Eduardo David Reed Garcia
Expediente 652/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 652/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Eduardo David Reed Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
...AUDIENCIA INCIDENTAL. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, por así manifestarlo en su informe previo. Por tanto, procede continuar con el estudio de la presente resolución. QUINTO. Naturaleza de los actos reclamados (Materia Para La Suspensión). Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, el quejoso solicitó que se conceda la medida cautelar, para que no se ejecute ningún acto procesal derivado de la resolución impugnada y se suspenda el trámite del toca ************. Sobre esa base, se considera que el acto en estudio no resulta ser paralizable pues el dictado de la resolución reclamada, en el sentido de que confirmó el desechamiento del recurso de apelación interpuesto por el quejoso carece de ejecución o algún otro acto posterior al de su emisión; es decir, se trata de un acto que únicamente evidenció una situación jurídica determinada, pero sin que se hubieran modificado situaciones o derechos existentes anteriores a éste. Se afirma tal aserto, toda vez que dicho acto únicamente tiene efectos declarativos, pues considerando lo expuesto por la parte quejosa en la demanda, se advierte que el magistrado responsable solo confirmó la decisión emitida el dieciséis de junio del año en curso, en el toca ************; esto es, constituye un acto carente de ejecución dado que no modifica ni altera el estado de las cosas existentes, aunado a que tampoco resulta ejecutable ni requiere ejecución material. Asimismo, por lo que hace a que se ordene suspender el trámite del toca antes mencionado, no es posible conceder la medida solicitada, ya que de otorgarla en los términos propuestos, se contravendrían disposiciones de orden público, así como el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, toda vez que los actos en estudio son tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de la función jurisdiccional y, por ello, les reviste el carácter de actos de interés social, pues corresponden a la administración de justicia que debe ser pronta y expedita. Por tanto, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse, por sí mismos, como generadores de afectación al interés jurídico del quejoso, pues en el caso, no se advierte que el derecho particular del incidentista sea oponible al interés general que tiene la colectividad de que la tramitación de los procesos jurisdiccionales sea expedita, como en el caso acontece. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 81/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 357 del tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Uno de los requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para el otorgamiento de la suspensión definitiva, es el relativo a que con tal otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, en tanto que la apreciación de su existencia depende del caso concreto y toda vez que los juzgadores de amparo deben respetar el mandato constitucional relativo a la fundamentación y motivación de sus resoluciones como una formalidad esencial del procedimiento, tal como se desprende del contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley de Amparo y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la ley que regula el juicio de garantías, se concluye que dichos juzgadores, según sea el caso, al otorgar o negar la suspensión definitiva del acto reclamado deben exponer los motivos por los que consideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no disposiciones de orden público." En consecuencia, al no reunirse los requisitos exigidos por el artículo 128 y 147, de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sentido, procede negar la suspensión definitiva solicitada. Es aplicable a lo anterior, la tesis que se transcribe a continuación: Época: Séptima Época Registro: 249976 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 163-168, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 15 ACTOS DECLARATIVOS, SUSPENSION IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Aun cuando la sentencia reclamada sea definitiva, la misma es meramente declarativa si la autoridad responsable se limita a evidenciar una situación jurídica determinada, pero sin que se modifiquen situaciones o derechos existentes y, por lo tanto, de tal sentencia no se deriva ningún acto de ejecución, sino actos meramente declarativos que se ejecutan desde la fecha en que se hace la declaración, resultando en consecuencia improcedente la suspensión que en su contra se pida, pues tales actos quedan fuera del alcance jurídico de ella. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a ************ la suspensión definitiva de los actos reclamados, por los motivos señalados en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese.
- Incidental
Irapuato, Guanajuato, dos de septiembre de dos mil veintiuno. INFORME PREVIO Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Magistrado Propietario de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, misiva mediante la cual rinde su informe previo; en tales condiciones, de conformidad con el artículo 140, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de ley. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación de este en la audiencia respectiva. Notifíquese.
