Eduardo Cortes Sanchez

Expediente 822/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
822/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
29/08/2018

Partes del expediente

  • Eduardo Cortes Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. Estado procesalVista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.... Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como las constancias que obran agregadas, este órgano jurisdiccional advierte que en relación con el acto reclamado en el presente juicio consistente en la resolución interlocutoria dictada el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, en el expediente *** relativo a la medida cautelar solicitada en el juicio laboral ****, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Para llegar a dicha conclusión se estima pertinente establecer los antecedentes del acto reclamado. Los cuales se advierten de las copias certificadas de la medida cautelar deducida del juicio laboral de origen que remitió la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y en representación de su pleno, las cuales adquieren valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°, a saber: Mediante escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, ante la Oficialía de Partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, *** -quejoso-, demandó en la vía laboral a ***, por sí y en su carácter de propietaria del inmueble ubicado en ***. Por auto de veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, admitió la demanda y ordenó emplazar a juicio a la demandada. En el escrito inicial de demanda, el aquí quejoso solicitó la medida cautelar de arraigo en contra de Pilar Cortes Montoya, a fin de que no se ausentara de su domicilio ubicado en calle Plaza Niágara, número 92, sección Ontario, fraccionamiento Burgos, en Temixco, Morelos. El veintiocho de marzo del año en curso, la Junta responsable se pronunció respecto de la solicitud de la medida provisional de arraigo y en esa misma fecha negó la medida cautelar de arraigo solicitada por el actor *** -quejoso-, en contra de la demandada ***. 8. En contra de dicha determinación Eduardo Cortes Sánchez, por conducto de su apoderado legal, promovió el presente juicio de amparo indirecto. Ahora bien el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." Conforme al primer párrafo del dispositivo transcrito, la instancia constitucional es improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de los cuales concede la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, cuando la parte agraviada no ejercitare ese derecho oportunamente, salvo en los casos específicamente exceptuados por el propio numeral. En efecto, uno de los principios que rige el juicio de amparo, denominado "principio de definitividad", supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que regula el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio mencionado se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio ordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la tesis I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se localiza en la página 902, Tomo XV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Mayo de 2002, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En ese tenor, debe indicarse que en el presente caso se actualiza la citada causa de improcedencia toda vez que contra la resolución de veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el expediente ***, relativo a la providencia cautelar solicitada en el juicio laboral ****, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por la cual la Presidenta de dicho órgano colegiado, negó la medida cautelar de arraigo solicitada por el actor **** -quejoso-, en contra de la demandada ***a, a fin de que no se ausentara de su domicilio ubicado en ****, procede el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo que dispone: "Artículo 849.- Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 41/99, realizó un análisis de dicho precepto, en el que estableció la Ley Federal del Trabajo concede a las partes el recurso de revisión como medio de impugnación para revocar, modificar o anular, los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en los supuestos siguientes: 1. En ejecución de laudos; 2. En ejecución de convenios; 3. En ejecución de las resoluciones que ponen fin a las tercerías; y 4. Los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, la Ley Federal de Trabajo, en sus artículos 857 y 858 prevén lo siguiente: "Artículo 857. Los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o los de las Especiales de las mismas, a petición de parte, podrán decretar las siguientes providencias cautelares: I. Arraigo, cuando haya temor de que se ausente u oculte la persona contra quien se entable o se haya entablado una demanda; y II. Embargo precautorio, cuando sea necesario asegurar los bienes de una persona, empresa o establecimiento." "Artículo 858. Las providencias cautelares podrán ser solicitadas al presentar la demanda, o posteriormente, ya sea que se formulen por escrito o en comparecencia. En el primer caso, se tramitarán previamente al emplazamiento y en el segundo, por cuerda separada. En ningún caso, se pondrá la solicitud en conocimiento de la persona contra quien se pida la providencia." De los artículos transcritos se advierte que la Ley Federal del Trabajo reconoce y regula dos medidas o providencias cautelares en resguardo de los intereses y derechos del demandante, entre ellas, la medida cautelar de arraigo, misma que puede decretarse cuando exista temor de que el demandado se ausente u oculte de su residencia. Asimismo, dichas medidas pueden ser solicitadas al presentar la demanda o posteriormente, esto es, durante la substanciación del juicio y no necesariamente hasta la etapa de ejecución de laudo. Por tanto, aun cuando se encuentra previsto en el capítulo XIV del título catorce de la Ley Federal del Trabajo, denominado "De la revisión de los actos de Ejecución", el recurso de revisión procede en contra de las resoluciones dictadas en las providencias cautelares independientemente de la etapa procesal en que se encuentre el juicio laboral de origen. En consecuencia, el promovente tiene como medio de defensa en contra la resolución reclamada, el recurso de revisión, a través del cual tiene la posibilidad de que el acto impugnado sea revocado, modificado o anulado lo cual se busca también con el juicio de amparo. En ese orden de ideas, se tiene que aquellas determinaciones dictadas dentro de las providencias cautelares promovidas en un juicio laboral, son impugnables mediante el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, la resolución por la que se duele el promovente, debió reclamarse ante la propia junta que la emitió, antes de promover el juicio de amparo en su contra, para así satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Apoya a lo anterior la tesis X.1o.71 L, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 2753, de rubro y texto: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. SU PROCEDENCIA NO SE LIMITA A LOS ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE LAUDO O CONVENIO. La procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo no se limita a los actos dictados en ejecución de laudo o de convenio, sino que dicho numeral dispone expresamente que también procede, entre otros casos, contra los dictados en las providencias cautelares, que en términos del numeral 857 de dicho ordenamiento son el arraigo y el secuestro provisional, y acorde con el diverso precepto 858 de la propia ley laboral pueden decretase desde el momento de la admisión de la demanda o durante la sustanciación del juicio, sin que sea obstáculo a lo anterior que el capítulo XIV del título catorce de la ley obrera, dentro del cual se encuentra el numeral que prevé el mencionado recurso, se denomine "De la revisión de los actos de ejecución", toda vez que como se mencionó, de la remisión del referido artículo 849 a los numerales 857 y 858 de dicha ley, se advierte que el recurso de revisión es procedente, además, contra actos dictados en las providencias cautelares." Por las razones expuestas, al surtirse la causal prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación al artículo 107, constitucional, se impone sobreseer fuera de audiencia en el juicio, en concordancia con la fracción V, del diverso 63, de la ley en cita, por lo que hace a la resolución de veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, dictada en la providencia cautelar *****, derivada del juicio laboral ****, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar la inexistencia del acto que señaló como reclamado. Por otra parte, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Marco Antonio Elizalde Guerrero, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, mediante segunda sesión ordinaria celebrada el dieciocho de julio de dos mil dieciocho, ante el Secretario, Luis Daniel Domínguez López, quien autoriza. Doy fe. LICR

