Eduardo Díaz Rangel
Expediente 1877/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1877/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Eduardo Díaz Rangel
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Y REGISTRO Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese la demanda de amparo promovida por Eduardo Díaz Rangel, Emmanuel Terán Dávila, Rogelio Contreras García, Kimberly Gaspar Reyes, Uriel Román Hernández, Elda Fernanda Ávila García, Erick Zavaleta Nieto y Raúl Espinosa Morales, por propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, admítase y regístrese bajo el número 1877/2023-II-A. Asimismo, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese los expedientes físico y electrónico. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: AUTORIDADES RESPONSABLES Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Consejo Nacional De Humanidades, Ciencias Y Tecnologías. ACTOS RECLAMADOS 1. La norma general de carácter heteroaplicativo, consistente en Los Lineamientos del Programa de Investigadoras e Investigadores por México del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. 2. La omisión de determinación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), al no tener por cumplidos los lineamientos del Sistema Nacional de Posgrados de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, en cuanto a contar con una planta académica con ocho profesores o profesionales de tiempo completo en el SNII, de la Especialidad en Derecho de Amparo de la Universidad Autónoma del Estado de México para el periodo 2023B. INCIDENTE Se ordena aperturar el incidente de suspensión por así haberlo solicitado, con la precisión que únicamente se formara el original, sin que sea necesario la formación del duplicado, como lo establece el artículo 264 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID 19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO." MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dese intervención que le compete a la Fiscalía Federal adscrita. AUDIENCIA Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DOCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Sin que por el momento sea necesario que la referida audiencia de ley se desahogue por videoconferencia, ya que del estadio procesal no se advierte la necesidad de realizar de esa forma dicha diligencia. Sin embargo, en caso de que alguna de las partes considere lo contrario, deberá de realizar su petición motivando por qué considera necesario se realice la audiencia constitucional por medio de videoconferencia -en caso de que desee comparecer a su celebración-; asimismo, deberá proporcionar usuario, número telefónico y correo electrónico, a efecto de llevar a cabo videoconferencia mediante el sistema CISCO WEBEX MEETINGS; de conformidad con lo establecido en el artículo 257, fracción II, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo". INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. En el entendido de que podrá rendir el citado informe y anexos en un plazo menor al señalado, lo cual contribuirá en una pronta impartición de justicia en favor del justiciable, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 constitucional. Bajo apercibimiento que de ser omisa en rendir el informe conforme a los lineamientos antes detallados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa a su titular de cien Unidades de Medida y Actualización. Por otra parte, de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato; en caso de no hacerlo se hará acreedora a una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 251, del ordenamiento invocado. NOTIFICACIÓN A AUTORIDADES Se hace del conocimiento a las autoridades responsables, que en términos del artículo 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se les notificaran por lista y los restantes por oficio. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, visible en la página 1253, de enero de dos mil trece, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial y su Gaceta, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. ". TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza del acto reclamado, no existe persona alguna con interés contrario a la parte quejosa. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la parte quejosa las documentales que anexa a su escrito de demanda; dada su propia y especial naturaleza por admitidas y desahogadas, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, debiendo dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional. DOMICILIO PROCESAL Toda vez que la parte quejosa señaló el usuario "9104976", solicitó autorización para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea, y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se evidencia que dicho usuario se encuentra registrado; en esas condiciones, se acuerda favorable su petición; por ende, se ordena la notificación a la parte quejosa del presente proveído y las subsecuentes determinaciones por esa vía, por lo que se comisiona al Oficial Judicial "A" para la habilitación de los permisos respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para la consulta del expediente electrónico con el referido usuario. Por lo expuesto, no ha lugar a tener como domicilio procesal el físico señalado, toda vez que del contenido de la promoción se advierte su solicitud de recibir notificaciones electrónicas, por lo que resultaría ocioso tener señalado diverso domicilio, a fin de evitar duplicidad de actuaciones. AUTORIZADOS En relación con la autorizada, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que ésta se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciada en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a la parte quejosa para que haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal del Servicio en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES Hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional, será el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto, indíquese que para ello, deberá cumplir con lo establecido en los artículos 257, 261 y 262 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO"; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes, etc., para consulta electrónica y no física de éstos). De igual forma, se requiere a la Secretaria y al Oficial Judicial "C" encargados del expediente, para que agenden los plazos y términos que surjan en la tramitación de este expediente, a fin de que los acuerdos respectivos se propongan a tiempo, y con ello, no se afecte el desarrollo de pronta impartición de justicia. En el mismo orden, se conmina a los Actuarios para que realicen todas y cada una de las notificaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley; además, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo, así como los subsecuentes, se entreguen de manera correcta e inmediata a sus destinatarios. Aunado a lo anterior y de conformidad con los artículos 2°, fracción II y 253, del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO", se requiere a los oficiales Administrativos, Actuarios Judiciales y Secretarios, para que conforme al Manual de puestos y funciones, se cumpla en su integridad con el expediente electrónico que dio origen al sumario en que se actúa. APARTADO ESPECIAL ACTUARIOS Asimismo, de conformidad con el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de siete de noviembre de dos mil veintidós, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. De igual manera, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Notifíquese como legalmente corresponda.
