Eduardo Escarcega Bolaños
Expediente 440/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 440/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 20/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Eduardo Escarcega Bolaños
- Juez Oral de lo Penal de Hermosillo, Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de julio de dos mil veintitrés. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino del cuaderno relativo al incidente en el que se actúa: Valoración. Por otra parte, se advierte que en el presente cuaderno incidental se concedió la suspensión definitiva, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés; en consecuencia, se hace constar que este expediente es conservable, siendo susceptible de ser transferido a partir del término de tres años después de haberse dictado el presente acuerdo como asunto concluido. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de julio de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, que negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y consérvese una vez transcurridos tres años, en virtud que se negó en el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Acuérdese lo conducente en relación con la valoración y destino del cuaderno incidental que deriva del presente juicio de amparo. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESDA MIGDELINA CARLON QUIJADA Y JORGE LUIS RIOS ENRIQUEZ EN CARACTER DE VICTIMAS, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION CONSTITUCIONAL ENGROSADA EL VEINTISIETE DE JUNIO 2023, QUE DICE: lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos reclamados a la juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial del Estado de Sonora y el Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, ambos con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese y, personalmente a las partes, así como, por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, fecha que lo permitieron las labores de este juzgado, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. 13089.13 La suscrita Guadalupe López Gutiérrez, certifica y hace constar que esta es la parte final de la sentencia de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, pronunciada en el juicio de amparo 440/2023, promovido por ********************. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 440/2023, promovido por ********************, contra los actos que reclamó del juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial del Estado de Sonora; y otra autoridad. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido, por razón de turno, al día hábil siguiente a este juzgado de distrito -veintisiete del mes y año en cita-, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto que se precisarán con posterioridad (detención y/o presentación). Admisión. La demanda fue radicada, admitida y se solicitaron a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados. Parte tercera interesada. Se emplazó a la parte tercera interesada -víctimas en la causa penal ********************-, a quienes se le tuvieron las listas de acuerdo de este juzgado para oír y recibir notificaciones. Por su parte, derivado del informe justificado del juez responsable, el treinta de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo con el mismo carácter de parte tercera interesada al agente Investigador del Ministerio Público, del Fuero Común Sector VI, con residencia en Hermosillo, ya que intervino dentro de la causa penal en mención. Ampliación de demanda. El tres de abril de dos mil veintitrés, se concedió vista de ampliación a la parte quejosa, respecto a un nuevo acto en reclamo. Así las cosas, el veinticuatro de abril siguiente se tuvo por ampliada la demanda de amparo respecto a un nuevo acto controvertido (orden de aprehensión) y una nueva autoridad (Agencia de Investigación Criminal del Estado, con sede en esta ciudad). Una vez rendidos los respectivos informes justificados, y emplazada la parte tercera interesada, se celebró audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de una autoridad judicial que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo y de su ampliación con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como autoridades responsables y actos reclamados: Del juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial del Estado de Sonora: La orden de aprehensión de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, obsequiada en contra de ********************, por probables hechos constitutivos del delito de extorsión, dentro de la causa penal ********************. De la Agencia de Investigación Criminal del Estado, con sede en esta ciudad: La ejecución de la orden descrita con antelación. Certeza de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados al juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial del Estado de Sonora y a la Agencia de Investigación Criminal del Estado (AMIC), ambas autoridades con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestaron en sus respectivos informes justificados. Lo que se corrobora con las copias certificadas de la causa penal ********************, que adjuntó a su informe el juez responsable; documentales a las que dada su naturaleza pública, se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Estudio de fondo Toda vez que, las partes no hicieron valer causas de improcedencia y, este órgano jurisdiccional no advierte la actualización oficiosa de alguna que deba analizarse en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a estudiar el fondo del asunto. Los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, tanto en su escrito inicial de demanda como en el de su ampliación, en esencia, son atinentes a la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado; empero, son infundados, aún suplidos en su deficiencia, como lo previene el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En principio, cabe puntualizar que el análisis que se efectuará en la presente sentencia constitucional, será tomando en consideración el texto vigente del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala los requisitos para el libramiento de una orden de aprehensión, donde ya no se exige la comprobación de los elementos del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que la parte imputada lo cometió o participó en su comisión. Además, se analizará conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, que incorpora el sistema penal acusatorio previsto en la constitución. Así es, el artículo 16, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 16. (.)