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cinco de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por acuerdo de dos de julio de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad que ahí se menciona, por lo que no ha transcurrido el plazo de ocho días, establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que deben mediar entre la fecha de notificación de la parte quejosa de dicho informe y la de celebración de la audiencia constitucional; en consecuencia, se difiere la misma, fijándose las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dos de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde la Presidenta de la Junta Especial Número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y en representación del Pleno de la misma; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con dicho informe y anexo, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. De conformidad con el numeral 26, fracción II, de la Ley de la Materia, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones, el domicilio que indica. Asimismo, con apoyo en el artículo 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados a los profesionistas que designa. Por otra parte, con fundamento en los dispositivos 119 y 123 de la Ley de amparo, se tienen como pruebas las documentales que adjunta, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Por lo que se refiere a la parte tercero interesada, con soporte en lo previsto por el ordinal 5°, fracción III, inciso b), de la legislación en consulta, en relación con la jurisprudencia que más adelante se invoca, no ha lugar a tener con tal carácter a la parte demandada en el juicio laboral de origen, habida cuenta que, al no estar emplazada al mismo, aún no se constituye la relación procesal y, por ende, no tiene derechos que defender, puesto que no han resentido afectación alguna a su esfera jurídica. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 265, Tomo XXIX, Mayo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003)." Notifíquese.

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