Eduardo Epicazo Bautista

Expediente 736/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
736/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
06/09/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Epicazo Bautista

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, seis de septiembre de dos mil veintidós. Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interesadas interpusieran recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que a la fecha hayan presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicha determinación ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Ahora bien, toda vez que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, cinco de agosto de dos mil veintidós. Visto; agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes el escrito presentado por la autoridad responsable Juez del Tribunal Laboral de la Región Norte en Fresnillo, Zacatecas, por el que en acato al auto de dieciocho de julio de dos mil veintidós, remite la constancia solicitada en copia certificada; téngase por cumplido el citado requerimiento, para los efectos legales conducentes. Consecuentemente, atendiendo a las constancias de cuenta, se advierte que en el caso sobreviene de manera notoria, manifiesta e indudable de una causal de improcedencia, siendo ésta una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, atento a lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 940, publicada en la página mil quinientos treinta, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Bajo esa tesitura, esta juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto antes transcrito establece que el juicio de derechos fundamentales es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso. Empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio. Ahora bien, el quejoso Eduardo Epicazo Bautista, por conducto de su apoderado legal David Eduardo Castruita Flores, reclama medularmente la omisión de realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo el emplazamiento del demandado dentro del juicio ordinario laboral 60/2022. Luego, en el oficio de cuenta (0778/TLRN/TSJE/2022 de dos de agosto de dos mil veintidós) la autoridad responsable, Juez del Tribunal Laboral de la Región Norte en Fresnillo, Zacatecas, informó que el veinte de junio de dos mil veintidós, regresó debidamente diligenciado el exhorto enviado para el emplazamiento del demandado, continuándose consecuentemente con la secuela procedimental del expediente 0060/2022; al efecto, adjuntó a dicho oficio, copia cotejada de diversas constancias derivadas del citado juicio, de las que medularmente, se advierte que el emplazamiento del demandado Sergio Enrique Santos Sánchez, se realizó mediante diligencia de dieciocho de mayo de la presente anualidad; incuso, el citado demandado ya se apersonó en dicho juicio, mediante escrito presentado ante la citada responsable el veintinueve de junio de dos mil veintidós; documentos los anteriores, a los que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por disposición de su ordinal 2°. Atento a lo anterior, queda de manifiesto que con el emplazamiento del demandado Sergio Enrique Santos Sánchez, dentro del juicio laboral 0060/2022, cesaron los efectos del acto reclamado, que la parte quejosa le atribuyó. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Texto: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Entonces, en tanto que han cesado los efectos del citado acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En vista de lo anterior y toda vez que se encuentran programadas las once horas del siete de septiembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, se procede a dejarla sin efectos, dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio constitucional; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencial: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Visto; el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la autoridad responsable Tribunal Laboral de la Región Norte del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, al rendir su informe justificado, manifestó que el uno de junio en curso, dictó auto oficioso en aras de regularizar el procedimiento en el expediente laboral ordinario 060/2022 de su índice, por el que ordenó nuevo exhorto al distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas, a efecto de que sea realizado el emplazamiento del demandado en dicho juicio, Sergio Enrique Santos Sánchez; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la mencionada autoridad, para que en el término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, de no tener inconveniente legal alguno, informe a qué juzgado correspondió conocer y diligenciar del exhorto ordenado en el citado auto de uno de junio de esta anualidad y, en su caso, remita las constancias relativas al emplazamiento del mencionado demandado en el expediente de origen; o bien, informe el impedimento legal que tenga para cumplir con lo requerido; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa por cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el párrafo sexto del apartado B del artículo 26 Constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las once horas del siete de septiembre de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia constitucional en este juicio.

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto; el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con motivo de la vista otorgada a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; para dar oportunidad a ello, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las once horas con diez minutos del dieciocho de julio de dos mil veintidós, para su verificativo. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 54/2000, misma que resuelve la contradicción de tesis 29/98, entre las sustentadas por la actual Segunda Sala y la anterior Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3 y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19

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