Eduardo Cedeño Campos

Expediente 483/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
483/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
02/08/2018

Partes del expediente

  • Eduardo Cedeño Campos
  • Esutilia Romero Ponce

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil dieciocho. Acúsese recibo del oficio número 6091, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña los autos del juicio de amparo indirecto número III-483/2018-L y testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el cinco de julio pasado, en la que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de cuatro de junio de dos mil dieciocho. En relación a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y agréguense únicamente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes respectivo, no así las diversas por ya obrar en autos.

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Agréguese al cuaderno de antecedentes en que se actúa para que obre como corresponda, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del expediente original del juicio de amparo III-483/2018-Ldel índice de este juzgado y comunica que mediante auto de veinticinco de los actuales se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de cuatro de los actuales emitido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Agréguese al expediente copia del escrito de cuenta suscrito por -, a través del cual interponen recurso de queja en contra del proveído de cuatro de los actuales; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO dicho medio de impugnación; por tanto, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse dentro de los tres días siguientes los autos a la superioridad, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer, enviándose al efecto el original y réplica del escrito de expresión de agravios. Notifíquese.

  4. Principal

    .CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:" Vista la demanda de amparo promovida por -, contra actos del Director General y Delegado Administrativo, del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número III-483/2018-L. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV. Acto reclamado. Bajo Protesta de decir verdad los ilegales Comunicados de descuento de los cuales los ahora quejosos se hicieron sabedores el día 16 dieciséis de Mayo del año 2018, dos mil dieciocho, a través de copias simples que les fueron entregadas en los diversos planteles para los cuales laboran los actores, suscrito y firmado por el P. -, en su calidad de Delegado Administrativo del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN, en los cuales se les hace del conocimiento los siguiente: ". Por este medio me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que derivado del cálculo del impuesto sobre la anual a que está obligado el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán a realizar en base al artículo 97 primer parrado de la Ley de Impuesto Sobre la Renta: "Las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 96 de esta Ley, calcularan el impuesto anual de cada persona que le hubiera prestado servicios subordinados.", se tuvo el siguiente resultado.".". Ahora bien, este Juzgado determina que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5 fracción II, de la Ley de Amparo. El numeral 61, fracción XXIII, de la citada Ley, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley" Por su parte, los artículos 1, fracción I, 5, fracción II de la Ley de Amparo, disponen: "ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "ARTICULO 5°. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De la anterior transcripción, se advierte que las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo, no son limitativas, si no enunciativas, puesto que no se limitan a las veintidós hipótesis referidas en el precepto 61 de la Ley en comento, dado que la fracción vigésima tercera de ese numeral no solo dimanan de la Ley, sino que también surgen a la vez de la Constitución Federal y de la Jurisprudencia. Ahora bien, previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, es necesario precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, también procede excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. De la interpretación armónica y sistemática, se desprende que el presente juicio es improcedente si el acto reclamado no se adecua a las hipótesis normativas que establecen los citados dispositivos legales, es decir, si el acto combatido no constituye acto de autoridad para los efectos del amparo. Sobre este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis 2a. CCIV/2001, publicada en la página 39, del Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación tomo tres, segunda parte, página trece, materia común que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. CUALES DEBEN CONSIDERARSE COMO TALES. La autoridad responsable en el juicio de amparo es el órgano estatal de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa; en otros términos, señala el artículo 11 de la Ley de Amparo, que es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por tanto, se considera que un Juez de Distrito, por el hecho de haber concedido la libertad bajo fianza al inculpado, dentro del incidente de suspensión del juicio indirecto que promovió en contra de la sentencia que confirmó el auto de formal prisión decretado en su contra, no debe ser considerado como