Eduardo Enrique Dey Juarez

Expediente 740/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 1 actuación registrada, la última del 27 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
740/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
27/06/2018

Partes del expediente

  • Eduardo Enrique Dey Juarez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I. Por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con residencia en esta ciudad, recibido junto con un anexo consistente en el juicio 374/2018 de su índice, promovido por Eduardo Enrique Dey Juárez, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Asimismo, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que la autoridad de mérito acompañó a su informe justificado, consistente en la copia certificada del juicio extraordinario hipotecario civil 837/2014; con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar con los referidos documentos, el cual estará a disposición de las partes para su consulta, en la Secretaría de este Juzgado. Ahora bien, de la revisión del oficio de cuenta se advierte que el tribunal de alzada, por auto de veinticinco de junio del año en curso, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo turnada, por considerar que el acto reclamado lo constituye un auto dictado después de concluido el juicio, en la etapa de ejecución de sentencia; por lo que estimó, conforme a los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, que debería ser un Juez de Distrito con jurisdicción en esta ciudad quien conozca del asunto. Conforme a lo anterior, con fundamento en el mencionado artículo 35 de la ley de la materia, se acepta la competencia declinada y el suscrito se aboca a conocer de la demanda planteada. Hágase lo anterior del conocimiento del juzgado remitente para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, debe decirse que de la revisión de la demanda de amparo intentada por Eduardo Enrique Dey Juárez, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En relación con ello, debe tenerse en consideración que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que adjuntó, en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se haya admitido la demanda y substanciado el procedimiento, no sería factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda de amparo, de los capítulos del acto reclamado y antecedentes del mismo, se advierte que el promovente del amparo reclama de la autoridad señalada como responsable, la resolución de dieciséis de marzo del año dos mil dieciocho y publicada en el Diario Oficial del Estado, con sede en esta ciudad, el día veintiuno de marzo del presente año, en donde se ordenó rematar el predio marcado con el número cuatrocientos cincuenta y cuatro de la calle veintisiete letra A, de la colonia Amapola, de esta ciudad, en pública subasta y primera almoneda, en el juicio extraordinario hipotecario civil 837/2014, del índice del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, promovido por Juan José Matos González, como apoderado de la institución bancaria HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIEROI HSBC, en contra del aquí quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro a la letra dice "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Señalado lo antepuesto, este órgano jurisdiccional estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera de término que para tal efecto establece el artículo 17 y 18 de la invocada ley. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Por su parte, el numeral 17 y 18 del mismo ordenamiento legal, establecen: "...Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo." "...Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Se afirma lo anterior, toda vez que de las constancias que integran el juicio extraordinario hipotecario 827/2014, que en copia certificada acompaño a su informe justificado rendido por la Juez Primero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se aprecia que el acuerdo de seis de marzo del año en curso; -acto reclamado-, fue notificado a las partes por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado, el veinticuatro de marzo último, documental que obra en autos y las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. No obsta a lo anterior, que de los capítulos de actos reclamados y conceptos de violación el quejoso manifestó haber tenido conocimiento de los mismos el día treinta y uno de mayo del año en curso, toda vez que de las constancias que obran en copia certificada del juicio de origen se advierte la notificación por medio del diario oficial del gobierno del Estado de veinticuatro de marzo de dos mil quince, por lo que desde esta fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, al tener el carácter de parte demandada en el juicio de origen. Con base en lo narrado en el párrafo que precedente, se llega al convencimiento de que la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo de dieciséis de marzo del año en curso, derivado del juicio extraordinario hipotecario 827/2014, resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la invocada ley. Se afirma lo anterior, toda vez que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la transcripción del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. Partiendo de las anteriores premisas, un acto se entiende consentido tácitamente, cuando siendo a ser susceptible de ser recurrido por la vía de amparo no se impugna dentro del término señalado por la ley; esto es, de la copia certificada que adjuntó la juez responsable a su informe con justificación se advierte que fue notificado por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado, el veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho; el plazo para presentar su demanda de amparo comenzó a correr y contarse al día siguiente, por lo que es inconcuso que a la fecha en que, mediante a la presentación de la demanda, según aparece de la certificación puesta por el secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, que fue cinco de junio de dos mil dieciocho, ésta resulta evidentemente extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la propia Ley. Así las cosas, al actualizarse la causal prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Por otra parte, no pasa por inadvertido para este Juzgador, que en el caso, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en en el artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que