Eduardo Daniel Gómez López

Expediente 982/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
982/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • Lic. Aida Pérez Pérez
  • Eduardo Daniel Gómez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese el oficio de la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México, en atención a su contenido, se le informa que mediante proveído de treinta de noviembre del dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo promovida por Eduardo Daniel Gómez López y el veintisiete de diciembre siguiente, se declaró firme la esa determinación, por lo que con motivo de ello, se archivó el presente juicio. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la ley de la materia, para recurrir en queja el auto que desechó la demanda, sin que se impugnara; consecuentemente, SE DECLARA FIRME. ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    (CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE EL QUEJOSO NO ACUDIÓ PERSONAMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE 30 DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "Vista la certificación que antecede se advierte que en el amparo 969/2021 del índice de este Juzgado se recibió la promoción con registro 16100, de la cual se ordena agregar la copia certificada remitida al presente, donde consta la información requerida al impetrante en el auto de prevención; al efecto se acuerda: SE DESECHA LA DEMANDA. I. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, de conformidad con el diverso numeral 62 de la ley de la materia2, las causales de improcedencia se estudian de oficio. II. De la lectura integral de la demanda, se advierte que el impetrante reclama la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por la Tercera Sala Familiar de la Ciudad de México en el toca ..., donde modificó el proveído de veintiocho de mayo anterior dictado por el Juez Séptimo de la propia especialidad y residencia, en el incidente liquidación de la sociedad conyugal, derivado del juicio de divorcio ... de su índice. El fallo reclamado admitió la prueba pericial en materia de arquitectura, dejando fuera de dictamen sendos puntos precisados por su contraria y designó perito único al señalado por el sistema de designación de peritos correspondiente al Tribunal de origen. III. El juicio es improcedente, pues el acto reclamado no es de imposible reparación, esto es, no afecta material e inmediatamente los derechos humanos de la parte quejosa, conforme al artículo 107 de la Constitución Federal; y la fracción XXIII, del ordinal 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo3. Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; sin embargo, la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente Permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. En cambio, el artículo 107 de la Ley de Amparo, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto se invoca la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), derivada de la citada contradicción de tesis, décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). ..." Como esta tesis lo señala, por la connotación legislativa con que ahora cuenta la Ley de Amparo, no pueden seguir siendo aplicables los criterios que trataban el aspecto de la imposible reparación, ya que son criterios generados con una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión; lo que además, se apoya con el contenido del sexto artículo transitorio de la ley de amparo4. En el particular, el reclamo es la resolución dictada por la Sala responsable que modificó el proveído que admitió la prueba pericial en materia de arquitectura; actuación que únicamente envuelve cuestiones adjetivas o procedimentales que inciden en el curso natural de la incidencia primigenia, ya que no afecta en ninguna forma los derechos sustantivos constitucionales del quejoso, como la vida, la propiedad, la familia, o la libertad, etc. -y que son algunos ejemplos de los derechos que pueden afectarse en forma irreparable-. Orienta lo anterior, la jurisprudencia IX.1o. J/22, del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 2859 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época de registro 163233, que dice: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA DETERMINACIONES DE TRÁMITE DICTADAS DENTRO DE LA SECUELA PROCESAL DE UN INCIDENTE. ." También, la jurisprudencia VI. 2o. J/258, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 53 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 65, Mayo de 1993, Octava Época, registró 216267, que dice: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. ..." Incluso, bajo el contexto expuesto, cabe la posibilidad de que la sentencia que posteriormente emita el juez dentro del incidente del que deriva el acto, sea favorable a sus intereses, en cuyo caso, el reclamo que hoy formula, quedará superado sin dejar huella en su esfera jurídica; y de lo contrario, estará en condiciones de alegarlo como violación procesal en el juicio de amparo correspondiente. Al respecto, se cita por analogía la jurisprudencia 3a. 20/90, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, registro 207226, cuyo rubro es: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO." También, por analogía, la jurisprudencia IX. 1o. J/10, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1303, Novena Época, Materia Común, registro 185612, cuyo título es: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO." Por lo expuesto, al demostrarse la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la ley respectiva, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación del presente proveído. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve . contra actos de la Tercera Sala y Juez Séptimo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México.".

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