Eduardo de Anda Garciarce
Expediente 461/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 461/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 08/10/2019
Partes del expediente
- Eduardo de Anda Garciarce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
DE LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA Y DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, SE ADVIERTE QUE TRANSCURRIÓ EL PLAZO QUE LA LEY CONCEDE A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE SE INCONFORMARA, SI A SU DERECHO CONVENÍA, CONTRA LA DETERMINACIÓN PRONUNCIADA EL DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, A TRAVÉS DE LA CUAL, SE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN AUTOS; POR TANTO, ENVÍENSE MATERIALMENTE LAS ACTUACIONES AL ARCHIVO. CON APEGO AL CITADO NUMERAL 196 DE LA LEY DE AMPARO, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES. SE CONSIDERA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, BAJO LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO DEL ACUERDO GENERAL EN CITA, TODA VEZ QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO DE LA JUSTICIA FEDERAL. LA PARTE QUEJOSA NO MANIFESTÓ OPOSICIÓN A QUE SUS DATOS PERSONALES SE INCLUYERAN EN LA PUBLICACIÓN CON MOTIVO DE LAS CONSULTAS SOLICITADAS POR TERCEROS. HÁGASE SABER PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN DICHO ACUERDO QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE NO CONTIENE INFORMACIÓN RESERVADA, COMO TAMPOCO INFORMACIÓN DE RELEVANCIA DOCUMENTAL E HISTÓRICA. EN EL PRESENTE EXPEDIENTE NO EXISTE DOCUMENTO ALGUNO EN ORIGINAL, QUE DEVOLVER A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Relación de estado procesal de autos y se hace efectivo apercibimiento. Visto el estado procesal de autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en auto de dos de septiembre de dos mil diecinueve, para que desahogara la vista que se ordenó respecto del cumplimiento que la Tesorería Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, aduce dar a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, con fundamento en el párrafo cuarto de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. A efecto de estar en posibilidad de pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, deben tomarse en consideración los siguientes antecedentes: Se tuvo como actos reclamados el proceso legislativo relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019, particularmente el artículo 38, fracción V, inciso b). En la sentencia dictada el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, se resolvió: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Eduardo De Anda Garciarce, contra los actos reclamados del Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Jalisco, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos y para los efectos indicados en el considerando último de este fallo. En proveído de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia de autos, por lo que se requirió por el cumplimiento a la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, para que acatara los lineamientos del fallo protector. En la ejecutoria dictada en el presente juicio, se determinó que la autoridad responsable, debía realizar lo siguiente: Desincorpore de la esfera jurídica de la inconforme, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a la disposición reclamada que prevé una tasa mayor que la mínima para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. En ese sentido, para que al momento de que se cuantifique el monto respectivo, se haga extensivo el beneficio de la tasa más benéfica, misma que sirvió de base para el comparativo de las situaciones de desigualdad, que en este caso resulta ser la de 0.25 (cero punto veinticinco), por concepto del impuesto predial para dicho ejercicio. Lo anterior, pues no podría desincorporarse totalmente la obligación de pagar la contribución de referencia, en virtud de que ello implicaría poner al promovente en un estado privilegiado y; además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto de la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. Devuelva la cantidad que enteró la parte quejosa con motivo del impuesto predial relativo a los recibos de pago oficiales P1564462 y P1564461, en el entendido de que dicha devolución versará sólo en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos edificados y por lo que ve al impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. Debe señalarse que una vez realizado el cálculo con la tasa menor de 0.25 (cero punto veinticinco), la devolución por el ejercicio fiscal enterado deberá entregarse al contribuyente por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda. Lo anterior, en el entendido de que dicha devolución deberá actualizarse, de acuerdo con los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; y, tendrá que versar exclusivamente en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos urbanos edificados. Así, una vez obtenido el monto de tal impuesto, deberá realizar la sustracción de la cantidad respectiva a las sumas cubiertas por concepto del aludido impuesto predial de predios urbanos no edificados, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, para así fijar la diferencia de numerario que debe entregarse a la parte quejosa". En proveído de dos de septiembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa con las constancias recibidas en auto de dieciséis de agosto pasado, en que se tuvo a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, informando que el cheque valioso por la cantidad de $18,711.80 (dieciocho mil setecientos