Eduardo Cruz Atzin

Expediente 1600/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1600/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
06/01/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Cruz Atzin

Actuaciones

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, seis de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de trece de diciembre de dos mil veintiuno, donde se desechó de plano la demanda de garantías que dio origen a este asunto; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Por otra parte, visto el estado de autos, en especial las constancias que integran nuestro exhorto 790/2021, con número de orden 927/2021, se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado al agraviado, a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que se haya pronunciado al respecto. En tal razón, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminado por auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena que las subsecuentes notificaciones, aún las que revistan el carácter de personales, se le hagan por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de esta Ley. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio 35023/2021, remitido vía interconexión, signado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, por medio del cual devuelve diligenciado nuestro exhorto 790/2021, con número de orden 927/2021, toda vez que la parte quejosa quedó debidamente notificada del proveído de trece de diciembre del año en curso, dictado por este órgano jurisdiccional; sin que resulte necesario girar acuse de recibo, toda vez que la constancia que genera dicho sistema hace las veces del mismo. Al respecto, dése de baja en la estadística respectiva la comunicación oficial que se devuelve, debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva para tales efectos. Finalmente, se instruye a la secretaría para que una vez que fenezca el término concedido al agraviado para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, dé nueva cuenta a fin de proveer lo conducente en derecho. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 4212/2021, suscrito por el secretario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, así como el expediente 649/2021, de su índice, y dos tomos del expediente laboral 80/6/2003, de la estadística de la Junta Especial Número Seis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta localidad. En consecuencia, gírese el acuse de recibo correspondiente. Ahora bien, el oficio 4212/2021, contiene inserto el acuerdo de trece de octubre del año en curso, dictado en el expediente 649/2021 del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, relativo al expediente 649/2021, de su índice, y dos tomos del expediente laboral 80/6/2003, de la estadística de la Junta Especial Número Seis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta localidad, en el que se aprecia que se declaró que carece de competencia, toda vez que el acto reclamado es el proveído de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de origen, donde la responsable indicó al quejoso que debía estarse a lo resuelto en diverso proveído de trece de enero de dos mil catorce, por el cual se decretó la prescripción de la ejecución del laudo dictado en juicio natural, de ahí que dicho acto no se tratara de una resolución que ponga fin al juicio, por lo que ordenó remitir el presente asunto a este órgano jurisdiccional. En tal razón, con fundamento en el artículo 41 de la Ley de Amparo, que dice "Ningún órgano jurisdiccional puede sostener competencia a su superior", este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto. Atento a lo anterior, regístrese en el libro de gobierno que para ese efecto se lleva en este Tribunal Federal bajo el número 1600/2021-II. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que conforme al artículo 113 de la ley de la materia, se deba desechar de plano. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: ".Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente, mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En este sentido, a fin de robustecer el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, consultable en la página 730 del Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto a la letra establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Así, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la propia ley establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso. Luego, de conformidad con lo establecido en el último de los dispositivos transcritos, conviene puntualizar que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Esa será entonces la resolución impugnable en amparo y no las que la precedan tendientes a hacer efectiva la sentencia puesto que el cumplimiento de éstas, no debe obstaculizarse por ser de interés público. Ahora, para fijar el alcance de la citada causal de improcedencia, conviene tener presente que la emisión de un determinado acto de autoridad, tratándose de actos meramente jurisdiccionales, conlleva una afectación en la esfera jurídica de una de las partes en la contienda que la legítima para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que invalide el acto relativo, por estimarlo violatorio de derechos fundamentales, en su perjuicio. Sin embargo, al ser el juicio de garantías un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica de un gobernado que acuda a solicitar el amparo, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ha establecido diversos mecanismos que condicionan la procedencia de dicha vía. Esto, en virtud de que, en lo relativo al juicio de garantías, en consideración a los principios de celeridad y expedites que deben regir todo proceso que resuelva una contienda entre partes para asegurar una pronta impartición de justicia y evitar el uso indiscriminado, el legislador determinó mecanismos de improcedencia de los cuales deriva, como elemento fundamental, evitar el retraso o entorpecimiento en la ejecución de una sentencia definitiva que haya adquirido el carácter de cosa juzgada. Proceder en sentido contrario redundaría en una franca contravención a la regla específica introducida por el legislador en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, de acuerdo con la redacción del citado numeral de la ley de la materia, destaca el propósito del legislador en cuanto a la celeridad que debe darse al procedimiento de ejecución, porque su efecto es consolidar el derecho emanado de la sentencia en el menor tiempo posible, lo que acentúa la idea acerca de que una vez iniciado el trámite del juicio en su fase ejecutiva, no debe ser entorpecido, limitándose así la posibilidad de acceder al juicio de amparo indirecto contra resoluciones intermedias para las partes. Ello es así, pues en la intención del constituyente, plasmada en ese precepto legal, subyace la idea de que la sentencia ejecutoria debe cumplirse en un lapso perentorio, limitando la posibilidad de que los contendientes puedan acudir a su instauración, hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento respectivo, lo que revela que la idea sustancial no es tanto el vedar la posibilidad de promover el juicio de amparo, sino que en realidad el procedimiento ejecutorio no se vea dilatado, independientemente de quien sea la parte que intente el juicio de garantías. Al efecto, se invoca por analogía la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la. Página: 75, Tomo XX, Julio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con Registro digital: 181144, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada". Así, de conformidad con lo establecido por la fracción IV, del numeral 107 