- Incidental
Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En atención a lo ordenado en el cuaderno principal, fórmese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1877/2023-II-A. AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. INFORME PREVIO Requiérase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que quede debidamente notificada del presente proveído, para lo cual se adjunta copia de la demanda; informe en el que se concretará a expresar si son o no ciertos los actos que se les atribuye. De igual forma, expongan las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión del acto reclamado. Bajo apercibimiento que de ser omisas en rendir el informe conforme a los lineamientos antes detallados, con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. AUTORIDADES RESPONSABLES Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Consejo Nacional De Humanidades, Ciencias Y Tecnologías. ACTOS RECLAMADOS 1. La norma general de carácter heteroaplicativo, consistente en Los Lineamientos del Programa de Investigadoras e Investigadores por México del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, publicados en el Diario Oficial de la Federación el ********************. 2. La omisión de determinación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), al no tener por cumplidos los lineamientos del Sistema Nacional de Posgrados de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, en cuanto a contar con una planta académica con ocho profesores o profesionales de tiempo completo en el SNII, de la Especialidad en Derecho de Amparo de la Universidad Autónoma del Estado de México para el periodo 2023B. SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO A LA EMISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si bien es cierto, los actos reclamados consistentes en: Los Lineamientos del Programa de Investigadoras e Investigadores por México del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, publicados en el Diario Oficial de la Federación el ********************; así como la omisión de determinación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), al no tener por cumplidos los lineamientos del Sistema Nacional de Posgrados de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, en cuanto a contar con una planta académica con ocho profesores o profesionales de tiempo completo en el SNII, de la Especialidad en Derecho de Amparo de la Universidad Autónoma del Estado de México para el periodo 2023B. Lo cual reclama de manera heteroaplicativa, toda vez que cuando una ley u ordenamiento general se encuentra ya expedido y promulgado, no puede decretarse suspensión alguna en su contra, por cuanto hace al proceso legislativo que se llevó a cabo para su creación, toda vez que la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de la Ley, y no ésta en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar al quejoso, pues es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión; por tanto, se niega la suspensión provisional respecto al proceso legislativo de la porción normativa combatida. Es aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 656, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, de julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, con número de registro 211597, que establece: "LEYES, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS. No puede concederse la suspensión contra la promulgación y expedición de las leyes, si aquéllas ya se llevaron a cabo." Si bien es cierto, los actos reclamados antes mencionados; se trata de actos que con su sola emisión se consumaron; sin embargo, esta característica por sí sola no tiene como consecuencia que se niegue la suspensión provisional y en su caso, la protección constitucional en lo principal; toda vez que en determinadas circunstancias, si no existe criterio jurídico que lo impida, también se pueden dar efectos restitutorios a la suspensión. De ahí que, para determinar la procedencia de la suspensión provisional no es de relevancia si el acto reclamado es de carácter declarativo, ya que ésta hipótesis debe examinarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden generar los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado en que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VII.2o.C.84 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2023184, que establece: "SUSPENSIÓN DE ACTOS DECLARATIVOS EN EL JUICIO DE AMPARO. ESA CARACTERÍSTICA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, POR SÍ SOLA, NO PRODUCE SU NEGATIVA. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto, señalando como acto reclamado las órdenes de búsqueda y/o localización y/o presentación y/o detención y/o aprehensión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que la naturaleza declarativa del acto reclamado, por sí sola, no produce la negativa de la suspensión en el juicio de amparo. Justificación: Lo anterior, porque aun cuando fue criterio de los tribunales del Poder Judicial de la Federación que los efectos de la suspensión sólo consistían en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla y no en invalidar lo actuado hasta ese momento, pues eso sería darle efectos restitutorios, lo que sería materia exclusiva de la sentencia en el juicio de amparo cuando se concede la protección constitucional y, como consecuencia de lo anterior, surgieron diversas tesis en el sentido de que en la suspensión no puede estudiarse provisionalmente el fondo, como las de rubros: "SUSPENSIÓN, MATERIA DE LA. DIFIERE DE LA DEL JUICIO." (VI.2o. J/347), "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA.", "ACTOS NEGATIVOS." y "ACTOS CONSUMADOS.", esa línea argumentativa partía del hecho de que los requisitos para la suspensión solamente derivaban del artículo 124, fracciones I y II, de la Ley de Amparo abrogada, en el que se establecía que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; sin embargo, a partir de la reforma constitucional y de amparo de 2011, se agregaron diversos elementos para resolver sobre la suspensión, como son: la apariencia del buen derecho y su ponderación con el orden público e interés social, así como el relativo a que en determinadas circunstancias, si no existe criterio jurídico que lo impida, también se pueden dar efectos restitutorios a la suspensión. Por tanto, en la regulación originada con la reforma constitucional señalada carece de relevancia considerar si el acto reclamado es declarativo, a efecto de resolver si se concede o no la medida cautelar, porque admitiéndose la posibilidad de restablecimiento en el goce del derecho como una resolución anticipada de la tutela que se espera del juicio, lo relevante para conceder la medida debe ser la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255/2015, sostuvo que para determinar el otorgamiento de la suspensión no debe atenderse, por sí misma, a la naturaleza del acto reclamado, sino analizarse la apariencia del buen derecho y las posibles afectaciones al interés social, en virtud de que la suspensión puede adelantar los efectos de una eventual sentencia protectora de amparo. En ese sentido, la naturaleza declarativa de los actos, por sí sola, no produce la negativa de la suspensión, pues debe examinarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden generar los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado en que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado". En ese tenor, por lo que respecta a los actos declarativos reclamados por el quejoso, con fundamento en el artículo 138, fracción I, de la Ley de la materia, se niega la suspensión provisional solicitada; toda vez que por sí mismo no le irroga un perjuicio susceptible de suspensión a la parte quejosa, pues en su caso serán los efectos y consecuencias derivadas de la aplicación de tales artículos, lo que deberá ser objeto de análisis para determinar la suspensión que solicita el peticionario de amparo, mismo que se estudiara en los párrafos siguientes. DETERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL A LAS POR CUANTO VE A LA EMISIÓN, EFECTOS Y/O CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Este juzgado federal considera que no es procedente conceder la suspensión de la medida cautelar respecto de la inconstitucionalidad discusión, aprobación y expedición de la Ley General para el Control del Tabaco, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil ocho, específicamente en su artículo 16, fracción VI, y de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, publicada en el Diario oficial de la Federación el uno de julio de dos mil veinte, específicamente en su artículo 1, fracciones arancelarias 3824.99.83, 8543.70.18; y, 8543.90.03; así como su expedición y firma de los decretos; lo cual reclama de manera heteroaplicativa. En primer término, toda vez que ese decreto entraña la creación de la disposición de carácter general que constituye el acto reclamado en el juicio del cual derivó el presente incidente de suspensión, toda vez que cuando una ley u ordenamiento general se encuentra ya expedido y promulgado, no puede decretarse suspensión alguna en su contra, por cuanto hace al proceso legislativo que se llevó a cabo para su creación, toda vez que la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de la Ley, y no ésta en sí, que es lo que puede perjudicar al quejoso, pues es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión; por tanto, se niega la suspensión provisional respecto de la porción normativa combatida. Es aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 656, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, de julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, con número de registro 211597, que establece: "LEYES, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS. No puede concederse la suspensión contra la promulgación y expedición de las leyes, si aquéllas ya se llevaron a cabo." De igual forma, es aplicable en lo conducente la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1151, del Tomo XXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con número de registro 168758, que establece: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. DEBE NEGARSE CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL 4 DE MARZO DE 2008, AL SER DE INTERÉS COLECTIVO SU EXPEDICIÓN. El artículo 4o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho fundamental a la protección de la salud. Por otra parte, el organismo de las naciones unidas especializado en la materia ha reiterado que la salud, entendida como un "estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto posible de la salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo ...". Por su parte, en la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo XII, página siete, se considera al derecho a la salud como: "el conjunto de normas de derecho público que regulan las actividades de las instituciones del Estado y los sujetos públicos, privados y sociales que tengan