Eduardo Chávez Vaquera

Expediente 821/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
821/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
01/08/2019

Partes del expediente

  • Eduardo Chávez Vaquera
  • Director de Tránstito Y Vialidad de la Ciudad de Torreón, Coahuila

Actuaciones

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa. Estado de autos. Visto el estado de autos, del cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por el Recaudador de Rentas de Gómez Palacio, Durango, sin que lo hiciera; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. Por tanto, este juzgado estima que, en el caso, se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que dicha autoridad recaudadora desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales y realizó la devolución del pago erogado mediante el recibo de pago con número de transacción 2019-61400, por la cantidad de... mediante transferencia electrónica bancaria a nombre de la quejosa María de los Ángeles Rojas Buendía, el once de julio del año en curso. Vista con cumplimiento. Con las constancias remitidas, por proveído de diecinueve de julio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que la referida parte quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que, en el caso, se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable informó que en cumplimiento al fallo protector, dicha autoridad recaudadora desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales y realizó la devolución del pago erogado mediante el recibo de pago con número de transacción... mediante transferencia electrónica bancaria a nombre de la quejosa María de los Ángeles Rojas Buendía, el once de julio del año en curso. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Se notifica por lista al quejoso Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por Eduardo Chávez Vaquera contra actos de la Dirección de Tránsito y Vialidad de la ciudad de Torreón, Coahuila, y otras autoridades. Fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número 821/2019-IA, que es el que le corresponde en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna. Desechamiento. Del análisis integral de la demanda de amparo y de sus anexos, este juzgado advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca de un juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano." Al respecto procede desechar de plano la presente demanda de que se trata, en atención a lo siguiente. El citado precepto autoriza al suscrito juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa En tales condiciones, del escrito inicial de demanda se desprende que el impetrante señaló en su demanda de amparo como acto reclamado, una infracción emitida por la Dirección de Tránsito y Vialidad de esta ciudad, y como consecuencia, la retención de su licencia de conducir. Bajo estas consideraciones y en relación a los actos reclamados, se advierte que en el presente se juicio se actualiza en forma evidente, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, en virtud que en contra de los actos reclamados, procede juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza; y, que la parte quejosa debió agotar previo al ejercicio de la acción constitucional. Para demostrar la certeza de tal afirmación, debe traerse a cuenta el contenido de los artículos 107, fracción IV, Constitucional y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que por su orden son del texto siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación y motivación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal forma que, de existir algún medio ordinario de defensa sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de los derechos humanos que la Constitución Federal otorga a los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo el peticionario del amparo debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos. Asimismo, el reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los Órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija. Sentado lo anterior, para determinar si la parte quejosa tenía la obligación de cumplir con el principio de definitividad en estudio, resulta necesario invocar el contenido del artículo 168-A de la Constitución Política del Estado de Coahuila, el cual establece: "Artículo 168-A. El Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, es un organismo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establecerá su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones. Es competente para resolver las controversias que se susciten entre la administración pública del Estado y los municipios y los particulares; imponer sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades; y fincar el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias derivadas de los daños y perjuicios a la hacienda pública del estado o de los municipios, o al patrimonio de los entes públicos estatales y municipales. Estará integrado al menos por 5 magistrados, designados por el Gobernador del Estado, y ratificados por las dos terceras partes de los miembros presentes del Pleno, o de la Diputación permanente del Congreso del Estado, la duración de su encargo será de 15 años improrrogables y sólo podrán ser removidos del mismo por las causas graves señaladas por la ley." No obstante ello, tal disposición se encontraba condicionada en cuanto a su vigencia, a la designación de Magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, pues así lo establecía el primer párrafo del Artículo Undécimo transitorio de la reforma a la Constitución Estatal, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante decreto 903 del catorce de julio del dos mil diecisiete; aunado a ello, en el Artículo Duodécimo Transitorio del citado decreto, se impuso que la designación de tales magistrados, se tendría que realizar en un plazo no mayor de treinta días naturales, de la entrada en vigor del propio decreto; los citados numerales señalan lo siguiente: "UNDÉCIMO.