Eduardo Cordero Calderon
Expediente 661/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 661/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 09/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Eduardo Cordero Calderon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que conste como legalmente corresponda, el escrito signado el quejoso ***********, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la resolución dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I inciso e), 86 y 88 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que consten la totalidad de las constancias de notificación a las partes del presente auto, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, los autos del presente juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios de la recurrente, sin que sea necesario remitir copia de éste para el Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, toda vez que se correrá traslado con él a la representación social federal adscrita a este juzgado y ambos pertenecen a una institución indivisible, de modo que aquél debe considerarse sabedor del recurso por medio de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado. Apoya lo anterior la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con número de registro 2006419, de la Décima Época, visible en el libro 6, Mayo de 2014, tomo III, página 2116, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de cuyo rubro y texto se lee lo siguiente: RECURSO DE REVISIÓN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO ENTREGAR AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL LA COPIA DEL ESCRITO DE AGRAVIOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 89 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936 (abrogada), establecía que en el trámite de la revisión, el Juez de Distrito debía remitir al Tribunal Colegiado de Circuito el expediente, el escrito de agravios original y la copia correspondiente al Ministerio Público Federal. Por su parte, el artículo 89 de la ley de la materia publicada en el mismo medio de difusión el 2 de abril de 2013 establece que el órgano constitucional de primer grado distribuirá las copias del escrito de agravios entre las partes y, una vez integrado el expediente, lo remitirá al tribunal revisor con el escrito original de agravios. Así pues, a diferencia de la norma abrogada, la vigente ya no dispone que el juzgador a quo remitirá al ad quem una copia de los agravios para el Ministerio Público; por el contrario, establece que distribuirá las copias entre las partes, género que incluye a la representación social; por tanto, a él corresponde entregar la del escrito relativo. No es óbice a lo anterior que los órganos jurisdiccionales de amparo de primer y segundo grados tengan adscritos a sendos agentes ministeriales, pues el Ministerio Público Federal es una institución indivisible, de modo que debe considerársele sabedor del recurso si se le comunica su interposición a través del que esté adscrito al juzgado de primera instancia. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el oficio DGDU/JUR/1394/2019, signado por la Directora General de Desarrollo Urbano Municipal y el Jefe del Departamento de Nomenclatura, con residencia en esta ciudad, en el que refiere que en relación al escrito supuestamente presentado en esa dependencia por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual le solicitó informara si dentro de sus archivos existe bien inmueble registrado con el domicilio ubicado en *******, de esta ciudad, dígasele que toda vez que dicha autoridad no es responsable en el presente juicio de amparo, ni este juzgado le requirió información alguna, por lo tanto, se deja a disposición de la parte quejosa dicho oficio, previa copia simple que del mismo se deje en autos para debida constancia. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de noviembre de dos mil diecinueve. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo ***2019-III, promovido por *************, contra actos del Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente hábil, ********** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se indican: TIENEN EL CARÁCTER DE ORDENADORAS: 1. El C. Juez Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos de esta ciudad, con domicilio conocido ampliamente en el Eje Vial Juan Gabriel y Aserradero, de esta ciudad TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES EJECUTORAS: 1. La C. Oficial Notificador y Ministro (a) Ejecutor (a) de este Distrito Judicial Bravos, Licenciada **********, con domicilio conocido ampliamente en el Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos, de esta ciudad. IV.-ACTO O ACTOS RECLAMADOS: A)El desalojo ilegal del domicilio ubicado en la calle ***********. En virtud de que la demanda y la orden de desalojo y la notificación de la demanda se realizó en un domicilio diverso, siendo éste el ubicado en calle **************. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó violados. La parte quejosa considera que con la emisión de los actos reclamados se violaron en su perjuicio los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El diez de septiembre de dos mil diecinueve, se radicó la demanda como amparo indirecto ***2019-III y se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de actos que son susceptibles de ejecutarse por autoridades que tienen su sede dentro del territorio en el que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizado en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: I.Del Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua: a.El acuerdo de nueve de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ***/2019 relativo al Juicio Oral Ordinario Civil, promovido por *********, apoderado legal de ********** e ********, en contra de ********, en el que se ordenó poner en posesión del inmueble ubicado en la calle ************, a la parte actora, del cual refiere el aquí quejoso es propietario. II.De la Oficial Notificadora y Ministra Ejecutora del Distrito Judicial Bravos: b.La ejecución de la orden de desposesión dictada en el acuerdo de nueve de agosto de dos mil diecinueve en el Juicio Oral Ordinario Civil en cita. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes y de los cuales se procederá a su examen. Se cita, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, de Abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente a Abril de 2004, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad y el Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, lo que se encuentra corroborado con las copias certificadas del expediente ***/2019 relativo al Juicio Oral Ordinario Civil de la estadística de este último, documentales a las que se les reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones y de cuyo contenido se advierte la existencia del acto que le fue atribuido en la demanda de amparo; de ahí que debe tenerse por cierta la existencia del acto que le fue reclamado a dicha autoridad. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, Tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto de los actos del que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 1ª. /J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo IX (Enero de 1999), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 194697, que es del rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. Sentado lo anterior, conviene precisar que la improcedencia en el juicio de amparo debe entenderse como una institución por la cual el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si los actos reclamados son inconstitucionales o no, es decir, la actualización de una causal, provoca en el resolutor una limitación para el estudio y pronunciamiento de la cuestión de fondo que importa a la litis constitucional sujeta a su potestad, la cual como ya se dijo, debe analizarse aun de oficio, pues constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, además de obligatorio. En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual prevé: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción 1 del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Conforme al artículo 61, fracción XII transcrito, se aprecia que el juicio de amparo es procedente contra actos que afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, por tanto, se debe destacar que es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico de quien promueve el amparo; es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del juicio de amparo, pues para que tal situación acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico de una persona sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona con su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos. Si los actos reclamados no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica del quejoso, éste carece de interés jurídico para impugnarlos en el juicio de amparo y, de ser así, debe declararse la improcedencia del juicio. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis ha sostenido que el interés jurídico es aquél reconocido por la ley y que no es otra cosa, sino lo que la doctrina llama derecho subjetivo, es decir, aquella facultad o potestad de exigencia, establecida en una norma del derecho objetivo, que supone la existencia de dos elementos inseparables, una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Encuentra sustento lo anterior en la jurisprudencial I. 1o.A.J/17, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época (diciembre de 1992), visible en la página 35, con número de registro 217651, cuya sinopsis refiere: INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclama tendrá por incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico solo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que un acto de autoridad que se reclama a través de la vía constitucional, causa perjuicio a una persona cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos, sea en su persona, patrimonio o derechos, y es entonces cuando nace la acción anulatoria de la violación reclamada, en un juicio de amparo. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia emitida en la Séptima Época, por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 72, página 55, con número de registro 245886, del rubro y texto siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial. De tal suerte que el peticionario de amparo debe acreditar de forma fehaciente, cuando aduce en su demanda de amparo, que la ley o acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esa circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Lo que significa que uno de los presupuestos procesales indispensables para la procedencia de la acción constitucional, es el acreditamiento pleno del interés jurídico del agraviado, que puede efectuar por cualquiera de los medios de prueba previstos en la Ley, sin que sea suficiente para demostrarlo la sola presentación de la demanda de amparo, ya que ello sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional federal, pero no comprueba