autoridad responsable en el juicio de amparo directo, pues no cae en su ámbito competencial la ejecución de la sentencia reclamada y, por tanto, el juicio con respecto a dicha autoridad es improcedente y debe ser sobreseído con fundamento en los artículos 166, fracción III, 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". En el caso, y por las razones que se expondrán a continuación, la autoridad señalada en la demanda, no se encuentra en un plano de supra subordinación respecto del quejoso, de donde se colige que no tienen el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo. Se dice lo anterior, porque la parte quejosa impugna en esta vía constitucional, la retención de pago por concepto de impuesto sobre la renta, se trata de una retención de la dependencia para la cual laboran los promoventes. Por tanto, el presente juicio de amparo resulta ser improcedente, debido a que sólo procede contra actos de autoridades, ya que tiene una personalidad que corresponde a las personas morales oficiales de derecho privado, en tanto que son los depositarios de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, carácter con el cual conforman relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra a subordinación; de ahí, la improcedencia del juicio de amparo que nos ocupa, al sustentarse precisamente en tal relación laboral y no en la diversa relación que existe entre gobernante y gobernado. En el último de los preceptos en cita se establece qué debe entenderse por "autoridad" en el juicio de amparo. Definición que fue ampliada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del criterio antes invocado, del que se obtiene que las notas distintivas de acto de autoridad se rigen por los siguientes elementos: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. En consecuencia, jurisprudencialmente se ha sustentado que, para efectos del amparo, es autoridad la que tiene o se le otorga la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan el interés jurídico del afectado. Es aplicable la jurisprudencia XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento dieciocho, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estatal, y gestó la llamada administración para estatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En tal virtud, resulta incuestionable que entre la autoridad responsable, como persona moral y los promoventes como trabajadores, quienes prestan sus servicios, existe un vínculo contractual que se asimila a la relación laboral existente con un patrón, en la que éste, además de la obligación constitucional y legal que le asiste de pagar un salario a cambio de la prestación del servicio, que en el caso cobra relevancia al tratarse de la prestación de un servicio público, de ahí que, cualquier decisión adoptada por el patrón atañe a dicho vínculo contractual, como ocurre en el caso, en que la retención del pago por concepto del impuesto sobre la renta, que se reclama en esta instancia constitucional, deriva de esa relación; por tanto, debe concluirse que el conflicto originado con ese motivo, no constituye un acto de autoridad que sea susceptible de analizarse mediante el amparo, sino que, se repite, se trata de un hecho derivado de la relación laboral existente entre las partes; en consecuencia, los conflictos que se susciten entre el trabajador con los organismos oficiales, deben plantearse ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de esta Entidad Federativa. Ello es así, pues se reitera, el acto reclamado por su naturaleza inherente, es claro que está encaminado al ámbito del derecho laboral; que en todo caso rige las relaciones entre patrón y trabajador; de ahí, que la autoridad responsable, no resultan ser autoridad para efectos del juicio de garantías. Cobra aplicación al respecto, el criterio emitido por el Tribunal Colegiado Supernumerario en materia del Trabajo del Primer Circuito, visible a página trescientos veintinueve, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. AUTORIDADES DESIGNADAS COMO RESPONSABLES, QUE ACTÚAN COMO PARTICULARES EN UNA RELACIÓN OBRERO PATRONAL. Cuando la autoridad prescindiendo de su imperio, se sitúa en el mismo plano que los gobernados, y celebra un contrato de trabajo que regirá entre ellos las relaciones laborales, bajo las cuales los trabajadores desempeñarán sus servicios, y dentro de dichas relaciones los trabajadores estiman violados sus derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al conflicto planteado ante el Juez Federal, la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, en los términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., fracción I, de la misma ley, y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". De igual manera, sustenta lo anterior, la tesis I.6º.T. 26 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página trescientos cuarenta y siete, del Tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, Materia Laboral, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Apoya lo anterior, la Tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y uno, tomo XCIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "TRABAJADORES DEL ESTADO DE MICHOACAN, ANTES DE OCURRIR AL AMPARO DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE RESPECTIVO. Si un trabajador al servicio de los Poderes del Estado de Michoacán, reclama en amparo ante un Juez de Distrito, el cese en su empleo y la falta