Eduardo de Jesús RIncón García

Expediente 35/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
35/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
31/01/2022

Partes del expediente

  • Eduardo de Jesús RIncón García

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Parte quejosa desahoga vista y formula alegatos. Téngase por recibido el escrito signado electrónicamente por Daniel Eduardo Maya Vega, autorizado de la parte quejosa (carácter reconocido en auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno); y, atento a su contenido, se le tiene desahogando la vista ordenada en proveído de veintiséis del mes y año en curso, así como realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos, las cuales, conforme lo prevé el artículo 208, fracción III de la Ley de Amparo, serán tomadas en consideración al momento de dictar resolución en el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva promovido en autos. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA DE AVISO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso C) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a al perito RICARDO MORALES LOZANO, el contenido del acuerdo de DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, mismo que en síntesis dice:Que no se está en aptitud de celebrar la audiencia que nos ocupa en razón de que, de la revisión realizada al expediente electrónico del presente juicio de amparo, se advierte que no se citó a los peritos a fin de que estuvieran presentes en el desahogo de la audiencia constitucional a efecto de que las partes pudieran formular sus repreguntas. En esas condiciones; en aras de lograr la correcta integración del presente juicio de amparo y en obvio de evitar mayores dilaciones, se faculta al actuario de la adscripción para que, notifique el presente proveído, haga del conocimiento a los diestros la fecha en que se celebrara la audiencia constitucional y proporcione los códigos QR de acceso a las instalaciones que ocupa este Juzgado, lo anterior, para efecto de que puedan presentarse del día y la hora señalada. En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las catorce horas con ocho minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintidós, para su verificativo. Por tanto, para efecto de su desahogo, se han generado las citas para su comparecencia, en el Portal de Registro de Visitas a los Órganos del Poder Judicial de la Federación bajo los siguientes códigos QR: Perito oficial: José Francisco Pérez Espinoza. Perito de la quejosa Ricardo Morales Lozano. Perito terceros interesados: Sergio Alejandro Contreras López Perito parte tercera interesada: Rafael Hernández Rico. Códigos de acceso que deberán exhibir para comparecer a la audiencia y para que les permita el acceso a este recinto judicial, ello, en atención a las medidas adoptadas por el Consejo de la Judicatura Federal, frente a la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2.