- Las disposiciones relativas a la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza y las relacionadas con el Tribunal Contencioso administrativo del Poder Judicial del Estado, entrarán en vigor una vez que los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza sean nombrados por el Titular del Ejecutivo y ratificados por el Congreso del Estado. DUODÉCIMO.- Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza deberán ser designados en un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto." En esa virtud, en cumplimiento a esta última disposición, en sesión solemne efectuada el once de agosto de dos mil diecisiete, el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó la designación de los Magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, por lo que a partir del doce de agosto de dos mil diecisiete, quedó conformado el citado Tribunal, lo que origina que ante el mismo se puedan dilucidar las controversia que se susciten entre la administración pública del Estado y los municipios y los particulares. En mérito de lo anterior, resulta necesario precisar el contenido del artículo 2° de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como también de artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, mismos que disponen lo siguiente: "Artículo 2.- Procede el juicio contencioso administrativo previsto por la presente Ley contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. Las autoridades de la Administración Pública, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley. Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios o recursos que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: Los decretos y acuerdos de carácter general diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; Las dictadas por autoridades fiscales estatales y organismos fiscales autónomos estatales y municipales en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales y municipales; Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; Las que se dicten en materia de pensiones, sea con cargo al erario estatal o al Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Dirección de Pensiones para los Trabajadores de la Educación o los organismos públicos descentralizados para la administración de las pensiones de los servidores públicos municipales o a la Dirección de Pensiones para los Trabajadores de la Educación; Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, de adquisiciones, de arrendamientos y de servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública estatal o municipal, ya sea centralizada, paraestatal y paramunicipal, así como las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos estatales y municipales; Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia; Las que requieran el pago de garantías a favor del Estado o de sus municipios, así como de sus entidades paraestatales o paramunicipales; Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de las leyes aplicables; Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Coahuila de Zaragoza, y demás disposiciones aplicables, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos estatales, municipales y de los organismos públicos autónomos, en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos; Las resoluciones de la Contraloría Interna del Instituto Electoral de Coahuila que impongan sanciones por faltas administrativas no graves, en términos de las disposiciones aplicables; Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza; Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. El Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren contrarias a la ley." En relación con lo anterior, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, contiene un capítulo VI, que regula lo relativo a la Suspensión de la Ejecución del Acto Impugnado, en el cual se contienen los artículos 59 al 66, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 59. La suspensión de la ejecución de los actos que se impugnan, sólo podrá ser decretada por el Pleno o las Salas Unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza en el ámbito de sus competencias, quien lo hará del conocimiento inmediato de las autoridades demandadas para su cumplimiento. Artículo 60. La suspensión podrá ser solicitada por el actor en cualquier etapa del juicio, y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con su ejecución ya iniciada. Tratándose de actos en los que no se haya analizado el fondo de la cuestión planteada, la suspensión podrá abarcar los actos que dieron origen a tal resolución. No se otorgará la suspensión, si es en perjuicio del interés público o si se contravinieren disposiciones del orden público. La suspensión también podrá consistir en la orden de custodia del folio del predio, al Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza, cuando se trate de un juicio de nulidad o lesividad, relacionados con el desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la sentencia que resuelva el fondo del asunto y la protección del patrimonio de terceros. Artículo 61. El Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, podrá decretar la suspensión con efectos restitutorios, en cualquiera de las fases del procedimiento hasta antes de la sentencia respectiva, cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, lo cual deberán acreditar y en su caso, podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes. Cuando se solicite la suspensión para la realización de actividades reguladas, que requieran de concesión, licencia, permiso, autorización o aviso y el demandante no exhiba dicha documental no se otorgará la misma. Artículo 62. En contra del incumplimiento de las autoridades a la suspensión concedida, procederá el recurso de queja ante el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. La suspensión podrá ser revocada cuando se acredite que variaron las condiciones bajo las cuales se otorgó. Artículo 63. Tratándose de créditos fiscales, se concederá la suspensión, debiéndose garantizar el importe ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, en alguna de las formas y con los requisitos previstos en el Código Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Si la suspensión fue concedida, dejará de surtir sus efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes al en que quede notificado el auto que la hubiere concedido. Artículo 64. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el demandante otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Para que surta efectos la suspensión, el actor deberá otorgar la garantía mediante billete de depósito o fianza, hipoteca, prenda o en cualquier otra forma que garantice la reparación de los daños y perjuicios. Artículo 65. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero da a su vez garantía en las formas permitidas en el artículo 64. En este caso se restituirán las cosas al estado que guardaban antes de la suspensión y procederá el pago de los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la garantía que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el demandante. Artículo 66. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión a que se refieren los artículo 64 y 65, el interesado deberá solicitarlo ante la Sala correspondiente, dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia, a cual dará vista a las demás partes por un término de cinco días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los cinco días siguientes, en la que dictará la sentencia que corresponda. Contra la resolución procede el recurso de reclamación ante el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza." De la intelección de los ordinales mencionados, se advierte que cuando el acto se reclame provenga de una autoridad administrativa y entre otros, se impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales y municipales, la parte afectada debe interponer juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, en vía de nulidad. En ese sentido, es el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, el que constituye el medio de defensa ordinario que pudiera nulificar el acto que se reclama la quejosa, previo a la interposición del juicio de amparo. Como se advierte, la parte quejosa debió agotar primeramente el juicio contencioso administrativo antes de acudir al juicio de amparo, ya que en términos de la fracción IV, del artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, dicho tribunal conoce entre otros, de los actos de autoridades administrativas que, como en el caso concreto, lo son los actos administrativos en que se impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales y municipales. Ello es así, pues debe precisarse que los actos reclamados, se tratan de actos de autoridad administrativa que impone una multa por infracción a las normas administrativas municipales, lo que así se evidencia de lo señalado por la parte quejosa; por lo que, dada la fecha del mismo, según lo expresado en la demanda, y la existencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, se concluye que en su contra procede el juicio contencioso administrativo. Máxime, que a través de la promoción del juicio contencioso administrativo pueden suspenderse los efectos del acto combatido, ya que la ley que lo rige prevé dicha medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. En efecto, debe tomarse en cuenta que, los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que regula lo relativo a la Suspensión de la Ejecución del Acto Impugnado, no establecen mayores requisitos a los previstos para tal efecto en el juicio de amparo. Del análisis comparativo de los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y 128, 132, 135 y 139 de la Ley de Amparo se concluye lo siguiente: i. Que en ambas legislaciones, cuando la suspensión es solicitada al promover la demanda, es suficiente que la autoridad competente determine si están satisfechos los presupuestos para otorgarla. ii. Tanto el artículo 60, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, como el diverso 130 de la Ley de Amparo permiten al interesado solicitar la medida suspensional sin algún límite procesal más que el dictado de la resolución respectiva. iii. Conforme al artículo 59, el Pleno o las Sala Unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, deberá conceder o negar la paralización de la ejecución del acto impugnado, mientras que en el juicio de amparo, el órgano jurisdiccional competente para resolver al respecto es aquel que conoce del juicio, acorde con lo dispuesto por los diversos 125 y 138 de la Ley de Amparo, en cuanto a que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte en los casos de la competencia de los jueces de distrito, los que decidirán en la audiencia incidental sobre la concesión o la negativa de dicha medida. iv. Tanto el artículo 60 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, como los artículos 128, fracción II, 131 y 139 de la Ley de Amparo, exigen para el otorgamiento de la medida que no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, lo que en la Ley de Amparo se traduce en la demostración del interés para obtener la paralización por parte del solicitante, lo cual conforme a la citada Ley de Amparo debe acreditar. v. Ambos ordenamientos consignan, esencialmente, que si la concesión de la medida cautelar es susceptible de causar daños o perjuicios a terceros, se concederá condicionada al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía bastante para reparar el daño e indemnizar al tercero, en el