Eduardo Delgado Tejeda
Expediente 1097/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1097/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Eduardo Delgado Tejeda
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación que antecede, se desprende que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Por analogía de razón, con apoyo en el numeral 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que si bien se desechó la demanda de amparo, lo cierto es, que se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados; sin que obste lo anterior, el hecho de que dicho numeral refiera únicamente por cuanto hace al incidente de suspensión, cuando en éste se haya concedido la medida cautelar ya sea provisional, definitiva o ambas, pues lo cierto es que la suspensión de plano se equipara a una suspensión definitiva; asimismo, este asunto no es de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo de mérito. Una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y dentro de los siguientes noventa días, procédase a la depuración del expediente; terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente asunto a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, se autoriza al Secretario de la adscripción a firmar los oficios que deriven del presente asunto. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales procedentes el oficio del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, por medio del cual remite el diverso de la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, en representación de las autoridades responsables Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca -en su denominación correcta-; Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; y Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración- en su denominación correcta-; mediante el cual rinde informe sobre la suspensión de plano. En tal virtud, se comisiona al Oficial Judicial "A" (Analista Jurídico "SISE") adscrito a este órgano jurisdiccional, para que capture en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, las denominaciones correctas de dichas autoridades. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. De igual forma, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma nota de los correos electrónicos y número telefónico que proporciona, para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en caso de ser necesario y se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. Ahora bien, toda vez que la autoridad oficiante, indica que la información que contiene su oficio es calificada como reservada o confidencial, la cual se considera reservada en términos de lo dispuesto por los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en tales condiciones, se ordena al personal encargado de este expediente, guardar la reserva y confidencialidad de las mencionadas constancias, por lo que éstas no serán susceptibles de reproducción en copia ni mediante el uso de cualquier aparato tecnológico, dado el tipo de información que contienen. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio procedente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad y anexo, consistente en escrito de demanda de amparo promovido por Idalia Ávalos Feliciano en favor de ******, contra actos del Jefe de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca y otras autoridades; por medio del cual, declina competencia a este órgano jurisdiccional por conocimiento previo. En consecuencia, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1097/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (.I.S.E.); y, fórmese el expediente electrónico e impreso. En tales condiciones, una vez analizadas las constancias que integran el aludido sumario constitucional, se comparte el criterio sustentado por el órgano declinante; por tanto, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 46, fracción XIII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, publicado en el diario oficial de correspondencia común, publicado en el Diario oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. Sin que pase inadvertido que la demanda de amparo de referencia fue turnada al órgano jurisdiccional oficiante, al considerarse un asunto de carácter urgente, cuestión que se considera acorde con lo establecido en el artículo 48, del citado Acuerdo General; sin embargo, en el caso concreto, al resultar el mismo acto reclamado en ambos juicios de amparo, se considera procedente la vinculación. COMPENSACIÓN. Hágase lo anterior del conocimiento de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta localidad, para que tenga a bien realizar la compensación de asuntos recibidos por este órgano jurisdiccional, y para los efectos legales respecto a la estadística que se lleva del turno de demandas de amparo recibidas por los diversos órganos jurisdiccionales de amparo, residentes en esta localidad. ANÁLISIS DEL ESCRITO DE DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Relativo a lo anterior, el artículo 62 de la Ley de Amparo, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En ese sentido, los preceptos antes citados facultan al órgano constitucional a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia. De lo cual, se deduce que los motivos manifiesto e indudable de improcedencia que afecten a la demanda de amparo, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que los adjetivos "manifiesto", significa, claro, evidente "indubitable", significa, cierto, seguro, que no puede dudarse. Expuesto lo anterior, analizada en su conjunto la demanda, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] ...X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Esta figura jurídica (litispendencia) entraña un fenómeno procesal que se traduce en la simultanea tramitación de dos o más juicios en que los elementos esenciales de las acciones respectivas son los mismos, aunque en las correspondientes demandas no se aleguen los mismos conceptos de violación, circunstancia ésta que no desvirtúa la mencionada identidad. Ahora bien, como se precisó en la certificación de cuenta, en este propio juzgado se encuentra radicado el diverso juicio de amparo 1070/2022, que en este acto se trae a la vista como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así establecerlo su ordinal 2º; al que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129 y 202, del ordenamiento adjetivo en cita, del que, sustancialmente, se obtiene que: Fue promovido, por el Idalia Ávalos Feliciano en favor de Eduardo Delgado Tejeda, contra actos del Jefe de la Estación Migratoria, Titular de la Oficina de Representación, y titular del Departamento de Asuntos Jurídicos, todos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca. El acto reclamado en ese juicio de amparo, consiste en la detención fuera de procedimiento, y como consecuencia, la posible deportación, retorno asistido y/o repatriación del que será objeto el directo quejoso Eduardo Delgado Tejeda. En proveído de diecisiete de los actuales se requirió al quejoso para que ratificara la demanda promovida a su favor; por ello, una vez manifestada su voluntad, el diecinueve siguiente se admitió a trámite, y se señalaron las doce horas con cincuenta y seis minutos del seis de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. En ese sentido, resulta pertinente señalar que el quejoso, en la demanda que se recibe en esta fecha acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra los actos emitidos por el Jefe de