos los asuntos judiciales, con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el fenómeno de salud pública denominado COVID-19, del cinco de diciembre de dos mil veinte, al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, reactivando el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a partir del dieciocho de febrero de este año. CUARTO. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se reanudó el procedimiento y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Son ciertos los actos atribuidos a Gerardo Gallegos Zárate, Carlos Omar de la Rosa Delfín, Ricardo Darío Hernández Mora, Francisco Miguel Cuevas Arellano, Eva Francisca Augusta Rautenberg y Petersen, Adalberto Rangel Ruíz de la Peña, Yolanda López Contreras, Maricruz Mosco Peralta, Maribel Peña Sánchez, Juan Carlos Negrete Acosta, Julio Rodrigo Hernández Durán, integrantes suplentes, Jovita Arias Sosa, integrante titular y Karla Ramírez Cruz, Presidenta, todos del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de interés, y al Titular del Órgano Interno de Control, todos de la Universidad Pedagógica Nacional, consistentes en el inicio, integración, resolución y determinación de la indagatoria identificada con el número de expediente 121111/2019/PPC/UPN/DE75, respectivamente, pues no obstante al rendir sus informes previos, lo negaron, expusieron razonamientos que permitieron evidenciar su existencia. Asimismo, en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, se tienen por presuntivamente ciertos los actos atribuidos al Secretario Ejecutivo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de interés, de la Universidad Pedagógica Nacional, toda vez que fue omiso en rendir su informe previo, no obstante de estar debidamente notificado del auto de catorce de febrero de dos mil veinte; máxime que dentro de su funciones está la emitir resolución dentro del expediente reclamado. SEGUNDO. Los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128, 129 y 139 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que los peticionarios de garantías deben reunir para que sea procedente la suspensión del acto reclamado, los cuales son: que la solicite el agraviado; que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicio de difícil reparación para el quejoso. Asimismo, cuando la naturaleza lo permita, se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Cabe precisar que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva de los actos reclamados para los siguientes efectos: Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 111/2003, de rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. (No. Registro: 182,529, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVIII, diciembre de 2003, Página: 98). En ese orden de ideas, es necesario destacar que el artículo 150 de la Ley de Amparo establece que de ser procedente la suspensión, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse a la parte quejosa, y atento a que la finalidad de dicha medida es la de preservar la materia del amparo, para evitar que la parte quejosa sufra daños de difícil reparación, los cuales, en la especie, pudiesen producirse al resolverse la indagatoria 121111/2019/PPC/UPN/DE75; por lo que, de negarse esta medida cautelar, las consecuencias que generarían el acto se realizarían y la violación que ello pueda traer aparejado sería, como ya se ponderó, de difícil reparación y, con ello, sería difícil restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada, razón por la que se estima que se cumple con el último de los presupuestos de procedencia aludidos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 125, 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA para el efecto de que únicamente se continúe con el trámite con la resolución o determinación contenida en el expediente 121111/2019/PPC/UPN/DE75, iniciada en el sumario R-SA-19-11-19/4, hasta dejarlo en estado de resolución, de tal suerte que el Secretario Ejecutivo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Universidad Pedagógica Nacional, se abstenga de emitir resolución en dicho procedimiento; hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en lo principal, toda vez que por la naturaleza de este acto, se desprende que es susceptible de ser suspendido. Lo anterior es así, tomando en consideración que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los juicios de amparo, cuyo objetivo primordial es mantener la situación jurídica de la parte quejosa en el estado en que se encuentra a la fecha de la presentación de la demanda, preservando así, la materia del juicio e impidiendo los perjuicios que su ejecución pudiera ocasionarle. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se CONCEDE a Enrique Farfán Mejía, la suspensión definitiva solicitada, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Ciudad de México, a tres de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
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