Eduardo Cantillo Sánchez

Expediente 914/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
914/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
29/06/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Cantillo Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; con relación a los puntos 7.1; 7.1.1, numeral 1; y, 8.1.2, arábigo 3, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de depuración ya que se concedió el amparo y carece de relevancia documental; y, de destrucción el original del incidente, pues se negó la suspensión definitiva. Sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno y una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo. Por otra parte, conforme al diverso numeral 20, fracción II, inciso a), una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente.

  2. Principal

    CUMPLIMIENTO AMPARO INDIRECTO 914/2020-I-C ADMINISTRATIVO QUEJOSO: EDUARDO CANTILLO SÁNCHEZ SECRETARIO: ALDO ALEJANDRO SANTANA JIMÉNEZ Toluca, Estado de México, a tres de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, de donde se advierte que: Cumplimiento. Por oficio sin número de siete de mayo de dos mil veintiuno, el Tercer Regidor del Municipio de Calimaya, Estado de México, informó el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoriada pronunciada por este juzgado el treinta de marzo del mismo año, y para tal efecto, acompañó copia certificada del diverso dirigido al quejoso Eduardo Cantillo Sánchez (fojas 67 a 73). 2. Vista. Mediante proveído de once de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, con base en los elementos obrantes en el expediente y los datos aportados por la responsable (foja 75). 3. Notificación. El acuerdo de referencia se notificó por lista a dicha parte el doce de mayo de dos mil veintiuno (foja 76). 4. Desahogo. En esta fecha se hace constar que el peticionario del amparo no desahogó la vista dentro del plazo concedido para tal efecto y, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria federal se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo del dos mil, página 243, que dispone: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, de autos se desprende que por sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el treinta de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, contra el acto que reclamó del Tercer Regidor del municipio de Calimaya, Estado de México, consistente en el oficio PMC/R03/29/2020 de once de noviembre de dos mil veinte, derivado de la solicitud realizada el veintiocho de octubre del mismo año, con ausencia de fundamentación, para el efecto de que: " 1. Deje insubsistente el oficio PMC/R03/29/2020, de once de noviembre de dos mil veinte, derivado de la solicitud realizada el veintiocho de octubre del mismo año; 2. Con plenitud de jurisdicción, emita otro en el que atienda las consideraciones de esta sentencia, es decir indique el precepto legal en el que fundamente la respuesta generada con motivo de la solicitud presentada por el ahora quejoso, para con ello apegarse a lo dispuesto por los numerales 8º y 16 Constitucionales; y 3. Notifique personalmente al solicitante del amparo en el domicilio señalado para tal efecto." Ello, bajo las siguientes consideraciones: "En ese orden de ideas, la respuesta que se analiza resulta carente de fundamentación, porque la autoridad omitió citar el precepto o los preceptos legales aplicables al caso concreto, ya que como se dijo, se limitó a solicitar la copia de la credencial para votar del solicitante como condicionante para contestar su petición, pero sin indicar el sustento de ello. Lo anterior redunda en una afectación a la motivación que esgrime, pues de la respuesta emitida por la autoridad responsable no es posible corroborar que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (ante la ausencia de la expresión de éstas). En relatadas circunstancias, este Juzgado de Distrito estima que se infringió en perjuicio del promovente su derecho humanos de petición, así como de fundamentación y motivación establecida como uno de los derechos fundamentales en la parte dogmática de la Constitución General de la República, precisamente en los artículos 8º y 16 de la Carta Magna; pues le asiste la razón al quejoso al señalar que la autoridad responsable fue omisa en citar los preceptos legales en los que fundamentara la determinación recaída al escrito presentado. En ese orden, es que la responsable a efecto de ajustarse los mandatos constitucionales previstos en los artículos 8º y 16 Constitucionales, deberá indicar el precepto con el que fundamenta que para dar atender su solicitud deberá el promovente exhibir su credencial para votar." Con lo anterior, debe decirse que de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable, las que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, según el arábigo 2 de la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se advierte que el Tercer Regidor del Municipio de Calimaya, Estado de México, emitió un oficio dirigido a Eduardo Cantillo Sánchez en atención a la denuncia ciudadana que realizó como derecho de petición, que notificó vía electrónica por haber sido éste el domicilio que señaló el solicitante del amparo al momento de presentar su solicitud (fojas 70 y 71), oficio de mérito en el que la autoridad responsable se pronunció de la siguiente manera: "Calimaya 13 de Abril de 2021 PMC/R03/04/2021 C. EDUARDO CANILLO SÁNCHEZ PRESENTE. Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, en atención a la denuncia ciudadana que realizó, como derecho de petición previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hago de su conocimiento que esta autoridad auxiliar no ha emitido ningún permiso para que opere la estación de Carburación de Gas con la razón social GAS MONTARA S.A. DE C. V. ubicada en avenida Dr. Javier Ibarra Oriente No. 47 Calimaya, Estado de México. Dentro de las atribuciones de los regidores no se encuentra ninguna que manifieste que pueden otorgar permisos para ese tipo de negocio, me permito aclarar que la Ley Orgánica Municipal en el Estado de México dice lo siguiente: CAPITULO TERCERO DE LOS REGIDORES Artículo 55.