Eduardo Elliot Reyes Arellano
Expediente 200/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/03/2017
Partes del expediente
- Eduardo Elliot Reyes Arellano
- Carlos Alberto Reyes Arellano
- Carlos Alberto Reyes Arellano y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
I.- Visto el comunicado de cuenta suscrito por la Juez Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, por medio del cual en cumplimiento al proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete (foja 138), acusa recibo del oficio por el que se le remitió copia autorizada de la sentencia emitida en autos del juicio de amparo del cual emana el cuaderno de antecedentes en que se actúa. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto legal 2°, agréguese a los autos sin mayor proveído, toda vez que ya cesaron los efectos para los cuales se requirió la información que proporciona, pues el trece de marzo actual, se remitió el juicio de amparo del cual emana el presente cuaderno de antecedentes al tribunal de alzada para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia emitida en éste; dado lo cual, téngase por cumplimentado el requerimiento de mérito.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiocho de febrero del presente año (fojas 56 y 57), a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Reyes Arellano y Eduardo Eliot Reyes Arellano, por propio derecho, sin que los quejosos lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. Asimismo, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otro lado, mediante oficio remítase a la Primera Sala Familiar Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, las constancias que remitió como complemento a su informe justificado dada la tramitación en la vía directa del presente asunto, consistentes en: Toca 880/2016. Incidente de exclusión de bienes 998/2015. Tres anexos certificados relativos al expediente 998/2015. Tres sobres amarillos, uno con once anexos, el segundo con un diploma, y el tercero con un sobre amarillo que contiene dos credenciales. Asimismo, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se requiere a la citada autoridad que dentro del plazo de tres días, acuse recibo de las constancias de mérito, apercibida que de no hacerlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.
- Principal
vii. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de dieciséis de febrero de la anualidad en curso (foja 268), para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: - Edel Quintana Romo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridades siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. La Legislatura del Estado de México. 2. El Gobernador Constitucional del Estado de México. 3. El Secretario General de Gobierno del Estado de México. 4. Director Técnico del Periódico Oficial 'Gaceta de Gobierno', del Estado de México. 5. Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México." ACTOS RECLAMADOS: "1. De la Legislatura del Estado de México, se reclama la discusión, aprobación, expedición del decreto por el cual se creó el artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios; vigente para el año dos mil quince (por lo que hace al pago de los derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la compraventa, así como por la apertura del crédito simple con interés y garantía hipotecaria), como a continuación se señalan: (transcribe). 2. Del Gobernador Constitucional del Estado de México; se reclama la aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación del decreto por el cual se creó el artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios; vigente para el año dos mil quince (por lo que hace al pago de los derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la compraventa, así como por la apertura del crédito simple con interés y garantía hipotecaria, respectivamente, a los cuales más adelante me referiré). 3. Del Secretario General de Gobierno del Estado de México, se reclama la firma y refrendo del decreto por el cual se creó el artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios; vigente para el año dos mil quince (por lo que hace al pago de los derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la compraventa, así como por la apertura del crédito simple con interés y garantía hipotecaria, respectivamente, a los cuales más adelante me referiré). 4. del C. Director Técnico del Periódico Oficial 'Gaceta del Gobierno', del Estado de México; se reclama la publicación del decreto por el cual se creó el artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios; vigente para el año dos mil quince (por lo que hace al pago de los derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la compraventa, así como por la apertura del crédito simple con interés y garantía hipotecaria, respectivamente, a los cuales más adelante me referiré). 5. Del Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, se reclama el primer acto de aplicación de los preceptos señalados en párrafos precedentes, consistente en la recepción del pago de derechos por concepto de compra venta, adquisición o transmisión de propiedad o posesión de más de 431,773 efectuado el veinte de noviembre de dos mil quince, (por lo que hace al pago de los derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la compraventa, así como por la apertura del crédito simple con interés y garantía hipotecaria, respectivamente, a los cuales más adelante me referiré)." Mediante sentencia de uno de agosto de dos mil dieciséis (fojas 172 a 197), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de Unión ampara y protege a Edel Quintana Romo, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de este fallo; por los razonamientos, motivos jurídicos y para los efectos expresados en el considerando último de esta determinación." Inconforme con dicha sentencia, la responsable Directora Técnico-Jurídica y representante legal de la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, interpuso recurso de revisión del cual tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el cual, lo remitió al Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, mismo que en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 231 a 239), resolvió: "PRIMERO. Se declara firme el estudio de constitucionalidad del artículo 95, fracciones I, inciso c), rango 6 y II, rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México. SEGUNDO. En la materia de revisión y con las salvedades precisadas en el último considerando, se confirma la sentencia recurrida TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Edel Quintana Romo, contra el acto atribuido a las autoridades precisadas en el considerando segundo del fallo impugnado para los efectos expuestos en el último considerando de ésta ejecutoria". Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, realizara lo siguiente: Sentencia emitida por este juzgado el uno de agosto de dos mil dieciséis. "a) No aplique al quejoso, la tarifa contenida en el artículo 95, fracciones I, inciso c), en su rango 6, y II, rango 6 de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente para el año dos mil quince. b) Dicha protección constitucional, se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado al agraviado por concepto de derecho de inscripción del contrato de compraventa y la apertura de crédito; por ende, deberá devolver la cantidad que pagó por el concepto a que se refiere el volante universal IFR-MOD-MPOOR-UNI-01, línea de captura para pago en ventanilla IRC20460518411334264, expedido por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, pues, la concesión del amparo contra la ley por considerarla inconstitucional, debe comprender también el acto de aplicación. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar totalmente al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral de forma gratuita, pues, ello implicaría un despropósito; sino que el alcance protector del amparo tiende a desincorporar de la esfera del quejoso la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley $1,594.00 (mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata." Sentencia emitida por el tribunal de alzada en sesión celebrada el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. "Dicha protección constitucional se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación del derecho combatido que fue efectuado al quejoso; por ende, se deberá devolver, actualizada, de forma debida, la cantidad que resulte de la diferencia entre lo que pagó el solicitante de garantías, a saber, $15,978.00 (quince mil novecientos setenta y ocho pesos moneda nacional) por la fracción I, inciso C), rango 6; así como $15,978.00 (quince mil novecientos setenta y ocho pesos moneda nacional) por la fracción II, rango 6, del Código Tributario de referencia y las cuotas mínimas establecidas en los preceptos impugnados, es decir $1,594.00 (mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.) por cada cuota mínima. Sin que tal devolución afecte a los $1,261.00 (mil doscientos sesenta y un pesos 00/100 m.n.) por concepto de cancelación de gravámenes." En ese tenor, por auto de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, se requirió a la responsable para que dentro del plazo de tres días diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 242 y 243). En acuerdos de veintiséis de enero y dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, se tuvieron por recibidos los oficios 50/2017 y 277/2017, por los cuales la autoridad responsable adjuntó copia certificada del cheque con folio 0004778 de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, expedido a favor del quejoso Edel Quintana Romo, por la cantidad de $30,134.39 (treinta mil ciento treinta y cuatro pesos 39/100 moneda nacional), constancia de devolución de pagos indebido con folio 4778 y copia de la credencial para votar a nombre del referido quejoso, de las que medularmente se advierte: Mediante oficio 50/2017 de veinticuatro de enero del año en curso, se determinó que no se aplicará a la parte quejosa la porción normativa correspondiente al artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6 y fracción II, rango 6, de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios. Se emitió el cheque con folio 0004778 de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, expedido a favor del quejoso Edel Quintana Romo, por la cantidad de $30,134.39 (treinta mil ciento treinta y cuatro pesos 39/100 moneda nacional), por concepto de devolución de pagos indebidos, cantidad que resultó de la diferencia entre lo que pagó el solicitante de amparo, a saber, $15,978.00 (quince mil novecientos setenta y ocho pesos moneda nacional) por la fracción I, inciso C), rango 6; así como $15,978.00 (quince mil novecientos setenta y ocho pesos moneda nacional) por la fracción II, rango 6, del Código Tributario de referencia y las cuotas mínimas establecidas en los preceptos impugnados, es decir $1,594.00 (mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.) por cada cuota mínima. El uno de febrero de dos mil diecisiete, se entregó el cheque antes mencionado a Edel Quintana Romo. Ahora, de la relación de constancias, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos, pues se advierte que la autoridad responsable, devolvió actualizada, de forma debida, la cantidad que resultó de la diferencia entre lo que pagó el solicitante de amparo, a saber, $15,978.00 (quince mil novecientos setenta y ocho pesos moneda nacional) por la fracción I, inciso C), rango 6; así como $15,978.00 (quince mil novecientos setenta y ocho pesos moneda nacional) por la fracción II, rango 6, del Código Tributario de referencia y las cuotas mínimas establecidas en los preceptos impugnados, es decir $1,594.00 (mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.) por cada cuota mínima; por lo que los efectos de la sentencia concesoria de amparo se encuentran colmados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
- Principal
UN ACUERDO NOTIFICACION PERSONAL AL QUEJOSO
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 12,830 expedientes
- Eduardo Cesar Hernandez Luna28/2015
- Eduardo Chávez Lira1147/2019
- Eduardo de Rosas Becerril863/2016
- Eduardo Díaz Castillo1038/2017
- Eduardo Durán López1735/2018
- Eduardo Eladio Sánchez Ríos616/2017
- Eduardo Enrique Clemente Garduño687/2020
- Eduardo Enrique Clemente Garduño977/2021
- Eduardo Enrique Clemente Garduño434/2019
- Eduardo Espinoza Ramirez36/2015
- Eduardo Estrada Castillo471/2017
- Eduardo Estrada Castillo1205/2023