EDUARDO CAMILO GUTIERREZ CARDERO y Otros.

Expediente 162/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
162/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
18/04/2022

Partes del expediente

  • EDUARDO CAMILO GUTIERREZ CARDERO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, a dieciocho de abril de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios suscritos por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual comunica los proveídos de veintidós y veintiocho de marzo último, los que se toman de conocimiento sin hacer mayor pronunciamiento en virtud de lo acordado en diverso auto de ocho de abril actual. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a ocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, en la Ciudad de México, por medio del cual comunica que el citado Juzgado no insiste en declinar competencia en el presente asunto y acusa recibo de los autos originales, del juicio de amparo 162/2022-IV del índice de este órgano jurisdiccional, mismos en los que se encuentran integrados los autos originales del diverso 373/2022 de su estadística. Entonces, sin que exista algo por cumplir, hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente. Valoración documental De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se trata de un EXPEDIENTE AUXILIAR (cuaderno de antecedentes); en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el apartado 8.1.1, fracción I, inciso a), del aludido Manual, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, a dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual, el citado juzgado remite los autos originales del juicio de amparo 373/2022, de aquel índice; ello, en razón de la solicitud de este juzgador mediante proveído de tres de marzo que transcurre, a efecto de poder hacer pronunciamiento correspondiente respecto de la competencia planteada por razón de materia por el juzgado declinante; levántese la reserva decretada en el citado auto de tres de marzo último.. Competencia En ese tenor, este juzgador previo a pronunciarse respecto a la competencia que declina el mencionado homólogo, cabe precisar que del escrito inicial de demanda que dio inicio al sumario que ahora se atiende, se desprende que los actos reclamados son los siguientes: "1.- El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los y las quejosas por más de 36 horas, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, conocida como "Las Agujas". 2.- La incomunicación de la que son objeto los quejosos. 3.- La negativa de permitir a los quejosos nombrar representante legal. 4.- Negativa de acceso de su representante legal a la estación migratoria para entrevistarse de manera personal y directa. De acuerdo con lo previsto en el artículo 107 fracción VIII de la Ley de Migración. Ahora bien, del oficio de cuenta se advierte que la Jueza declinante sostuvo su legal incompetencia por estimar que los actos reclamados atañen a la materia penal, por lo que consideró que corresponde a este órgano jurisdiccional el conocimiento del juicio de amparo que se atiende, postura que en el caso no se comparte respetuosamente. Así las cosas, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que si bien es cierto los quejosos reclaman algún acto de naturaleza penal (incomunicación), no menos verídico es que también se reclaman actos de naturaleza administrativa, sin que la citada jueza declinante haya realizado la separación de actos respectiva. Asimismo, cabe precisar que la prolongación del alojamiento (aseguramiento y/o detención) que se duelen los justiciables, son actos que están vinculados con su estancia en el país, pues están relacionados con su prolongado alojamiento temporal en la estación migratoria de la Ciudad de México denominada "Las Agujas", a fin que se resuelva su situación migratoria, por lo que dichos actos son meramente administrativos, ya que aun y cuando afecten la libertad personal tienen naturaleza administrativa en la medida en que no tiene como finalidad principal la privación de la libertad de los amparistas, sino el ejercicio del control derivado de las disposiciones migratorias en tanto se resuelve su situación dentro del país. Sobre el tema el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la ejecutoria pronunciada en sesión de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, al resolver el conflicto competencial 1/2022, suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y este juzgado de Distrito, consideró lo siguiente: "(.) A partir de esos elementos, este Tribunal considera que si bien los quejosos señalan actos como el aseguramiento, alojamiento o detención que inciden en su libertad personal, en realidad esos actos están vinculados con su estancia en el país. Asimismo, de lo manifestado en el capítulo de hechos y con los elementos de autos, parece que la restricción de la que dependen tales actos está relacionada con el alojamiento temporal de los quejosos en la estación migratoria indicada en la demanda a fin de que se resuelva su situación migratoria. En ese sentido, para definir la naturaleza de ese acto es conveniente tener en cuenta que en los artículos 11, párrafo primero, y 33, párrafo segundo, de la Constitución General está previsto el derecho de libertad de tránsito, mediante el cual toda persona puede entrar, salir, cambiar de residencia o viajar en territorio nacional sin necesidad del permiso de la autoridad. En ese sentido, solo las autoridades judiciales, por causas de responsabilidad civil o penal, o bien, las autoridades administrativas, con base en las políticas estatales de emigración, inmigración o salubridad general, podrán limitar tal prerrogativa e impedir que una o más personas la ejerzan, además de la salvedad contenida en el artículo 33 se refiere a la facultad exclusiva del Ejecutivo Federal para restringir este derecho y expulsar, previa audiencia, a extranjeros perniciosos. Por otro lado, los artículos 1, 3, fracción XI, 19, 20, fracciones III, IV y VII, 68, 77, 98, 99, 100, 111, 143, y 144, fracción I, penúltimo y último párrafos, de la Ley de Migración establecen lo siguiente. "Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. (.) Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: (.) XI. Estación Migratoria: a la instalación física que establece el Instituto para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular, en tanto se resuelve su situación migratoria; (.) Artículo 19. El Instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría. (.) Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: III. En los casos señalados en esta Ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros; IV. Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de personas extranjeras, en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y en su Reglamento; salvo que, en el caso de deportación o retorno asistido de niñas, niños y adolescentes migrantes, el plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección determine lo contrario; (.) VII. Presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin, a las personas extranjeras que lo ameriten conforme a las disposiciones de esta Ley, respetando en todo momento sus derechos humanos; (.) Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Durante el procedimiento administrativo migratorio que incluye la presentación, el alojamiento en las estaciones migratorias o en los Centros de Asistencia Social para el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes, el retorno asistido y la deportación, los servidores públicos del Instituto deberán de respetar los derechos reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el Título Sexto de la presente Ley. (.) Artículo 77. El procedimiento administrativo migratorio se regirá por las disposiciones contenidas en este Título, en el Reglamento y en las disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría, y en forma supletoria por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Durante su sustanciación se respetarán plenamente los derechos humanos de los migrantes. (.) Artículo 98. Si con motivo de la revisión migratoria se detecta que algún extranjero no cuenta con documentos que acrediten su situación migratoria regular en el país, se procederá en los términos del artículo 100 de esta Ley. Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros adultos en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero adulto que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno. (.) Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición. (.) Artículo 111. El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación. El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero. (.) Artículo 143. La aplicación de las sanciones a las personas físicas y morales se regirá por las disposiciones contenidas en este capítulo y en forma supletoria por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En su sustanciación se respetarán plenamente los derechos humanos de los migrantes. Son de orden público para todos los efectos legales, la deportación de los extranjeros y las medidas que dicte la Secretaría conforme a la presente Ley. La deportación es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se ordena la salida del territorio nacional de un extranjero y se determina el período durante el cual no podrá reingresar al mismo, cuando incurra en los supuestos previstos en el artículo 144 de esta Ley. Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que: I. Se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas; (.) En todos estos casos, el Instituto determinará el período durante el cual el extranjero deportado no deberá reingresar al país, conforme a lo establecido en el Reglamento. Durante dicho periodo, sólo podrá ser readmitido por acuerdo expreso de la Secretaría. En el supuesto de que el extranjero, por sus antecedentes en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, pudiera comprometer la soberanía nacional, la seguridad nacional o la seguridad pública, la deportación será definitiva. Los artículos referidos regulan los aspectos relacionados con la entrada, salida, tránsito y estancia de mexicanos y extranjeros en territorio nacional. Así, el Instituto Nacional de Migración, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, está facultado para ejecutar, controlar y supervisar los actos realizados por las autoridades migratorias e instrumentar las políticas de la materia. Concretamente, le corresponde resolver sobre la legalidad de la internación, estancia y salida del país de los extranjeros, ordenar su retorno asistido o deportación y presentar en las estaciones migratorias o lugares habilitados para tal fin, a los extranjeros que lo ameriten conforme a las disposiciones de la ley de la materia. Además, cuando con motivo de la revisión migratoria se obtenga que el extranjero no cuenta con documentos que acrediten su situación regular en el país, debe ser puesto a disposición del Instituto, quien substanciará el procedimiento de carácter administrativo que se integra por las etapas de presentación, alojamiento en las estaciones migratorias, retorno asistido y deportación de extranjeros, según corresponda. Tales medidas son