Eduardo Escobar Segura
Expediente 1004/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1004/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Eduardo Escobar Segura
Actuaciones
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta[n] los efectos legales correspondientes, el [los] documento[s] de cuenta, a través del [los] cual[es] comunica que se aceptó la competencia planteada por este Juzgado dentro del juicio de amparo 1004/2021-VI-B; en atención a ello, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno respectivo, y archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Eduardo Escobar Segura, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43, con sede en Tampico, Tamaulipas, y otra[s] autoridad[es], por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Regístrese en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 1004/2021-VI-B. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Incompetencia. Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo1, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama de manera destacada lo siguiente: ? La medida precautoria decretada el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en el juicio agrario número 447/2021-43, del índice del tribunal responsable. En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia por cuestión de territorio para conocer del presente juicio de amparo indirecto. En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio preferente; por esto, resulta imprescindible verificar este extremo. Concepto de competencia. A manera de cuestión previa, es necesario definir el vocablo competencia. El término "competencia" (que deriva de los aforismas latinos "competens entis", que significan conveniente, aptitud o apto), en sentido jurídico amplio, alude a la idoneidad atribuida a un órgano del Estado para conocer o llevar a cabo determinados actos jurídicos. Doctrinariamente ha sido identificada como la medida o el alcance de la jurisdicción, es decir, el límite que la ley señala para el ejercicio de la jurisdicción a cargo de cada uno de los distintos órganos gubernamentales. Sin embargo, en términos procesales, significa la facultad que tiene un Juez o tribunal de conocer un negocio o litigio dado con exclusión de cualquier otro. En ese sentido, la competencia tiene como presupuesto el principio de pluralidad de tribunales dentro de un territorio jurisdiccional. Así, las reglas de competencia tienen por objeto determinar cuál va a ser el órgano jurisdiccional que debe conocer de tal o cual controversia, se insiste, con preferencia o exclusión de los demás. Por ello, es de estimarse que si la jurisdicción es el "poder-deber" de administrar justicia, la "competencia" es aquélla cuestión que fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal atribución fundamental. Para mayor comprensión, resulta ilustrativo dividir el análisis del concepto "competencia" desde dos puntos de vista: el subjetivo y el objetivo. Tocante al primero de ellos (subjetivo), la competencia es el deber y el derecho que tiene el Juez de administrar justicia en un proceso específico. Por lo que respecta al segundo (objetivo), la competencia es la enunciación de las reglas dadas para atribuir a los distintos Jueces el conocimiento de determinados casos. Con base en esta clasificación se puede precisar que la "competencia" se erige como un "presupuesto procesal", esto es, como una condición que debe existir a fin de que pueda emitirse un pronunciamiento de fondo en torno a una pretensión. En otras palabras, es un requisito necesario exigido en ley que debe darse a fin de que pueda ser válido un proceso. Reglas de competencia. En el caso, como un criterio para la fijación de la competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, se tiene que el artículo 107, fracción VII, constitucional, dispone:... Del anterior precepto constitucional se obtiene que, para conocer del juicio de amparo, como regla general, es competente el Juez de Distrito cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado: 1) se ejecute o 2) trate de ejecutarse; destacando que, para efectos de su tramitación, entre otros aspectos, se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable. Por su parte, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de reglas de competencia, a saber: por i) materia, ii) grado, iii) auxiliar, iv) concurrente y v) por territorio; en el caso, interesa destacar las referentes a las de "territorio". Al respecto, el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente:... De las hipótesis normativas que el último precepto prevé, se colige que la competencia por razón del territorio de un Juez de distrito se determina de acuerdo con tres reglas a saber: a) Será competente el Juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, y c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bajo esa tesitura, debe mencionarse que: a) El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquel en donde: [1] el acto aún no ha sido ejecutado y [2] en virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda, conlleven necesariamente a la conclusión, de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tienen que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. b) El lugar en donde trate de ejecutarse, es aquel donde la ejecución comenzó con la finalidad de consumarla, pero que no se ejecutó en su totalidad; ello en virtud, que del conjunto de los actos tendientes a consumar el acto, no fue posible producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. c) El lugar en donde se haya ejecutado, es aquel en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y, sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos: 1) Actos de tracto sucesivo.