-No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Por su parte, los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión-- Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: -- III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. -- En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente.-- También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad." Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión-- En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." De los preceptos legales transcritos, se advierte que, para el dictado de un mandamiento de captura, deben reunirse los siguientes requisitos: Que lo solicite la o el Ministerio Público. Que se libre por autoridad judicial competente. Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. Que tal hecho esté sancionado por la ley, cuando menos con pena privativa de libertad. Que existan datos que acrediten que se ha cometido el referido hecho y la probabilidad de que la o el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que se acredite la necesidad de cautela. Tales requisitos se colman en su totalidad en el caso concreto. En efecto, de las constancias que dieron origen al acto reclamado, se advierte que por oficio de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, el agente Investigador del Ministerio Público del Fuero Común del Sector VI, solicitó al juez de control en turno, autorizara orden de aprehensión en contra de la aquí parte quejosa, pues consideró que los datos de prueba establecían un hecho con la apariencia del delito de extorsión y robo ejecutado por dos o más personas, respecto de un vehículo de propulsión mecánica, previsto y sancionado en los artículos 293 y el diverso 308, fracciones II y X, en relación con el 309, fracción I, del Código Penal del Estado de Sonora, así como la probabilidad de que ******************** lo cometió. Dicha solicitud fue autorizada por la juez responsable únicamente respecto al primer ilícito en mención -extrusión-, el veinticinco siguiente; en ese sentido, la orden de aprehensión reclamada cumple con la temporalidad de veinticuatro horas a que alude el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la solicitud se presentó el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés y el juez responsable la autorizó el veinticinco del mismo mes y año. Por su parte, la orden de captura autorizada por el juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial del Estado de Sonora, proviene de una autoridad competente para ello, pues pertenece al Poder Judicial del Estado de Sonora; lo anterior en términos de lo previsto en los artículos 55 Bis y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora. En relación con que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, también se cumple con ese requisito, en virtud de que la noticia criminal se hizo saber al agente del Ministerio Público Investigador, a través de la denuncia que realizaron las víctimas ********************. También se cumple con la exigencia de que el hecho con apariencia de delito se encuentre sancionado con pena privativa de libertad, pues la juez responsable consideró que los hechos encuadran en el delito de extorsión, previsto y sancionado en el artículo 293, del Código Penal del Estado de Sonora; en el cual, la hipótesis normativa establece una penalidad de cinco a quince años de prisión -de manera general-. Ahora, en cuanto a la existencia de datos que acrediten que se ha cometido un hecho delictivo y la probabilidad de que la parte imputada lo cometió o participó en su comisión, se advierte que dicho requisito se colmó por parte de la responsable, tal y como se establece a continuación. El juez responsable analizó lo relativo a la información aportada por la representación social, con la cual acreditó un hecho que la ley señala como delito, bajo las circunstancias siguientes -de manera general-: Las víctimas realizaron una denuncia y ampliación de la misma, respectivamente, ante el agente Investigador del Ministerio Público de la Dirección General de Atención Temprana y Justicia Alternativa, el veintisiete de enero y uno de febrero, ambos de dos mil veintidós. En la última fecha anunciada, Migdelina Carlton Quijada, acreditó la propiedad de un automotor mediante carta factura expedida por Nissanautos Sonora, sociedad anónima de capital variable, respecto de un vehículo tipo versa, modelo dos mil diecisiete. Consta el informe de incidente que remitió el coordinador Estatal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia del Estado de Sonora, de dos de febrero de dos mil veintidós; referente al incidente reportado el veintisiete de enero de dos mil veintidós, en el que, se observó movilización policiaca por la atención al reporte que realizó la víctima cuando despojaron a su esposo -también víctima-, de su automóvil, frente a su casa. De igual forma, el informe de orden de investigación elaborado por los agentes Ministeriales de Investigación Criminal del departamento de Extorsiones, que