por objeto común proteger la salud.". Por tanto, se concluye que ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de la población esté protegida a través de la emisión de reglas de carácter general; de ahí que sea de interés colectivo la expedición de ordenamientos legislativos que tengan como objeto la prevención y disminución de las consecuencias derivadas del consumo y de la exposición al humo de tabaco en cualquiera de sus formas, que eviten la propagación de cualquier peligro en la salud, como es el decreto por el que se reforma, adiciona y deroga la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial el 4 de marzo de 2008; por lo que debe negarse la suspensión en el amparo contra sus efectos y consecuencias." DETERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO A LAS CONSECUENCIAS DEL ACTO RECLAMADO, QUE SE TRADUCEN EN LA RESTRICCIÓN PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA LA OBTENCIÓN DE UNA BECA EN RAZÓN DE QUE AL ADQUIRIR LA CALIDAD DE ESTUDIANTE DE LA ESPECIALIDAD DE DERECHO DE AMPARO Y MEDIANTE EL AJUSTE A VARIOS APARTADOS DE LA CONVOCATORIA (CONVOCATORIA 2023 PARA LA OBTENCIÓN DE BECAS NACIONALES PARA ESTUDIOS DE POSGRADO 2023 DEL CONSEJO NACIONAL DE HUMANIDADES, CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS) QUE SERÁN APLICABLES A LOS POSTULANTES QUE PARTICIPEN EN EL SEGUNDO PERIODO, MISMO QUE SE PUBLICÓ EN FECHA VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL AÑO CORRIENTE Y FUE APLICADO EN PERJUICIO DE LA QUEJOSA, YA QUE SE EXCLUYÓ DE LA POSIBILIDAD DE SER PARTICIPANTE, EN RAZÓN A DICHA ESPECIALIDAD NO APARECE COMO ELEGIBLE EN EL PORTAL DEL CONAHCYT, AUNADO QUE AL MOMENTO DE REALIZAR TODOS Y CADA UNO DE LOS TRAMITES RELACIONADOS CON LA PREINSCRIPCIÓN, INSCRIPCIÓN E INICIO DE CLASES LOS LINEAMIENTOS NO ERAN APLICABLES, PUESTO QUE SE ENTRADA EN VIGOR FUE POSTERIOR A CUANDO ADQUIRIÓ LA CALIDAD DE ESTUDIANTE, LO CUAL VULNERA SUS DERECHOS FUNAMENTALES AL ESTAR APLICANDO EN SU PERJUICIO Y DE MANERA RETROACTIVA DICHA NORMA. Con apoyo en los artículos 128 y 138 fracción I de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada respecto a las consecuencias del acto reclamado para los efectos consistentes en que sin paralizar ninguna de las etapas de la Convocatoria para la obtención de una beca para estudio de posgrado dos mil veintitrés del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías publicado el ********************, se permita la inscripción de los citados quejosos, hasta que las responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva. Lo anterior es así, al satisfacerse los requisitos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, en particular, porque no se contravienen normas de orden público ni se sigue perjuicio al interés social. A mayor abundamiento, el derecho a la educación debe ser salvaguardado en atención al artículo 147 de la Ley de Amparo; aunado que, como se dijo con su otorgamiento, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público sino, por el contrario, es la sociedad la que se encuentra interesada en que se salvaguarde el derecho humano a la educación. En efecto, el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho a la educación, estableciendo que toda persona tiene derecho esta, misma que debe ser otorgada por el Estado y que la educación básica y media superior serán obligatorias. En el ámbito internacional, el derecho humano a la educación está reconocido, entre otros, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que dice: "Artículo XII. Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas. (.) Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos." Por su parte el artículo 5 de la Ley General de Educación, establece que toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte, para lo cual, el Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el Sistema Educativo Nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones educativas con base en las disposiciones aplicables y que toda persona gozará del derecho fundamental a la educación bajo el principio de la intangibilidad de la dignidad humana. Como se ve el derecho humano a la educación, por lo que hace a nuestro sistema jurídico, está reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en diversos instrumentos internacionales y legislaciones federales. Las normas citadas coinciden en lo esencial, entre otras cosas, en lo relativo a que la titularidad del derecho a la educación es de toda persona. Por ello, el derecho a la educación es la provisión del entrenamiento intelectual necesario para dotar de autonomía a las personas y habilitarlas como miembros de una sociedad democrática, pero además que es un factor esencial para garantizar una sociedad justa, pues resulta una condición necesaria para asegurar la igualdad de oportunidades en el goce de otros derechos fundamentales y en el acceso equitativo a otros bienes sociales. En resumidas palabras, la educación es un bien básico indispensable para la formación de autonomía personal y, por ende, para ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Lo anterior se encuentra robustecido con la jurisprudencia 80/2017 (10a.), del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EDUCACIÓN. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL INDISPENSABLE PARA LA FORMACIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y EL FUNCIONAMIENTO DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA, ASÍ COMO PARA LA REALIZACIÓN DE OTROS VALORES CONSTITUCIONALES. De una lectura funcional del artículo 3o. constitucional es posible concluir, de manera general, que el contenido mínimo del derecho a la educación obligatoria (básica y media superior) es la provisión del entrenamiento intelectual necesario para dotar de autonomía a las personas y habilitarlas como miembros de una sociedad democrática. Pero además, la educación es un factor esencial para garantizar una sociedad justa, pues resulta condición sine qua non para asegurar la igualdad de oportunidades en el goce de otros derechos fundamentales y en el acceso equitativo a otros bienes sociales; para el funcionamiento de un bien público de gran relevancia como lo es una sociedad democrática de tipo deliberativo; además de un bien indispensable para el desarrollo de una pluralidad de objetivos colectivos y, por ello, un aspecto indisociable de un estado de bienestar." Por lo tanto, el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando sea procedente la suspensión y atendiendo a la naturaleza del acto, el juzgador debe ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser material y jurídicamente posible, restablecerá de manera provisional a la parte quejosa en el goce del derecho violado; lo anterior es con el ánimo de respeto al Estado constitucional de derecho, ya que ha cambiado de forma tal la estructura estatal que, actualmente, la salvaguarda de los derechos de los particulares llega, incluso, hasta el extremo de que sea factible restituirlos provisionalmente en el goce de ellos, a través de una medida cautelar. Bajo esas consideraciones, este Juzgado arriba a la convicción que respecto de las consecuencias derivadas del acto, se estima procedente conceder desde este momento la suspensión provisional. Para el sustento de la actual determinación se invoca por identidad jurídica la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 58, Septiembre de 2018; Tomo I; Pág. 1179 de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA EXCLUSIVAMENTE CONTRA LA ETAPA FINAL DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE UN MAGISTRADO LOCAL, AL SATISFACERSE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO." PRUEBAS Por tanto, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas en la presente incidencia las documentales adjuntadas al escrito de demanda; mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en la audiencia incidental. DOMICILIO PROCESAL Toda vez que la parte quejosa señaló el usuario "********************", solicitó autorización para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea, y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se evidencia que dicho usuario se encuentra registrado; en esas condiciones, se acuerda favorable su petición; por ende, se ordena la notificación a la parte quejosa del presente proveído y las subsecuentes determinaciones por esa vía, por lo que se comisiona al Oficial Judicial "A" para la habilitación de los permisos respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para la consulta del expediente electrónico con el referido usuario. Por lo expuesto, no ha lugar a tener como domicilio procesal el físico señalado, toda vez que del contenido de la promoción se advierte su solicitud de recibir notificaciones electrónicas, por lo que resultaría ocioso tener señalado diverso domicilio, a fin de evitar duplicidad de actuaciones. AUTORIZADOS En relación con la autorizada, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que ésta se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciada en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a la parte quejosa para que haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal del Servicio en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES Hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional, será el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto, indíquese que para ello, deberá cumplir con lo establecido en los artículos 257, 261 y 262 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO"; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes, etc., para consulta electrónica y no física de éstos). De igual forma, se requiere a la Secretaria y al Oficial Judicial "C" encargados del expediente, para que agenden los plazos y términos que surjan en la tramitación de este expediente, a fin de que los acuerdos respectivos se propongan a tiempo, y con ello, no se afecte el desarrollo de pronta impartición de justicia. En el mismo orden, se conmina a los Actuarios para que realicen todas y cada una de las notificaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley; además, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo, así como los subsecuentes, se entreguen de manera correcta e inmediata a sus destinatarios. Aunado a lo anterior y de conformidad con los artículos 2°, fracción II y 253, del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO", se requiere a los oficiales Administrativos, Actuarios Judiciales y Secretarios, para que conforme al Manual de puestos y funciones, se cumpla en su integridad con el expediente electrónico que dio origen al sumario en que se actúa. APARTADO ESPECIAL ACTUARIOS Asimismo, de conformidad con el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de siete de noviembre de dos mil veintidós, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. De igual manera, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Notifíquese como legalmente corresponda.
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