  3. Principal

    ".V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1468/2021, promovido por Archibaldo Dorantes Vázquez Aldana, por propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Jalisco y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, y turnado a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Archibaldo Dorantes Vázquez Aldana, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El veinte de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la demanda; se registró con el número 1468/2021; se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe de ley; se dio vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito; se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de demanda. En acuerdo de ocho de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por ampliada la demanda respecto del acto reclamado al Titular de la Oficina de Recaudación 125 de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco; por ende, se solicitó el informe justificado; se dio vista a las partes con dicha ampliación y, finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos de autoridades residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que lo es: Del Gobernador y del Congreso, ambas del Estado de Jalisco, en su respectivo ámbito de competencia: ? La Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil 2021, en específico, el artículo 16, fracción I, inciso a), que reclama, con motivo de su primer acto de aplicación mediante el pago que del recibo oficial A 54623091, ampara. De la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco y del Titular de la Oficina de Recaudación Fiscal 125 de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado: ? El primer acto de aplicación del artículo tildado de inconstitucional, a través del pago del recibo oficial A 54623091. TERCERO. Inexistencia de lo reclamado. La Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado de dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, por sí y en representación del Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal 125 dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública, negó la existencia del acto reclamado, pues si bien se reconoció el pago realizado por ese concepto; empero, lo cierto es que ello aconteció motu proprio, sin que hubiere procedido a su cobro coactivo. Lo que únicamente revela que se autoliquidó la contribución por concepto de derechos que se detallan en dicho recibo oficial; es decir, que fue la propia contribuyente a que se refieren los recibos en comento quien se colocó en la hipótesis legal que ahora impugna, pues tales recibos resultan ser el medio idóneo para comprobar el pago de esa contribución y para tener por cierto que aquella se enteró de forma voluntaria. Así, se evidencia que la recepción del pago no se trató de un acto unilateral a través del cual esa autoridad hubiera creado, modificado o extinguido sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectaran la esfera legal de la parte quejosa. En tal virtud, la autoliquidación no obedece a una orden o requerimiento expreso de la autoridad encargada de recaudar los tributos, sino más bien, atiende al cumplimiento de una obligación establecida en la ley. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Común página: 367, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Así como la diversa tesis 2a. XCII/2002 P, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002 Materia(s): Administrativa página: 379, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UN TRIBUTO NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. La existencia de un acto de autoridad no puede, lógicamente, hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad, por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con lo cual acredita la autoaplicación de la ley, por sí sola no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro que les atribuyó a las autoridades ejecutoras. No obsta a lo anterior el hecho de que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba serle atribuido a la autoridad receptora." Por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de las autoridades denominadas Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco y del Titular de la Oficina de Recaudación Fiscal 125 de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, conforme al cual, el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Congreso y Gobernador, ambas del Estado de Jalisco, al rendir sus respectivos informes con justificación por conducto de sus representantes, reconocieron la certeza del acto reclamado, pues así lo manifestaron las responsables en los informes justificados, aunado a que su existencia no está sujeta a prueba por tratarse de la constitucionalidad de una norma y, por ende, basta su publicación en el diario oficial para que el juzgador pueda invocarla como hecho notorio. Es aplicable al tópico, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 2a./J. 65/2000, de la Novena Época, con número de registro 191452, visible a página 260, tomo XII, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Así como la tesis V.2o.214 K, de la Octava Época, con registro 209107, consultable dentro del Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XV-1, febrero de 1995, y que es localizable a página 205, la cual se transcribe a continuación: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por los promoventes, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no . En ese orden, no se advierte, de oficio, motivo que haga improcedente este asunto constitucional, ni las partes hicieron valer diverso con ese fin, por lo que se procederá con el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad formulados por la parte quejosa, pues no existe disposición que obligue a ello, ya que lo importante es que no se dejen de analizar en su integridad. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, Novena Época, bajo la voz y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En principio, y para lograr una mejor comprensión del asunto a estudiar, se tiene que el acto reclamado consistente en la aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2021, en específico, el artículo 16, fracción I, inciso a), reclamado del Gobernador y del Congreso del Estado de Jalisco, en su respectivo ámbito de competencia, derivaron de la autoaplicación que la parte quejosa hizo del mismo ante la autoridad exactora, cuando liquidó los derechos por haber registrado actos e una sola escritura pública los que ascendieron a $ 42,000.00 (cuarenta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional) y 3,674.42 tres mil seiscientos setenta y cuatro 42/100 moneda nacional). Es fundado el único concepto de violación en que la parte quejosa alega, en esencia, que el artículo 16, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021, transgrede los principios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que establece una cuota al cobro de