enviaron a la autoridad ministerial el tres de febrero de dos mil veintidós; en el que las víctimas narraron los hechos acontecidos el veintitrés de enero pasado, respecto al arrebato de su automóvil. Acta de entrevista de las víctimas de dos de febrero de dos mil veintidós. En dicha comparecencia, una de las víctimas refiere que, le realizaron llamadas a su teléfono celular para supuestamente llegar a un arreglo respecto a una deuda que tiene el hijo de la parte tercera interesada, que reside en Estados Unidos de América. Asimismo, aportaron números telefónicos, grabaciones de llamadas telefónicas, impresiones tamaño carta de su vehículo y fotografías obtenidas de la red social "facebook" del aquí quejoso. Medios de convicción que, cuentan con su respectiva cadena de custodia. Inspección ocular del hecho, que se llevó a cabo en la fecha mencionada, a cargo de los agentes Ministeriales de Investigación Criminal comisionados al departamento de Extorsiones. Reporte de búsqueda en el Registro Estatal de Identificación del Estado de Sonora (RESIDES) respecto al aquí quejoso, donde obtuvieron sus datos personales. Padrón vehicular del Estado de Sonora, en el que se desprenden los datos del automotor, características y domicilio del propietario del automóvil que despojó el denunciado. Informe de orden de investigación de los agentes Ministeriales de Investigación Criminal comisionados al Departamento de Extorsiones, de tres de febrero de dos mil veintidós, en el que, se hace la solicitud de un juego de similitud fotográfica del aquí quejoso obtenida de la base de datos de los agentes en comento. Informe del perito encargado del Departamento de Dactiloscopía e Identificación Criminal en "AMIC" de nueve de febrero de dos mil veintidós, en el que se encontró la fotografía de Escárcega Bolaños Eduardo, la cual se tomó como referencia para la elaboración de similitud fotográfica con personas que concuerdan con los rasgos físicos y características similares a la persona en mención. Actas de reconocimiento por fotografía de nueve de febrero de dos mil veintidós, llevada a cabo por el agente del Ministerio Público de la Segunda Unidad Especializada en el Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, con las víctimas, quienes reconocen plenamente al aquí quejoso como el autor de los hechos que denunciaron. Ampliación de denuncia de la víctima Migdelina Carlton Quijada, de diez de febrero de dos mil veintidós, en el que aclara el color de su vehículo, y anexa copia en blanco y negro de la fotografía del automotor. Dictámenes periciales en psicología de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, realizados por el perito adscrito a la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, a las víctimas ********************, en los que coinciden con un resultado que ambos se han encontrado en una alteración psicoemocional ya que la situación del evento vivido ha vulnerado considerablemente su estabilidad emocional y les recomienda atención psicológica. Misiva del Coordinador Estatal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia del Estado de Sonora, en el que, en lo que interesa, informó que se encontraron imágenes de detención del vehículo sedán, marca Nissan, línea versa advance At, modelo dos mil diecisiete, color blanco; saliendo de Hermosillo, por la Victoria a las 13:46:26 horas del veintiocho de enero de dos mil veintidós y saliendo de Santa Ana con dirección a Magdalena a las 19:20:25 horas del veintinueve siguiente. Asimismo, entrando a Nogales desde Imuris a las 20:15:18 horas del propio veintinueve, del mes y año en cita, de igual forma adjuntó esas imágenes en un disco tipo CD-R, debidamente sellado y firmado por el director de la dependencia de mérito, con el registro de la debida cadena de custodia a cargo del Ministerio Público del Fuero Común del Sector VI, el veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Registro de reporte de robo de vehículo en el portal de Registro Público Vehicular -REPUVE-, donde aparece con esa característica el automotor de mérito. Escrito que presentó la víctima Migdelina Carlton Quijada el veinte de junio de dos mil veintidós, al que anexó copia certificada de la carta factura de su vehículo dejando copia para constancia. Documento público consistente en la Carta Factura de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, expedida por Nissauto Sonora, sociedad anónima de capital variable. Ampliación de denuncia de las víctimas Migdelina Carlton Quijada y Jorge Luis Díaz Enríquez, de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el que relatan que de nueva cuenta fueron visitados a su domicilio, el día anterior, por tres personas de sexo masculino que les exigieron un automóvil y doscientos mil pesos; asimismo, les indicaron que de no cumplir les quemarían la casa y el negocio. Estos hechos ocurrieron mientras uno de los activos apuntaba con un arma de fuego a la víctima nombrada en primer término y a su hija pequeña. Los denunciantes subrayaron que respondieron que "Lalo" o sea, el aquí quejoso ya se había llevado un vehículo, respondiendo los agresores que no era suficiente y que además, matarían a su hijo Blanier Adán Curlando Carlton. Informe de orden de investigación de los agentes Ministeriales de Atención Criminal comisionados al Departamento de Extorsiones de veinticinco de noviembre de la anualidad en mención, en el que realizaron un acta de entrevista a las víctimas y recibieron videograbaciones contenidas en una memoria "USB", la cual se embaló, etiquetó y fue remitida mediante cadena de custodia al agente del Ministerio Público de Bodega de Indicios. Acta de entrevista de las personas denunciantes por el agente del Ministerio de Investigación Criminal, comisionado al Departamento de