- Incidental
Irapuato, Guanajuato, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Segundo Civil de Partido, de esta ciudad, misiva mediante la cual rinde su informe previo En tales condiciones, de conformidad con el artículo 140, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de ley. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación de este en la audiencia respectiva. Notifíquese.
- Incidental
... Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con copia de la demanda y escrito aclaratorio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y en cuerda separada el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 652/2021 promovido por *****, por propio derecho; contra el acto que reclama de la Novena Sala Civil de Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y otra, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INFORME PREVIO Requiérase a las autoridades responsables para que en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento en que reciban el oficio correspondiente, rindan por duplicado su informe previo, en el que manifiesten si son ciertos o no los actos reclamados por la parte quejosa y en su caso, las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. En el entendido, de que el informe solicitado, podrán ser remitidos a este Juzgado vía fax al teléfono 462 62 4 40 81, vía telegráfica, por correo electrónico a la dirección institucional 10jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, por vía ordinaria; pero únicamente por una de las vías antes señaladas. En ese orden, con la finalidad de incentivar el uso de tecnologías en la impartición de justicia, se precisa a la autoridad responsable que puede proporcionar una cuenta de correo electrónico a efecto de que se establezca como medio de contacto con el personal del juzgado, o bien, para que la práctica de notificaciones judiciales. Asimismo, para facilitar la integración y consulta del expediente electrónico, se solicita que se envíen las constancias completas y legibles necesarias para apoyarlo, debidamente digitalizadas, a través de medios tecnológicos tales como discos magnéticos o memorias "USB", corroborando que los archivos electrónicos que se adjunten se encuentren libres de virus, o bien, de no ser posible, las remita de manera física. En la inteligencia, que de no rendir su informe previo se presumirá cierto el acto que se le reclama y se impondrá por omisa, una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente. Para efecto de lo anterior, remítase a las responsables copia simple de la demanda de amparo y escrito aclaratorio. Hágase saber a la autoridad responsable que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia incidental durante el transcurso del incidente, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrá consultarlo en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253, libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." AUDIENCIA INCIDENTAL Para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia incidental se señalan las TRECE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINITIUNO; la que se fija en atención a las cargas de trabajo con las que cuenta este juzgado. ESTUDIO DE LA MEDIDA CAUTELAR De la interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción X, del artículo 107 constitucional, se tiene que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la integración de todos los presupuestos jurídicos siguientes: Solicitud de la medida y señalamiento del acto que pretende paralizarse. Certeza de los actos reclamados. Existencia de materia para la suspensión o medida cautelar. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; e, Interés jurídico que, de ser el caso, implica que se compruebe la apariencia del buen derecho (juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del amparo frente a las violaciones alegadas, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se concederá la protección de la Justicia de la Unión del acto impugnado); lo cual de colmarse, debe sopesarse respecto del perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida. Se precisa que la ausencia de cualquiera de dichas condiciones tiene como consecuencia que deba negarse la medida cautelar. SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR -FIJACIÓN DEL ACTO A PARALIZAR- El numeral 128, fracción I de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión que exista petición de parte; en tal virtud, es necesario que el quejoso señale claramente los actos cuya suspensión se solicita. En el caso, se cumple con dicho requisito pues la parte quejosa solicitó la medida cautelar e indicó que los actos por los que se admitió la demanda que pretende paralizar consisten en: - La resolución de trece de julio de dos mil veintiuno, dictada por la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, dentro del toca ********************, en la que resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el auto de dieciséis de junio de este año, por el cual, en una parte se desechó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por el quejoso y por otra, admitió diverso recurso de apelación hecho valer por la parte actora en el juicio de origen. PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADOS Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos, salvo que las manifestaciones vertidas por la parte quejosa desvirtúen su existencia, pues