Eduardo Chavez Mayorga

Expediente 381/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
381/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
05/10/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Chavez Mayorga
  • Angel Benitez Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; cinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con anexo acuerdo de veintinueve de septiembre del año en curso, en el que acusa recibo del juicio de amparo 381/2021, promovido por ************, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto del que se trata. Anotaciones en el libro de gobierno y archivo. Por tanto, téngase por informado lo anterior, hagánse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino de cuaderno de antecedentes. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; tomando en cuenta que se declinó la competencia; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el cuaderno de antecedentes dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a disposición para consulta. En virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales, hágase de su conocimiento que el auto en el que se declaró la incompetencia, estará a disposición del público para su consulta cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que para hoy se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, así como de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte la existencia de diverso juicio de amparo 2095/2017-5 radicado en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, lo que se invoca como hecho notorio. Sirve como sustento la tesis (V Región) 30.2 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado De Circuito Del Centro Auxiliar De La Quinta Región, visible en la página dos mil ciento ochenta y una de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, del rubro: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. e acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión". De lo anterior se deduce, que el asunto que nos ocupa, guarda estrecha relación con el diverso juicio de amparo 2095/2017-5, radicado en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, toda vez que el acto ahí reclamado fue en esencia: La falta de emplazamiento dentro del juicio especial hipotecario ************ del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Luego, en el juicio de amparo que nos ocupa reclama: La resolución de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, emitida por la Primera Sala del primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, dentro del toca civil ***********, en la que se declara improcedente el recurso de queja interpuesto en el juicio especial hipotecario ************ del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, contra el auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, en el que no se admite el incidente de oposición de un tercero a la ejecución forzosa. De lo anterior se deduce, que el asunto que nos ocupa, guarda estrecha relación con el diverso 2095/2017 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, en virtud de que los actos reclamados en ambos juicios derivan del juicio especial hipotecario ************* del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Incompetencia. En esas condiciones, conviene precisar que tal como lo previenen los artículos 16 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, de la ley de Amparo, las cuestiones de competencia de los Jueces de Distrito están elevadas a norma de rango constitucional y reglamentadas por la ley de la materia, además de que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, y de oficioso pronunciamiento para toda autoridad jurisdiccional. Así el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece las reglas de competencia de los Juzgados de Distrito cuando los actos reclamados requieren de ejecución material, no obstante, en el caso que nos ocupa, se debe atender no a la citada regla general sino a la especial, esto es, en el caso particular, el Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintidós de abril de dos mil quince, publicado el veintiuno de mayo del mismo año, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, al considerar la suscrita que, en la especie se actualiza el supuesto previsto en los artículos 45, fracción II, y 46, fracción II, que disponen lo siguiente: "Artículo 45. Los asuntos se tunarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: [.] II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél." "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: [.] I. IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; En relación con el diverso Acuerdo General publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis, en el que en su artículo único, se reforman los artículo 29, párrafo primero; y 46, fracción III, así como los párrafos sexto y séptimo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, para quedar como sigue: "(.) Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que le corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que estime debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano." De lo antes expuesto, se desprende que, tratándose de asuntos de nuevo ingreso, que se refieran los mismo actos de autoridad, la demanda deberá remitirse al Juzgado que tenga el último antecedente del asunto aunque las partes no sean las mismas, y para el caso de que se turne a diverso tribunal y éste estime que es a otro al que le corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que estime debe conocer; quién decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Es decir, en dicho Acuerdo General se advierte como criterio general de relación para el turno de un asunto de nuevo ingreso, cuando entre otros supuestos, provenga de un expediente administrativo o jurisdiccional identificado con el mismo número de índice y autoridad, o bien el acto reclamado sea el mismo que en otro ya asignado. En ese contexto, se desprende que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tuvo conocimiento previo pues el acto que aquí se combate deriva del juicio especial hipotecario ************* del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, y los actos combatidos en el juicio de amparo 2095/2017, derivan del mismo expediente de origen. No es óbice a lo anterior, que el acto que aquí se reclama se emitió dentro del toca civil ***********, del índice de la Primera Sala del primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, sin embargo, el citado juicio derivó de la impugnación de un acuerdo emitido dentro del juicio el juicio especial hipotecario 280/2000 del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, respecto del cual ya conoció previamente el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, a través del amparo aludido, de ahí que se estime procedente la incompetencia decretada. En las relatadas condiciones, a fin de aprovechar el conocimiento previo por parte del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con fundamento en el Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, en aras del principio de seguridad jurídica que debe prevalecer a favor de la parte quejosa, declara carecer de competencia, por razón de turno (antecedente directo) para conocer y resolver la demanda de amparo en cuestión, y estima que el Juzgado competente para conocer debe ser aquél que previno en el conocimiento de una primera demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en Acuerdo General antes referido, remítase la demanda y anexos al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, a quien la ley reserva su conocimiento, con preferencia respecto de los demás Juzgadores. Asimismo, se deja sin efectos la audiencia constitucional señala para las doce horas del veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes; solicítese al órgano jurisdiccional de referencia el acuse de recibo correspondiente, así como, que informe la determinación que tome al respecto. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; trece de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que para hoy se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo no se está en aptitud de llevarla a cabo, toda vez que no se encuentra emplazado el tercero interesado ************. Al respecto, en obvio de dilaciones procesales, se comisiona al actuario de la adscripción a fin de que emplace a la referida parte. En consecuencia, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las DOCE HORAS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su desahogo. Ahora bien, notifíquese el presente acuerdo por lista a las partes, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional, no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que mediante la notificación personal son informadas en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio, cumple con tal exigencia, esto es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, y si entre ellos, no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle mediante lista. Notifíquese.

  4. Principal

    En nueve de agosto de dos mil veintiuno, se notifica por medio de lista a la parte tercera interesada el contenido del acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintiuno; asimismo, lo emplazó con copia de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, dejando a su disposición en las oficinas que ocupa la actuaría de este juzgado federal, copia autorizada del acuerdo que se notifica, así como de la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo. Acuerdo: Cuernavaca, Morelos; veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito presentado por Eduardo Chávez Mayorga, parte quejosa, mediante el cual, en cumplimiento al proveído de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, informa diverso domicilio de Ángel Benítez Rodríguez, aquí tercero interesado. Emplazamiento de tercero interesado. En ese sentido, comisiónese a cualquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado Federal para que emplace al tercero interesado *******, y se constituya en el domicilio ubicado en ********. Asimismo, al momento de la diligencia le haga entrega de copia de la demanda, acuerdo admisorio, y del presente proveído, haciéndole saber la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (doce horas con treinta minutos del trece de agosto del año dos mil veintiuno), y requiriéndole para que al momento de la notificación, o bien dentro del término de tres días siguiente a la misma, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado; en el entendido de que una vez que obre constancia de que se encuentra legalmente emplazado, se le tendrá por impuesta de los autos, para los efectos a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente al tercero interesado en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020.

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