once pesos 80/100 moneda nacional), que ampara la cantidad materia de devolución con motivo de la ejecutoria dictada en autos, se encontraba a disposición de la parte quejosa, en el domicilio de dicha tesorería. Previo a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida o existe exceso o defecto en el cumplimiento, debe atenderse a los argumentos con los que se concedió la protección constitucional, que fueron los siguientes: Que la porción normativa bajo análisis constitucional, resultaba violatoria del principio de equidad tributaria, en la medida en que obliga al sujeto del impuesto predial a pagar una tasa disímil; esto es, a quien sea propietario o poseedor de predios urbanos edificados le aplicará una tasa de 0.25 (cero punto veinticinco); mientras que a los titulares de predios urbanos no edificados la diversa de 0.80 (cero punto ochenta). Además, que el gravamen del ejercicio fiscal en cuestión también es violatorio de la garantía tributaria de proporcionalidad, en atención a que establecen un pago mayor del impuesto predial a los propietarios o poseedores de predios urbanos no edificados, y un pago menor sobre ese concepto a los propietarios o poseedores de predios urbanos edificados, lo que revela que no se atiende a la auténtica capacidad contributiva en cada caso, esto es, en relación con el valor real del predio; habida cuenta de que el objeto del impuesto predial, en lo que interesa, es la propiedad o posesión de los predios urbanos. Que por tal razón la porción normativa cuestionada, resultaba contraria a los principios de equidad y proporcionalidad tributarios consagrados en el artículo 61 constitucional, pues otorgan un trato disímil a contribuyentes ubicados en un mismo hecho generador de gravamen -impuesto predial-, sin que exista un motivo legal y suficiente para ello; además no atiende a la auténtica capacidad contributiva del sujeto pasivo del impuesto. Del texto del artículo citado se desprende que el objeto de la concesión de la protección constitucional se encuentra en función de la naturaleza del acto reclamado, distinguiéndose en dos hipótesis: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Luego, en el presente caso, la naturaleza del acto reclamado es de carácter positivo, por implicar un hacer de las responsables; por lo que el objeto de la concesión fue restituir a la quejosa en el goce del derecho fundamental considerado vulnerado. Actos realizados por la autoridad responsable tendente a cumplir con la ejecutoria de amparo. De las constancias certificadas remitidas por la autoridad vinculada al cumplimiento, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2, se advierte en lo que interesa, lo siguiente: Que se expidió el cheque valioso por la cantidad de $18,711.80 (dieciocho mil setecientos once pesos 80/100 moneda nacional), que ampara la cantidad materia de devolución con motivo de la ejecutoria dictada en autos, el cual, se dejó a disposición de la parte quejosa en las instalaciones de la Tesorería Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Que en auto de dieciséis de agosto pasado, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, compareciera ante dicha autoridad a efecto de recibir el titulo antedicho, o en su defecto, manifestara el impedimento legal o material para ello. Que en auto de dos de septiembre pasado, se hizo constar que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa sin que hubiere formulado manifestación al respecto. Ahora bien, en términos del artículo 196, párrafo segundo, se procede a analizar si hubo exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así, en principio, se estima que existe "exceso" cuando las responsables no se ajustan al tenor exacto del fallo y se extralimitan en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la suspensión que concedió la protección constitucional, en tanto que hay "defecto" cuando las autoridades responsables dejan de cumplir en su integridad lo ordenado en la sentencia, esto es, dejan de hacer algo que se les ordenó en la resolución de cuya ejecución se trata. Luego, en el presente asunto, se desprende que se estableció como lineamientos en la concesión de amparo, que la autoridad vinculada al cumplimiento realizara lo siguiente: Que se desincorporara de la esfera jurídica de la inconforme, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a la disposición reclamada que prevé una tasa mayor que la mínima para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. Que se devolviera la cantidad que enteró la parte quejosa con motivo del impuesto predial relativo a los recibos de pago oficiales P1564462 y P1564461, en el entendido de que dicha devolución versará sólo en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos edificados y por lo que ve al impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, y previa actualización de esa cantidad. Bajo tales condiciones, se aprecia que la Tesorería Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, expidió el cheque valioso por la cantidad de $18,711.80 (dieciocho mil setecientos once pesos 80/100 moneda nacional), que ampara la cantidad materia de devolución con motivo de la ejecutoria dictada en autos, el cual, se dejó a disposición de la parte quejosa en las instalaciones de la Tesorería Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco; asimismo, que en auto de dieciséis de agosto pasado, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, compareciera ante dicha autoridad a efecto de recibir el titulo antedicho, o en su defecto, manifestara el impedimento legal o material para ello; y que la parte quejosa fue