no puede partirse del supuesto de que los actos son ciertos cuando el propio inconforme lo reconoce en los hechos de la demanda; sin que ello prejuzgue sobre su procedencia pues para tal efecto deben analizarse los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, para efectos de la suspensión provisional, el acto en estudio debe tenerse por cierto con base en la manifestación que, bajo protesta de decir verdad, realiza la quejosa en relación con su emisión, lo cual merece valor probatorio merced al principio de probidad que rige el juicio de amparo que implica considerar que las partes se conducen con verdad y que sus afirmaciones son ciertas, con lo que cualquier afectación sobre sus derechos se presumen ciertos. Lo anterior, conforme a lo establecido en la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Octava Época Registro: 206395 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 68, Agosto de 1993 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 5/93 Página: 12 "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Contradicción de tesis. Varios 34/91. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 11 de enero de 1993. Cinco votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Maximiliano Toral Pérez. Tesis de Jurisprudencia 5/93. Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión privada de veintiocho de junio de mil novecientos noventa y tres, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Presidente Noé Castañón León, Atanasio González Martínez, Carlos de Silva Nava, José Manuel Villagordoa Lozano y Fausta Moreno Flores. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 528, página 347. NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS (materia para la suspensión) Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, el quejoso solicitó que se conceda la medida cautelar, para que no se ejecute ningún acto procesal derivado de la resolución impugnada y se suspenda el trámite del toca ********************. Sobre esa base, se considera que el acto en estudio no resulta ser paralizable pues el dictado de la resolución reclamada, en el sentido de que confirmó el desechamiento del recurso de apelación interpuesto por el quejoso carece de ejecución o algún otro acto posterior al de su emisión; es decir, se trata de un acto que únicamente evidenció una situación jurídica determinada, pero sin que se hubieran modificado situaciones o derechos existentes anteriores a éste. Se afirma tal aserto, toda vez que dicho acto únicamente tiene efectos declarativos, pues considerando lo expuesto por la parte quejosa en la demanda, se advierte que el magistrado responsable solo confirmó la decisión emitida el dieciséis de junio del año en curso, en el toca ********************; esto es, constituye un acto carente de ejecución dado que no modifica ni altera el estado de las cosas existentes, aunado a que tampoco resulta ejecutable ni requiere ejecución material. Asimismo, por lo que hace a que se ordene suspender el trámite del toca antes mencionado, no es posible conceder la medida solicitada, ya que de otorgarla en los términos propuestos, se contravendrían disposiciones de orden público, así como el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, toda vez que los actos en estudio son tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de la función jurisdiccional y, por ello, les reviste el carácter de actos de interés social, pues corresponden a la administración de justicia que debe ser pronta y expedita. Por tanto, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse, por sí mismos, como generadores de afectación al interés jurídico del quejoso, pues en el caso, no se advierte que el derecho particular del incidentista sea oponible al interés general que tiene la colectividad de que la tramitación de los procesos jurisdiccionales sea expedita, como en el caso acontece. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 81/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 357 del tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Uno de los requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para el otorgamiento de la suspensión definitiva, es el relativo a que con tal otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, en tanto que la apreciación de su existencia depende del caso concreto y toda vez que los juzgadores de amparo deben respetar el mandato constitucional relativo a la fundamentación y motivación de sus resoluciones como una formalidad esencial del procedimiento, tal como se desprende del contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley de Amparo y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la ley que regula el juicio de garantías, se concluye que dichos juzgadores, según sea el caso, al otorgar o negar la suspensión definitiva del acto reclamado deben exponer los motivos por los que consideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no disposiciones de orden público." En consecuencia, al no reunirse los requisitos exigidos por el artículo 128 y 147, de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sentido, procede negar la suspensión provisional solicitada. Es aplicable a lo anterior, la tesis que se transcribe a continuación: Época: Séptima Época Registro: 249976 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 163-168, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 15 ACTOS DECLARATIVOS, SUSPENSION IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Aun cuando la sentencia reclamada sea definitiva, la misma es meramente declarativa si la autoridad responsable se limita a evidenciar una situación jurídica determinada, pero sin que se modifiquen situaciones o derechos existentes y, por lo tanto, de tal sentencia no se deriva ningún acto de ejecución, sino actos meramente declarativos que se ejecutan desde la fecha en que se hace la declaración, resultando en consecuencia improcedente la suspensión que en su contra se pida, pues tales actos quedan fuera del alcance jurídico de ella. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES La parte quejosa proporcionó un nombre de usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para que se le realicen las notificaciones por vía electrónica y se le permita la consulta del expediente electrónico. En consecuencia, se ordena realizarle las notificaciones de carácter personal por vía electrónica, a través del usuario proporcionado. Asimismo, se autoriza a dicha parte la consulta electrónica del presente expediente, así como las facultades que permite dicho sistema. DUDAS O REPORTE SOBRE FALLAS DEL SISTEMA Se informa a los usuarios que para la resolución de dudas sobre el uso del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, podrán contactarse al Escritorio de Soporte a través del correo electrónico escritoriodesoporte@correo.cjf.gob.mx, o bien, comunicarse a los números telefónicos: (55) 5449 9500 extensión 1507. (55) 5647 6050. 800 836 95 25 (Lada sin costo). Por otra parte, en caso de que el Sistema presente fallas técnicas que impidan el envío de documentación y la consulta de las actuaciones judiciales, deberán informar sobre la respectiva problemática en el vínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", o bien, de no poder utilizar dicha herramienta, levantar un reporte al correo electrónico: soportejuridicopslpjf@correo.cjf.gob.mx, para que el área correspondiente rinda un informe en que precise la existencia o no de la falla reportada y, de ser el caso, la causa, el momento a partir del cual se suscitó, su alcance y el día y la hora en que se subsanó, a efecto de que este juzgado provea lo conducente. De modo que, este juzgado no podrá pronunciarse sobre la existencia de fallas que llegaran a alegar las partes, sin que medie el informe que rinda el área correspondiente, por lo que es obligación del usuario dar aviso a dicha unidad administrativa en los términos señalados en el párrafo que antecede. Sin perjuicio de lo anterior, se hace del conocimiento que el expediente físico queda a su disposición para su consulta; en el entendido que para su revisión se deberá agendar una cita para que se permita el acceso a este juzgado, lo cual se tendrá que realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx . Además, se le comunica que, al contar con acceso al expediente electrónico, podrá descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. EXPEDICIÓN COPIAS Por otra parte, tocante a la solicitud de la parte quejosa de que se le expida copia certificada por duplicado del presente acuerdo, dígasele que no procede acordar de conformidad, pues en párrafos que anteceden se le confirió autorización para la consulta del expediente electrónico, por lo que puede obtener la impresión de esta determinación a través del Portal de Servicios en Línea, la cual tiene la evidencia criptográfica de los funcionarios que intervinieron en su emisión y por ello, la respectiva impresión se considera como copia certificada electrónicamente, de conformidad con el artículo 36, párrafo segundo , del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZADOS A********************,********************, ******************** y ********************, se les tiene como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de lo asentado en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente; mientras que a la diversa persona que se indica en términos restringidos del citado numeral por así haberse solicitado expresamente. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO Por otra parte, se advierte un correo electrónico en la etiqueta de la demanda, el cual constituye una forma especial y expedita de contacto, por lo que será considerado para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tal medio, en los casos en que se estime pertinente. Sin embargo, se invita a las partes para que propongan diversos medios de contacto, que pueden ser correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los diversos particulares que intervengan en el proceso, para que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tal medio, en los casos en que se estime pertinente. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General 21, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". En ese orden, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento del ocursante que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Finalmente, hágase saber a las partes que a partir del catorce de agosto de dos mil veintiuno, el licenciado Juan David Garcidueñas Cuevas, funge como secretario en funciones de Juez, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2873/2021, emitido en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 60 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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