de pago de sus sueldos, dicho juicio de garantía debe sobreseerse, porque si bien es verdad que el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Michoacán, por el contenido de su artículo 1o., de ninguna manera priva a los respectivos títulos de su carácter de autoridad, antes bien, por tener ese carácter resultan vinculados por las disposiciones del estatuto; también lo es que el artículo 2o., del mismo ordenamiento, reconoce la existencia, para todos los efectos legales, de una relación jurídica de trabajo entre autoridades y funcionarios por un lado, y por otro, los trabajadores al servicio de unas y otras, ligados entre sí por un complejo de derechos y obligaciones recíprocos; esto es, la violación de los primeros y la infracción de las últimas, como producido entre partes dentro de aquella relación jurídico-laboral, no dan origen a controversia de que deban conocer originalmente los tribunales de la Federación, en el sentido del artículo 103 constitucional, sino que surten la competencia del Tribunal de Arbitraje, según el artículo 63, fracción I, y el único procedimiento idóneo para resolverlos, es el previsto en el artículo 100, ambos del estatuto que se menciona." Bajo el anterior marco referencial, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia invocada por este órgano jurisdiccional, en razón de que el acto que la parte quejosa no cumple con las características de unilateralidad, imperio y coercitividad que debe tener todo acto de autoridad administrativa para hacer procedente su revisión por la vía del juicio de amparo. En efecto, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama, la retención del pago por concepto del impuesto sobre la renta; sin embargo, ello no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que solamente constituye una determinación tomada por la responsable, en calidad de su patrón -o bien de la dependencia encargada de pagarle en cuanto trabajador del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, lo que deriva de una relación meramente laboral y por consecuencia dicha responsable tiene la libertad de decidir sobre las cuestiones laborales de sus trabajadores. Asimismo, del acto reclamado se advierte que fue emitido por la autoridad señalada como responsable, respecto a la relación laboral que tiene con los ahora quejosos; empero, la retención no va dirigida a los inconformes en calidad de gobernados, sino en función del vínculo laboral que aquélla tiene con ésta; es decir, dentro del marco de una relación patrón-trabajador, en el cual la patronal determinó realizar lo que aquí se reclama. Así, el acto que reclama la parte inconforme no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque se ubica en un plano de coordinación característico de las relaciones laborales pues el - no actúa en un esquema de supra a subordinación mediante la emisión de actos de naturaleza legislativa o administrativa, sino dentro de una relación laboral con los particulares quejosos. Brinda apoyo a lo anterior por identidad jurídica sustancial el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P.XXVIII/973 del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter." También por identidad jurídica sustancial, la tesis aislada publicada en la página 2358 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Marzo de 2015, del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que a la letra dice: "DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA SU OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN RELACIONADA CON LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO, QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE PATRÓN. El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas relaciones laborales con sus trabajadores se rigen por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley y sus condiciones generales de trabajo; por tanto, contra la omisión atribuida a su director general de responder a una solicitud formulada por uno de sus trabajadores en ejercicio del derecho de petición, relacionada con cuestiones de las condiciones generales de trabajo, es improcedente el juicio de amparo, pues no se está en presencia de un acto de autoridad, en virtud de que la relación existente entre el colegio y sus trabajadores es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad." Ello es así, pues se reitera, el acto reclamado por su naturaleza inherente, es claro que está encaminado al ámbito del derecho laboral; que en todo caso rige las relaciones entre patrón y trabajador; de ahí, que la autoridad responsable, no resultan ser autoridad para efectos del juicio de garantías. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en comento, con apoyo en el 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de la Materia, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías en estudio. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Por último, se tiene a la quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones el ubicado en esta ciudad, y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente a los licenciados -, virtud a que tienen registradas su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, antes los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a -, hasta en tanto registre su cedula en el sistema en mención.";.LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

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