que el acto autoritario que se reclama, lesione el interés jurídico del quejoso, entendiéndose éste, como un derecho reconocido por la ley, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. Por tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que ésta tenga la capacidad otorgada por dicha orden, para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya un "poder de exigencia imperativa"; tampoco existe un derecho subjetivo ni por consiguiente interés jurídico, cuando el gobernado cuenta con un interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezca en favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigne solamente una situación cualquiera que pueda ser benéfica para algún sujeto, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que establece dicha situación no le otorga facultad para obtener coactivamente su respeto. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia VI.3o.J/26, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 117, Tomo VII, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, (diciembre de 1991), con número de registro 220965, del siguiente tenor: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías. La noción de interés se encuentra íntimamente ligada con lo que se entiende por perjuicio, tal como se desprende del artículo 5º de la Ley de Amparo, pues sólo quien sufre una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, es quien puede acudir al juicio de amparo; de tal suerte, que por perjuicio debe entenderse como sinónimo de ofensa o lesión en los derechos o intereses de una persona. Por lo que, cuando el acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, lesionando directamente su interés jurídico, en su persona o en su patrimonio, es entonces cuando nace precisamente la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada. Así las cosas, para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera, "simple" como suele llamarse a aquél que sin contar con respaldo legal, puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera o por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pueda resultarle mortificante, sino que es necesario que dicho interés, descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del citado gobernante de realizar tal conducta; por ello, hay interés jurídico, cuando se cuenta con un derecho legítimamente tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta. También sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 225, tomo XXVII, enero de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 170500, que es del contenido siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Conforme a la jurisprudencia transcrita, es claro que para pedir amparo la parte quejosa debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad. De tal suerte, que cuando el acto no genera una afectación por sí mismo, el juicio de amparo es improcedente para combatir sus efectos, pues sería desacertado el pretender instaurarlo para nulificar un acto que no lesiona la esfera jurídica del particular, ante la ausencia de un agravio personal y directo, ocasionado por la emisión o ejecución del acto reclamado. En el caso, **********, se ostenta tercero extraño al Juicio Oral Ordinario Civil *****/2019, del índice del Juzgado Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, y a fin de acreditar su interés jurídico exhibió las siguientes pruebas: a) Ocho recibos de cobro expedidos por la Comisión Federal de Electricidad, en el que aparece como beneficiario del servicio Eduardo Cordero Calderón, respecto del inmueble identificado como ********* y un comprobante de pago realizado a la propia Comisión de Electricidad el diecinueve de septiembre de dos mil seis, (fojas 6, 8 y 180 a 186); en el entendido que los citados recibos de cobro corresponden a diferentes periodos de consumo, a saber, los siguientes: mayo-julio 2016, agosto-octubre 2018, febrero-abril 2018, diciembre 2017-febrero 2018, julio-septiembre 2016, mayo-julio 2010, enero-marzo 2011, agosto-octubre 2013. b) Historial de consumo de energía eléctrica que comprende desde el mes de mayo de dos mil trece al mes de agosto de dos mil diecinueve, respecto de la vivienda ************. c) Recibo número ****** en el que consta el pago que se realizó a favor del Municipio de Juárez, por concepto de impuesto predial de esta anualidad en el que aparece como contribuyente *******, respecto del domicilio identificado con el número 5651, de la calle y colonia ya mencionadas. d) Cuatro facturas expedidas por ****************, en el que aparece como consumidor ***********, en relación con el bien inmueble señalado como *************. Facturas que corresponden a los meses de mayo 2016, julio 2017, octubre 2017, junio 2016, respectivamente (fojas 9 y 187 a 189), e) Copia del informe emitido por el Director de Catastro Municipal, del que se advierte que la autoridad mencionada plasmó lo siguiente: una vez que se realizó la búsqueda en el Sistema de Administración Catastral (SAC), en relación al domicilio ubicado ************, NO se localizó registro alguno. Por lo que hace al diverso inmueble identificado con el número *** de la misma calle y colonia, se encontraron dos registros, siendo éstos los que a continuación se transcriben: 1. El domicilio ubicado **********, identificado con la clave catastral **********, se encuentra registrado ante esta dependencia a nombre de **********. 