- que son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. 2) Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo.- que como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados, se consuman una sola vez y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse y; 3) En donde se ejecute.- es aquel en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. De lo anterior se advierte que para establecer la competencia de un juez de distrito, cuando el acto reclamado conlleva ejecución material, debe atenderse al lugar en que se materializa o se pretende hacerlo. Bajo ese panorama, y por resultar aplicable al caso concreto, es de precisarse que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 171/2012, sostuvo que cuando en una demanda de amparo se reclaman tanto el emplazamiento a juicio por su indebida práctica (no por su ausencia) y todas las actuaciones del juicio de origen, incluida la sentencia que pone fin a la contienda y su ejecución -como en la especie-, resulta competente para conocer del juicio del Juez de Distrito que previno, acorde con el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Lo anterior así quedó plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 110/2013 (10a.), de rubro y texto siguiente:... Por tanto, en atención al criterio jurisprudencial anteriormente reproducido, el cual es de observancia obligatoria para el suscrito juzgador, en términos de lo dispuesto en el artículo 217, de la Ley de Amparo, es que se estima que, en el caso, se carece de competencia legal para conocer del presente asunto. Ello es así, porque en el caso concreto está demostrado que [1] el juicio agrario de origen número 447/2021-43, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43, con sede en Tampico, Tamaulipas, fue promovido en contra del aquí quejoso; [2] respecto de quien se ejercitó la acción de reconocimiento jurisdiccional de servidumbre legal de paso, dentro de la parcela número 10, del ejido El Caracol, municipio de Pánuco, Veracruz; y [3] que el acto reclamado en este asunto se trata de la medida precautoria decretada, de manera oficiosa, por el tribunal responsable, en la que se dispone que las cosas se mantengan en el estado que guardaban hasta antes de la obstrucción del camino localizado en el poblado El Caracol, municipio de Pánuco, Veracruz, respecto del cual se solicita que se declare la indicada servidumbre legal de paso. De lo anterior se evidencia que, los actos reclamados por el quejoso tienen ejecución material, puesto que la resolución reclamada implica que el camino respecto del cual se solicita el reconocimiento de servidumbre legal de paso se mantenga como estaba hasta antes de su obstrucción, lo que se traduce en que se pueda transitar por el mismo; de igual forma, se torna patente que el lugar de ejecución de los actos reclamados se realiza en el distrito judicial de la entidad federativa en la que se ubica dicho camino [Veracruz]. Así es, el contexto integral de los antecedentes antes precisados, permite afirmar que los actos reclamados por la solicitante de amparo, constituyen actos de naturaleza positiva que en forma irrefragable requieren de ejecución material. En efecto, se insiste en que la medida cautelar reclamada tiene ejecución precisamente en el municipio de Pánuco, Veracruz, el cual se ubica fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito, por lo que conforme al párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de los actos impugnados es el del Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan, por ser quien tiene jurisdicción en el referido municipio de Pánuco, Veracruz, lugar en el que, como se dijo, tiene ejecución el acto reclamado. Por todo lo anterior, con apoyo en los citados preceptos legales y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado declara carecer de competencia legal para seguir conociendo del presente juicio y declina la competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan, en turno. Declinación de competencia. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este juzgado declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, por lo que ordena remitir este expediente, al Juez de Distrito en el estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan, en turno, porque es en su jurisdicción donde tiene ejecución el acto reclamado; por tanto, remítase el expediente en que se actúa al citado órgano jurisdiccional, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común. Solicitud de acuse. Se solicita amablemente al Juzgado de Distrito que le corresponda conocer del presenta asunto informe si la acepta o no la competencia que se declina a su favor. Consecuentemente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene[n] como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Andrés Vázquez Cruz; así como autorizados en términos del segundo párrafo del citado ordenamiento legal, a los diversos profesionistas que indica, en virtud de no contar con cédula debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes En otro aspecto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea, asimismo, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Eduardo Escobar Segura, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43, con sede en Tampico, Tamaulipas, y otra[s] autoridad[es], por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Regístrese en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 1004/2021-VI-B. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Incompetencia. Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo1, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama de manera destacada lo siguiente: ? La medida precautoria decretada el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en el juicio agrario número 447/2021-43, del índice del tribunal responsable. En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia por cuestión de territorio para conocer del presente juicio de amparo indirecto. En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio preferente; por esto, resulta imprescindible verificar este extremo. Concepto de competencia. A manera de cuestión previa, es necesario definir el vocablo competencia. El término "competencia" (que deriva de los aforismas latinos "competens entis", que significan conveniente, aptitud o apto), en sentido jurídico amplio, alude a la idoneidad atribuida a un órgano del Estado para conocer o llevar a cabo determinados actos jurídicos. Doctrinariamente ha sido identificada como la medida o el alcance de la jurisdicción, es decir, el límite que la ley señala para el ejercicio de la jurisdicción a cargo de cada uno de los distintos órganos gubernamentales. Sin embargo, en términos procesales, significa la facultad que tiene un Juez o tribunal de conocer un negocio o litigio dado con exclusión de cualquier otro. En ese sentido, la competencia tiene como presupuesto el principio de pluralidad de tribunales dentro de un territorio jurisdiccional. Así, las reglas de competencia tienen por objeto determinar cuál va a ser el órgano jurisdiccional que debe conocer de tal o cual controversia, se insiste, con preferencia o exclusión de los demás. Por ello, es de estimarse que si la jurisdicción es el "poder-deber" de administrar justicia, la "competencia" es aquélla cuestión que fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal atribución fundamental. Para mayor comprensión, resulta ilustrativo dividir el análisis del concepto "competencia" desde dos puntos de vista: el subjetivo y el objetivo. Tocante al primero de ellos (subjetivo), la competencia es el deber y el derecho que tiene el Juez de administrar justicia en un proceso específico. Por lo que respecta al segundo (objetivo), la competencia es la enunciación de las reglas dadas para atribuir a los distintos Jueces el conocimiento de determinados casos. Con base en esta clasificación se puede precisar que la "competencia" se erige como un "presupuesto procesal", esto es, como una condición que debe existir a fin de que pueda emitirse un pronunciamiento de fondo en torno a una pretensión. En otras palabras, es un requisito necesario exigido en ley que debe darse a fin de que pueda ser válido un proceso. Reglas de competencia. En el caso, como un criterio para la fijación de la competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, se tiene que el artículo 107, fracción VII, constitucional, dispone:... Del anterior precepto constitucional se obtiene que, para conocer del juicio de amparo, como regla general, es competente el Juez de Distrito cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado: 1) se ejecute o 2) trate de ejecutarse; destacando que, para efectos de su tramitación, entre otros aspectos, se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable. Por su parte, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de reglas de competencia, a saber: por i) materia, ii) grado, iii) auxiliar, iv) concurrente y v) por territorio; en el caso, interesa destacar las referentes a las de "territorio". Al respecto, el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente:... De las hipótesis normativas que el último precepto prevé, se colige que la competencia por razón del territorio de un Juez de distrito se determina de acuerdo con tres reglas a saber: a) Será competente el Juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, y c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bajo esa tesitura, debe mencionarse que: a) El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquel en donde: [1] el acto aún no ha sido ejecutado y [2] en virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda, conlleven necesariamente a la conclusión, de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tienen que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. b) El lugar en donde trate de ejecutarse, es aquel donde la ejecución comenzó con la finalidad de consumarla, pero que no se ejecutó en su totalidad; ello en virtud, que del conjunto de los actos tendientes a consumar el acto, no fue posible producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. c) El lugar en donde se haya ejecutado, es aquel en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y, sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos: 1) Actos de tracto sucesivo.