dicho acto no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate. Los citados dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El juicio de amparo se pedirá ante el juez de Distrito: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De lo antes transcrito se desprende la procedencia del amparo indirecto, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia o laudo, única y exclusivamente contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo; tratándose de remates, sólo contra la resolución definitiva en la que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Cabe precisar que esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada por el legislador con el objeto de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el juicio constitucional se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituye verdad legal, por lo cual la sociedad estaba interesada en su ejecución sin que múltiples amparos la obstaculizaran; esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad estaba interesada en ejecutarla y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 31, del Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la Ley citada evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Legislación invocada al que se acude en forma analógica ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." También es de indicarse que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de laudos, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia o laudo, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado o laudo adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se aplica por similitud de razón, visible en la página 6 del Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En el caso a estudio, como anteriormente se dijo, la parte quejosa se duele de una resolución relativa al auto aprobatorio de remate emitido en el procedimiento natural, del que es parte demandada. Por tanto, es claro que el acto reclamado, al ser emitido en la etapa de ejecución de sentencia dictada en el juicio natural, no afecta de manera directa los derechos sustantivos de la parte quejosa ajenos a la cosa juzgada. De igual forma, si el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate a que se refiere la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, para instar el juicio de amparo, se debe esperar a que se emita la determinación en la que se ordene la entrega del bien rematado o su escrituración, pudiendo reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas que lo hubieren dejado sin defensa. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la nueva Ley de Amparo, el amparo indirecto solo procede, tratándose de actos de tribunales judiciales, derivados del procedimiento de remate, como es el caso, contra la última resolución, que es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, mismas determinaciones que pueden ser emitidas en acuerdos diversos, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y que trasciendan al resultado de la resolución; es decir, no cualquier violación. Esto quiere decir que el juicio de amparo indirecto procede hasta que esto suceda, es decir, cuando ya se hayan emitido ambos actos -la de escriturar y la de entrega de los bienes rematados-; sin que, se reitera, constituya obstáculo que se dicten en acuerdos separados, pues de cualquier manera, será hasta que esto último suceda cuando la parte afectada podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1738, del Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla." De igual forma, la jurisprudencia 1ª./J.33/2016 (10ª) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 1066,del libro 29 de Abril de 2016, Tomo II, Décima época de la Gaceta del Semanario judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Así como la diversa jurisprudencia visible en la página 1454, del Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "REMATE. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ORDENA LA ESCRITURACIÓN Y LA ENTREGA DEL BIEN, AUN CUANDO SE ACUERDEN EN FORMA SEPARADA. De lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se desprende que el legislador, en forma específica, determinó que la última resolución emitida en el procedimiento de remate "es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados"; de ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido ambas órdenes, sin que constituya un obstáculo el hecho de que se determinen en acuerdos separados, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución." También resulta aplicable al caso, por analogía y en lo conducente, la tesis 2a. VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 230, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, relativa a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." De igual manera es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 88/2003-PS, consultable en la página 75, del tomo XX, julio de 2004, materia común, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante este, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." Por consecuencia, resulta evidente que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia antes ponderada, cuenta habida que el acto impugnado, se reitera, se hizo consistir en que el juez responsable fijó fecha y hora para el remate predio marcado con el número cuatrocientos cincuenta y cuatro de la calle veintisiete letra A, de la colonia Amapola de esta ciudad, siendo que, como quedó visto, dicha determinación no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, entendiéndose por ésta la que ordena la escrituración y la de entrega del bien rematado; en tanto que será hasta que ello acontezca, que la parte aquí quejosa, en su caso, podrá acudir al juicio de amparo, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en esa etapa de ejecución. Así las cosas, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo, promovida por Eduardo Enrique Dey Juárez. Por otro lado, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente, el que señala en su demanda de amparo, y como autorizados para tal efecto a Salvador de la Cruz Lavadores Rivero y Francisco Guillermo Salazar Jauriga, con las limitaciones a que se refiere el artículo12 de la Ley de la Materia, toda vez que no se encuentran inscritos en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales de la Federación. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.

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