2. El domicilio ubicado en ********** identificado con la clave catastral **********, se encuentra registrado ante esta dependencia a nombre de *************. f) La contestación que realizó el Director Jurídico de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, al escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa y que fue recibido en esa dependencia el veintitrés de octubre pasado, en el que informa la imposibilidad jurídica que tiene para proporcionarle al interesado la información que solicita. g) La impresión de tres conversaciones vía correo electrónico que refiere la parte quejosa fue sostenida por el ahora quejoso *********, con la hija de ***********, esto es, con *************. Ahora, debe decirse que la legitimación activa en la causa es un elemento esencial de la acción que presupone o implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular, en el caso concreto, la función jurisdiccional. Sin embargo, las pruebas que exhibe el peticionario del amparo resultan ineficaces para acreditar que el acto reclamado afecta su esfera jurídica, pues con ellas no se demuestra la existencia de un acto por el cual haya adquirido la propiedad ni la posesión del bien materia de la Litis en el juicio natural. En cuanto al contrato verbal privado de compraventa que refiere el quejoso que celebró con la persona de nombre **********, respecto del inmueble ubicado en **************, en primer lugar, no fue demostrada su existencia y en segundo, no se tiene certeza de la fecha en que se realizó. El quejoso refiere en su capítulo de antecedentes que celebró un contrato verbal de cesión de derechos a título de dueño con **********, a quien refiere como hijo del señor *************, (parte actora en el juicio de origen); sin embargo de las constancias que obran en el sumario, se advierte que no acreditó su existencia, dado que no exhibió oportunamente pruebas que evidenciaran su celebración previa a la existencia y ejecución de los actos reclamados; considerar lo contrario implicaría admitir que el pacto verbal no demostrado, sea suficiente para acreditar la propiedad de un inmueble, lo cual no es admisible en el juicio de amparo. En efecto, el ahora quejoso no exhibió ningún medio de prueba que demostrara la existencia de dicho pacto verbal; sin que pase inadvertido que el accionante del amparo pretendió ofrecer diversas testimoniales en el juicio que nos ocupa; empero, no fueron aceptadas por las razones expuestas en auto de veinticuatro de octubre del presente año, proveído que no fue recurrido por el oferente, según se advierte de la certificación que se realizó en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, el quejoso ofreció la impresión de tres conversaciones vía correo electrónico con las que indicó tuvo una conversación con la hija de *********, esto es, con ************; no obstante, de dichas conversaciones no se advierte la celebración de ningún contrato, y aunque esto fuera así, del juicio natural se advierte, que ninguna de las dos personas mencionadas son parte en el juicio de origen, ni una comunicación de esa naturaleza es apta para acreditar la propiedad de un inmueble. En otra tesitura, aun y cuando el quejoso acreditara la existencia del contrato que señala, también el quejoso tenía la carga de la prueba de acreditar la fecha cierta del mismo, se afirma lo anterior, porque se ha establecido que para que un acto jurídico privado adquiera certeza jurídica, requiere los siguientes supuestos: 1) que sea presentado para su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad; 2) ante un servidor público en razón de sus funciones, o bien, 3) que esa certeza surja a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes, para efecto de darle fecha cierta sobre su celebración. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia VI.2o. J/115, de la Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 95, Tomo VII (abril de 1991), del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 223114, que reza: DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un registro público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes. Asimismo, en la jurisprudencia VI.2o.C. J/308, de la Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX (abril de 2009), página 1787, con número de registro 167466, que establece: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA INCIERTA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRARLO. Si quien se queja en el amparo indirecto de haber sido afectado en sus derechos de propiedad y posesión de un bien inmueble, y exhibe un contrato privado de compraventa, con tal documento no puede tenerse por demostrado, de manera fehaciente, su interés jurídico pues, para que ello ocurra, resulta necesario que el referido título sea de fecha cierta, lo que acontece a partir del día en que un documento de tal naturaleza se inscribe en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, desde la muerte de cualquiera de los firmantes, o bien desde la fecha en que el documento se entrega a un funcionario público por razón de su oficio pues, en caso contrario, tal documento sólo produce efectos jurídicos entre las partes que originalmente intervinieron en la operación contractual, mas no frente a terceros, dado que la circunstancia de no tener fecha cierta, imposibilita determinar si el embargo y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de que se duele el quejoso, fueron actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso. Y ello es así por resultar claro, que la fuerza convictiva de un título privado, que contiene un acto traslativo de dominio no abarca la fecha en que aparezca realizada la enajenación cuando éste es de fecha incierta, por no reunir ninguno de los apuntados requisitos. En este orden de ideas, en el juicio de amparo en que se actúa el quejoso no demostró la existencia del contrato verbal que indicó, a fin de acreditar su interés jurídico, menos aún que dicho contrato se encontrara inscrito ante el Registro Público de la Propiedad; asimismo, no probó que el mencionado contrato hubiese sido presentado ante un servidor público en razón de su oficio, esto es, ante fedatario público o funcionario autorizado, ni tampoco que haya muerto alguno de sus firmantes, para efecto de darle fecha cierta sobre su celebración, inclusive, en la narrativa de los antecedentes de la demanda, tampoco indicó la fecha en la que celebró dicho contrato. Lo anterior es razón suficiente para establecer que el acto jurídico en el cual la parte quejosa pretende fundar su interés jurídico no tiene certidumbre en cuanto a su fecha, por ende con el mismo no se acredita el interés jurídico necesario para promover el juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia, por identidad de razón, la emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X (diciembre de 1999), página 78, con número de registro 192662, que rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Asimismo, a contrario sensu, y por analogía la jurisprudencia 2a. /J. 66/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo XXVII, abril de 2008, materia Civil, página 592, con número de registro 169864, que dispone: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO. SE ACREDITA CON EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE UN BIEN INMUEBLE RATIFICADO ANTE NOTARIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). El indicado documento es apto para acreditar el interés jurídico en el amparo promovido por el tercero extraño al juicio de origen, donde reclama el embargo llevado a cabo sobre el inmueble en cuestión y sus consecuencias, pues al pasar dicho documento ante la fe del Notario Público adquiere valor probatorio pleno, y demuestra que, por lo menos en la fecha en que se ratificó, ya se había llevado a cabo la transacción, dotando así de seguridad a los acreedores de determinada relación jurídica y garantizando que los documentos que se presenten en oposición de sus pretensiones no fueron realizados con posterioridad al inicio de un juicio y se dataron en una fecha anterior. De acuerdo con ello, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario es suficiente para acreditar que las firmas que obran son las de los contratantes y demostrar ante los Jueces de amparo que la transmisión de la propiedad del inmueble motivo del embargo que se reclame, se dio antes de éste, lo que prueba la existencia de un agravio contra el comprador ante la posible afectación a su propiedad. Por su parte las documentales consistentes en ocho recibos de cobro de la Comisión Federal de Electricidad e historial del consumo de energía eléctrica, si bien se encuentran a nombre de *********** aquí quejoso, con domicilio en *************, como ya se dijo no son documentos idóneos para acreditar la existencia de un acto jurídico por el cual haya adquirido la propiedad del bien materia de la Litis, sino simplemente que se ha realizado diversos pagos a tales dependencias. En el entendido, de que por lo que hace a la diversa documental que ofreció, consistente en un recibo de pago realizado al Municipio de Juárez por concepto de impuesto predial, en este se encuentra apuntado el inmueble domiciliado en ***********, y quien aparece como contribuyente es ************. Y respecto de las cuatro facturas de *********** expedidas por ************, en éstas aparece como consumidor ***********, en relación con el bien inmueble señalado como **************, por tanto, tampoco son documentos aptos para acreditar la propiedad de los bienes inmuebles de referencia. Máxime que del Juicio de Origen ****/2019, en el cual el órgano jurisdiccional en materia civil ordenó la desocupación y entrega de un bien inmueble, se advierte que dicha orden de desalojo fue en relación con la vivienda identificada ***************, de la cual refiere el quejoso es propietario, tal y como se corrobora con la constancia de desalojo que realizó el actuario judicial adscrito al Distrito Judicial Bravos , de la que se desprende que ejecutó la orden del Juez en el domicilio **********, sin que el quejoso exhibiera prueba que evidencie que el referido acto de autoridad se ejecutó con un domicilio diverso del que fue ordenado por el Juez Civil. Aunado a lo anterior, de las documentales que ofreció el quejoso consistentes en el informe emitido por el Director de Catastro Municipal, del que se advierte que la autoridad mencionada indicó que vez que se realizó la búsqueda en el Sistema de Administración Catastral (SAC), en relación al domicilio ubicado en ************* NO se localizó registro alguno y por lo que hace el diverso inmueble identificado con el *******, se encontraron dos registros, siendo éstos los que a continuación se transcriben: 1.-El domicilio ubicado en *********** identificado con la clave catastral ************, se encuentra registrado ante esta dependencia a nombre de ***********. 2.