Eduardo Enrique Moncada Caceres
Expediente 1494/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1494/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Eduardo Enrique Moncada Caceres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
AUDIENCIA Y SENTENCIA.- En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76, 77, 124, 217, y demás relativos de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ***, apoderado legal de ***, por las razones vertidas en los considerandos tercero y sexto de este fallo constitucional. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, apoderado legal de ***, contra los actos reclamados a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos, de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por los motivos indicados en los considerandos séptimo y octavo de la presente sentencia. TERCERO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los últimos considerandos de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, quien actúa asistida del Secretario que autoriza, Guido Pérez Ramírez, quien certifica que la presente sentencia se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******; contra el acto reclamado al Presidente y Actuario de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, ambos con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando sexto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los dos últimos considerandos de esta sentencia. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables. (.).
- Incidental
Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido en los siguientes términos: 1. EXPEDIENTE DESTRUIBLE. De conformidad con los artículos 14, fracción III, y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, al haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados; este expediente es DESTRUIBLE en un plazo de tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto totalmente concluido, pues se trata de un juicio de amparo en el que como se dijo, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General, tampoco fue motivo de información reservada de alguna solicitud de acceso a la información. 2. Consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y previo cercioramiento de que todas las constancias que integran el juicio de amparo estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el párrafo anterior, deberán seguirse los lineamientos establecidos en los numerales 21, 22 y 23, del acuerdo multicitado. 3. INCIDENTE CONSERVABLE. El cuaderno del incidente de suspensión (en el que por una parte se negó y por la otra se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados), se considera como CONSERVABLE, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b) del citado Acuerdo General, por lo que una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, previo cercioramiento de que todas las constancias que integran el cuaderno incidental respectivo estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, será transferido al Archivo de Concentración de los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo establece el artículo 9 y conforme a los lineamientos establecidos en los numerales 26, 27 y 28, todos del acuerdo multicitado. 4. Hágase constar en la carátula del expediente principal la leyenda "DESTRUIBLE" y en la carátula del incidente de suspensión, la leyenda "CONSERVABLE", de conformidad con lo dispuesto por el aludido numeral 34 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que Antonio ***, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos que enseguida se precisan: 1. Juez de Control del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, y, 2. Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 13, con sede en Tonala, Chiapas. De quienes reclamó: a) El auto constitucional de vinculación a proceso, con la imposición de medida cautelar de prisión preventiva, decretado el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, en la audiencia inicial dentro de la causa penal 92/2023, derivado de la carpeta de investigación ***, por su probable autoría en la comisión de los hechos constitutivos de secuestro agravado, previsto en los artículos 9, fracción I, inciso A), 10, fracción I, inciso b), y 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de secuestro, relacionados con los numerales 7, fracción II, 8, 9 y 13 del Código Penal Federal, cometido en agravio de la víctima de identidad resguardada bajo las iniciales*** y, denunciados por la ofendida identificada con las iniciales *** b) La ejecución de dicho acto. Ahora bien, a manera de preámbulo, es preciso señalar la circunstancia que la legislación reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, establezca diversas hipótesis que motivan la improcedencia del juicio, no implica, per se, una violación del derecho humano al recurso efectivo. Ciertamente, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos fijados en las leyes, es claro, en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado y, así decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia comprendidas en la legislación de amparo, tienen una existencia justificada, en la medida que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios reguladores, surge la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Así, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal modo, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver en forma efectiva y fundada el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar siempre y en cualquier caso, los órganos y tribunales internos deben pronunciarse sobre el fondo, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo, constituyen por regla general parámetros objetivos que cumplen a cabalidad con el estándar internacional y, por ende, no configuran una denegación de justicia. Antes bien, de permitir al gobernado acudir al juicio de amparo bajo ninguna condición racional, podría propiciar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios biinstanciales. Deviene aplicable la tesis CCLXXVI/2012 , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. (...) En ese tenor, del informe justificado rendido por el Juez de Control responsable, se