transcrito, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, los cuales no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en ese juicio. No obstante, tratándose de actos de esa naturaleza, es decir, actos en ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la demanda relativa las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al gobernado y, si se trata de remates, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En relación con lo anterior, el Máximo Tribunal del País ha interpretado lo que debe entenderse por "última resolución" y, estableció, que constituye la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o, bien, que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Así, la procedencia del juicio de amparo en la forma planteada, sólo se justifica si se tiene en cuenta que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, dada la naturaleza propia del procedimiento, como una serie de actos concatenados entre sí, que culmina con una resolución. Esto es, dada la vinculación de causa-efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de acreditarse que hubo una infracción legal y que se dejó sin defensa al inconforme, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación y, de lo contrario, de resultar infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de garantías, que no permite que sea utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Es ilustrativa por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia P./J. 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y uno, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 190035, que señala: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". En ese contexto, resulta dable concluir que la resolución pronunciada por el Presidente de la Junta Especial Número Seis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta localidad, el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de origen, donde la responsable indicó al quejoso que debía estarse a lo resuelto en diverso proveído de trece de enero de dos mil catorce, por el cual se decretó la prescripción de la ejecución del laudo dictado en juicio natural; lo cual, no es impugnable de manera inmediata, pues, se trata de una resolución que se encuentra sub júdice a los recursos ordinarios que están pendientes de resolver. En efecto, el aquí quejoso señaló en los antecedentes del acto reclamado que la autoridad responsable ha sido omisa en resolver el incidente de nulidad de actuaciones y uno diverso a la falta de personalidad, actos que sí puede reclamar en un diverso juicio de amparo para que la autoridad se pronuncie sobre los mismos; sin embargo, el acto que aquí combate es la resolución de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de origen, donde la responsable indicó al quejoso que debía estarse a lo resuelto en diverso proveído de trece de enero de dos mil catorce, por el cual se decretó la prescripción de la ejecución del laudo dictado en juicio natural, de ahí que dicho acto no se tratara de una resolución que ponga fin al juicio, toda vez que el aquí impetrante de garantías promovió el incidente de nulidad de actuaciones respecto a dicha determinación. Por ello, al analizar el asunto de que se trata, se advierte que el mismo deriva de un procedimiento autónomo, que para efectos de la procedencia del juicio de amparo, es menester que se encuentre resuelto en definitiva, antes promover el medio de control constitucional contra el fallo emitido en dicho procedimiento. Es por ello, que la determinación tomada por la Junta laboral responsable, no depara perjuicio de imposible reparación al quejoso, sino que, en su caso, podrían constituir violaciones al procedimiento de ejecución que, de trascender al resultado final de dicho procedimiento, puede ser reparado por la vía del amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia civil del sexto circuito, visible en la página 1515, Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con Registro digital: 2001059, que se cita a continuación: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga. Asimismo, las tesis que se citan a continuación: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra en los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución." "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que por "última resolución" dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto." "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN EN MATERIA LABORAL. De conformidad con el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado el recurso de revisión contra actos de ejecución, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no es la última dictada en ejecución del laudo ni está encaminada a cumplirlo, sino, por el contrario, remueve el eventual obstáculo que para dicho cumplimiento representa el citado medio de impugnación; por ende, el mencionado acto no podrá ser impugnado en amparo desde luego, sino sólo al mismo tiempo que lo sea la última resolución que se llegue a dictar en el procedimiento de ejecución correspondiente." Así como en lo conducente las tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página: 372, Tomo XCVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con registro: 345773, que se plasma a continuación: "ACTOS EJECUTADOS FUERA DE JUICIO O DESPUES DE CONCLUIDO, AMPARO CONTRA LOS. Para que proceda el amparo contra actos de la autoridad judicial ejecutados fuera de juicio o después de concluido, conforme a la fracción IX del artículo 107 constitucional y a la III del artículo 114 de la Ley de Amparo, dichos actos deben tener el carácter de definitivos, y así lo aclara la última disposición citada, al expresar que "si se trata de ejecución de sentencias, sólo podrá interponerse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo.". Ahora bien, es evidente que el auto que admite el recurso ordinario no tiene el carácter de definitivo." En tal virtud, al actualizarse en la especie la hipótesis prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos, de la Ley de Amparo, lo procedente es, con fundamento en el artículo 113 de la Codificación en consulta, DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda en cuestión. Los criterios mencionados resultan aplicables atendiendo a que no se oponen a la Ley de Amparo vigente, de acuerdo con el transitorio sexto de dicha legislación, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece. Toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio el ubicado en calle Allende número 3866, del Fraccionamiento Insurgentes, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, es decir, fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, gírese atento exhorto Juez de Distrito en Turno con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para que en el auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione a quien corresponda para que se constituya en el domicilio identificado y con las formalidades de ley, le notifique al agraviado José Ortiz Rosales, el presente proveído; también, deberá requerirlo para que dentro del término de tres días computados legalmente, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. Apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Tribunal, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la legislación de la materia, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del numeral 26 de la citada Ley. Se faculta ampliamente al juez exhortado, para dictar todos los acuerdos necesarios y habilitar días y horas para lograr la diligencia encomendada; debiendo remitir a la brevedad posible el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas · 11,954 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano