Eduardo Cruz Morales

Expediente 1084/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1084/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Cruz Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VI.- Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), dentro del término previsto en el diverso 98, ambos de la Ley de Amparo, en contra del auto de diez de octubre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de garantías; en consecuencia, con fundamento en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el libro de gobierno; asimismo, una vez que se integre el expediente físico y el electrónico derivado del presente asunto y sin ulterior acuerdo, archívese como total y definitivamente concluido. Ahora bien, toda vez que el presente expediente se encuentra dentro de la hipótesis del inciso b), artículo 21, contenido en el capítulo octavo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual en lo que interesa dice: ... En tal virtud, este juicio de amparo es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurra el término de tres años que establece el citado acuerdo, dese cumplimiento y procédase a su destrucción; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que regula el artículo 15, capítulo quinto, del referido acuerdo.

  2. Principal

    VI.- Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido al quejoso... en acuerdo de veintinueve de septiembre del año en curso, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado o en los municipios conurbados a éste, sin que lo haya realizado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, realícensele ésta y las subsecuentes notificaciones, incluso las que deban practicarse en forma personal por medio de las listas que se publican en los estrados de este juzgado de distrito. En el entendido que, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 y Acuerdo 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y durante la vigencia de éstos, las listas se publicarán en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, con independencia de las listas que se fijen en el espacio designado por la administración de este edificio para tal efecto.

  3. Principal

    VI.- Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    VI.- Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento a la parte quejosa y se procede a notificar por lista, el proveído de diez de octubre de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: "10/10/2022..Visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso..; por el que desahoga la prevención realizada en auto de veintinueve de septiembre pasado; con ello, téngase por desahogada en tiempo y forma esa prevención. Ahora bien, en principio, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que se examinará ante todo el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juez de distrito para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" Ahora bien, de la lectura integral de la demanda y escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa reclama la sentencia interlocutoria de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictada por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, en el toca.., en la que se resolvió procedente el Incidente de Nulidad de Emplazamiento interpuesto por la demandada..., por lo que decretó nulo dicho emplazamiento y como consecuencia de ello todo lo actuado con posterioridad en el juicio.. del índice de Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y su ejecución. Precisado lo anterior, la suscrita advierte que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de esa misma ley -interpretado a contrario sensu-, como a continuación se demostrará. Esos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.; (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)" En ese orden, el primero de los artículos transcritos, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. Por su parte, el segundo artículo, en la fracción transcrita, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio procede limitativamente contra los que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente derechos sustantivos. Una interpretación en sentido contrario, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En ese aspecto, la Ley de Amparo vigente, a diferencia de la abrogada, precisa lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", al establecer que son los que afectan materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que con dicha precisión el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Concluyó, a partir de lo anterior, que para la procedencia del amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, es necesario que se cumplan dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos"; y, 2. Que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "derechos sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En efecto, es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fueron emitidos, trascienda materialmente a los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 56, Agosto de 1992, Página 11, cuyo rubro es: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." En esta tesitura, debe señalarse que el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que la sentencia interlocutoria de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós dictada por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, en el toca., en la que se resolvió procedente el Incidente de Nulidad de Emplazamiento interpuesto por la demandada..., por lo que decretó nulo dicho emplazamiento y como consecuencia de ello todo lo actuado con posterioridad en el juicio... del índice de Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, no constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, sino que afecta derechos meramente procesales del impetrante del amparo, lo que no significa que se emitirá sentencia condenatoria en su contra, pues ésta al final puede ser favorable a sus intereses. Resolución que como se expuso no constituye un acto de imposible reparación, pues no afecta directa y materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa; ni impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente y no reviste una afectación a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por el contrario, el acto reclamado únicamente se traduce en un perjuicio procesal que pudiera resentir en sus derechos adjetivos, cuyas consecuencias se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica, además de ser susceptible de repararse si la resolución definitiva que se pronuncie le es favorable, por lo que la parte quejosa puede hacer uso de sus derechos para obtener sentencia a su favor; incluso, de no obtener sentencia que le favorezca, el acto que aquí se reclama podrá combatirse como violación procesal (siempre y cuando se hayan cumplido con los requisitos para ello) mediante el amparo directo que se promueva la sentencia definitiva que se dicte en el juicio.., tal y como se aprecia del artículo 172 fracción III de la Ley de Amparo. Bajo esta óptica, el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que la naturaleza del acto reclamado es única y exclusivamente procesal, ya que no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos consagrados en la ley fundamental o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, ya que con ello únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales vinculados con el juicio laboral ya citado, y que pueden restituirse si la parte quejosa obtiene una resolución favorable a sus intereses en ese procedimiento, lo cual implicaría que dicha violación no haya trascendido al sentido del fallo, o dejado huella en su esfera jurídica; de ahí que, como se dijo, el quejoso aún puede seguir haciendo uso de sus derechos para obtener sentencia a su favor; además, de no obtener sentencia que les favorezca, el acto que aquí se reclama, de ser el caso, podrá combatirse como ya se dijo, como violación procesal mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen. Es aplicable la diversa jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página 1539, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)". Asimismo, la Jurisprudencia P./J. 38/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 59, Noviembre de 1992, Página 12, cuyo rubro y texto señalan: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCION INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO." Asimismo, por las razones que la conforman sobre el tópico de nulidad de actuaciones en lato sensu, es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 94/2008, de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Página 256, cuyo rubro y texto señalan: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO." En esas condiciones, al no tratarse de un acto de imposible reparación, puesto que no afecta materialmente derechos sustantivos, en razón de que si bien está relacionado con derechos constitucionales, lo cierto es que no se traduce, por sí mismo, en un acto arbitrario que impida el ejercicio de algún derecho en forma presente; aunado a que tampoco reviste la categoría de "sustantivos", dado que puede ser reparado en la sentencia definitiva, o hacerse valer en el juicio de derechos directo, como se adelantó, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que prevé la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de esa misma ley -interpretado a contrario sensu-, pues el juicio de amparo se promueve contra una resolución interlocutoria emitida dentro de juicio, que no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por... Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 primer párrafo de la Ley de Amparo a.., toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Finalmente, por lo que hace a..., deberán estarse a lo acordado en proveído de veintinueve de septiembre del año en curso."

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