- Son atribuciones de los regidores, las siguientes: I. Asistir puntualmente a las sesiones que celebre el ayuntamiento; II. Suplir al presidente municipal en sus faltas temporales, en los términos establecidos por este ordenamiento; III. Vigilar y atender el sector de la administración municipal que les sea encomendado por el ayuntamiento; IV. Participar responsablemente en las comisiones conferidas por el ayuntamiento y aquéllas que le designe en forma concreta el presidente municipal; V. Proponer al ayuntamiento, alternativas de solución para la debida atención de los diferentes sectores de la administración municipal; VI. Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas que formule y apruebe el ayuntamiento; VII. Las demás que les otorgue esta Ley y otras disposiciones aplicables. De lo anteriormente manifestado, se puede verificar que el suscrito no otorga permisos de ninguna índole porque no está facultado para hacerlo. Sin mas por el momento quedo a sus órdenes. ATENTAMENTE ALEXIS NOE GARAY MARTÍNEZ TERCER REGIDOR DEL MUNICIPIO DE CALIMAYA" De lo anterior, se observa que la autoridad responsable siguió el efecto establecido en la ejecutoria de amparo, atendiendo a que el trece de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio PMC/R03/04/2021 dirigido a Eduardo Cantillo Sánchez se pronunció respecto la solicitud realizada por el quejoso, de acuerdo a lo dispuesto por los numerales 8º y 16 Constitucionales, el que notificó vía electrónica por haber sido éste el domicilio que señaló al momento de presentar su solicitud. Lo anterior, según lo señalado por la sentencia ejecutoriada dictada por este órgano jurisdiccional el treinta de marzo de dos mil veintiuno, por lo que este juzgador estima se dio cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia a lo anterior, se procede al análisis del defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se cita de forma ilustrativa el criterio jurisprudencial 1469 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte-SCJN Décima Segunda Sección-Ejecución de sentencias de amparo, Sexta Época, página 1664, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EXCESO O DEFECTO. La forma correcta de ejecutar un fallo constitucional que protege, es dictar nueva sentencia que se ajuste a los términos de la ejecutoria de amparo, ciñéndose al tenor exacto de ese fallo. Hay exceso de ejecución cuando la autoridad responsable va más allá del alcance de la ejecutoria que concede la protección federal y afecta actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni están vinculados al efecto restitutorio del amparo concedido. Hay defecto de ejecución cuando la autoridad responsable omite el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada, y tanto cuando hay exceso como defecto, procede la queja y no un nuevo amparo." Del cumplimiento antes analizado, este órgano estima que el oficio emitido por la responsable con motivo de la solicitud planteada emitida en cumplimiento se ajustó a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, ciñéndose al tenor de ese fallo; dado que la autoridad responsable no fue más allá del alcance de los términos de la ejecutoria que concedió la protección federal respecto del acto vinculado a los efectos restitutorios del amparo concedido; además, no existió defecto porque no omite el estudio de las cuestiones que le ordenó resolver la citada ejecutoria que concedió el amparo. Cierto es, no se advierte que en el juicio que aquí ocupa, exista defecto o exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo, dado que de manera puntual, la autoridad responsable en atención a la solicitud presentada por el quejoso, emitió un oficio en el que apegado a lo dispuesto por los numerales 8º y 16 Constitucionales, por el que dio contestación a la misma, el cual fue notificado vía electrónica por haber sido éste el domicilio que señaló al momento de presentar su solicitud. Sin que pase desapercibido que la responsable hubiera omitido dejar insubsistente el oficio PMC/R03/29/2020, de once de noviembre de dos mil veinte, derivado de la solicitud realizada el veintiocho de octubre del mismo año; no obstante, el mismo dejó de existir jurídicamente al haber sido sustituido con la emisión del oficio por el que la responsable da contestación a ésta, pues existe una modificación que no deja alguna huella en la esfera jurídica del gobernado. Resulta aplicable por su contenido la Jurisprudencia VII.3o.P.T. J/16, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, agosto de 2011, consultable en la página 986, con número de registro digital 161297, Novena Época, Materias Común, cuyo rubro y texto dicen: "INCONFORMIDAD EN "AMPARO JUDICIAL" (DIRECTO O INDIRECTO). ES INFUNDADA POR EL SOLO HECHO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO Y DICTE OTRO EN SU LUGAR, RESULTANDO INNECESARIO EXAMINAR SI QUEDARON SATISFECHOS TODOS LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA CONCESORIA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la tesis P. XLV/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 25, de rubro: "INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. ES INFUNDADA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJA INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO Y DICTA OTRO, SIN QUE SEA NECESARIO EXAMINAR SI CUMPLIÓ O NO CON LA TOTALIDAD DE LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", criterio que, aunque se refiere al amparo directo, también es aplicable al indirecto cuando la protección constitucional se haya concedido contra una resolución jurisdiccional, pues los principios