Eduardo Cabrera Vera
Expediente 1279/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1279/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Eduardo Cabrera Vera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cuatro de abril de dos mil veintidós. En atención a la certificación con que se me da cuenta, se obtiene que el treinta de marzo del presente año feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d) de la citada ley, en contra del auto de once de marzo del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento en este juicio fuera de la audiencia constitucional. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la misma Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, ocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, a través del cual, en cumplimiento a lo solicitado en autos (vía oficio 6996, de uno de marzo pasado) remite constancias deducidas del expediente laboral ********************, de su índice. Consecuentemente, y como lo anterior se considera en alcance a su informe; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la Ley de la materia. Asimismo, se tiene como prueba de dicha autoridad la documental que acompaña, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del artículo 119 de la ley en comento. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dos de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por el aquí quejoso; en atención a su contenido, téngasele ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que acompaña. De igual forma, se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos de los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de cuenta signado por el aquí quejoso, a través del cual ofrece como prueba de su parte la prueba pericial en informática, y al efecto acompaña el cuestionario sobre el cual debe versar la misma. Ahora, a fin de acordar lo conducente, conviene destacar que el acto que por esta vía reclama el quejoso, consiste en la negativa del actuario adscrito a la Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, para emplazar al Instituto Mexicano del Seguro Social como parte demandada dentro del expediente laboral ********************. Asimismo, que las autoridades responsables Presidenta y actuario adscritos a la mencionada junta laboral, al rendir sus informes justificados (acordados el pasado veinte de enero) manifestaron no ser cierto el acto reclamado, bajo el argumento de que con fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, a la quince horas, el actuario emitió su informe, en donde hizo constar el motivo por el cual no le fue posible notificar al Instituto Mexicano del Seguro Social, como parte demandada. Sentado lo anterior, a continuación se transcribe el cuestionario materia de la prueba pericial ofertada por el quejoso, con la que pretende acreditar que es falsa la aludida razón actuarial de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. "1. Que asiente el perito, si el equipo de cómputo que le ponen a la vista es para uso oficial. 2. Que diga el perito si el equipo de cómputo mencionado en la pregunta que antecede fue el que señaló la AUTORIDAD para la práctica de la prueba pericial ordenada por el JUEZ AMPARISTA, DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 1279/2021 del juzgado cuarto del séptimo distrito. 3. Que asiente el perito la fecha y hora de elaboración de la razón actuarial donde el actuario dice que se constituyó en el domicilio de Salvador Díaz Mirón s/n, colonia Pastora Electricistas, C.P. 91940, Veracruz, Ver; esto de acuerdo a sus conocimientos y a los asientos que hay en el equipo de cómputo que la AUTORIDAD le puso a su disposición para el peritaje." No obstante, si bien el quejoso, en uso de sus derechos, pretende hacer ver la falsedad de la referida razón actuarial de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, su prueba pericial no resulta conducente para demostrar la existencia o la inconstitucionalidad del acto reclamado, esto es, a nada práctico conduciría su desahogo, ya que el acto será apreciado con base en las demás pruebas que obran en autos, pues los hechos que trata de acreditar con esa prueba son, como ya se dijo, que es falsa la razón actuarial de referencia, lo que en todo caso puede hacer valer ante la junta responsable, a fin de que sea ésta la que acuerde lo conducente, lo que es totalmente ajeno a esta contienda constitucional. Por lo que, resulta inconducente dicha prueba por falta de idoneidad, además de que su trámite se tornaría ocioso en detrimento de las partes y de la pronta y expedita impartición de justicia que establece el artículo 17 Constitucional. Máxime que, con base en las constancias que componen el juicio de origen, el aquí quejoso, aportando mayores elementos, está en condiciones de solicitar a la junta responsable realice de nuevo la notificación de la parte demandada. En esa virtud, al no quedar satisfecho el principio de conducencia de la prueba establecido en los artículos 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y 119 de la Ley de Amparo, procede desechar la prueba de referencia. Aplica a lo anterior la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez". Notifíquese en términos de ley.
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