Eduardo Elías Uribe Ramírez y Otros.

Expediente 408/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
408/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
31/08/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Elías Uribe Ramírez
  • Eduardo Elías Uribe Ramírez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ARCHIVO

  2. Principal

    SE DEJAN A DISPOSICIÓN DOCUMENTOS. Por recibido el escrito signado por Ma. De los Ángeles Loza Alvarado, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de las documentales que adjuntó a su escrito inicial de demanda. Por lo que se dejan a su disposición las documentales que peticiona, debiendo quedar constancia en autos de las documentales de mérito, así como de la devolución de estas; debiendo presentar original y copia simple de su identificación oficial; apercibida de que, de no exhibirla, no se le hará la entrega de las referidas.

  3. Principal

    CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible.

  4. Principal

    NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Vista la demanda promovida por Eduardo Elías Uribe Ramírez, se acuerda: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 408/2021-VI. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El dispositivo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Pues bien, este juzgador estima que de la lectura del libelo constitucional se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, en tanto que el acto reclamado no afecta los derechos sustantivos del quejoso. De los dispositivos en cita se extrae que tratándose de actos emanados de un juicio, para determinar la procedencia del amparo indirecto debe analizarse si sus efectos son de imposible reparación, pues si es así, el juicio de amparo biinstancial resultará procedente, pero en el caso contrario, dicha vía constitucional será improcedente, debiendo reservarse el estudio de la violación impugnada para el momento en que se reclame, vía amparo directo, la resolución definitiva que ponga fin al juicio. En la segunda de las normas reproducidas se precisa lo que debe entenderse por actos cuyos efectos sean de imposible reparación, a saber: los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Así, los actos emanados de un juicio cuyos efectos son irreparables, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, son aquellos que afectan de modo cierto e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución o en instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en oposición a aquellos actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, pues en estos casos, la afectación no dejaría huella en la esfera jurídica del quejoso, en caso de obtener sentencia favorable. Las normas en estudio están íntimamente relacionadas con el principio de definitividad de los actos que rige el juicio de amparo, en el sentido de que este proceso constitucional es un medio de defensa extraordinario, que por su naturaleza sólo procede contra actos, acuerdos y resoluciones de las autoridades que produzcan plenos y definitivos efectos, porque la razón de ser de los medios de defensa extraordinarios es que constituyan la última posibilidad que tiene el interesado para defenderse de los actos de las autoridades y, por esto, el acto que se pretenda impugnar a través de estos medios de impugnación no debe estar sujeto a acontecimientos futuros, ni a otro tipo de condiciones para tener plena validez, ni debe existir la posibilidad de que sean revocados o modificados, ya sea a través de un medio ordinario de defensa, oficiosamente por la autoridad que los emitió o una diversa, o como consecuencia de un posterior acto que necesariamente deba ocurrir. De esta forma, tomando en consideración que los procedimientos judiciales se componen de etapas sucesivas dirigidas a preparar la resolución por la que el órgano jurisdiccional resuelve la controversia planteada y que dentro de estas etapas se emiten acuerdos o resoluciones o se ejecutan actos de diversa índole; para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario distinguir los actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, de los actos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque en contra de estos últimos no procede el juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito, ya que sus efectos no son de imposible reparación, dado que su eficacia se da hasta que se resuelva el asunto y, por ello, su estudio se reserva para cuando son reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. En el presente caso, lo que el quejoso combate a través de esta vía constitucional es el anuncio de remate en primera almoneda del cincuenta por ciento de los derechos del bien inmueble embargado en el juicio ejecutivo mercantil M-76/2019, promovido por Ismael Torres Bernal en contra de Luis Pablo Torres Bernal, del índice del Juez Séptimo Civil de Partido Judicial de esta ciudad y, como consecuencia de ello, cualquier acto de ejecución o administrativo que tienda a privarle de su derecho de acreedor preferente. Al respecto, señala que no se le ha citado como acreedor al procedimiento de remate, cuya primera almoneda se llevará a cabo el veintiséis de mayo siguiente; precisando que dentro del juicio ejecutivo mercantil 41/2019-M, del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido Judicial de esta ciudad, en el cual figura como actor, el inmueble que se trata fue previamente embargado desde abril de dos mil diecinueve, cuya solicitud de registro en el Registro Público de la Propiedad fue suspendida en virtud de la suspensión ordenada dentro del juicio de amparo 279/2019-V, del índice de este juzgado federal. Por lo anterior, resulta indudable que en la especie se actualiza la causal de improcedencia en análisis, porque el sólo anuncio o puesta a remate del bien inmueble controvertido no causa una afectación directa ni inmediata a sus derechos sustantivos, en tanto que está en aptitud y oportunidad de apersonarse al juicio de referencia y hacer valer lo que a su derecho convenga en relación a la preferencia de su crédito. Conforme a lo previsto en los artículos 472 y 473 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio al Código de Comercio, no se puede proceder al remate sin que previamente se hayan citado a los acreedores que aparezcan en el certificado de gravámenes, teniendo los acreedores la oportunidad de intervenir en el remate y hacer las observaciones que estimen oportunas para garantizar sus derechos. De lo que se desprende que, mientras no se lleve a cabo el remate del inmueble, habiendo tenido conocimiento previo del juicio, aquellos que se asuman como acreedores preferentes, tienen la oportunidad de apersonarse al juicio respectivo y hacer valer lo que a su derecho convenga, en tanto que aún no se ha materializado afectación alguna a su esfera jurídica. Lo que en el caso acontece, en tanto que únicamente se anunció el remate del inmueble, cuya primera almoneda se realizará el veintiséis de mayo del presente año. Es aplicable a lo anterior -por analogía- la tesis visible en la página 184, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación; Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMA EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO EN UN JUICIO NO CONCLUIDO. De conformidad con el artículo 114, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, el juicio de amparo indirecto sólo procede contra los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; por consiguiente, si de la demanda de garantías se desprende que en el juicio de donde provienen los actos reclamados no se ha pronunciado aún la resolución correspondiente, ello implica que la promovente del amparo está en actitud legal de impugnar los vicios en el emplazamiento de que se duele, a través del incidente de nulidad que establece la ley de la materia y por tanto, al no tener el emplazamiento combatido una ejecución que sea de imposible reparación, el juicio constitucional que contra él se enderece resulta improcedente." Por lo expuesto, toda vez que de la lectura del libelo constitucional, se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de la causal de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Monjaraz, número 321, fraccionamiento Cumbres de la Pradera, en esta ciudad. DÍAS Y HORAS INHÁBILES Y DOMICILIO DIVERSO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia que se ordena. Además, para el caso de que al momento de la diligencia se entere de un domicilio diverso donde pueda ser emplazada la persona buscada, se constituya en el lugar que se le informe y lleve a cabo lo encomendado, sin necesidad de previo acuerdo. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ma. de los Angeles Loza Alvarado, por tener su cédula profesional número 00000476, registradas en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO MEDIANTE DEL USO DE SU FIREL O e.firma (ANTES FIEL). Se requiere a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 1, fracción I, tercer párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En su caso, podrán solicitar la autorización para el acceso al expediente electrónico, señalar el nombre su usuario y podrán autorizar de igual forma que las notificaciones subsecuentes se realice de forma electrónica. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior no es aplicable tratándose de recursos -queja, revisión o inconformidad-, incidentes, ampliaciones de demanda, requerimientos de demandas aclaradas o promociones de término, los cuales deben presentarse en escrito o bien a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial).

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