Eduardo de Jesús Rodríguez
Expediente 941/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 941/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Eduardo de Jesús Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra del proveído que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido.
- Principal
Colima, Colima, quince de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta[n] los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado[s] al artículo 3° de la Ley de Amparo, el [los] documento[s] de cuenta, a través del [los] cual[es] rinde[n] su[s] informe[s] justificado. Con respecto a la[s] documental[es] ofrecida[s], se admite[n] y se tiene[n] por desahogada[s] en razón de su propia y especial naturaleza. De autos se desprende que el acto reclamado por el quejoso se hace consistir en la omisión dictar la interlocutoria relativa al incidente no especificado, que promovió mediante escrito presentado ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en el expediente 212/2012. Por otra parte, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que este juzgador les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se acredita que el trece de noviembre de dos mil dieciocho, los integrantes del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima resolvieron el citado incidente, el cual se notificó personalmente al incidentista -quejoso-, el día siguiente; por tanto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, debido que al haberse resuelto la incidencia de que se trata dentro del expediente de mérito, esto es, después de que se presentó la demanda, entonces cesaron sus efectos; por lo que tal circunstancia conlleva a la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no deja huella alguna en la esfera jurídica del promovente que amerite ser borrada por la notificación del acto reclamado; de donde se sigue que, sobreviene la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, en virtud de que conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la ley de la materia, el efecto y finalidad del juicio de amparo, es conseguir la restitución en el goce del derecho violado a favor del quejoso, volviendo las cosas al estado que guardan antes de la violación constitucional, por lo que si en la especie, la materia sobre la cual recayó el acto reclamado dejó de surtir efectos, es indudable que no podrá restituirse al gobernado en el goce de la garantía conculcada, al haber dejado de producir consecuencias legales, por lo que el amparo es improcedente, actualizándose de esta manera la hipótesis normativa prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 90/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, que reza: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Ello es así, pues los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y se repone al quejoso en el goce de la garantía violada, según se advierte de las razones que sustenta la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2443 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCIX, Quinta Época, del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada. Asimismo se invoca el diverso criterio jurisprudencial 2a./J. 59/99, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia 2a./J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Lo anterior de ningún modo priva de defensa al quejoso, porque está permitido el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, según se obtiene de la simple lectura de la fracción V, del artículo 63, en relación con el inciso d) de la fracción I, del artículo 81, ambos de la Ley de Amparo, este último que establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento; puesto que en el caso la causa de improcedencia de referencia es manifiesta e indudable por la cesación de efectos del acto reclamado, y, por ello, ni en la audiencia constitucional ni al dictarse la sentencia correspondiente se puede formar una convicción diversa, con independencia de los elementos de prueba que se pudiera allegar. Por ende, también encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Dado lo expuesto en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, a verificarse a las once horas con dos minutos del veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese la circunstancia anterior a las autoridades señaladas como responsables para su conocimiento y efectos legales consiguientes. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma el Juez Segundo de Distrito en Colima, Vladimir Véjar Gómez, quien actúa asistido del [la] Secretario[a] Audel Arnoldo Hernández Solís, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***********, contra actos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 117 relativos de la Ley de Amparo, se admite dicha demanda, la cual se registró en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 941/2018-II. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Requerimiento de Informe justificado a la[s] autoridad[es] responsable[s]. El cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; debiendo acompañar, en su caso, el expediente original o el duplicado o copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias que apoyen el ocurso respecto del acto reclamado; incluyendo las pruebas que hubiesen sido rendidas y que por alguna razón no se hayan incorporado al expediente, considerando las siguientes directrices: Si algunas fojas se encuentran ilegibles, porque así están los documentos de donde se obtuvieron; entonces, deberá aclarar esa circunstancia, especificando el número de folio que le corresponda a cada una de ellas. Si las copias son legibles, pero las reproducciones fotostáticas se obtienen ilegibles; deberá efectuar su transcripción (trasunto) y enviarla. Si las copias solicitadas pueden enviarse legibles obteniéndolas con cuidado, así lo realice. Se fijan las once horas con dos minutos del veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Dese la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · 15,493 expedientes
- Eduardo Castañeda Cortes809/2018
- Eduardo Daniel Jaime Fonseca1162/2016
- Eduardo de Jesús Rodríguez442/2019
- Eduardo de Jesús Rodríguez700/2015
- Eduardo de Jesús Rodríguez759/2019
- Eduardo de Jesús Rodríguez1055/2019
- Eduardo de Jesús Rodríguez1066/2018
- Eduardo de la Fuente Lavalle889/2016
- Eduardo del Socorro Pérez y Peraza1217/2014
- Eduardo Delgadillo Andrade y Otros.1330/2016
- Eduardo Delgadillo Andrade1573/2013
- Eduardo Delgado Velasco1517/2015