derechos en función del monto de la operación a registrar y no atendiendo al servicio que se presta (inscripción). En efecto, el artículo 16, fracción I, inciso a) de la Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, resulta inconstitucional, por contravenir los principios de equidad y proporcionalidad tributarias establecidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que los derechos de inscripción se regulan cuantificándolos sobre una tarifa, más no dependiendo del servicio que presta el Estado por la operación registral, es decir, el pago de derechos registrales debe cuantificarse tomando en cuenta únicamente el costo del servicio prestado por la administración pública, no así el monto de la operación a inscribir. De acuerdo con los artículos 16, fracción I, inciso a) de la Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, los derechos por utilizar el servicio del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, son ingresos que la Hacienda Pública del Estado tiene derecho a percibir; así, en términos de la disposiciones legales que la parte quejosa impugna, por el servicio público que presten las oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en específico, para obtener el registro de un acto, contrato o resolución judicial en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco; es indispensable pagar el valor mayor de entre el catastral, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar, el: 0.50%; asimismo, dependiendo el tipo de vivienda si es de interés social o popular y unifamiliar destinada a casa habitación, se cobrarán 5 (cinco) veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el ejercicio fiscal 2021. Sin embargo, es de advertir que el registro de cualquier acto, contrato o resolución judicial (previsto en los diversos incisos de la misma fracción), establece una actividad análoga que desemboca en un mismo resultado que es la inscripción en los asientos registrales de un acto jurídico, para darle publicidad y certeza jurídica a su realización. En ese sentido, para que se acate el principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se debe atender a la similitud de servicios, habida cuenta que no es aceptable que se enuncie un porcentaje sobre el valor que resulta mayor de entre el catastral, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar, siendo que eso no es un elemento determinante del costo que al Estado le pueda representar el servicio que presta. El principio de equidad en las contribuciones fiscales significa, solamente, que la norma legal que establece el tributo, dé un trato igual a los gobernados que se encuentran comprendidos dentro de supuestos análogos y que reciban un similar servicio. Ahora bien, por estimarse necesario, conviene transcribir el contenido de la porción del precepto que se combate: "(.) Artículo 16. Por los servicios que presten las oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, se causarán los derechos que se establecen en este capítulo, aplicando las tarifas correspondientes: I. Por el registro de actos, contratos, inmatriculación de construcciones, títulos o resoluciones judiciales, así como aquellos en los que se transmita la propiedad de inmuebles, excedencias determinadas en diligencias de apeo y deslinde, incluidos fideicomisos o hipotecas, por cada uno, no obstante se encuentren en un solo documento, escritura, acta o póliza mercantil: a) Sobre el valor que resulte mayor entre el catastral, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar, el 0.50% Tratándose de los actos o contratos relativos a la adquisición de inmuebles destinados a actividades industriales, sobre el valor que resulte mayor entre el consignado, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar, se pagará el 0.35%. Si al aplicar la tasa anterior, resulta un derecho inferior a $499.00, se cobrará esta cantidad. Tratándose de vivienda económica se cobrarán 4 (cuatro) veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el ejercicio fiscal 2021. Se entiende por vivienda económica, aquella cuyo valor catastral no exceda de 15 (quince) veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el ejercicio fiscal 2021 elevada al año. Tratándose de vivienda de interés social o popular y unifamiliar destinada a casa habitación, se cobrarán 5 (cinco) veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el ejercicio fiscal 2021. En los demás tipos de vivienda destinados a casa habitación se cobrarán 41 (cuarenta y un) veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el ejercicio fiscal 2021. Se entiende por vivienda de interés social individual, aquella cuyo valor catastral no exceda de 20 (veinte) veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el ejercicio fiscal 2021 elevada al año. Se entiende por vivienda popular y unifamiliar, aquella cuyo valor catastral no exceda de 30 (treinta) veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el ejercicio fiscal 2021 elevada al año. (.)" De acuerdo con la porción normativa reproducida, el gobernado que pretenda que se registre un acto, contrato o resolución judicial vinculado con inmuebles, en el Registro Público de la Propiedad, deberá considerar, para enterar a la oficina recaudadora correspondiente, el 0.50% (cincuenta por ciento) del valor catastral, comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar. Asimismo, establece que tratándose de vivienda económica se cobrarán cuatro veces la unidad de medida y actualización vigente para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Define, que debe entenderse por vivienda económica, aquella cuyo valor catastral no exceda de quince veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el ejercicio fiscal que se analiza. En relación a la vivienda de interés social o popular y unifamiliar destinada a casa habitación, establece que se cobrarán cinco veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el ejercicio fiscal de mérito. En tanto que en los demás tipos de vivienda destinados a casa habitación se cobrarán cuarenta y un veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el ejercicio fiscal en mención. Con ello se pone de relieve que, pudiendo existir una notable diferencia entre las operaciones o actos jurídicos que se pretendan inscribir e incorporar al Registro Público de la Propiedad, el servicio que presta el Estado por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales vinculados a esos bienes puede considerarse igual, porque exige de la administración un esfuerzo uniforme a través del cual puede satisfacer todas las necesidades que se presenten, sin aumento apreciable del costo del servicio, lo que evidencia que el dispositivo, en la porción normativa que reclama la quejosa, no se ajusta a los principios de equidad y proporcionalidad tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Así, se tiene que en el cobro de derechos fiscales debe existir una correlación entre la prestación del servicio público y el