consideradas como de orden público y les resulta aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En ese sentido, la presentación es la medida dictada por el Instituto mediante la cual detiene a un extranjero en los casos en que no tenga acreditada su estancia legal en el país y se le otorga alojamiento temporal a fin de que regularice esa situación, o bien, abandone voluntariamente el territorio nacional. El Instituto debe resolver la situación migratoria del extranjero, por regla general, en un plazo no mayor de quince días hábiles a partir de su presentación; sin embargo, puede exceder dicho plazo en los supuestos establecidos en el artículo 111 de la ley de la materia, en los cuales se tendrá como límite el de sesenta días hábiles, salvo que se hubiera interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se combatan aspectos inherentes a su situación migratoria en territorio nacional o se haya promovido juicio de amparo en que se prohíba expresamente su traslado o el abandono del país. En dicho supuesto, la persona debe permanecer en la estación migratoria. Por su parte, el retorno asistido es la medida por la que el Instituto hace abandonar el territorio nacional a un extranjero y lo remite a su país de origen o de residencia habitual. Asimismo, la deportación es la sanción dictada por el Instituto en que ordena la salida del territorio nacional de un extranjero y determina el periodo durante el cual no podrá reingresar. Para su procedencia deberá actualizarse entre otros supuestos, que el extranjero se haya internado al país sin la documentación requerida. De lo expuesto, se considera que los trámites llevados a cabo ante el Instituto Nacional de Migración por nacionales y extranjeros respecto de su ingreso, egreso o permanencia en el país, y las resoluciones que dicha autoridad emita al respecto, son de carácter administrativo, pues están relacionados con el derecho de libre tránsito de las personas y la ejecución de las políticas migratorias estatales. En ese sentido, el acto consistente en el alojamiento en las estaciones migratorias es emitido por la misma autoridad en el marco de los aspectos migratorios. Tal medida deriva de la aplicación de las disposiciones administrativas respectivas que establecen los requisitos y condiciones que deben satisfacer los migrantes. En consecuencia, dicho acto en principio es materialmente administrativo, no penal, pues las disposiciones migratorias que le dan sustento legal solo tienen el propósito de regular el tránsito de personas desde y hacia México, a efecto de preservar la organización, el control y el orden que debe prevalecer respecto a los extranjeros que pretendan ingresar al país. Así, con base en lo anterior y las constancias de autos, la restricción a la libertad indicada en la demanda de amparo tiene naturaleza administrativa en la medida en que no tiene como finalidad principal la privación de la libertad de los quejosos, sino el ejercicio del control derivado de las disposiciones migratorias en tanto se resuelve su situación dentro del país. Consecuentemente, aun cuando la restricción de la libertad se encuentre inmersa en ese tipo de procedimientos y dado que no existen hasta este momento mayores elementos de los que pueda desprenderse que la privación alegada por los quejosos tenga origen en un acto del orden penal, a efecto de no dividir la continencia de la causa, debe darse prevalencia a la cuestión principal que es la situación migratoria de los solicitantes del amparo. (.)". Criterio que en idéntico sentido lo compartió también el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de dos de marzo que transcurre, al resolver el conflicto competencial número 3/2022. Por tanto, atendiendo a los actos que se reclaman en el caso, es evidente que se está en similar hipótesis a la considerada por los Tribunales Colegiados en trato, por lo que como se dijo, este juzgado federal, no acepta la competencia planteada por el momento. Finalmente, para el caso que la autoridad oficiante insista en declinar competencia, deberá hacer separación de actos reclamados, a efecto que este juzgado esté en aptitud de pronunciarse en torno a los actos reclamados de naturaleza penal. Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, devuélvase el expediente original a su lugar de origen; solicitando atentamente acuse de recibo respectivo. Sin que haya lugar a emitir pronunciamiento alguno respecto a la suspensión de plano, toda vez que el juez declinante se pronunció al respecto. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, a quince de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que el tres de marzo último, se tuvo por recibido el oficio 13074/2022, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual declina competencia respecto en su juicio de amparo 373/2022; asimismo, se reservó acordar lo conducente hasta en tanto se cuente con las constancias originales del referido juicio de amparo; sin embargo, no se han recibido. En tales condiciones, a efecto que de que este juzgador pueda pronunciarse respecto a la competencia planteada, resulta necesario contar con las citadas constancias. En consecuencia, solicítese atentamente a juez de Distrito declinante los autos originales del juicio de amparo antes precisado y de no existir inconveniente legal alguno y atento al principio de justicia pronta y expedita que prevé el artículo 17, Constitucional, permita la vinculación de su respectivo expediente con el presente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

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