evento que no obtenga resolución favorable. vi. El artículo 63, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y el artículo 135 de la Ley de Amparo, prevén que en las demandas de nulidad que involucren cobro de créditos tributarios, la suspensión de la ejecución del acto impugnado surtirá efectos si se constituye garantía del interés fiscal por cualquiera de los medios permitidos por las leyes hacendarias. vii. Conforme a la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, en vigor a partir del cuatro de octubre siguiente, en relación con el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, tratándose del amparo en materia administrativa, no será necesario agotar previamente el medio ordinario de defensa si establece un plazo mayor que el previsto por la ley reglamentaria del juicio constitucional para el otorgamiento de la suspensión provisional (artículo 107, fracción IV, primer párrafo). En términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 139 de la Ley de Amparo, el juzgador cuenta con el término de veinticuatro horas para resolver si admite o desecha la demanda de amparo y, además, decidir si concede o niega la paralización de los actos reclamados, esto es, dentro del lapso de veinticuatro horas debe proveer sobre la admisión y también sobre el otorgamiento de la medida cautelar. Por otro lado, de conformidad con el artículo 51, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, tratándose del juicio contencioso administrativo, el magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar, dentro del término de veinticuatro horas desde el momento en que le fue turnada la demanda. "Artículo 51.- Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde el momento en que la demanda sea turnada, el Magistrado que corresponda concederá o negará la suspensión en caso de haber sido solicitada; asimismo la admitirá, prevendrá o en los siguientes casos la desechará: I. Si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y II. Si siendo oscura o irregular, y prevenido el demandante para subsanarla en el término de cinco días no lo hiciere; la oscuridad o irregularidades subsanables, solo versarán respecto de los requisitos a que se refieren las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 46. Contra los autos de desechamiento a que se refiere el presente artículo, procede el recurso de reclamación." Del análisis comparativo entre ambas instituciones se desprende que, los requisitos para otorgar la suspensión en el juicio de amparo son similares a aquellos que prevé la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para la paralización de la ejecución del acto impugnado; consecuentemente, la parte quejosa puede solicitar la medida una vez que promueva el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, o durante su tramitación, hasta en tanto no se dicte sentencia firme. Por tanto, es claro que la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto combatido. Máxime, que en el caso no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad previstas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues en la especie, a la parte quejosa no le reviste el carácter de persona extraña a juicio. Además, de que la ley por la cual se puede nulificar el acto reclamado no exige mayores requisitos ni plazo legal para suspenderlo, que los previstos en la Ley de Amparo, como ya quedó precisado; los actos reclamados no son del orden penal, no se está en alguno de los casos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; aunado a que no se reclama la inconstitucionalidad de alguna ley, pues del análisis de la demanda no se observa que alegue la inconstitucionalidad de algún ordenamiento diverso. No pasa inadvertido para este órgano judicial que la parte quejosa aduce violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales; sin embargo, si bien es cierto que el principio de definitividad, de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal, admite como una de sus excepciones aquella que opera cuando solamente se aleguen, en contra del acto reclamado, violaciones directas a ese ordenamiento, también lo es que no tiene aplicación cuando tales argumentos se mezclan con alegatos relativos a la transgresión a preceptos secundarios. Ello es así, puesto que, si al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, se hace valer la transgresión directa de preceptos constitucionales, el afectado no queda relevado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria aplicable, pues, de lo contrario, imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Ley Fundamental, junto con la transgresión a preceptos secundarios podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. En efecto, aunque hay ocasiones en las que el afectado no tiene obligación de agotar previamente a la promoción del amparo los recursos ordinarios que la ley del acto prevé, ello ocurre cuando únicamente aduce violaciones directas a la Constitución Federal; sin embargo, si no alega solamente ese tipo de violaciones, sino también la de preceptos legales, es incuestionable que no se está en el caso de excepción al principio de definitividad mencionado, toda vez que sólo se carece de la oportunidad de hacer valer recursos ordinarios cuando en el acto de molestia no se precisan los motivos que lo originan ni se cita disposición legal alguna. En consecuencia, la parte quejosa estaba obligada a observar el principio de definitividad, pues de la demanda de amparo, se advierte que está en aptitud de procurarse una adecuada defensa ante la potestad común. Bajo tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que lleva implícito el principio de definitividad establecido en el numeral 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo por su notoria improcedencia.

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