Extorsiones, a quien le relataron los hechos acontecidos el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Acta de investigación ocular de videograbaciones que realizaron los agentes ministeriales de Investigación Criminal, comisionados al Departamento de Extorsiones, de los videos aportados por los denunciantes. Medida de Protección. El veinticinco siguiente, con fundamento en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la juez de la causa decretó una medida de protección en contra del aquí quejoso y en favor de la parte tercera interesada. Citatorio. Seguida la secuela procesal se citó al quejoso para que, compareciera ante la autoridad ministerial en calidad de imputado el día veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintidós, a las trece horas con treinta minutos (13:30). Informe de orden de investigación. Los agentes Ministeriales de Investigación Criminal comisionados al departamento de Extorsiones, el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, emitieron un reporte, en el que hacen constar que se constituyeron al domicilio del quejoso y se entrevistaron con la madre de éste de nombre María de Lourdes y, les informó que, no vivía en México, sino que, residía en Estados Unidos de América y no tenía fecha de regreso a este país. Informe de perito. Informe del perito encargado del Departamento de Dactiloscopia e identificación criminal en "AMIC", de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual señaló que, sí se encontró registro de cédulas de identificación a nombre del accionante de amparo con fecha de nacimiento veintidós (22) de julio de mil novecientos noventa y uno (1991), específicamente tres cédulas recabadas por motivo de solicitud de antecedentes penales. Constancia de incomparecencia. En la que se desprende que, la parte aquí quejosa no compareció a la cita de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Informe de la Dirección General de la Unidad de Análisis de Información. El uno de diciembre de dos mil veintidós, dicha dependencia emitió misiva de la que se desprenden los datos de identificación de ********************, domicilio, datos de sus progenitores y una búsqueda abierta en "google" que arrojó como resultados el registro de un expediente ejecutivo mercantil, de acción cambiaria directa 2187/2018. Citatorio. El ocho de diciembre de dos mil veintidós la Unidad de Ministerial de Investigación Criminal del departamento de Extorsiones, informa que, el agente ministerial a cargo hizo constar que dejó citatorio el seis del mes y año en cita, en el domicilio del quejoso, a efecto de que, compareciera el día ocho de diciembre de dos mil veintidós. Razón de notificación de medidas de protección a favor de los terceros interesados. El agente de Investigación Criminal comisionado en el Departamento de Querellas y citaciones, manifiesta que, el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, el agente ministerial a cargo, se constituyó en el domicilio del accionante de amparo y notificó la medida de protección al imputado vía "Whatsapp" con el teléfono 6622876183, asimismo, entregó un juego impreso de la medida de protección a la progenitora del quejoso María de Lourdes Bolaños Núñez, quien firmó de recibido. Dictámenes realizados a la parte tercera interesada. Dictámenes psicológicos realizados por el experto en la materia, adscrito a la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito y Asesoría jurídica de la Fiscalía General de Justicia, de ocho y catorce de diciembre de dos mil veintidós. Constancia de incomparecencia. El ocho de diciembre de dos mil veintidós, se hace constar la incomparecencia de la parte aquí quejosa. Informe de del análisis del perito en informática forense. Respecto a la memoria "usb", en la que se analizaron audios de seis grabaciones de llamadas telefónicas del número celular 6621199003 desde los números 662286183, 16025512838 y 6622812191. Informe de informática forense. Dictámenes periciales de secuencia fotográfica y acercamiento, respecto del vehículo del que fueron despojados la parte tercera interesada y de los hechos acontecidos el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós; narrados por ********************. Datos de prueba con los que -consideró la juez- se puede advertir entre otras cosas un señalamiento claro y directo de las acciones que hizo ******************** en contra de ********************, personas a las que despojó de su vehículo y extorsionó, de ahí que está acreditada la probabilidad de que el citado quejoso cometió dicho ilícito. Al respecto, se estima que conforme al material probatorio, es posible llegar a la conclusión adoptada por la juez responsable, en tanto que, se acredita que probablemente ******************** extorsionó a ********************, parte tercera interesada-. Sobre el particular, cabe destacar que para dictar de una orden de aprehensión, la representación social debe dar a conocer el hecho, ello concatenado con los datos de prueba los cuales atendiendo a la lógica y a la sana crítica, arrojen una evidencia razonable de que aconteció esa acción humana, con la cual probablemente se causó, en el caso que nos ocupa, la extorsión a las referidas víctimas, ello como actualización de una norma penal. No sobra decir, que para su emisión no se requiere realizar un análisis exhaustivo de los elementos corpóreos del delito, sin que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. En ese sentido, de los datos de prueba expuestos por la representación social, se establece razonablemente la existencia de un hecho con apariencia de delito de extorsión, tal y como sostuvo el juez responsable, pues de ellos se advierte que el veintitrés de enero de dos mil veintidós, ******************** entre otras cuestiones extorsionó a ********************, e incluso posteriormente otras personas que conocían al activo aceptaron que él se había llevado el vehículo, pero que necesitaban más dinero. Por todo lo anterior, es correcta la determinación de la juez responsable, pues de los datos de prueba existentes y dado el bajo estándar probatorio que se requiere para la emisión de una orden de aprehensión, se advierte la probabilidad de que ******************** extorsionó a ********************. Finalmente, por cuanto hace a la necesidad de cautela, la juez responsable contempló varias circunstancias: Que existe riesgo para las víctimas, tanto en su integridad física, como emocional, circunstancia contemplada en el artículo 170, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Existe temor fundado de que la comparecencia de ******************** pueda verse dificultada o demorada. El ilícito por el cual se solicitó orden de aprehensión, es de aquellos que en términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 187, del Código de Procedimientos Penales para el Estado del Sonora y 293 del Código Penal para la misma entidad federativa prevé la imposición de prisión preventiva oficiosa, sin causa excluyente de delito ni extintiva de la acción penal. Lo anterior es así, porque la legislación procesal aplicable es la que corresponda al fuero de la autoridad judicial rectora del proceso, por ser la que rige su actuar. Por lo que, se debe instruir de conformidad con la legislación adjetiva del fuero en que el caso concreto se encuentre radicado. El imputado ha sido citado en dos ocasiones, en las cuales no se presentó, lo que proyecta que no es su voluntad someterse a la autoridad. De ahí que resulte indispensable que ******************** sea aprehendido para que haya condición material de que escuche la imputación correspondiente, por eso se acredita la necesidad de cautela. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 20/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021956, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 77, agosto de 2020, tomo III, página 2553, que indica: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo indirecto sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión, sin mediación de citatorio, debe tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el fiscal solicita su libramiento es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo." De ahí que se considere correcta la determinación del juez responsable, puesto que de las pruebas antes citadas se desprende que probablemente el promovente participó en el hecho con apariencia de delito de extorsión, en perjuicio de ********************. En virtud de lo anterior, queda demostrado hasta el momento procesal en que se encuentra la causa penal ******************** correspondiente, que obran datos de prueba suficientes que permiten establecer que se acredita la necesidad de cautela y por ende la forma de conducción de la parte imputada a proceso es a través de una orden de aprehensión. Así es, es patente que la orden se ajusta al parámetro establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 1090/2017, que constituye el precedente más acabado sobre el tema y cuyas consideraciones fueron sintetizadas en la tesis 1a. XXIX/2019 (10a.), publicada el cinco de abril de dos mil diecinueve, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CONTENER LA CONSTANCIA EMITIDA POR EL JUEZ DE CONTROL PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN. La orden de aprehensión para su emisión, conforme al nuevo sistema de justicia penal, requiere de datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, ya que el objetivo es poner al detenido a disposición del juez de control para que el Ministerio Público formule imputación y exprese los datos de prueba correspondientes, a fin de que se dicte el auto de vinculación a proceso y se formalice la investigación. Así, para que se pueda llevar a cabo la ejecución de la orden de detención, es necesario que el juez de control proporcione a los elementos aprehensores una constancia que contenga los puntos resolutivos de la determinación que emitió de manera oral, así como copia del audio y video de la audiencia relativa, que les permita identificar plenamente al gobernado y que éste pueda imponerse adecuadamente de la decisión que afecta su derecho a la libertad personal, por tanto, los requisitos mínimos que debe contener la aludida constancia son los siguientes: a) el nombre y apellidos de la persona que se pretende detener; b) la causa penal instruida por su probable participación en la comisión de un hecho que la ley señala como delito, previsto y sancionado en el ordenamiento sustantivo aplicable; c) el juez de control que la pronunció y d) la fecha en que se expidió. Con tales elementos se otorgará certeza y seguridad jurídica al particular, y se asegurará la prerrogativa de defensa contra una detención que no cumpla con la exigencia constitucional". Decisión En las relatadas condiciones, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos reclamados a la juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial del Estado de Sonora y el Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, ambos con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese y, personalmente a las partes, así como, por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, fecha que lo permitieron las labores de este juzgado, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. 13089.13 La suscrita Guadalupe López Gutiérrez, certifica y hace constar que esta es la parte final de la sentencia de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, pronunciada en el juicio de amparo 440/2023, promovido por ********************. Doy fe.
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