de ejecución de las sentencias respectivas son los mismos. Por tanto, conforme al principio restitutorio previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en el acatamiento de la ejecutoria dictada en el juicio, también llamado "amparo judicial" (directo o indirecto), el cumplimiento del fallo que otorgó el amparo para efectos contra una resolución o por irregularidades procesales o formales, o bien, cuando habiéndose estudiado el fondo del asunto se hayan definido todas las cuestiones debatidas, consiste en dejar sin efectos la resolución jurisdiccional reclamada y emitir otra atendiendo a la sentencia protectora, por lo que basta con que se dicte una nueva resolución o, en su caso, se ordene la reposición del procedimiento y se realicen los actos procesales ordenados en la ejecutoria, para que no pueda sostenerse que se incurrió en inejecución de sentencia, pues el acto reclamado dejó de existir jurídicamente y fue sustituido por uno distinto, toda vez que la inejecución de sentencia consistiría exclusivamente en la negativa de la autoridad jurisdiccional a dejar sin efecto el acto reclamado y abstenerse de emitir uno nuevo, u omitir regularizar el procedimiento en los términos en que se le ordenaron. De esta forma, si la nueva resolución no atiende con exactitud a lo ordenado en la sentencia de amparo, podrá implicar un cumplimiento indebido por exceso o defecto e, inclusive, la repetición del acto reclamado en el supuesto de que fuera idéntica a la que fue materia de la ejecutoria de amparo, pero no la inejecución del fallo protector de garantías, sin menoscabo de que, en el caso de un amparo para efectos, las consideraciones emitidas en la nueva resolución con libertad de jurisdicción podrían dar lugar a otro amparo en el que éstas se impugnen. De ahí que resulte infundada la inconformidad cuando la autoridad responsable deja insubsistente el acto reclamado y dicta otro en su lugar, sin que sea necesario examinar si cumplió o no con todos los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo." De ahí que, en la especie, se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, este juzgador considera que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que le habían sido violados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, al advertirse que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos que se precisaron en la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 130/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, febrero de dos mil doce, materia común, página 487, de rubro y texto: "INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA EMITIDA EN AMPARO DIRECTO. PARA CONSIDERAR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO A FIN DE CONOCER SI LA FORMA DE REPONER EL PROCEDIMIENTO O LA EMISIÓN DE LA NUEVA RESOLUCIÓN ACATA TODOS Y CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEFINIDOS EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. Conforme al artículo 105, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, procede la inconformidad contra el auto que tenga por cumplida la ejecutoria que concede la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, para tener por cumplida una sentencia de amparo directo que otorgó la protección por violaciones cometidas en la secuela del procedimiento o en la sentencia o laudo reclamados, no basta con que la autoridad responsable reponga el procedimiento o deje insubsistente la resolución respectiva sustituyéndola por otra para considerar que con ello se restituye a la quejosa en el goce del derecho fundamental transgredido, sino que es necesario realizar un examen comparativo general o básico para conocer si la forma de reponer el procedimiento o la emisión de la nueva resolución acata todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos sustantivos, incluyendo la hipótesis en que se haya dejado en libertad de jurisdicción a la responsable, pues es posible que el tribunal de amparo haya ordenado la reiteración de ciertos puntos o definido la manera de decidir sobre algunos aspectos. De manera que sólo a través de dicho estudio podrá advertirse si se alcanza el efecto restitutorio del amparo, conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo, además de no extralimitar la materia de la inconformidad pronunciándose sobre temas de debido, exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, o de repetición del acto reclamado, revisables a través de distintos medios de defensa con características y naturaleza propias." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se declara que el Tercer Regidor del Municipio de Calimaya, Estado de México, dio cumplimiento a la sentencia ejecutoriada pronunciada el treinta de marzo de dos mil veintiuno, por este Juzgado de Distrito en el amparo indirecto 914/2020-I-C. SEGUNDO. Envíese testimonio a la autoridad responsable, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. ADSCRIPCIÓN JUEZ DE DISTRITO. Mediante oficio SEADS/318/2021, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que en sesión celebrada el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, acordó la adscripción a este Juzgado Federal del Juez Juan Manuel García Arreguín, quien a partir del dieciséis del mes y año en curso, es Titular del mismo; por lo que, con fundamento en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese vista a las partes por el términos de tres días, conforme al artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, Novena Época, con número de registro 164217, del rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO.".

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, once de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, por medio del cual informa las gestiones que realizó para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades.

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