advierte que, pese a ser cierto el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)." Del precepto y fracción transcritos, se advierte que el juicio constitucional es improcedente cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que basta que esté acreditado que se interpuso y esté en trámite un recurso ordinario en contra del tal acto para que opere la causa en comento. Es pertinente señalar que el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, alude a la circunstancia de que la promoción del recurso o medio de defensa ordinario contra el acto reclamado, cuando esté pendiente de resolución, excluye la procedencia del juicio de amparo; o, dicho de otro modo, la causa de improcedencia del juicio constitucional se actualiza por la existencia y promoción simultánea del recurso o medio de defensa ordinario y el juicio de amparo. De lo anterior, se infiere que la intención de la disposición legal en cita, es evitar que la acción constitucional de amparo y el recurso o medio de defensa ordinario coexistan en cuanto a su iniciación y substanciación procesal, habida cuenta que los citados medios de defensa, podrían culminar con resoluciones contradictorias. En tales circunstancias, para que se actualice la causa de improcedencia invocada, es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos: a) Que la parte quejosa haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite el amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de derechos fundamentales; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como reclamado en el juicio de amparo. Tiene aplicación al caso particular, la jurisprudencia P/J.144/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el tomo XII, Diciembre de 2000, Materia(s): Civil, página 15, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 190665, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. (...) Ahora, al rendir su informe justificado el Juez de Control responsable (fojas 94-96), al que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, comunicó que es cierto el acto que se le atribuye y además, indicó, en lo que interesa, lo siguiente: 1. El quejoso ****, interpuso recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso dictado por dicha autoridad el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, así como la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva; ello, en la causa penal 92/2023, derivada de la carpeta de investigación ***, por su probable autoría en la comisión de los hechos constitutivos de secuestro agravado, previsto en los artículos 9, fracción I, inciso A), 10, fracción I, inciso b), y 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, relacionados con los numerales 7, fracción II, 8, 9 y 13 del Código Penal Federal, cometido en agravio de la víctima de identidad resguardada bajo las iniciales ***; y, denunciados por la ofendida identificada con las iniciales***; circunstancia que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo, con lo que se actualiza el primero de los requisitos de la causa de improcedencia aludida, identificado con el inciso a). 2. Dicho medio de impugnación correspondió conocer al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, radicándolo bajo el toca penal número 236-B-2P01/2023-JA, y en acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés, lo admitió a trámite, sin que a la fecha exista constancia de que el mismo fue resuelto; con lo que se cumple el requisito señalado en el inciso b), dado que la autoridad que conoce de dicho medio de impugnación constituye un tribunal de segunda instancia ordinario, conforme a la legislación adjetiva aplicable. Tiene aplicación, por identidad de razón, la tesis jurisprudencial 1a./J. 19/94, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Noviembre de 1994, Materia(s): Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Registro 206097, del tenor literal siguiente: "APELACIÓN EN MATERIA PENAL, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. (...) 3. Finalmente, se satisface el requisito citado en el inciso c), relativo a que el medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación en contra del acto de autoridad señalado como reclamado en el juicio de amparo, porque a través del recurso de apelación, el tribunal de segunda instancia puede confirmar, modificar o revocar la resolución recurrida, de conformidad con lo que establece el artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En las relatadas circunstancias, como el quejoso ****, interpuso un medio de impugnación en contra de la resolución que constituye el acto aquí reclamado, el cual se encuentra en trámite ante un tribunal ordinario, es evidente que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, pues se hace patente que a través de dicho recurso, se puede revocar o modificar el acto combatido en el presente asunto; por tanto, lo conducente es sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales fuera de la audiencia constitucional. Sobre este último aspecto, es pertinente indicar que ningún fin práctico tendría esperar a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, en virtud de que la causal de improcedencia que se estimó actualizada no podría desvirtuarse de manera alguna. Cobra aplicación, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 184572, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.-(...). Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas con cincuenta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Captura de resolución en el sistema integral de seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; por tanto, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, en términos de lo que establecen los artículos 30, 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de sentencias y resoluciones de órganos jurisdiccionales en sistemas electrónicos de gestión" emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a los actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente al quejoso en su lugar de reclusión, a su defensor, por oficio a las autoridades responsables y al fiscal tercero interesado.
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