la Estación Migratoria, Titular de la Oficina de Representación, y titular del Departamento de Asuntos Jurídicos, todos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca, consistentes en: la detención fuera de procedimiento, y como consecuencia, la posible deportación, retorno asistido y/o repatriación del que será objeto el directo quejoso Eduardo Delgado Tejeda. Incluso, debe destacarse que las demandas de amparo de referencia son de contenido idéntico. En consecuencia, de un análisis comparativo entre el juicio de amparo en que se actúa (1097/2022) y el diverso 1070/2022, ambos del índice de éste órgano jurisdiccional, se advierte que se trata de la misma parte quejosa (Eduardo Delgado Tejeda), y de las mismas autoridades responsables (Jefe de la Estación Migratoria, Titular de la Oficina de Representación, y titular del Departamento de Asuntos Jurídicos, todos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca), y los actos reclamados en ambos juicio de amparo consisten en la detención fuera de procedimiento, y como consecuencia, la posible deportación, retorno asistido y/o repatriación del que será objeto el directo quejoso Eduardo Delgado Tejeda. Asimismo, en el sumario constitucional señalado en segundo término, a la fecha se encuentra pendientes de emitir resolución ejecutoriada. De ahí que, se considere ha operado la figura de litispendiencia, respecto al presente juicio de amparo, lo cual lo torna improcedente, pues los actos aquí reclamados son materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. Por lo tanto, la razón de la improcedencia que se estima actualizada, radica en evitar que existan dos resoluciones en relación con una misma controversia, que desde luego anula el riesgo de que aquellas sean contradictorias entre sí. En tales circunstancias, al actualizarse en el caso la causa de improcedencia mencionada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Tiene aplicación la tesis aislada III.2o.P.41 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de 2008, página 2791, que dice: "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN. Si existiendo un juicio de amparo pendiente de resolver, los quejosos promueven un diverso juicio de garantías reclamando los mismos actos, contra las mismas autoridades y otras diversas, cuando estas últimas niegan los actos que se les atribuyen se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión. Sin que pase inadvertida la jurisprudencia número P./J. 24/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 265, de rubro: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS"; en la que sostuvo que los juzgadores deben asegurarse que la demanda de amparo en ambos juicios se encuentre admitida, pues si no lo estuviera en alguno, no existiría certeza de que el quejoso sea oído en defensa de sus intereses; dado que de llegar a estimarse que la demanda pendiente de admisión es la que no configuró la referida causal, su trámite nunca inicie; motivo por el cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, a efecto de que analice y valore cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendiencia. En ese sentido, conforme a ese criterio, para que se actualice la figura de litispendencia, lo relevante es que el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión. Por tanto, no tiene aplicabilidad el criterio de jurisprudencia citado; pues, no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa; ello en virtud a que, esta juzgadora determinó -velando por los intereses de la parte quejosa- que la aludida causa de improcedencia se configuró en este controvertido constitucional -en el cual no se ha admitido la demanda-; no así en el diverso juicio 1070/2022, en el que el directo quejoso ratificó la demanda presentada a su favor, por lo que, se admitió y se encuentra pendiente de dictarse sentencia. Entonces, la parte quejosa se encuentra en plena aptitud de ejercitar su derecho de defensa respecto a los actos reclamados en ambas demandas; pues, no debe perderse de vista que son de contenido idéntico, con la única diferencia que la primera (juicio de amparo 1070/2022), se presentó de forma física; en tanto que, la segunda (este juicio de amparo) se presentó de forma electrónica. En otras palabras, lo que se evita con el presente desechamiento es la ociosidad de tramitar dos demandas "iguales", y así, prever que en un hipotético caso, se emitan fallos contradictorios, lo que es acorde al principio de economía procesal; sin que ello implique alguna restricción a los derechos de la quejosa; ya que -como se estableció- la primer demanda de contenido idéntico a la ahora recibida, fue admitida y se encuentra en trámite. Lo anterior, trae como resultado que en este sumario constitucional, es innecesario ordenar la ratificación de la demanda de amparo presentada en favor del quejoso Eduardo Delgado Tejeda, pues -como se dijo- en el diverso controvertido 1070/2022, ya se llevó a cabo la diligencia respectiva. En este sentido, resta decir que, el derecho de acceso a la justicia no implica dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen el juicio de amparo, puesto que dicho derecho es limitado y para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, con la finalidad de brindar certeza jurídica. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis VII.2º.C.14C (10ª.), consultable en la página 1495, Décima Época, Libro XII, Tomo 3, con número de registro 2001551, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que textualmente dice: "ACCESO A LA JUSTICIA Y EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS. NO IMPLICA DEJAR SIN EFECTOS LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció que el acceso a la justicia no se agota con la simple existencia de tribunales, procedimientos formales ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que los recursos judiciales tengan efectividad, esto es, que se brinde al justiciable la posibilidad real de interponerlos y el órgano jurisdiccional competente evalúe sus méritos, por lo que serán efectivos en tanto sean capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos; sin embargo, fue la propia Corte Interamericana, quien estableció que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de los recursos resulta compatible con la Convención Americana, y que esa efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan tales requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos. Por tanto, el derecho humano de acceso a la justicia y la efectividad de los recursos, no implican dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen en el juicio de amparo, instrumento éste de justicia constitucional por el que, en sede nacional y en vía judicial, se garantiza al individuo la protección de sus derechos fundamentales." Además, el hecho de que se actualice una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se le esté negando al citado promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causas de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Cabe comentar, también, que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales de procedencia del juicio de amparo. En apoyo se invoca la jurisprudencia 10/2014 aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro siguiente y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar señalado en la demanda de amparo y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación
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