omisa en acatar dicho requerimiento. Entonces, se considera que con ello, se ha cumplido el núcleo esencial de la protección constitucional, ya que los efectos concesorios del amparo se contrajeron a que la autoridad responsable, tras desincorporar de la esfera jurídica de la inconforme, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a la disposición reclamada que prevé una tasa mayor que la mínima para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, se le devolviera la cantidad que enteró la parte quejosa con motivo del impuesto predial relativo a los recibos de pago oficiales P1564462 y P1564461, en el entendido de que dicha devolución versará sólo en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos edificados y por lo que ve al impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, y previa actualización de esa cantidad; lo cual se acreditó en la especie, mediante la emisión del cheque respectivo y su notificación personal a la parte quejosa, a efecto de que se presentara a recoger el cheque correspondiente. Sin que obste a lo aquí resuelto, la circunstancia de que no se hubiere acreditado la entrega material de la cantidad devuelta a la parte quejosa; pues lo cierto es que la autoridad vinculada al cumplimiento acreditó haber puesto tales cantidades a disposición del promovente, lo que se le hizo de su conocimiento personal, con motivo de la notificación relativa al auto de dieciséis de agosto pasado. De ahí que la suscrita considere que no existe exceso o defecto en la forma de cumplimiento al fallo protector. En ese orden, en atención al fallo protector dictado en actuaciones, y con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, este órgano de Control Constitucional declara que se ha cumplido la ejecutoria de mérito y se tiene a la autoridad responsable, dando cumplimiento a los lineamientos sustentados en el fallo protector, restituyendo con ello a la quejosa en el goce de sus derechos constitucionales. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que reviste a la parte interesada para inconformarse en términos de la Ley de Amparo aplicable. Se reserva pronunciarse sobre el destino del expediente de amparo, hasta en tanto transcurra el plazo a que se refiere el artículo 202 de la ley de la materia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días acudiera al domicilio de la Tesorería Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, a fin de recibir el cheque valioso por la cantidad de $18,711.80 (dieciocho mil setecientos once pesos 80/100 moneda nacional), que ampara la cantidad materia de devolución a que se contrae el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos; sin embargo; a la fecha no hay constancia que acredite que la aquí quejosa haya acudido a dicha dependencia a recoger el antes mencionado cheque, ni tampoco ha manifestado la imposibilidad de hacerlo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con la constancias remitidas por la responsable y recibidas por este Juzgado en fecha doce de los corrientes, por el plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que exprese lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que en caso de no realizar manifestación alguna, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables y aquellas requeridas para dicho cumplimiento. I. Cumple requerimiento. Se tiene por recibido el oficio con anexo que remite el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, mediante el cual, informa que conminó a la Directora General de Ingresos del citado ayuntamiento, a cumplir con la ejecutoria dictada en autos; en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en líneas precedentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, suscrito por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, mediante el cual, en atención al requerimiento de treinta de julio de dos mil diecinueve, informa que el cheque valioso por la cantidad de $18,711.80 (dieciocho mil setecientos once pesos 80/100 moneda nacional), que ampara la cantidad materia de devolución a que se contrae el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, se encuentra a disposición de la parte quejosa en las instalaciones de dicha tesorería Municipal. Tomando en consideración lo expuesto por la autoridad oficiante, requiérase al quejoso Eduardo De Anda Garciarce, para que dentro de los tres días legalmente computados, comparezca debidamente identificado ante la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, ubicada en calle Mezquital número 604, fraccionamiento Los Portales de Puerto Vallarta, Jalisco, dentro del horario de lunes a viernes de ocho a dieciséis horas, a fin de recibir el cheque correspondiente; o bien, informe a este órgano constitucional, el impedimento legal o material que tenga para ello. Apercibido el quejoso que de no comparecer o manifestar su imposibilidad para tal efecto dentro del plazo otorgado, se dictará resolución fundada y motivada en la que se declare por cumplida la sentencia de amparo, lo anterior acorde a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Acorde al apercibimiento referido en el párrafo anterior, con fundamento en el segundo párrafo, del numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la comparecencia de la parte quejosa ante esa dependencia, remita copia certificada del acuse de recibo del pago materia de la presente instancia, o en su defecto del impedimento que tuviere para ello. Se le apercibe que de no hacerlo sin causa justificada, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la quejosa.
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