-El domicilio ubicado ************, identificado con la clave catastral ************, se encuentra registrado ante esta dependencia a nombre de ***********. Lo que pone en evidencia, que el inmueble identificado con el número ******* de la **************, no fue materia de la litis en el Juicio Civil de Origen, por lo que no le causa afectación y respecto del diverso ********, de la misma calle y colonia, tampoco acreditó tener la posesión y propiedad del mismo, lo que corrobora la presente determinación, en el sentido de que no se encuentra demostrada la afectación a su esfera jurídica. No es óbice que el párrafo tercero del artículo 75, de la Ley de Amparo, establezca la obligación del juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que no obran en autos y que considere necesarias para resolver el juicio de amparo, pues de conformidad con el artículo 6 de la legislación en comento, el interés jurídico es un presupuesto procesal para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde al solicitante del amparo. Ilustra lo anterior, la tesis XXVII.6 K, localizable en la página mil treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII (octubre de 2003), emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con número de registro 183039, del tenor siguiente: INTERÉS JURÍDICO, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL QUEJOSO ACOMPAÑAR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RELATIVOS Y NO AL JUEZ RECABARLOS DE OFICIO. Si bien en la parte in fine del artículo 78 de la Ley de Amparo, se confiere al Juez de Distrito la prerrogativa para recabar las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, lo cierto es que tal dispositivo no obliga al resolutor federal a requerir de esa autoridad los medios de convicción que justifiquen el interés jurídico del promovente del juicio de garantías; esto, por la sencilla razón de que de conformidad con el artículo 4o. y la fracción V del artículo 73, interpretada en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde al quejoso y no al Juez de garantías. En estas circunstancias, debe concluirse que la parte quejosa no demostró con medio de prueba alguno su interés jurídico, razón por la cual, se concluye que no acreditó que el acto señalado como reclamado le ocasiona perjuicio en su esfera jurídica, pues se insiste, no demostró la propiedad que dice tener respecto del inmueble ubicado en **************, que ésta la haya obtenido mediante alguna de las figuras jurídicas que tutela la ley como forma de transmisión de la propiedad, ni mucho menos que exista identidad entre los inmuebles en el que practicó la orden de lanzamiento y el que aduce es de su propiedad. Ello es así, pues como ya se acotó, el interés jurídico es aquel derecho subjetivo que supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, por una parte una facultad de exigir y una obligación traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia; por lo tanto, existe un interés simple cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que ésta tenga la capacidad, otorgada por dicha orden, para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya un poder de exigencia imperativa, ni exista un derecho subjetivo y por ende un interés jurídico, esto es, no tiene ninguna facultad de exigir, sino que consigna solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar algún sujeto, o ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que establezca dicha situación no le otorgue facultad para obtener coercitivamente su respeto, pues éste en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido, lo cual en el caso acontece, pues el quejoso pretendió demostrar su interés jurídico con el contrato verbal de cesión de derechos, celebrado por ************ y **********, como cedente y el ahora quejoso ***********, en su carácter de cesionario, respecto del inmueble ubicado en ********************, el cual al no ser demostrada su existencia y además carecer de fecha cierta no puede ser reclamado por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que establece dicha situación no le otorga facultad para obtener coercitivamente su respeto. Asimismo, como ya se dijo, las restantes pruebas documentales no son pruebas idóneas para acreditar la existencia de un acto por el cual haya adquirido la propiedad del bien materia de la litis. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, tomo XV, (febrero de 2002), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, con número de registro 187733, que establece: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, además, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la propia legislación, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ************. Por lo que, atento a los razonamientos vertidos en la presente resolución, este juzgador se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa con relación a la inconstitucionalidad que se aduce del acto combatido. Al caso se invoca, la jurisprudencia VI, 1o.J/23 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 252 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXII- XXIV (octubre-diciembre de 1989), Octava Época, con número de registro 226555, que establece: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75 y 78 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 661/2019-III, promovido por ***************. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el quejoso, mediante el cual autoriza en amplios términos al licenciado *******. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase como autorizado al licenciado *******, toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, con número de cédula profesional *******. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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