Eduardo Emanuel Gutierrez Solorzano
Expediente 943/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 943/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/09/2021
Partes del expediente
- Primera Junta Especial de la Local de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Jalisco
- Eduardo Emanuel Gutierrez Solorzano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Firme resolución. En otro contexto, vista la certificación de cuenta se hizo constar que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, por la que se determinó sobreseer en este juicio de amparo, y así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. Orden de destrucción. Por lo que ve a este sumario constitucional, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 943/2021, promovido por Eduardo Emanuel Gutiérrez Solorzano, por propio derecho, contra actos de la Presidente Especial adscrito a la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y de otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de junio de dos mil veintiuno y turnada a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Eduardo Emanuel Gutiérrez Solorzano, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El nueve de junio de dos mil veintiuno se admitió la demanda; se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe de ley y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinacio´n del nu´mero y li´mites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la Repu´blica Mexicana; y al nu´mero, a la jurisdiccio´n territorial y especializacio´n por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; asi´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominacio´n y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia de trabajo y reclamarse actos de una autoridad residente en la jurisdiccio´n de este o´rgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que lo es: La omisión de dictar sentencia relativa al incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte demandada en el procedimiento laboral 453/2019/1-B (que reclama del Presidente Auxiliar, del Presidente Especial adscrito a la mesa "B" y del Presidente Auxiliar adscrito a la mesa "B", todos de la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco). TERCERO. Existencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado y, con la finalidad de explicar el por qué, se tiene que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, establece: "Artículo 17. [.].Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [.]". El análisis del precepto constitucional transcrito permite arribar al conocimiento de que es una obligación fundamental del Estado que los tribunales estén expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. De esos atributos, resulta útil para resolver el asunto el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Por su parte, los artículos 1°, 2°, 8° (1) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, establecen lo siguiente: "Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.". "Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades." "Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.". "Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.". Así, el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuyo origen se encuentra en el derecho de fuente internacional y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, que subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: I. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; II. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; III. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; IV. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, V. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Además, en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la jurisprudencia en materia constitucional P./J. 113/2001, emitida por el aludido Tribunal Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIV, de septiembre de dos mil uno, visible en la página cinco, registro 188804, de rubro y texto: En esa tesitura, el artículo 17 constitucional decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de tramitar y resolver tales controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes. La naturaleza expeditiva de este derecho se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidas al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes, a saber: La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. De esta manera, la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias ya apuntadas, que se materializan de la misma manera. Expuesto lo anterior y teniendo un conocimiento exacto del derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia, toca ahora analizar la situación del caso concreto. Para ello, es menester acudir a la legislación secundaria, a efecto de dilucidar si la misma fija un plazo dentro del cual se deba celebrar la audiencia, de cuya fijación tardía se duele el peticionario. Así, se recuerda que el acto consistente en la omisión de la responsable de desahogar las pruebas documentales de informes ofrecidas en el juicio laboral de origen. Bajo esa línea argumentativa, tenemos que los artículos 761, 762, fracción I y 763 de la Ley Federal de Trabajo, disponen: "Artículo 761. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley.". "Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. Nulidad; y "Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Lo establecido en los párrafos anteriores no aplica en lo que se refiere al juicio individual ordinario previsto en el capítulo XVII del presente Título. Al promoverse un incidente, se señalarán los motivos de este y acompañarse las pruebas en que lo funde; de no cumplir con dichos requisitos, el tribunal lo desechará de plano. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes.". De los dos primeros numerales en consulta se advierte que los incidentes, salvo lo dispuesto en esa legislación, se tramitaran en el mismo expediente, como aquellos que sean de previo y especial pronunciamiento, como lo es el de acumulación. Mientras que del último de ellos, se desprende que los incidentes que sean diversos al de personalidad promovido en una audiencia o diligencia, como en el caso el de acumulación, dentro de las veinticuatro horas siguientes se señalará día y hora para su diligencia, en la cual se resolverá. Asimismo, que en la diligencia de mérito las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. En ese orden, de lo relatado por el quejoso, así como de lo advertido en las constancias allegadas a los autos, las cuales adquieren valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene que el nueve de marzo de dos mil veintiuno se celebró la audiencia de mérito y, el treinta de junio siguiente, ordenó el desahogo de diversas pruebas documentales de oficio ofertadas en la misma incidencia. Por tanto, como se aprecia, al haberse ofertado diversas pruebas documentales de oficio, la responsable ordenó girar oficios y requerir a las dependencias a las cuales corresponde aportar las mismas al juicio y, por tanto, es que se encuentra imposibilitada para actuar de conformidad, es decir, que resuelva la incidencia de mérito. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo, se resuelve: RESUELVE: UNICO. Se sobresee en el juicio promovido por ****, contra el acto reclamado de la Presidente Auxiliar, del Presidente Especial adscrito a la mesa "B" y del Presidente Auxiliar adscrito a la mesa "B", todos de la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, precisado en el considerando segundo, por las determinaciones tomadas en el considerando último de esta sentencia. Notifiquese.
- Principal
Del análisis del presente expediente, se advierte que está transcurriendo el plazo otorgado a la parte quejosa, a fin de que manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable a la Unidad Concentradora de Actuarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, en proveído de seis de julio del año en curso, en razón de que se le notificó personalmente el citado auto el seis del mes y año en curso. En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a seis de julio de dos mil veintiuno. Informe justificado. Téngase por recibido el comunicado de cuenta signado por el presidente, presidente auxiliar, secretario general, todos de la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. II. Se da vista a las partes. Con lo anterior, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido; en la inteligencia de que los autos quedan a su disposición en la secretaría de este órgano jurisdiccional y hágase la relación correspondiente en la audiencia constitucional. III. Pruebas Se tiene a la responsable ofreciendo como pruebas de su parte la documental que anexa a su informe. La instrumental de actuaciones y presunción legal y humana. IV. Correo electrónico y teléfonos. Asimismo se desprende de su oficio que señala correo electrónico y números de teléfonos únicamente para contacto con este órgano jurisdiccional. V. Estado de autos. Visto el informe de la autoridad, se desprende que informó que la autoridad Unidad Concentradora de Actuarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, es la encargada de llevar a cabo las diligencias de notificación, como lo muestra la siguiente imagen: VI. Vista a la parte quejosa. Atento a lo anterior, en consecuencia, con fundamento en los artículos 17 y 111 de la Ley de Amparo, se ordena notificar personalmente a la quejosa el presente proveído, a fin de que con oportunidad esté en posibilidad de ampliar su demanda de garantías, respecto si es su deseo señalar como autoridad responsable a Unidad Concentradora de Actuarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, si así lo estima necesario, a efecto de no dejársele en estado de indefensión. Apoya lo anterior, en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, toda vez que no se opone a dicha ley, la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 112/2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Página: 93, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." En el entendido de que si su respuesta es afirmativa, deberá cumplir con las formalidades establecidas en el artículo 108 de la Ley de Amparo, y anexar copias suficientes del escrito respectivo de ampliación para correr traslado a la totalidad de las partes. Lo anterior, en atención a las razones que informan, la jurisprudencia por reiteración de tesis número 2ª./J.30/96, sustentada por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, página doscientos cincuenta, cuyo rubro es del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA" VII. Apercibimiento. Apercibido la parte quejosa que de no manifestarse dentro del plazo otorgado, se le tendrá por desinteresado en ampliar su demanda Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por el secretario Héctor Hugo Ordaz Arredondo, que autoriza y da fe. RAAG/HHOA/Ricardo
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