- que son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. 2) Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo.- que como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados, se consuman una sola vez y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse y; 3) En donde se ejecute.- es aquel en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. De lo anterior se advierte que para establecer la competencia de un juez de distrito, cuando el acto reclamado conlleva ejecución material, debe atenderse al lugar en que se materializa o se pretende hacerlo. Bajo ese panorama, y por resultar aplicable al caso concreto, es de precisarse que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 171/2012, sostuvo que cuando en una demanda de amparo se reclaman tanto el emplazamiento a juicio por su indebida práctica (no por su ausencia) y todas las actuaciones del juicio de origen, incluida la sentencia que pone fin a la contienda y su ejecución -como en la especie-, resulta competente para conocer del juicio del Juez de Distrito que previno, acorde con el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Lo anterior así quedó plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 110/2013 (10a.), de rubro y texto siguiente:... Por tanto, en atención al criterio jurisprudencial anteriormente reproducido, el cual es de observancia obligatoria para el suscrito juzgador, en términos de lo dispuesto en el artículo 217, de la Ley de Amparo, es que se estima que, en el caso, se carece de competencia legal para conocer del presente asunto. Ello es así, porque en el caso concreto está demostrado que [1] el juicio agrario de origen número 447/2021-43, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43, con sede en Tampico, Tamaulipas, fue promovido en contra del aquí quejoso; [2] respecto de quien se ejercitó la acción de reconocimiento jurisdiccional de servidumbre legal de paso, dentro de la parcela número 10, del ejido El Caracol, municipio de Pánuco, Veracruz; y [3] que el acto reclamado en este asunto se trata de la medida precautoria decretada, de manera oficiosa, por el tribunal responsable, en la que se dispone que las cosas se mantengan en el estado que guardaban hasta antes de la obstrucción del camino localizado en el poblado El Caracol, municipio de Pánuco, Veracruz, respecto del cual se solicita que se declare la indicada servidumbre legal de paso. De lo anterior se evidencia que, los actos reclamados por el quejoso tienen ejecución material, puesto que la resolución reclamada implica que el camino respecto del cual se solicita el reconocimiento de servidumbre legal de paso se mantenga como estaba hasta antes de su obstrucción, lo que se traduce en que se pueda transitar por el mismo; de igual forma, se torna patente que el lugar de ejecución de los actos reclamados se realiza en el distrito judicial de la entidad federativa en la que se ubica dicho camino [Veracruz]. Así es, el contexto integral de los antecedentes antes precisados, permite afirmar que los actos reclamados por la solicitante de amparo, constituyen actos de naturaleza positiva que en forma irrefragable requieren de ejecución material. En efecto, se insiste en que la medida cautelar reclamada tiene ejecución precisamente en el municipio de Pánuco, Veracruz, el cual se ubica fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito, por lo que conforme al párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de los actos impugnados es el del Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan, por ser quien tiene jurisdicción en el referido municipio de Pánuco, Veracruz, lugar en el que, como se dijo, tiene ejecución el acto reclamado. Por todo lo anterior, con apoyo en los citados preceptos legales y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado declara carecer de competencia legal para seguir conociendo del presente juicio y declina la competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan, en turno. Declinación de competencia. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este juzgado declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, por lo que ordena remitir este expediente, al Juez de Distrito en el estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan, en turno, porque es en su jurisdicción donde tiene ejecución el acto reclamado; por tanto, remítase el expediente en que se actúa al citado órgano jurisdiccional, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común. Solicitud de acuse. Se solicita amablemente al Juzgado de Distrito que le corresponda conocer del presenta asunto informe si la acepta o no la competencia que se declina a su favor. Consecuentemente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene[n] como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Andrés Vázquez Cruz; así como autorizados en términos del segundo párrafo del citado ordenamiento legal, a los diversos profesionistas que indica, en virtud de no contar con cédula debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes En otro aspecto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea, asimismo, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.
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