Eduardo Díaz Leñero
Expediente 229/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 29 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 229/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 11/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Eduardo Díaz Leñero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, once de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito signado por el quejoso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con el que se solicita se le expida a su costa copias certificadas de la sentencia dictada en el presente juicio el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. Al respecto, hágase del conocimiento del promovente que en el auto de inicio de nueve de marzo de dos mil diecisiete, entre otras cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autorizó la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Hecho lo anterior, devuélvase este expediente al archivo, por tratarse de un asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
De la certificación que antecede, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara si existía alguna inconformidad contra la determinación de veintisiete de marzo último, en la que se tuvo por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; en tales condiciones, con apoyo en lo establecido en los artículos 201 y 202 de la ley de la materia, se tiene por consentida dicha resolución. Toda vez que en los autos del presente juicio no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión y, con apoyo en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Se hace la precisión que este expediente es susceptible de depuración, mientras que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en los supuestos previstos en las fracciones IV y II, del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues no obstante que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, en el incidente de suspensión relativo, se negó la medida cautelar; al prudente arbitrio del suscrito no tienen relevancia documental; lo anterior, sin perjuicio de que sean conservadas la demanda de amparo y sentencia respectiva. Con apoyo en lo establecido en la fracción III del artículo Vigésimo del Acuerdo General invocado, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión relativo a este juicio, por haber transcurrido seis meses posteriores al dictado de la interlocutoria correspondiente. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del expediente mencionado y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo.
- Principal
De autos se advierte que el veinticinco de septiembre último, se dio vista a la parte quejosa con el oficio signado por el Supervisor de Trabajo Social de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con residencia en la capital de esta entidad federativa, mediante el cual, en acatamiento a lo solicitado en proveído de once de ese mes y año, informó lo relativo al cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia con firma autógrafa del oficio emitido el diecinueve de septiembre último. Ahora bien, de dicha determinación se aprecia que en acatamiento a la ejecutoria de amparo, la aludida responsable estableció que dejaría de aplicar lo dispuesto en el artículo 25, fracción II, del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua; sin embargo, precisó que para poder determinar si era procedente acceder a la solicitud de la aquí quejosa, debía verificar si se colma los demás requisitos establecidos en dicho precepto. Con base en lo anterior, luego de analizar, según expuso, el aludido artículo 25, mencionó que en la parte final de éste se establece como requisito que debe estar acreditado que la persona a quien se pretende designar como beneficiaria, salvo tratándose de la conyugue, depende del asegurado y no tiene derecho por sí misma a las prestaciones que otorga el propio reglamento; lo que originó que mediante oficio DAV-999/2017, de diecinueve de septiembre último, le comunicara a la cónyuge del quejoso, Fátima Portillo Calderón, la improcedencia de la afiliación de Eduardo Díaz Leñero. Después de analizar el proceder de la autoridad responsable para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, este juzgador considera que no fue acatada en sus términos, pues la sola lectura de la determinación emitida para tal fin, revela que nuevamente, con base en una porción de la norma que se sometió a análisis constitucional, se dio un trato desigual al quejoso. A tal conclusión se llega, porque la autoridad responsable continúa aplicando el artículo 25 del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, sin atender la obligación prevista en el artículo 1º Constitucional, en cuanto señala que todas las autoridades del estado mexicano, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, interpretando las normas relativas siempre en lo que más favorezca a la persona. Esto es así, porque en la porción normativa que invoca la autoridad responsable se establece que para poder designar como beneficiario al cónyuge (varón) de la asegurada, se exige que esté acreditado que depende de ésta; exigencia que tratándose del asegurado no le es impuesta cuando pretende que su cónyuge (mujer) sea la beneficiaria. De donde se sigue que al igual que la fracción que se analizó en este juicio, dicho párrafo impone un trato desigual entre el hombre y la mujer, violatorio del derecho fundamental tutelado en el artículo 4º de la carta magna. Por ende, de conformidad con lo establecido en el artículo 78, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, los efectos de la protección constitucional se extienden a dicha porción normativa, por existir las mismas razones que dieron lugar a la declaratoria de inconstitucionalidad, máxime que depende de la porción invalidada, por formar parte del mecanismo previsto para la afiliación de los beneficiarios de los asegurados. Resta mencionar que conforme a lo dispuesto en el artículo 1º constitucional y en aras de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, todas las autoridades están obligadas a desaplicar las normas que resulten violatorias o restrictivas de alguno de esos derechos, sobre todo cuando, como en la especie, existe una declaratoria de inconstitucionalidad por parte de un órgano facultado para ello, porque la presunción de constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas, en el caso concreto quedó desvirtuada. En consecuencia, con fundamento en dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Supervisor de Trabajo Social de la Delegación Juárez de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con residencia en esta localidad fronteriza, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, dé cumplimiento al fallo protector, considerando lo expuesto en el presente acuerdo, debiendo acompañar copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibido que de no cumplir con lo solicitado dentro del lapso concedido, se le impondrá como medio de apremio una multa de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos cuarenta y nueve centavos) moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo previsto en los artículos 237, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, para el trámite del incidente de inejecución respectivo, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Con independencia de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Director de la Junta Directiva del organismo público descentralizado Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, residente en la capital de esta entidad federativa, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable Supervisor de Trabajo Social de la Delegación Juárez de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que reciba la notificación de este acuerdo, sin demora alguna, haga uso de los medios legales que tenga a su alcance y ordene a su inferior a que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de amparo, realizando los apercibimientos de ley que procedan y remita las constancias con que así lo acrediten. En la inteligencia que de no demostrar que dio la orden para que su inferior cumpla con la ejecutoria de amparo, se le impondrá como medio de apremio una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos cuarenta y nueve centavos) moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo previsto en los artículos 237, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; además de que en su carácter de superior jerárquico incurre en igual responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los mismos términos que la autoridad en contra de cuyos actos se concedió la protección constitucional, según lo dispone el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, por lo que también se le apercibe de que, en caso de no demostrar ante este juzgado que conminaron eficazmente a su inferior a cumplir el fallo protector, se hará igualmente acreedor a las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistente en su separación del cargo y consignación ante la autoridad competente, pues al incurrir en omisión o desacato a un mandato judicial entorpece la pronta impartición de la Justicia Federal.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito signado por el quejoso Eduardo Díaz Leñero; atento a su contenido, téngasele desahogando la vista que se le dio mediante proveído de veinticinco de septiembre último, y al efecto externa su inconformidad con el cumplimiento dado al fallo protector, lo cual será tomado en consideración al momento de analizar los actos llevados a cabo por la autoridad responsable para tal efecto.
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