monto de la cuota; para juzgar sobre la proporcionalidad de derechos por registro de actos, contratos o resoluciones judiciales en el Registro Público de la Propiedad, solamente debe tomarse en cuenta esa correlación y no otros elementos distintos; de suerte que, el considerar el valor mayor de entre el que se consigne en dicho documento, el comercial o el que se desprenda del propio instrumento, al cual se le aplicará la tasa del 0.50%, asimismo, dependiendo el tipo de vivienda si es de interés social o popular o fuera de estas características pero que sean destinadas para casa habitación, pagarán entre cuatro a cuarenta y un veces la unidad de medida y actualización vigente en el ejercicio fiscal, lo que constituye un aspecto ajeno a esa correlación entre la prestación del servicio y el monto de la cuota. De ahí que se esté en posición de afirmar que el artículo 16, fracción I, inciso a) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021, transgrede los principios de equidad y proporcionalidad tributarias contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que para fijar el monto del derecho por la prestación del servicio público de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales ante el Registro Público de la Propiedad, se atiende a elementos ajenos al servicio que presta el Registro Público de la Propiedad, relativos al valor pecuniario representado en esos documentos; elemento que no guarda relación con el costo del servicio recibido por los usuarios contribuyentes. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Marzo de 2007, página 334, registro 173029, de rubro y texto siguientes: "EQUIDAD TRIBUTARIA. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA DICHO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. Los criterios generales para determinar si el legislador respeta el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consisten en que: 1) exista una diferencia de trato entre individuos o grupos que se encuentren en una situación comparable (no necesariamente idéntica, sino solamente análoga); 2) de existir esa situación comparable, la precisión legislativa obedezca a una finalidad legítima (objetiva y constitucionalmente válida); 3) de reunirse ambos requisitos, la distinción constituya un medio apto y adecuado para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido; y, 4) de actualizarse esas tres condiciones, se requiere, además, que la configuración legal de la norma no dé lugar a una afectación desproporcionada o desmedida de los bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Por ende, el examen de constitucionalidad de una ley bajo el principio de equidad tributaria precisa de la valoración de determinadas condiciones, de manera escalonada, generando que el incumplimiento de cualquiera de éstas sea suficiente para estimar que existe una violación al indicado principio constitucional, haciendo innecesario el estudio de las demás.". Así como la jurisprudencia P./J. 121/2007, integrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en la página 2099, Tomo XXVII, Enero de 2008, relativa a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA. Las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o documentos en un registro público, estableciendo que dichas contribuciones deben cuantificarse mediante un porcentaje o factor al millar aplicado sobre el valor económico reflejado en estos últimos, vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues para determinar su importe en esos términos no se toma en cuenta el costo del servicio prestado por la administración pública, y se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, provocándose que por la misma función estatal se causen cuotas distintas, y aunque es cierto que esas contraprestaciones no necesariamente deben corresponder con exactitud matemática al costo del servicio recibido, sí deben fijarse en relación con el mismo" En consecuencia, al quedar evidenciada la transgresión a los derechos fundamentales de la parte quejosa, se debe conceder el amparo contra de los actos en comento, para los efectos que enseguida se precisan. SÉPTIMO. Efectos de la sentencia de amparo. A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos que se consideraron transgredidos, la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, por sí o a través del Jefe de la Oficina Recaudadora 125 de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, tiene el carácter de autoridad vinculada con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque es quien dentro del ámbito de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76, 94 y 96 del Código Fiscal del Estado de Jalisco y 52, 53, fracción XIV, 73, fracción VI, 79, fracción III, 80, 87, fracción XXXIX del Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, habrá de realizar lo siguiente: I. Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa el precepto en cita, esto es, que no se le aplique en lo presente y en lo futuro la norma declarada inconstitucional, hasta en tanto se encuentre vigente; y, II. Devolver a Archibaldo o Archivaldo Dorantes Vázquez Aldana, la cantidad de la manera siguiente: Quejoso Recibo Oficial Concepto y fracción Cantidad pagada Cuota mínima fija Cantidad a devolver Archibaldo o Archivaldo Dorantes Vázquez Aldana, A 54623091 10064 $42,000 $499.00 $41,501.00 Archibaldo o Archivaldo Dorantes Vázquez Aldana A 54623091 10002 $3,674.42 $358.00 Cuatro veces la unidad de medida y actualización vigente en 2021. $3,316.42 Ello, porque la concesión del amparo no implica liberar a la parte quejosa del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, de tal manera que sólo dejará de pagar la cantidad precisada en dicha fracción e inciso, pero sin relevarla de la obligación de enterar la tarifa más baja, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. Sin que lo anterior implique la devolución de la cantidad por el resto de los conceptos pagados, consignados en el recibo oficial de mérito, toda vez que ello no fue combatido en la demanda. Por lo expuesto, fundado, se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Archibaldo o Archivaldo Dorantes Vázquez Aldana, respecto de los actos de las autoridades responsables Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco y del Titular de la Oficina de Recaudación Fiscal 125 de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, indicado en el considerando segundo, en términos del considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a por Archibaldo o Archivaldo Dorantes Vázquez Aldana, contra los actos reclamados al Gobernador y Congreso del Estado de Jalisco, por las determinaciones establecidas en el considerando sexto y para los efectos fijados en el considerando último de esta resolución. Notifíquese. Así´ lo resolvió y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Juan Alberto Ramírez Díaz, secretario que autoriza y da fe. RAAG/JARD

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